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La reforma cultural
Eduardo Cruz Vázquez
De inicio
En México, desde hace poco más de una década, la reflexión sobre el quehacer cultural ha
tomado en cuenta la relación entre éste y la economía. Se considera, entre otras muchas
cosas, la aportación de la actividad cultural al desarrollo material de las sociedades, bajo
una noción nodal, la que ofrece la economía cultural como subdisciplina de las ciencias
económicas. La discusión que hemos impulsado en torno a una reforma cultural en México
la considera su mayor nutriente.
Este artículo proyecta una constante y necesaria reelaboración que se explica no
sólo por la naturaleza que imponen las economías mundiales, también por ser parte de una
agenda que se viene postergando desde hace lustros y que se reanima incesablemente en
tanto nuestra nación intenta avanzar en otras reformas estructurales. Escribo esta versión
dejando en claro que, aunque quisiera, no puede ser exhaustiva.
De cara al nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso y considerando la
aprobación de distintas reformas estructurales, se despliega:
1.- La necesidad y las razones de crear el sector cultural. Hasta ahora es una acepción
funcional, que tiene en la Cuenta Satélite de Cultura (CSC) su más próxima
conceptualización y estructura, pero insuficiente para desarrollarlo a cabalidad.
2.- A partir de un sector cultural que se integre o agregue a los 20 sectores existentes, se
vislumbra su estructura en tres subsectores: el del Estado, entendido por ahora a través de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), como subsector de Cultura y Arte y mediante la
institucionalidad en entidades federativas y municipios; el segundo corresponde a las micro,
pequeñas, medianas empresas (Mipymes) y grandes empresas culturales; y el tercero a las
instituciones de educación superior (IES), a las instituciones sin fines de lucro y a los
organismos de cooperación-coproducción internacional.
3.- Se proponen grandes líneas para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) modifique el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN),
para generar un nuevo clasificador para el sector cultural y reelaborar la Cuenta Satélite de
Cultura, entre otros ajustes.
4.- Se perfilan los principales cambios estructurales en cada uno de los subsectores.
5.- Enlistamos algunos de los campos que de forma simultánea incorpora una reforma
cultural.
Hacia una reforma cultural. Delimitaciones
Desde la perspectiva del Estado y desde hace ya varias décadas gracias al aporte de
numerosos agentes de los sectores social y privado, la necesidad de modificar el andamiaje
jurídico, laboral, administrativo y económico sobre el que descansan las instituciones de
gobierno que atienten los bienes, los servicios, las necesidades y demandas culturales de la
población, ha sido una preocupación recurrente. Dentro de la Administración Publica
Federal, en el Poder Ejecutivo, es en la SEP donde tiene lugar la conceptualización y
ejecución de la política cultural, a través del subsector de Cultura y Arte, en el que se
agrupan los organismos que coordina el Conaculta. Tal concentración da en parte
consistencia al corpus del Derecho Cultural, ya que éste tiene una vida que se expresa en
toda la República y, si bien se han dado innumerables ajustes al marco jurídico tanto del
subsector de Estado como del sector cultural en su conjunto, dista de alcanzar el grado de
desarrollo que le corresponde.
Es por ello que el diseño y conceptualización de una reforma cultural es un intento
por crear el sector cultural. Diré que se nutre de toda la información disponible para el
análisis de un sector que así llamamos, "cultural", pero que no existe legalmente en la
estructura jurídica y económica de México. Y que la reforma cultural pontifica un
reordenamiento que se traduzca en un mercado cultural competitivo, generador de riqueza
mejor distribuida y con una intervención del Estado promotora de bienestar social pero
también de productividad.
Aunque pasada la Revolución mexicana inician los rigores institucionales por medir
la economía del país, apenas hace tres décadas, en 1983, nace el INEGI. El Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN), la definición de sectores, su arquitectura y las herramientas
para conocer su aportación a la economía es un fenómeno de la última década del siglo XX.
Y es en la primera de este siglo XXI, en la que el Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN) se afianza. Dicha estructura va ligada a la firma del tratado
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el TLCAN), en el cual se crea el sector
71, denominado Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios
recreativos. Cuenta con tres subsectores y 41 clases de actividades. Una parte del quehacer
cultural se liga con los grandes intereses que genera el deporte y sitios recreativos como los
casinos.
La versión más actualizada del SCIAN data de 2013. Para quienes formamos parte
del sector cultural no se registran cambios respecto a versiones anteriores. El SCIAN se
compone de 20 sectores, 94 subsectores, 303 ramas, 614 subramas y 1,059 clases de
actividades. Sólo cinco sectores son productores de bienes y en los restantes 15 su vocación
va por completo a la prestación de servicios. Nuestro rostro terciario es irreversible; las
actividades secundarias siguen a la baja y las primarias, donde en el caso de la producción
artesanal es fundamental por numerosas materias primas, profundiza la dependencia del
suministro de otras naciones.
Lo cierto es que a lo largo de casi 20 años de la firma del TLCAN, se dio un fuerte
ajuste conceptual de la definición de cultura. Tan vasto su campo de intervención, tan
notables los intereses económicos, tan abundantes las fuentes de trabajo, que al volverse un
concepto más funcional, nuestro sector cultural no se puede reconocer sólo en el sector 71.
Mucho antes de la creación de la CSC se hizo evidente que al menos había que sumar
cuatro sectores más para su integración: el 31-33 de Industrias Manufactureras; el 51 de
Información en medios masivos (que tiene el doble de subsectores que el 71 y donde se
ubican, por ejemplo, las telecomunicaciones); el 54 de Servicios profesionales, científicos y
técnicos, y el 61 de Servicios educativos.
Al dar a conocer la CSC, el INEGI consideró además a los sectores 43 de Comercio
al por mayor, el 46 de Comercio al por menor, el 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles, el 83 Otros servicios excepto actividades gubernamentales, y
el 93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales.
Sin embargo, la transversalidad es tal que el análisis se expande a las actividades
que se reflejan en el sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
bebidas (léase turismo y en particular el turismo cultural). Para este sector se creó la Cuenta
Satélite de Turismo (CST), cuya última versión se presentó en el año 2012. Además se
vuelve insoslayable la Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro (CSISFL,
presentación del año 2013) y numerosas encuestas, como la Nacional de Gastos de los
Hogares, lanzada en 2013. Hay variadas herramientas en el Sistema de Información
Cultural (SIC) del Conaculta que ayudan a integrar un mapa más completo del sector.
