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PETER HILL SOBRE PROYECTO DE LEY DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
“No se ha evaluado debidamente el impacto letal que
puede causar en las pymes el fuerte incremento
de las multas que plantea el Proyecto”
Durante su presentación ante comisión de Economía del Senado, el presidente de la
Cámara de Comercio de Santiago, señaló que el Sernac no puede ser juez y parte.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) realizó una presentación ante la Comisión
de Economía del Senado sobre el proyecto de ley que pretende modificar la ley de
protección a los consumidores, la cual de aprobarse tendría “un fuerte impacto en la
actividad comercial”.
Acerca de la atribuciones que se otorgan al Sernac, el presidente del gremio, Peter Hill
manifestó que el proyecto deja a ese Servicio en condición “de juez y parte, lo cual
resulta reñido con el ordenamiento jurídico y el sentido de justicia”. Peter Hill, añadió
que “si el Sernac conserva su facultad de asumir la representación de los
consumidores en causas judiciales colectivas, no puede pretenderse que, además,
asuma facultades sancionadoras ni menos jurisdiccionales, cualquiera sea la cuantía
de esas causas. Se debe optar por lo uno, o por lo otro”.
En cuanto a la designación y remoción del director del Sernac, el presidente de la CCS
planteó que deben ser decisiones tomadas por un Consejo Directivo “de integración
pluralista y acento técnico”.
Asimismo, señaló que la CCS considera un avance la intención de reglamentar en la
ley las mediaciones colectivas para la solución de controversias. Sin embargo, opina
que el Sernac no debiera actuar como mediador: “ya que al tener la misión legal de
representar los intereses de los consumidores, carece de la objetividad e imparcialidad
necesaria”. Lo más aconsejable, recomienda la CCS, es recurrir para estos efectos al
cuerpo de mediadores independientes con que hoy cuenta el Sernac.
Con respecto al fuerte incremento de las multas que plantea el proyecto, Peter Hill
cree que los promotores del proyecto tienen sus mentes puestas en grandes
compañías “pero no se ha evaluado debidamente el impacto letal que puede causar en
las empresas de tamaño mediano o pequeño. Estas representan el 75% o más del
universo de los proveedores de este país”. En consecuencia, estima indispensable que
se corrija este aspecto punitivo del proyecto “por la vía de morigerar el umbral del 30%
sancionatorio”.
Por último, el presidente de la CCS planteó su preocupación por la extensión de la
indemnización al daño moral en procedimientos para la protección de los intereses
colectivos o difusos: “tenemos temor que esta inclusión, inevitablemente, va a
contribuir a alentar la llamada “industria del reclamo” y, a la vez, producirá un
“enriquecimiento sin causa” en muchas personas que se beneficiarán al ir en el mismo
“carro” con personas de mayor sensibilidad o vulnerabilidad. El tratamiento del daño
moral debe quedar en el ámbito individual porque es “consustancial a la naturaleza
humana” concluyo Hill.