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Ley AUGE prohíbe la atención de beneficiarios del sistema público en el sector privado Hospital Clínico de la Universidad Católica realiza atención irregular en sus pacientes VIH/SIDA Un total de 503 enfermos que por ley pertenecen al sistema público, reciben una atención privada mucho más cómoda, rápida y mejorada que en el sector estatal. Esta situación se debe a un convenio firmado hace 10 años, que hoy estaría provocando problemas en distintos organismos de salud. Entre ellos, la falta de medicamentos vitales para quienes sufren de esta enfermedad incurable. Desde el inicio de la Ley AUGE, aquel convenio quedó inválido. Aun así, la Universidad Católica mantuvo esta modalidad de atención. El entrenamiento de los futuros infectólogos del país, así como la realización de estudios clínicos con estos pacientes, se suman a la mutua conveniencia entre éstos y la institución académica. Por Matías Ignacio Sánchez Jiménez Diciembre de 2014, Santiago. En el fondo del terreno que ocupa el Hospital San Borja Arriarán, ubicado en la comuna de Santiago Centro, se encuentra una casa de dos pisos que fue construida en 1921. A la altura de la puerta, hay un letrero que señala “Fundación Arriarán”. La sala de espera de los pacientes es reducida. Sólo hay asientos de plástico para 18 personas. Afuera, por la entrada lateral, hay otros 5. Cuando los pacientes ocupan el total de asientos, los demás se deben sentar en la antigua escalera de madera que da al segundo piso. Hacer de la escalera un asiento es común para los pacientes del hospital. Acá se deben tratar todos los pacientes de VIH/SIDA del Hospital San Borja Arriarán. Si bien pertenecen al hospital público, la atención médica y exámenes se realizan en la casa de dos pisos. En la recepción hay tres enfermeras. Ellas deben recibir a más de 120 pacientes diarios. Ninguna sonríe. El cansancio de atender a una gran cantidad de personas se les nota. El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) provoca una infección incurable que no presenta síntomas en las personas durante un tiempo acotado, mientras el cuerpo asimila el virus. En etapas avanzadas de la enfermedad, se deteriora el sistema inmunológico, lo que permite la aparición de diversas infecciones y tumores, con lo que se llega a la etapa de SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida). En Chile existen 22.412 personas notificadas con VIH/SIDA, según el ministerio de Salud. De ellas, 18.523 reciben tratamiento farmacológico y médico en el sistema público a través del programa AUGE, en conjunto con la previsión de salud pública: Fonasa. La enfermedad se combate a través de la Triterapia, medicación de tres fármacos que se encarga de limitar la reproducción del virus en el cuerpo de los pacientes. Desde que se contagió de VIH/SIDA hace dos años, Carolina –quien prefirió no revelar su verdadero nombre– se atiende en el Hospital San Borja Arriarán mediante Fonasa y el programa AUGE. Tres veces al año debe realizarse una serie de exámenes para monitorear su enfermedad. Y, cada vez, debe esperar 30 días para recibir los resultados. Agendar una hora de atención con un doctor, puede superar los 90 días de espera. “Podrían informar sobre nuevos lugares de atención, ya que en éste, estamos como vacas apretadas”, comenta. En el segundo piso del Hospital Clínico de la Universidad Católica, ubicado en la comuna de San Joaquín, un ancho y largo pabellón está dividido en cinco áreas de distintos tipos de patologías. En todo el piso, existen televisores plasma para la entretención y espera de los pacientes que, generalmente, bordea los 15 minutos. Además de cómodos asientos. En todo el piso, existen cuatro televisores y 134 asientos. Frente a la entrada, a mano izquierda, se encuentra el mesón de atención para pacientes de medicina interna. En él, hay tres enfermeras que se encargan de contestar el teléfono y agendar las horas para los pacientes. Las tres sonríen y comentan que ha estado lento el día, sin muchas consultas. Generalmente, la atención diaria en esa especialidad no supera las 20 personas. Sergio –quien prefiere no revelar su verdadero nombre– se contagió de VIH/SIDA hace