La Cuenta Satélite de Cultura es, sin duda, un enorme aporte para la caracterización
de la economía cultural de México. Se obtuvo de nueve sectores (se reunió en uno solo
comercio), más los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural, que permitió
cuantificar la producción cultural de los hogares. Se tomaron 103 tipos de clases de
actividad económica, 71 de ellas características y 32 conexas. El PIB se sitúa en 2.7%,
correspondiendo 2.0% al mercado, 0.1 a la intervención del gobierno y 0.6 a la producción
cultural de los hogares. Al año 2011, este PIB se traduce en casi 400 mil millones de pesos
y en casi 800 mil Puestos de Trabajo Ocupados Remunerados, lo que significa 1.9% del
total del país.
Al asumir que la verdad y nada más que la verdad proviene del INEGI (no por ello
ajena al análisis, los aciertos, los desconciertos, las dudas y muchas polémicas que distan de
subsanarse, particularmente en el caso de la CSC), en la ponderación de una reforma
cultural proponemos el abordaje del sector cultural a través de tres subsectores: el del
Estado, entendido por ahora a través de la SEP, como subsector de Cultura y Arte y
mediante la institucionalidad en entidades federativas y municipios; el segundo corresponde
a las micro, pequeñas, medianas empresas (Mipymes) y grandes empresas culturales; y el
tercero a las instituciones de educación superior, a las instituciones sin fines de lucro y a los
organismos de cooperación-coproducción internacional. Tal perspectiva no es ociosa, como
podrá advertirse, sobre todo a la luz de la propia estructura sectorial del país como de la
construcción de la Cuenta Satélite de Cultura.
Conforme uno revisa el historial de la economía cultural en distintas naciones, la
conclusión es que tardamos mucho no sólo en valorar su importancia y que, por ello, llega
tan tarde una primeriza, cuestionable e imperfecta CSC. En la acera contraria, somos
testigos de cómo la Ley de Planeación, que es base para elaborar el Plan Nacional de
Desarrollo, pese a las importantes modificaciones que sufrió en el año 2012 (entre ellas la
inclusión de la "factibilidad cultural"), sigue lejos de ser letra viva. En consecuencia, los
ahora programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, no superan su calidad
de narrativa sólo apta para tecnócratas, políticos, ciertos académicos, periodistas y curiosos
con vocación de sufridores.
En tal perspectiva, el Programa Especial de Cultura y Arte (que genera tan
simbólico acrónimo, PECA, escúchese "lea usted el PECA"), es importante en cuanto a que
es sujeto de nuevas disposiciones, las cuales ––al menos hasta esta fecha–– no cumple a
cabalidad. En efecto, hay un antes y después entre este PECA y los entonces llamados
programas sectoriales de cultura (con los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón).
Habrá momento de discutir ese antes y después. Para el propósito de este texto no sirve de
abono. No me arroja nada nuevo con respecto a los de otras administraciones, salvo cuatro
ingredientes que por superficialidad no merecen ser elogiados: 1) Incluye un componente
de cultura digital (en 2007, cuando se promulgó el programa sectorial del presidente
Calderón, no había cobrado tanta fuerza la cultura digital como política pública); 2) Define
una batería de 17 indicadores que tampoco revisten originalidad y, sobre todo, no permiten
medir el impacto cualitativo del PECA. Lo que obtendremos son cifras, no significados; un
serial de porcentajes con los cuales se da por satisfecha la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y que poco o nada servirán al INEGI. 3) Como bandera de la gestión del
Ejecutivo, la cultura como reparadora del tejido social, y 4) Un débil componente sobre
industrias creativas y empresas culturales, lo cual no significa una visión integral desde la
economía cultural (doblemente superficial si al Conaculta le corresponde coordinar
empresas paraestatales y empresas descentralizadas).
El primer subsector: el Estado
El Estado tiene una fuerte carga de responsabilidad en la generación de empleos y en la
movilidad del aparato productivo. Por ello, es válido considerar que el impulso a la
economía cultural pasa necesariamente por una reordenación de este subsector. Un abordaje
se puede hacer desde la funcionalidad orgánica, lo cual no omite el complejo tramado
jurídico que impone y que es asunto neurálgico de la reforma cultural. Basta decir que
cumplimos cinco años de la aprobación de las modificaciones y adiciones al artículo 4o
Constitucional y no tiene para cuándo se concreten las leyes y reglamentos que ordena. No
me detendré en la complejidad legislativa y legal, ya que no es materia del alcance de este
artículo. Lo es en cuanto al señalamiento de ser uno, repito, uno de los componentes de la
reforma cultural.
Creemos firmemente que en tanto el Legislativo cumple con su tarea pendiente, es
posible generar cambios sustanciales con la decisión del Ejecutivo. Si un Decreto dio
origen al Conaculta, otro instrumento legal de igual o similar especie puede reordenarlo (y
para prueba basta ver lo que ha ocurrido en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –
–Conacyt––). Hay al menos dos beneficios en tal recambio: por un lado, en el orden
político-administrativo-financiero, y por otro, en el sindical. A los sindicalizados les
conviene un nuevo tramado que responda a la realidad laboral del subsector al que
pertenecen.
Comencemos por el FONCA: debe concentrar, además de los apoyos a la creación y
a la gestión cultural llamada "independiente", los que se refieren a la labor asistencial, de
apoyo al tercer sector (aquí vendrían los célebres "etiquetados") y a la incubación y
financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas culturales, mediante una acción
conjunta con la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Emprendedor (INADEM),
la banca de desarrollo nacional e internacional, la banca privada, los fondos de inversión y,
destacadamente, con los crowdfunding. Esto supone que el FONCA impulse una
articulación renovada de la responsabilidad social empresarial más allá del voluntarismo y
la filantropía. Ello nos remite a la urgencia de un nuevo marco fiscal para los donativos y
para el fomento a la inversión. Por igual señala que el FONCA retome parte vital de su
constitución original: la de ser el medio y la mecha para generar, justamente, la inversión.
