Download México, D.F., a 21 de mayo de 2012 IFAI/066/12 REQUIEREN LAS

México, D.F., a 21 de mayo de 2012
IFAI/066/12
REQUIEREN LAS PERSONAS DE INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE
LOS PRODUCTOS QUE CONSUMEN: JACQUELINE PESCHARD
 Productores y empresas deben dar
información oportuna y accesible sobre
lo que venden a sus clientes, dijo la
comisionada presidenta del IFAI
 Participó en la presentación del estudio
El acceso a la información en la
sociedad de consumo: de la comida
chatarra a los productos milagro,
publicado por el IFAI en el número 19 de
su serie “Cuadernos de Transparencia”
Las personas deben tener información confiable respecto a los productos que
adquieren, porque sólo así se podrá fomentar un consumo responsable, afirmó la
comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard.
Al presentar el estudio El acceso a la información en la sociedad de consumo: de la
comida chatarra a los productos milagro, publicado por el IFAI en el número 19 de
su serie “Cuadernos de Transparencia”, Peschard dijo que sólo con ese tipo de
información las personas podrán contar con elementos que les permitirán elegir,
consciente y razonadamente, lo que satisfaga sus necesidades, además de no
poner en riesgo su salud.
El estudio fue elaborado por Alejandro Calvillo Unna, fundador y director de la
organización civil El Poder del Consumidor, A.C., y al respecto, la comisionada
presidenta subrayó que es compromiso del IFAI publicar y difundir obras como
ésta, la cual, brinda un panorama muy amplio en lo que se refiere a la regulación
de la información que debe proporcionarse sobre los productos de consumo.
Peschard expuso que la regulación del Estado referente a las características reales
de los bienes y servicios que se oferten debe ser conocida por los consumidores,
para que puedan elegir con información fidedigna y no con información parcial o
infundada.
También dijo que es responsabilidad de las empresas y de los productores informar
a sus clientes de forma oportuna y accesible sobre lo que les están vendiendo y no
utilizar de manera ventajosa los canales de comunicación para cumplir
simplemente con el objetivo de vender.
En el estudio, Alejandro Calvillo Unna sostiene que la falta de información y el
engaño al consumidor son algunas de las causas principales del “éxito” de los
llamados productos milagro y del mayor problema de salud pública que enfrenta el
país: la epidemia de sobrepeso y obesidad.
A los productos milagro, dice, se les hace aparecer como la solución mágica a
diversos problemas de salud (por ejemplo, al del sobrepeso y la obesidad), además
de que se han convertido “en un gran negocio de fabricantes, comercializadoras y
medios de comunicación”.
El autor desarrolla en su trabajo diversos temas, como: el derecho de los
consumidores a la información; la comida chatarra y el derecho a la información;
los productos milagro y el derecho a la información.
En sus conclusiones propone que el acceso a la información en materia de
alimentos y bebidas debe ser un requisito para preservar la salud, y afirma:
“Etiquetados que realmente orienten a los consumidores, publicidad que no engañe
y una normatividad que asegure productos de calidad deben ser garantizados por
las autoridades competentes”.
Asimismo, sostiene que para enfrentar la epidemia de malnutrición, se requiere de
campañas efectivas de orientación alimentaria que permitan a los consumidores
tener acceso a la información necesaria para distinguir las cualidades de los
diversos alimentos.
Calvillo señala la necesidad de promover y aprobar reformas legales que permitan
a los consumidores ejercer su derecho a la información en relación con los
alimentos, y, en este sentido, propone:
“Establecer etiquetados sencillos y claros para los consumidores; aplicar el
principio precautorio sobre los aditivos utilizados en los alimentos cuyo riesgo para
la salud no se haya identificado plenamente; prohibir la publicidad de alimentos
dirigida a la población infantil; recuperar el conocimiento sobre las propiedades de
los alimentos naturales y la dieta tradicional a través de campañas masivas de
orientación; garantizar que el derecho a la información sobre la calidad de los
alimentos vaya acompañado del acceso a alimentos saludables y agua potable.
Del mismo modo, expone que la mercantilización de la alimentación es paralela a la
mercantilización de la salud, cuya expresión más nociva y fraudulenta se encuentra
en los productos milagro, por lo que, en su opinión la publicidad de éstos se
resuelve a partir de las siguientes acciones:
“Una legislación más específica, como la propuesta en la reforma al RLGSMP
(Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad); establecer
multas contra la publicidad engañosa, cuyo monto sea un porcentaje proporcional
al de las ganancias de la empresa infractora.
“Implementar procedimientos que obliguen a los anunciantes a presentar la
autorización de la Secretaría de Salud ante los medios de comunicación que
contraten para difundir su publicidad; sanciones económicas significativas para los
medios de comunicación que difundan publicidad no autorizada; dar un marco
regulatorio claro y preciso al uso tradicional de la rica herbolaria mexicana”.
Durante la presentación del cuaderno, la presidenta honoraria de Iniciativa
Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C., destacó que el texto muestra
las insuficiencias, omisiones y, a veces, complicidades de las autoridades que
conllevan al sistemático engaño hacia los consumidores, “vulnerando sus derechos
al nivel más alto de salud y a la información”.
Apuntó que el uso distorsionado y oscuro de la información que hacen los
productores en las etiquetas y publicidad para inducir al consumo de alimentos
procesados y la insuficiencia de la legislación y de las autoridades regulatorias para
modificar conductas reiteradas, atentan contra el bienestar de las personas.
En su oportunidad, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),
Bernardo Altamirano, afirmó que la publicidad comercial ha estado aparejada con la
evolución en las multas que impone la autoridad.
Informó que debido a la difusión de publicidad engañosa, en 2009 la Profeco
impuso multas por 4 millones de pesos; en 2010, por 16 millones de pesos, y en
2011, por 30 millones de pesos. Se trata de un crecimiento exponencial, dijo, el
cual se ha dado “una vez que la reforma a la Ley Federal de Protección al
Consumidor, en diciembre pasado, nos faculta para combatir la publicidad
engañosa”.
Finalmente, Mauricio Hernández, director general Instituto Nacional de Salud
Pública, reconoció que el acceso a la información es un paso necesario para
garantizar a los ciudadanos la salud, “dado que sin información adecuada, oportuna
y veraz, la sociedad difícilmente puede tomar las mejores decisiones en lo que
respecta a su alimentación”.
La presentación del estudio tuvo lugar en el Centro Cultural Casa Lamm.
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