seis años y debe presentarse, cada tres meses, ante el mesón de medicina interna, donde también se recepciona a pacientes de infectología. Para agendar una hora con un doctor, generalmente debe esperar una semana. La entrega de sus exámenes tarda sólo tres días. La previsión de salud de Sergio es Fonasa y su enfermedad se encuentra cubierta por el plan AUGE. Al tener la confirmación de que era positivo, comenzó a buscar un lugar de atención. Se informó que en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, aceptaban pacientes AUGE-Fonasa. Pero sólo podían ser pacientes de VIH/SIDA. Carolina y Sergio no se conocen. Y a pesar de todas las coincidencias que los asemejan, ¿qué los diferencia? Carolina utiliza correctamente el programa AUGE en un hospital público mientras que Sergio es parte de un grupo de 503 pacientes que se atienden actualmente en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde tratan su enfermedad VIH/SIDA, a través del programa AUGE, en conjunto con la previsión de salud Fonasa. El Hospital Clínico practica una atención irregular hace más de 10 años, debido a que incluyen a estos pacientes en un convenio que se creó antes de la ley AUGE. Son pacientes que pertenecen al sistema público, pero reciben la atención de un sector privado que es más rápido en tiempos de solicitud de horas médica, entrega de medicamentos y, especialmente, en la comodidad del lugar de atención. Pero se trata de un beneficio mutuo. La Universidad Católica realiza estudios clínicos con estos pacientes, en los que se prueban drogas y tratamientos para combatir la enfermedad. Y los futuros infectólogos del país son entrenados con estos enfermos, quienes constituyen uno de los pocos campos clínicos en la especialidad. Soluciones irregulares A comienzos de noviembre, Sergio recibió una llamada por parte de las enfermeras de infectología UC, donde le informaban que su continuidad como paciente AUGE-Fonasa en el Hospital Clínico, estaba en riesgo. Además, el ministerio había solicitado que no se aceptaran nuevos pacientes. “Nos llamaron a todos, avisándonos que quizás iban a cerrar el convenio y que no se estaban recibiendo nuevos pacientes. El ministerio de Salud había cambiado las reglas del juego”. En ese momento, Sergio se dio cuenta que existía la posibilidad de verse obligado a acudir al sistema público, a lo que estaba totalmente en contra. Sergio suele agendar una consulta con su doctora en la mañana, debido a que por las tardes dedica su tiempo a los estudios. Él solicita por teléfono su hora de atención, directamente a las enfermeras de infectología. Las consultas médicas se deben realizar en el Campus San Joaquín, pero los medicamentos se retiran en la sede de Marcoleta, debido a que ahí se encuentra la farmacia del Hospital Clínico. Si una persona llama a la mesa central de la Universidad Católica, se negará todo tipo de atención sobre pacientes AUGE-Fonasa en la institución. “Ellas saben (las enfermeras) que me atiendo desde el 2008, es decir, no soy un paciente nuevo. No haces fila, te respetan tus horarios y nunca te cambian las horas. Es una atención más humana. Un trámite rápido en comparación con el sistema público”, explica. El doctor Carlos Pérez, jefe del departamento de Infectología del Hospital Clínico UC, comenta que “yo participé en la redacción del convenio en el año 2004. Lo conozco perfectamente”. Además, agrega que “hace un tiempo, me explicaron que no era habitual atender pacientes en el sector privado, para patologías AUGE. Una vez nos dijeron algo sobre los pacientes AUGE-Fonasa, pero después todo siguió funcionando perfectamente. Ahora debemos resolver las cosas de forma definitiva”. Los orígenes del convenio se remontan al 22 de octubre del 2004. Éste involucraba al ministerio de Salud y la Pontificia Universidad Católica de Chile. En él se especifica la atención de pacientes de VIH/SIDA de previsión de salud del sistema público (Fonasa), junto con la entrega del tratamiento para la enfermedad. Luego de un año de la creación del convenio, se promulgó la Ley 19.966 –también conocida como la Ley AUGE–, que estipulaba en sus artículos 27 y 28, que los pacientes que utilizaran el programa de salud, a través del