Aunque “tocarlo” implique algún lagrimeo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL) debe al fin desprenderse de la educación artística y concentrarla en el
Centro Nacional de las Artes, que fue creado con ese propósito y que buscaba configurar la
Universidad de las Artes. En lo concerniente a la preservación del patrimonio que le
corresponde, debe trasladarse al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), bajo
medidas transversales y transitorias para dicho propósito. Un nuevo INBAL (bien podría
cambiar su denominación) debe refundar sus museos y grupos artísticos para otorgarles
viabilidad social y económica a través de convertirlos en unidades económicas; debe asumir
lo que le es intrínseco a la promoción: el Festival Internacional Cervantino, la Coordinación
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, la Coordinación del Sistema Nacional de Fomento
Musical, el Centro de la Imagen, el Centro Cultural Helénico, la Ciudad de los Libros y la
reinstalada oficina de Animación Cultural.
Si hay alguna reforma estructural que reviste suma complejidad es la del INAH y su
andamiaje legal. No hay acervo de valor simbólico y a la vez de economía cultural que
mueva más intereses y enconos que el patrimonio que es responsabilidad de la institución.
Es como toda la cadena de valor que envuelve al petróleo. Meterse en esta reforma de la
reforma es la parte más difícil, con aristas tan sensibles como las que encontramos en
apartados de las reformas política, electoral, en telecomunicaciones, energética, laboral,
financiera y hacendaria. Diré, sin exagerar, que es la madre de toda las batallas para lograr
una reforma cultural.
Es viable reanimar la aspiración de una nueva consistencia orgánica al INAH. Hay
políticas, entidades y modelos de administración que, dispersos en el Conaculta, deben
transferirse al Instituto. Este ajuste implica un arquetipo de gestión que al menos de golpe
no altere lo sustantivo del marco legal y laboral vigente, y pueda abrir la puerta a una
plataforma para intentar discutir —sin la rabia habitual— el rol del Estado y de otros
actores sociales en la viabilidad del patrimonio como activo del desarrollo, así como el
Contrato Colectivo de Trabajo. Es decir, tanto como en otros componentes de la reforma
cultural, poner a trabajar en serio al Poder Legislativo.
De esta manera, el Instituto, además de ampliar su campo cronológico de
intervención (cubrir del "cabo al rabo" el patrimonio), debe absorber la Dirección General
Adjunta de Proyectos Históricos (isla de contrasentidos y privilegios por años), la
Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, la Coordinación
Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, y el Centro Nacional para la Preservación del
Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Las delegaciones del INAH requieren de mayores
facultades, de autonomía administrativa para afianzar la corresponsabilidad de estados y
municipios y de los sectores social y privado en sus tareas.
Dos reformulaciones más son realizables en torno al INAH: por un lado, crear un
soporte de la "economía patrimonial”, que permita surgir unidades económicas al interior
del Instituto (para atender negocios como el turismo cultural), las medidas hacendarias para
la administración autónoma de dichas unidades y la ampliación de la franja de los ingresos
propios.
Por otro, un revolcón a las prácticas de la diplomacia cultural, terriblemente atadas a
los acervos prehispánicos y a las muestras de corte nacionalista. Debe incorporarse el
otorgar valor de exportación a las muestras cuya demanda no cesa. Dicho coloquialmente:
basta de regalar muestras de la cultura maya o de la Escuela Mexicana de Pintura. Que les
cueste a los países interesados. Se trata de liberar fondos para acentuar el periplo de la
producción contemporánea, esa labor que es del INBAL y que es hora vaya en maridaje con
la comercialización de las obras.
La abismal responsabilidad del INAH provoca la especulación sobre otras
alternativas que den garantía a su eficacia. Van desde regenerarlo para que tenga una
estructura tan robusta como el Conacyt (y tal y como tendría que serlo el Conaculta),
pasando por el aprovechamiento de la Ley de Asociaciones Público Privada (APP), de la
Ley de Prestación de Servicios (LPS) o de los Permisos Administrativos Temporales
Revocables (PATR), hasta abrir líneas de crédito al Instituto tanto para la preservación
como para la investigación que derive en la apertura de nuevas zonas arqueológicas con
implicaciones para la actividad turística.
En este "barril sin fondo" que es el patrimonio histórico, las inversiones previstas
para este sexenio en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), consistentes en crear
Centros Integralmente Planeados (CIP) en las zonas arqueológicas de mayor audiencia, no
deja de ser importante, pero al focalizar los recursos en las zonas más "taquilleras", deja
postradas, moribundas en varios casos, otras zonas cuyo potencial, como el gas shale, es
merecedor de financiamiento para su explotación a mediano y largo plazo. Y el
comparativo no deja de ser dramático ya que, tanto hacen falta inversionistas en el sector
energético como en el cultural, como carecemos de ingenieros y arqueólogos para sacar
ventaja de nuestros recursos naturales e históricos.
En el tramado de una reforma cultural, y si se aprovechan los espacios generados
por la reforma en telecomunicaciones, tanto o más se puede hacer con el aparato mediático
del Conaculta. Aplicar esta reestructuración no se contrapone al naciente Sistema Público
de Radiodifusión del Estado Mexicano, o a esa locuaz invención que fue el Organismo
Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) y que en el colmo del absurdo, ratificó el
gobierno de Peña Nieto. Reconfigurar el aparato mediático del Conaculta no se contrapone
al terco control que, junto con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
(RTC) y otras áreas de la Secretaría de Gobernación (SG), se tienen de los medios del
Estado y de los medios privados y extranjeros (por ejemplo, la calificación/clasificación de
las películas y de publicaciones: éstas y otras funciones que debieron ser facultadas al
Conaculta, como en su momento se logró con la Cineteca Nacional).
Se trata de una reordenación que potenciaría los contenidos, la eficacia financiera y
daría mejores asideros a las nuevas frecuencias y canales públicos que surjan de la ley de
telecomunicaciones: hay que concentrarlos en una sola instancia, como una corporación y
no un instituto como se ha ventilado en el gremio del cine. Aglutinar al Instituto Mexicano
de Cinematografía, la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica (una
A.C.), el Canal 22 (empresa paraestatal), la Fonoteca Nacional, los Estudios Churubusco
(también paraestatal), el Instituto Mexicano de la Radio (combinación de frecuencias
concesionadas y permisionadas que dependen del titular de la SEP), Radio Educación y el
Centro de Cultura Digital.
En la esfera de los medios se compenetra uno de los elementos de política cultural
que se espera más característico de la gestión del Conaculta, y de la llamada Agenda Digital
Nacional (ADN): los componentes, bienes, servicios y estructuras que en conjunto articulan
la cultura digital. El Centro de Cultura Digital (sin olvidar que un antecedente se ubica en la
creación del Centro Multimedia en el Centro Nacional de las Artes), habrá de atender desde
su raíz mediática al subsector del Estado.
Este breve recorrido señala las dimensiones que el aparato de gobierno ha alcanzado
sólo a nivel de la Administración Pública Federal: el de una secretaría de Estado. De ahí
que no fue, no ha sido, ni será descalificable la corriente que está a favor (desde hace no
pocos lustros) de crear la Secretaría de Cultura (o de Cultura y Comunicación).
Sigamos adelante. Por ejemplo, hay coordinaciones como la Nacional de Desarrollo
Institucional y la de Innovación y Calidad que bien podrían fusionarse. En la reingeniería,
se fortalecería ante todo al Sistema de Información Cultural, cuya función sigue siendo
vista sin el calado estratégico que tiene para la conceptualización y diseño de la política
cultural, como para el despliegue del potencial de la economía cultural. En este campo
radican los vínculos con el INEGI con las secretarías del Trabajo y de Economía, con todos
los actores que inciden en la caracterización del sector cultural.
Por otra parte, habría que llegar a un consenso con los gobiernos estatales y
municipales sobre la pertinencia de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC).
Desde mi campo de análisis, considero que debe desaparecer y dejar sus funciones y
recursos bajo la corresponsabilidad de las distintas áreas del Consejo capaces ya de
coordinarse e interactuar sin ese tutor con aires de fiscal cultural de la federación. Tiempo
atrás se justificó por un proceso de descentralización, de gradual fortalecimiento de las
estructuras locales de gestión de las políticas culturales. Hoy se mira como una bolsa de
recursos y programas que bajo el manto de la federalización genera procesos ferozmente
burocráticos, disputas, clientelismo y una mediación que se juzga imprescindible para
"alinear las directrices del PECA" y "sincronizar" los tres niveles de gobierno. Tanto desde
la perspectiva orgánica como desde aquella del dinamismo del pacto federal, tal
dependencia del Conaculta no se sostiene. Consecuentes con lo que significa la reforma
cultural, cada entidad federativa habrá de propiciar su propia reforma y la reordenación del
subsector. Por ello, no se extrañará para nada la DGVC.
Hay otras intervenciones del Estado que son cruciales para la economía cultural. En
el ámbito editorial se cuenta con la Dirección General de Publicaciones (DGP), con el
Fondo de Cultura Económica (FCE, un organismo-empresa descentralizado) y con las
empresas paraestatales Impresora y Encuadernadora Progreso, y la distribuidora y
comercializadora de libros y otros productos culturales, Educal. El FCE bien puede hacerse
cargo de las tareas de la DGP y así conformar otro nodo del gigantesco Conaculta. Esto
fortalecería el acuerdo con las grandes y pequeñas casas editoriales y libreras a efecto de
favorecer un nicho de negocio competitivo.
Creo que un desatino de política pública de la administración del presidente Salinas
fue mantener la red de bibliotecas en la férula del Consejo. Aunque en tiempos de la
Subsecretaría de Cultura se ubicó bajo su control, el paradigma que fue eje nodal de la
revolución vasconcelista y programa consentido del presidente De la Madrid, a mi parecer
es intrínseco a los procesos educativos, no de política cultural. Por ello quizá se explica en
buena medida el fracaso de la Megabiblioteca de Lindavista, el santo y la seña de Vicente
Fox y Sari Bermúdez. En su transversalidad, corresponde al sistema educativo, a la escuela,
generar el hábito de la lectura, el empleo de los acervos, la alfabetización digital y la
animación cultural que concitan. El Conaculta podrá apoyar de muchas formas, pero no
debe ser más el responsable directo o indirecto. Lo que propongo no es un
desmembramiento, sino devolver las bibliotecas a la estructura central de la SEP, una labor
que no debió abandonar y que, al no reclamarla, profundiza la falta de lectores, el
analfabetismo funcional y la falta de mercado de consumo del libro. Tanto como sucede
con ciertos ámbitos de la educación artística que también deberían ser funciones del sistema
educativo.
Dentro de la constelación del Conaculta resalta otra paraestatal, la Compañía
Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana (Cecut). Se trata de una S.A de C.V
que tiene 32 años, es decir, se puso en marcha en el último tramo del gobierno de José
López Portillo, obra que se le adjudica a su esposa Carmen Romano, quien, como pocas
parejas presidenciales, metió pies y manos en la cultura. Un debate siempre ha estado
presente en torno al Cecut: si la empresa debe transferirse al gobierno del estado de Baja
California o seguir bajo el control del Consejo. Preferimos lo primero siempre y cuando
también se elabore un estudio que despunte en el nuevo modelo de economía cultural.
Después de tres décadas, el Cecut tiene dos alternativas: o funciona como empresa
sustentable y socialmente responsable, o se convierte en un organismo-empresa
descentralizado, a imagen y semejanza del FCE.
Otras direcciones del Consejo merecen pasar por cirugía: Comunicación Social,
Asuntos Internacionales, Asuntos Jurídicos, Relaciones Laborales, la que concentra a los
asesores y sobre todo la de Administración, cuyos vericuetos vencen al más experto en
lecciones de paciencia. La misma pero diferente es la simplificación administrativa, el que
este “aparatote” sea más eficaz en su administración y servicio a la sociedad. Sabemos que
este cambio no viene solo, que son otras dependencias del Ejecutivo y la inacción del
Legislativo quienes “atan” innumerables procesos. De ahí la pertinencia de que el Consejo
obtenga una figura jurídica distinta.