sistema Fonasa, debían ser atendidos en cualquier centro de salud pública. Es decir, en el caso de los pacientes de VIH/SIDA, debían ser atendidos en cualquier hospital que tuviera la capacidad clínica para tratar la enfermedad. De acuerdo a lo que estipula la ley, el convenio quedaba automáticamente inválido, pero no eliminó la creación de éste. Para que eso sucediera, sólo el ministerio de Salud o el Hospital Clínico UC, debían informar sobre el término del convenio, a través de una carta. Eso nunca sucedió y comenzó una atención irregular en los pacientes que trataban su enfermedad de VIH/SIDA, en el Hospital Clínico. Cuando la Comisión Nacional del SIDA –CONASIDA– se transforma en el Departamento del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA y ETS, en 2011, el ministerio tomó conocimiento de toda la situación actualizada con la enfermedad inmunológica en el sistema de salud público, incluyendo lugares de atención, fármacos y cantidad de pacientes. Esta información actualizada del VIH/SIDA estuvo en el ministerio sin ser regulada por más de siete años, evadiendo el choque legal que producía el convenio del Hospital Clínico UC con la Ley AUGE. Para Vasili Deliyanis, vocero de la Corporación Chilena de Prevención del Sida y Acción Gay, la situación comenzó en el momento en que se iniciaron los protocolos de la enfermedad en Chile. “El convenio se empezó a practicar antes de su firma, porque mucha gente no tenía acceso a los medicamentos”. Recalca que el convenio debería normalizarse y esos pacientes volver a su sector de salud original. “No tendría por qué haber un convenio especial con la Católica. El sistema público debería poder absorber esos pacientes. Ellos, por una excepción, se atienden en el sector privado que, por supuesto, es más cómodo y rápido que un hospital público”. Manuel Jorquera, coordinador de la ex ONG Vivo Positivo, asegura que “el convenio nació como una informalidad, pero luego se volvió una costumbre. No se ajusta al marco legal”. Jorquera pone en duda las intenciones reales del convenio, realizando una crítica al sistema privado. “Éste carecía de una cierta cantidad de personas que se pudiesen presentar en un estudio clínico, donde se pueda ver la evolución de la entrega de algún medicamento. Muchos médicos que trabajaban en el mundo privado, no contaban con un gran número de personas para realizar diferentes estudios clínicos en ellos”. Sergio comenta que de sus seis años de atención en el Hospital Clínico, nunca ha participado en un estudio. Compañeros de él, que son parte de los 503 pacientes, sí han recibido una invitación para ser parte de estudios clínicos. El doctor Carlos Pérez comenta que se encuentra complacido con los resultados clínicos que han demostrado los pacientes. “Estamos muy contentos con estos pacientes, hemos logrado buenos resultados desde el punto de vista de estudios clínicos. Estamos muy interesados en que se mantenga el convenio. Afortunadamente, ya estamos en buen camino de resolver estos pequeños detalles administrativos”. Además, el doctor Pérez explica que “esto no puede ser infinito. El sistema público tiene la obligación de atenderlos a ellos. No podemos hacernos cargo de todos los pacientes”. – ¿Considera que los pacientes son un beneficio para la Universidad Católica? –Tenemos un laboratorio donde hacemos exámenes e investigaciones, entonces podemos dar un servicio de primer nivel para estos pacientes. Estamos abiertos a la comunidad. Quienquiera se puede atender con nosotros. Los resultados clínicos han sido muy buenos, no había razón para dejar de atender a los 503 pacientes. – ¿Es justo para los pacientes que tienen el mismo sistema de salud recibir una atención distinta? –La Universidad Católica no se puede hacer responsable de todos los pacientes de Chile. Ahora está delimitada la atención (para pacientes AUGE-Fonasa de VIH/SIDA) por un convenio que se está trabajando. La UC no es responsable de la salud del país, es responsabilidad del Estado y de sus hospitales. No nuestra. Estamos para otorgar atención de salud, para quienes libremente se quieran atender con nosotros y somos esencialmente un centro formador de especialistas. Al momento de expresarle al doctor Carlos Pérez que la División Jurídica del ministerio de Salud declaró irregular la situación en la que estaba el Hospital Clínico de la Universidad Católica, agregó que “no hemos estado infringiendo la ley ni haciendo algo que pueda perjudicar a alguien. Nadie se ha perjudicado con esto. Ni la Universidad Católica, ni el ministerio de Salud y menos los pacientes, quienes no se han visto afectados”. Además, comentó que “los pacientes se atienden acá. El ministerio no ha tenido que atender a las personas. Le hemos descargado 500 enfermos más, que tendrían que haber atendido ellos”. Sergio coincide con el doctor Carlos Pérez en que su atención privilegiada es una ayuda para el sector público. “Desde mi punto de vista, estoy cediendo mi cupo del sistema público para alguien que realmente lo necesita. El sistema está totalmente colapsado. Imagínate que los 503 pacientes volvieran al sistema público, sería un colapso más”. La Superintendencia de Salud define que su misión es regular y fiscalizar a los seguros y prestadores de salud en el ámbito público y privado, resguardando los derechos de las personas, promoviendo la calidad y seguridad en las atenciones de salud. Sebastián Pavlovic, Superintendente de Salud, nunca había escuchado sobre el convenio y desconoce la situación. “No sé de qué convenio me hablas”, dice. Al explicarle los parámetros de éste y su irregularidad con la ley AUGE, explica que “no es parte de la Superintendencia los convenios de pacientes entre prestadores. Nosotros sólo fiscalizamos que se cumplan las garantías”. En el 2011, el Hospital Clínico UC recibió una amonestación por infringir la Ley 19.966, en sus artículos 27 y 28, que norman los sectores de salud en que se deben atender los pacientes AUGE-Fonasa. Al preguntarle por qué no se inició una investigación, a raíz de esa amonestación, explicó que “no se preocupaban de revisar amonestaciones de tres años atrás”. Escasez de medicamentos El Hospital Clínico UC obtuvo un aumento de pacientes AUGE-Fonasa en los últimos dos años, debido a que se corrió la voz entre los afectados por la enfermedad, sobre las condiciones de atención que ofrecía la institución. Esto provocó un problema en la programación de la cantidad de medicamentos que necesitaría anualmente, para sus 503 pacientes de VIH/SIDA. Los pacientes del Hospital Clínico reciben mensualmente su triterapia –tratamiento que es utilizado para limitar la reproducción del virus en el cuerpo humano–, pero en el caso de la ausencia del tratamiento, se deben usar las reservas de medicamentos de los futuros meses que quedan del año. En este caso, el Hospital Clínico terminó de usar todas las reservas del 2014 en el mes de julio. Es decir, había usado los medicamentos que le correspondían desde agosto a diciembre, antes de que terminara julio. Usualmente, las terapias son entregadas cada 30 días, pero en caso de que el Hospital Clínico deba gestionar una solicitud de nuevos medicamentos, les debe proporcionar a sus pacientes tratamiento para un tiempo más acotado y así poder reponer su stock con el total de pacientes nuevos. Luego, el ministerio debe aprobar todas estas acciones de adelanto e incluso, gestionar el traspaso de medicamentos de otras farmacias de hospitales públicos. Si bien ningún paciente se ha quedado sin medicamentos, lo cual podría significar una multiplicación del virus en su cuerpo y la complicación de su estado de salud, la constante desprogramación del Hospital Clínico (ver recuadro) trae problemas en las farmacias de los hospitales públicos de su zona. El convenio, que es utilizado como base de atención irregular para los pacientes, estipula que el ministerio de Salud debe hacer entrega de los medicamentos que requiera el Hospital Clínico UC. Para hacer válida la compra de medicamentos a través de Fonasa, ésta se concreta mediante la Central de Abastecimiento –CENABAST–, entidad que está encargada de entregar los medicamentos a los hospitales públicos del país. Antonio Núñez, jefe del Departamento de Operaciones Comerciales de CENABAST, es el encargado de habilitar convenios especiales entre el ministerio y hospitales privados, para la atención de pacientes públicos. Él explica que existen sólo