Al seguir esta disección, diremos que en lo referente a los secretarios Ejecutivo y
Cultural y Artístico, su operación demanda “dientes” pues su gestión es menos o más eficaz
en virtud del titular de la dependencia y de la cercanía que los directores generales
presuman ante la máxima autoridad. Son especies de "subsecretarías" pero que en realidad
son brazos operativos del presidente del Consejo. Tan caprichosa es su función que, si
desaparecieran, nada ocurriría.
Otro factor de conflicto por resolver asoma por estas rutas del laberíntico Conaculta:
el Servicio Profesional de Carrera (SPC) y la abultada nómina de personal bajo
contratación temporal o "intermitentes" (por honorarios, por sueldos asimilados a salarios,
por proyecto). Esta mezcla laboral detona desde hace lustros numerosos polvorines que son
en realidad una bomba de tiempo por sus implicaciones de seguridad social, de retiro y
acceso a pensión. Y la forma de resolverse convoca no sólo el afán reformista, también el
de una delicada cirugía: sin el apoyo de otras secretarías, como la de Hacienda y del
Trabajo, y de su central sindical, el SNTE, todo esfuerzo será en vano. Muchos somos de
una idea radical: el SPC debería desaparecer del mapa. De hecho, el presidente Peña Nieto
consideró derogar parte de esa ley avalada por los partidos en el primer trienio de Vicente
Fox, a través de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y de la creación de la
Comisión Anticorrupción. Como sabemos, esto ha sido imposible. Y mientras tanto, la
bomba se alimenta de los polvorines y crece el catálogo de farsas que es el concurso de las
plazas de los mandos medios y superiores del Conaculta y algunos de sus organismos.
En el gigantismo, otros cabos sueltos. En un mal rato, se decidió que el Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías saliera de la órbita de las políticas culturales
por considerarlo un tramado de las políticas de desarrollo social. Si bien hubo argumentos,
los años han hecho evidente el error y por ello lo plausible que resulta su pertenencia al
subsector de Cultura y Arte, considerando que también demanda una profunda
reestructuración. Con más de 40 años a cuestas, el Fonart exige mucha coordinación con el
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales (Fonaes), con el FONCA y con la
banca de desarrollo. Un potencial fortalecimiento impone que absorba a la Dirección
General de Culturas Populares y se incuben modelos que impulsen a las comunidades
indígenas y a sus productos artesanales.
No menos polémico es el caso del Auditorio Nacional. No hay razón para mantener
sus condiciones actuales, en las que las decisiones administrativas recaen en el gobierno
federal y en el de la capital de la República a cambio de un porcentaje de las ganancias que
el fideicomiso genera. Se debe modificar la estructura ya sea para formalizar una empresa
paraestatal o bien para concesionarlo bajo otras normas y tasar un mayor porcentaje de las
ganancias y del tiempo de programación para las tareas de los gobiernos, así como para
productores y grupos que disputan un lugar en el mercado que tal espacio genera. Basta con
la larga experiencia entre el Gobierno del Distrito Federal y la Corporación Interamericana
de Entretenimiento para solventar la pertinencia de esta propuesta.
En efecto, no hay olvido. Muchas dependencias del Poder Ejecutivo tienen
injerencia en este subsector del Estado y no pocas veces han sido objeto de mis análisis. La
reforma cultural no las deja de lado; en este momento, en este escrito, sí. Nos referimos a
instancias que transversalmente, y no pocas veces de manera estrecha, inciden en la labor
cultural. Es el caso de secretarías como la de Relaciones Exteriores, con la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), donde recae la
diplomacia pública y cultural. Al cerrar estas líneas mantengo mi crítica al andamiaje
jurídico y la modelo que el Congreso aprobó para la agencia. Pero ahí está y corresponde a
la actual administración cumplir en lo mínimo el propósito para el cual fue creada.
La reforma cultural, hemos enunciado, va en un sentido de lo nacional. Esto se
traduce en que a los estados y municipios corresponde una parte de tan enorme tarea. Al
implicarla, quedamos en deuda de un abordaje más detallado. Pero lo aquí expuesto ofrece
de manera práctica la dimensión de las responsabilidades en cada entidad federativa, en los
municipios y de aquellos actores que integran los sectores culturales del pacto federal.
El segundo subsector: las Mipymes y las grandes empresas culturales
La reforma cultural tiene, en este segundo subsector, retos de enorme calado, pues a
diferencia de una reordenación del subsector de Estado, que depende de la voluntad del
Poder Ejecutivo y de la responsabilidad del Poder Legislativo, en este vasto campo se
concentra la mayor parte de la actividad económica de la cultura. Es decir, confluyen los
intereses de los particulares, de los agentes privados y su amplia diversidad de formas de
organización y funcionamiento que, en la Secretaría de Economía y del INADEM, y en la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
tiene algunos de sus principales engranes legales. Y si nos vamos a las entidades
federativas y especialmente al Distrito Federal, podremos observar la complejidad que se
nos plantea para la formulación de nuevos paradigmas que potencien la economía cultural.
En efecto, la reforma cultural incidiría, por un lado, en una reorientación en la
Secretaría de Economía, el INADEM y la banca de desarrollo para que las Mipymes
culturales obtengan el rango legal y de política económica que bien se han ganado. Por
otro, la reforma cultural propiciaría un reordenamiento del tablado jurídico para un
desempeño eficaz del empresariado cultural. Ser al fin un par, estar cara a cara, compartir
mesa, considerarse un sector cuya opinión es indispensable para el gobierno, para la
sociedad civil organizada, para los actores internacionales.
Como se indicó líneas atrás, la misma Cuenta Satélite de Cultura lo evidencia: del
2.7% de aportación al PIB, 2.0% corresponde al mercado y 0.6% a la producción cultural
en los hogares que es una forma de actividad privada. Si además consideramos las cifras de
la Cuenta Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro y de la Cuenta Satélite de Turismo
(con un procedimiento de desagregación aún no efectuado), podremos corroborar el por qué
la importancia de las Mipymes culturales en el conjunto de la economía.
Dije Mipymes culturales. Expresé algo inexistente. Cierto; si bien la ley de
referencia indica que son objeto de la misma las empresas culturales y turísticas, no hay
definición alguna que las soporte. Esta ausencia se extiende a la estructura de la Secretaría
de Economía y del INADEM. Aunque ya el Instituto Mexiquense del Emprendedor
inscribió por magia de la burocracia, por ejemplo, "industria artesanal", recientemente se
puede leer en la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal una definición de
"Industrias creativas". Pero este plumazo del gobierno capitalino avalado a ciegas por la
Asamblea Legislativa no se sostiene: las "industrias creativas" o las "industrias culturales"
no existen en el catálogo del SCIAN, ni en otro instrumento de política económica que
pueda considerarse con fundamento normativo. En el INEGI se habla de Unidades
Económicas o de Establecimientos, atenidos a definiciones técnicas y de naturaleza
econométrica.
De hecho, se nos dificulta integrar otra categoría en este subsector: las llamadas
grandes empresas culturales, y en reciente data, las que vienen de la cultura digital. Subrayo
esta dificultad en virtud del abanico que se entabla en conglomerados, corporativos, grupos,
holdings y, por que no, clusters, cuya constitución puede ir de diversas figuras jurídicas
como las sociedades anónimas, hasta aquellas empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana
de Valores. Y para ir más lejos, basta revisar las leyes de establecimientos mercantiles, en
muchas de las cuales la empresa "cultural" no existe (entre las excepciones, vale señalar,
están algunas modificaciones en los estados de Nuevo León y Jalisco).
Para este subsector, la reforma cultural es crucial. Es donde más trabajo se
demanda, tanto a nivel teórico, conceptual y académico, como en el campo del Poder
Legislativo y en el marco de la Ley Federal de Competencia Económica. Hay necesidad de
armonizar (dirán "alinear") un conjunto de quehaceres públicos, sociales y privados, y
disponer así de un "piso parejo" que dé certidumbre a los emprendedores y empresas
culturales, al empresariado cultural, sin importar el tipo o tamaño de la Unidad Económica
o de la figura jurídica con que operen.
Pero vayamos más lejos. La reforma cultural para este subsector supone no sólo su
"verdadera existencia". Implica generar un mosaico de políticas públicas "convergentes",
aunque estimemos vertebrales las de carácter económico y cultural. Lo que tenemos para
este sexenio en el Plan Nacional de Desarrollo, en el PECA, en programas sectoriales como
el de Educación, Economía y en el de Relaciones Exteriores, son tentativas, más aún si
comparamos tales directrices con el amplio despliegue que tuvo lugar por las reformas
estructurales que se han concretado en dos años de gobierno de Peña Nieto.
Uno de los filones más complicados y polémicos es cómo reordenar el SCIAN,
cómo rehacer la Cuenta Satélite de Cultura y cómo reforzar lo existente e integrar variables
ajustadas a una visión de sector cultural a los distintos instrumentos con que cuenta el
INEGI. Y qué decir de la propia clasificación de la Secretaría de Economía y de los
programas del INADEM (con sus obvias implicaciones a nivel estatal y municipal), más
aquello que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que no es asunto
menor una caracterización del empleo o trabajo cultural.
En otras palabras, cómo construir el verdadero sector cultural que México requiere.
Y al hacerlo, resolver otra arista más: las fronteras, los límites, con lo que llamamos el
sector de ciencia y tecnología, cuya cabeza en la estructura de Estado es el Conacyt, y en la
estructura de mercado una amplia gama de Mypimes y grandes empresas. No resulta del
todo desproporcionado diseñar un subsector para ciencia y tecnología o bien, crear su
propio sector. Lo cierto es que urge resolver la larga distancia entre cultura y ciencia.
Con un mero propósito especulativo, enumeremos algunas de las clases de
actividades económicas culturales que tenemos y que no necesariamente son mencionadas
de esta forma en los instrumentos con que contamos: artesanías, música, laudería, artes
plásticas y visuales, artes escénicas, danza, editorial y medios impresos, producción de
contenidos audiovisuales, desarrollo de tecnologías, contenidos digitales, representantes de
artistas, y servicios de consultoría (por ejemplo en sociología, antropología, economía, y
planeación).
Servicios educativos, cine, diseño (gráfico, industrial, moda, interiores y joyería),
gastronomía de autor, turismo cultural, turismo de experiencia, producción de vino, tequila,
mezcal y cerveza artesanal, comercio en internet, administración de empresas, productores
de espectáculos, festivales, fiestas populares, fondeadoras, incubadoras, comercio de
antigüedades, producción de cómic, importación y exportación de bienes culturales,
arquitectura,
servicios
inmobiliarios,
planeación
territorial,
medio
ambiente
y
sustentabilidad, y mercados de bienes intangibles, entre otras.
Una reforma cultural no sólo debe resolver de base un nuevo clasificador, también
adoptar una definición de empresa cultural, más importante aún que replantear la definición
de cultura que el INEGI emplea para sus quehaceres. En la elaboración de un glosario de
términos subyace otra de las (im)posibilidades de cambio en el sector cultural, el atorón es
del mismo nivel y envergadura del que posterga las leyes que derivan de los cambios al
artículo 4o Constitucional. Sin exagerar y como lo ha demostrado el especialista y colega
del Grecu, Carlos Alberto Lara González, se ha discutido tanto en 25 años, pero ha sido
imposible el acuerdo.
Como en este momento se trata de mi espacio de disertación, en uno de los
apartados de la reforma cultural consignaría la siguiente definición de empresa cultural,
bajo el entendido de que sería de carácter transitorio, es decir, hasta lograr un consenso.
Como curre con los años base del INEGI, esta definición se ajustaría cada cierto ciclo.
Una empresa cultural es una unidad económica que desempeña una actividad
productiva legalmente establecida, basada en bienes, servicios, mercancías y/o productos
que están constituidos, fundamentalmente, por un componente creativo en su cadena de
producción.
La empresa cultural coloca en circulación valores simbólicos para la sociedad y no
necesariamente tienen producción masiva ligada a corporativos nacionales y/o extranjeros
para cubrir mercados locales y globales.
La empresa cultural comercia bienes, servicios, mercancías y/o productos como
resultado de la transformación del proceso creativo y media en el mercado con el propósito
de colocarlo a disposición de diversos consumidores y/o clientes y obtener ganancias para
permanecer en el mercado durante mucho tiempo.