dos formas para que el Hospital Clínico UC compre medicamentos a través de Fonasa. Una de ellas es presentar a la entidad el convenio existente entre el ministerio y el hospital privado. Núñez niega haber recibido dicho documento por alguna de las partes. La segunda forma es sumar la solicitud de medicamentos del Hospital Clínico por intermedio de un hospital público, el cual integra a su propia lista de medicamentos la cantidad necesaria para atender a los 503 pacientes extras del sistema privado. En este caso, es el Hospital San Borja Arriarán el encargado de realizar dicho trámite, debido a que el hospital clínico pertenece a la misma zona que el hospital público, ambos integrados a los servicios de salud de la zona central de la Región Metropolitana. Núñez comenta que “la UC está comprando a través del San Borja para que les provean los medicamentos, porque es más fácil. Yo me preocupo del hospital público y ellos harán la distribución de los productos”. Désirée Vera, química farmacéutica VIH/SIDA adulto y pediátrico del Hospital San Borja Arriarán, explica que el ministerio le solicitó entregar medicamentos de su stock, para completar las necesidades del Hospital Clínico UC. “Ellos me pidieron (el ministerio) que le enviara medicamentos de emergencia al Hospital Clínico, porque no tenían ni para entregar por el día. Pero me tienen que devolver la cantidad que les presté, porque también les tengo que entregar las terapias a mis pacientes”. La profesional comenta que, dependiendo del centro de salud, ella realiza el préstamo de medicamentos, debido a que existen algunos que no están capacitados para devolver las terapias prestadas. “El ministerio le va a realizar una nueva compra a la Católica, así que ahí tengo la garantía que me devolverán mis medicamentos prestados”. El préstamo que realizó el Hospital San Borja Arriarán al Hospital Clínico UC, se le devolverá en la futura compra que realizará el ministerio el próximo año. Los medicamentos que entregó Désirée Vera, pertenecían al stock que ella tenía guardado y que no había informado al ministerio. En el caso de no tener esos medicamentos almacenados, tendría que haber entregado terapias a sus pacientes cada dos semanas. Los futuros infectólogos del país En Chile existen sólo cuatro centros formadores de infectólogos especializados en VIH/SIDA. Están compuestos por universidades que, generalmente, tienen campos clínicos para trabajar con pacientes y enseñarles a los estudiantes cómo trabajar con ellos. En 2012 le informaron a Désirée Vera, química farmacéutica del Hospital San Borja Arriarán, que existía la posibilidad de que el convenio AUGE-Fonasa finalizara y que los pacientes de aquella época, que bordeaban las 400 personas, deberían ser atendidas en su departamento de Infectología. La casa de dos pisos, que sólo tiene 18 asientos, debía sumar 400 pacientes más, sin contar los 40 pacientes nuevos o recién confirmados de VIH/SIDA que recibe mensualmente el Hospital San Borja Arriarán. “El lugar no estaría apto para aceptar a los nuevos pacientes. Pero esa vez que los intentaron traspasar, la Universidad Católica los detuvo debido a que perderían a los pacientes y no tendrían campo clínico para enseñarle a sus infectólogos”, explica Vera. Carlos Beltrán, presidente de la ONG SIDA Chile e infectólogo del hospital Barros Luco Trudeau, comenta que “no existe ninguna diferencia entre un hospital público y el Hospital Clínico UC. El tener a los pacientes AUGE-Fonasa para formar especialistas y hacer estudios clínicos es un tema secundario frente a la necesidad de crear más centros de atención médica”. También agrega que “si se diagnostica a todas las personas que tienen VIH/SIDA en Chile, todos los sistemas de salud colapsarían, ya sean públicos y privados”. El presidente de la ONG agrega que “se deben respetar los derechos de los pacientes del Hospital Clínico UC. Ellos se han atendido durante años con un doctor y ahora los van a pasar a otro lugar, con otro doctor. Es de toda lógica que estos pacientes se deben seguir atendiendo en el sector privado”. Además, enfatiza que el problema de la futura falta de medicamentos para los pacientes UC, sería “culpa de CENABAST y del ministerio