Es importante señalar que esta definición de empresa cultural incluye a quienes
trabajan bajo el régimen de honorarios profesionales, a las personas físicas con actividad
empresarial, a distintas formas jurídicas en que se constituyen las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas. Se toman en cuenta también a fundaciones, asociaciones
civiles, sociedades civiles y fideicomisos que generan actividad económica que interviene
en el mercado cultural.
En la incesante e imprescindible reiteración habrá que consignar que las
definiciones son parte de una enorme deuda que debe saldarse. Y que por extensión, es la
enorme deuda de todas las instituciones de educación superior con la economía cultural:
salvo casos como el GRECU en la UAM Xochimilco, no hay ni asomo de un área dedicada
a dar solvencia, a generar investigación y la necesaria promoción de esta subdisciplina de
las ciencias económicas.
Este segundo subsector es por su naturaleza el de los emprendedores y los
emprendimientos culturales, cuyas nociones son parte del glosario de términos que tenemos
que llevar a buen puerto. La reforma cultural debe incluir lo que el INADEM no hace y, si
lo realiza, es menester robustecerlo en una área específica más allá de "industrias
creativas". El corte es tajante ya que dicho órgano fue concebido para atender
privilegiadamente a los demás sectores de la economía. Incluso lo hace mejor, diría con
naturalidad, con la actividad económica vinculada a la investigación, la ciencia y el
desarrollo.
Vayamos ahora a lo que denominamos grandes empresas culturales. Sin duda el
conjunto más pequeño en número de unidades económicas, las que más concentran
capitales y, a la vez, son dueñas de una incuestionable influencia en la sociedad. Pueden ser
nacionales o transnacionales. Las empresas a partir de 500 empleados se sustentan en una
operación a gran escala de componentes creativos, ejercen propiedad intelectual y/o
industrial, la median, la transforman y tienen un alcance masivo, aunque no son
necesariamente generadoras de una producción industrial para cubrir el orbe. Son las que
articulan buena parte del mercado interno. Cine, música, prensa, radio, editorial, televisión,
telecomunicaciones, nuevas tecnologías y publicidad son algunas de las actividades más
representativas.
Al cerrar este apartado, deseo dejar en claro que esta aproximación pretende sentar
un precedente para el diálogo y el debate a profundidad y a nivel nacional entre los
involucrados en el sector cultural. Dicha caracterización es fundamental para darle
perspectiva a los subsectores, ramas, subramas y clases de actividades que proponemos. De
su mejor conocimiento y clasificación dependerán las posibilidades de su inserción en el
desarrollo de la nación.
El tercer subsector: las instituciones de educación superior, las instituciones sin fines
de lucro y los organismos de cooperación-coproducción internacional
Aunque clasificadas en el sector 61, las instituciones de educación superior, públicas y
privadas, son difíciles de conocer en sus entrañas económicas y financieras. Sobre todo las
públicas, ya que si bien están sujetas a auditorías y otras revisiones en el ejercicio de su
presupuesto, es imposible acceder a la desagregación de todo lo que destinan, por
numerosas vías, a los procesos culturales. Al incorporarlas a este tercer subsector, la
reforma cultural busca forzar esa contabilidad. La suma de todos los subsidios de las IES, y
de las distintas exenciones fiscales de las que echan mano las universidades privadas,
arrojarían una cifra que, por sorpresiva, detonaría numerosas alarmas.
La intensidad de la reforma cultural impone revalorar el contenido de la Cuenta
Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro (CSISFL). Dicho en otras palabras, revisarla,
ya que la forma en que se estructura genera dudas sobre si lo que ha sido elegido como
representativo del capítulo de cultura y recreación en verdad toma en cuenta lo que es parte
del sector cultural. Tal aseveración nos devuelve al tema de las definiciones, del sistema de
clasificación y particularmente señala, para este tercer subsector, la identificación y alcance
de la cooperación internacional y de los no pocos tipos de actividades en que hay
coproducción, es decir, una combinación ––en dinero, en "especie"–– de recursos públicos
y privados, nacionales y de otros países, y de organismos internacionales.
Esta intervención no es asunto menor. Según la Cuenta, al año 2012, la aportación al
PIB es igual que el de Cultura, 2.7%, incluso con una ligera superioridad, ya que se sitúa en
406 mil millones de pesos (cierto, consideremos que van un año adelante). Mientras en la
CSC se contabilizan al 2011 cerca de 800 mil puestos de trabajo, en la CSISFL se
establecen más de 40 mil organizaciones; la cifra de personal remunerado suma un millón
239 mil y la friolera de un millón 344 mil de trabajadores voluntarios, cuyo valor
económico alcanza 62 mil millones de pesos. A contrapelo, según reciente informe del
Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el país hay poco más de 6,300
organizaciones donatarias, las cuales en 2013 recibieron 32 mil millones de pesos.
La CSISFL fija nueve tipos de actividades: Cultura y recreación, Servicios sociales,
Religión, Enseñanza e investigación, Desarrollo y vivienda, Asociaciones y sindicatos,
Salud, Derechos, promoción y política, y Otros grupos. Cultura y recreación aporta 3.2%
mientras que, más de la mitad, 51.7% lo pone el segmento de Enseñanza e investigación
(aquí van muchas IES). Tal desagregación tiene su principal nodo en el sector 62 Servicios
de salud y asistencia social. Pero son más, como ocurre en la CSC.
En tanto, en el sector 93 encontramos las Actividades legislativas, gubernamentales,
de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. Pongamos
atención en las dos últimas asignaturas. Y hagamos el cruzamiento con lo ya expresado a lo
largo de este artículo. Sobran razones para que la reforma cultural ponga la condiciones
para que la desagregación sea más precisa y transparente.
De hecho, si para las instituciones sin fines de lucro se ven comprometidas al menos
cinco secretarías, a saber, la de Economía, la de Gobernación, la del Trabajo, la de
Desarrollo Social y la de Hacienda y Crédito Público, la de Relaciones Exteriores va de
lleno a la cooperación internacional. Es más, la creación de la AMEXCID supone la
operación de un registro de cooperación, donde por igual deberían estar enlistadas
organizaciones de México y las del resto del mundo que actúen en el país, sin importar el
tipo de actividad.
En tal perspectiva, para nadie es un secreto que muchas organizaciones de la
sociedad civil, o al menos con registro de asociación civil, en la práctica funcionan como
unidades económicas y, en no pocos casos, como negocios altamente lucrativos. Quizá por
ello el capítulo de enseñanza e investigación sea tan significativo. No dudo en afirmar que
tal "misterio" es un juego de intereses, y muy poderoso.
En la reforma cultural se entiende que el amasijo legal y fiscal que determina este
tercer subsector debe pasar a un nuevo orden, capaz de deslindar con mayor precisión y,
sobre todo, simplificar su funcionalidad. A la vista de unas cuantas cifras y dimensiones, es
inobjetable la necesidad de una reconfiguración del valor y significado de todos los actores
que intervienen en cada uno de los subsectores propuestos como constitutivos de un sector
cultural. Tenemos la profunda convicción de que tan ardua tarea es un proceso. La reforma
cultural tomará años, lustros, como las otras reformas. Y tenemos la seguridad de que el
cambio es un camino sin retorno. Claro, las resistencias son muchas, provienen de aquellos
que prefieren el día a día que la mirada al futuro. No podemos permitir que se sigan
interponiendo.
Reforma cultural: otros capítulos
La reforma cultural tiene que ver de manera central con la reforma del Estado. Tiene
capítulos que atañen a la reforma política (citemos dos casos: lograr la representación del
sector cultural en el Congreso y la Asamblea Legislativa, y un papel más decidido del
Poder Judicial). Supone legislar para efectos de los derechos culturales y del rol de las
distintas comisiones de Derechos Humanos; impone involucrarse con numerosas leyes,
como la de Extinción de Dominio y la Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; exige ir de lleno al ámbito fiscal
(andamiaje impositivo adecuado al sector, derechos de autor y piratería, recambio en la
modalidad de pago en especie, etc.), al laboral (clasificación del trabajo cultural,
adecuación de las relaciones contractuales y sindicales, reglamentación del outsourcing,
seguridad social, etc.), al de economía (ajustar campos con la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, con Fondeso, Nafinsa,
ProMéxico, Bancomext, Banobras; tener sitio en las diferentes negociaciones de tratados
comerciales y en las diversas regulaciones en materia de importaciones y exportaciones); al
de la salud (desde asuntos de cobertura médica hasta regulaciones de materias primas).
Una reforma cultural abarca ámbitos como la Ley de Planeación (la aplicación de la
factibilidad cultural), de competencia económica (telecomunicaciones, televisión, radio, el
libro, el cine, el espectáculo en vivo, etc.), el de la mejora regulatoria (para organismos
como el INAH y el INBAL y en la novedad, la Biblioteca Mexicana del Conocimiento), así
como con las procuradurías del Consumidor y del Contribuyente. Guarda relación con
soportes jurídicos en apariencia lejanos, como la Ley de Juegos y Sorteos, y frontalmente,
por la figura de las acciones colectivas que se derivan del Artículo 17 Constitucional (por
ejemplo, afectaciones por turismo cultural, equipamiento cultural en zonas urbanas y
cambios de uso de suelo, ese otro gran tema).
La reforma cultural no se entiende sin un Poder Ejecutivo fuerte, conocedor,
decidido a ser protagonista responsable; sin la participación del Poder Legislativo, sin las
comisiones de cultura y otras que involucran lo cultural, y sin un Poder Judicial que asuma
la responsabilidad de sentar precedentes.
La reforma cultural impone desde estudios hasta la generación de consensos. Una
agenda de tal envergadura tiene entre sus muchas motivaciones la generación de empleos:
salvar a presentes y futuras generaciones de la frustración y la pobreza.
____________________
Anexo de referencia
Programa Especial de Cultura y Arte (PECA): las novedades que dicta la Ley de
Planeación
En el plano formal, jurídico, legal, normativo, el Programa Especial de Cultura y Arte
(PECA) 2013-2018 habrá de responder a numerosas novedades que, en los últimos doce
años, se incorporaron a la Ley de Planeación. Se ampliaron por demás, con sus claridades y
zonas oscuras, las disposiciones de orden público e interés social. El panismo presidencial y
cuatro legislaturas (la refriega de alrededor de 2,500 congresistas incluyendo a la Asamblea
Legislativa y sin considerar a los congresos locales), imponen un reto al gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Por ejemplo, del Capítulo Primero (Disposiciones Generales), en el Artículo 2o, las
fracciones IV y VIII, ambas incluidas a partir del 27 de enero de 2012 y que atañen al
objeto de la planeación. En el primer caso "El respeto irrestricto de las garantías
individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales". Una tarea que
se topa con la falta de reglamentación de lo dispuesto en la materia en el Artículo 4o
Constitucional.
La otra mandata "La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales".
Seguido, al Artículo 3o se le adicionó en esa fecha: "Mediante la planeación se fijarán
objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de
factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se
coordinarán acciones y se evaluarán resultados". Factibilidad: cualidad o condición de
factible. Factibilis: que se puede hacer.
El Sistema Nacional de Planeación Democrática confirma el poder y centralidad de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo (PND), en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. El
4 de abril de 2012 se modificó el Artículo 8o de las Disposiciones Generales quedando así:
"Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado
que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los
objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia,
les correspondan y de los resultados de las acciones previstas".
Pero hete aquí que en aquel enero de referencia se incluyó otro párrafo en dicho
artículo. Los secretarios de Estado "Informarán también sobre el desarrollo y los resultados
de la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental y cultural en
función de dichos objetivos y prioridades, precisando impacto específico y diferencial que
generen en mujeres y hombres".
En abril se adicionó al Artículo 29: "Los programas sectoriales deberán ser
sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la
dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la SHCP".
Mucho más podremos encontrar en la Ley de Planeación (clave es también el
Artículo 27). Tanto que el quinto programa de Cultura (y arte) que corresponde al
Conaculta le impone una dura pero envidiable tarea: no sólo responder a los mandatos.
También innovar y reconocer las experiencias acumuladas por otros actores del sector
cultural.
El PECA y su decreto fueron publicados el lunes 28 de abril de 2014, a dos días del
plazo máximo para hacerlo.