de Salud. Los procesos de compra de medicamentos se están haciendo muy tarde. El problema también afectaría a todos los centros de salud en general”. Pacientes que no volverán El doctor Luis Castillo fue subsecretario de Redes Asistenciales en el periodo 20102014. Él se hizo cargo del tema cuando se descubrió dentro del ministerio que aún estaba vigente el convenio con la UC. La autoridad del ministerio de Salud, antes de asumir su cargo, había sido jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Clínico UC. Comenta que “el convenio siempre fue bien valorado por los pacientes. Sobre todo en los medicamentos que se entregan, ya que éstos son traspasados de una farmacia pública a la farmacia del Hospital Clínico UC. Es más cómodo para ellos”. Cuando recibió la noticia de que se debía regularizar el convenio, agrega que “era absolutamente inadecuado desarmar un convenio tan bueno. La UC gana en términos de tener un grupo de gente en la cual es posible enseñar a los médicos especializados”. Además, enfatiza que el fallo del traspaso al Hospital San Borja Arriarán en 2012, se debió a que dio prioridad a la formación de infectólogos. “Falló porque se estimó que la formación de médicos era un elemento fundamental para mantener el convenio. El San Borja no estaba preparado para un gran tamaño de pacientes, lo que iba a deteriorar la atención de sus pacientes anteriores. Además, los mismos doctores pidieron no realizar el traspaso”. Como ex autoridad del ministerio de Salud, Luis Castillo recomienda que “el convenio se debería adecuar a los tiempos actuales. Los pacientes no deberían volver al sistema público. ¿Para qué, si el Estado no tiene capacidad para atender a todos los pacientes públicos? Pregúntele a los pacientes si quieren volver”. La doctora Beatriz Heyermann, encargada del plan AUGE en la subsecretaría de Redes Asistenciales del ministerio de Salud, agrega que “el sistema de salud pública tiene gran capacidad para aceptar a los 503 pacientes y otros”. Además, señala que “los pacientes del convenio AUGE-Fonasa no representan la realidad de nuestro país, debido a que pueden pagar la atención en el Hospital Clínico de la Universidad Católica”. Heyermann enfatiza que el traspaso de los pacientes al sistema público en el año 2012 no se realizó por decisión del ministro Jaime Mañalich y el subsecretario Luis Castillo. Además, recalca que “no ocurrió debido a la relación que tiene Luis Castillo con la Universidad Católica”. Consultado sobre esto último, el doctor Luis Castillo declinó profundizar en el tema. “No es necesario, no responderé esas cosas. Es mediocridad pura. No respondo a ineptos”, señaló por mail. La doctora Beatriz Heyermann también hace una crítica al Hospital Clínico por la falta de medicamentos en los pacientes de la UC. “El Hospital Clínico tiene una responsabilidad en la programación de sus medicamentos y como ministerio nos encargamos de la compra solicitada en un principio”. Actualmente, el ministerio de Salud está en conversaciones con el Hospital Clínico para definir la permanencia del convenio. Aún está en duda si se mantendrá sólo para los 503 pacientes en el Hospital Clínico de la Universidad Católica o si se permitirá el acceso a un grupo acotado de nuevos pacientes. El último chequeo médico de 2014 de Carolina, paciente del Hospital San Borja Arriarán, está programado para febrero de 2015, debido al colapso y tiempos de espera que tiene el hospital público. Sergio visitará a su doctor en los próximos días, para terminar con sus controles médicos del año. Su hora fue fijada hace una semana, en un horario que le acomoda. En diciembre de 2014, Jeanette Vega, directora de Fonasa, quien además había sido subsecretaria de Salud Pública en el periodo 2008-2010, se excusó de conceder una entrevista, debido a que se encontraba fuera del país durante tres semanas. Ella derivó el tema con la doctora Cecilia Morales, jefa del departamento de Comercialización de Fonasa, quien no respondió a la solicitud de entrevista. RECUADRO Medicamentos del sistema público al privado En los últimos tres meses, el Hospital Clínico de la Universidad Católica ha realizado seis solicitudes de nuevos medicamentos a otros hospitales, entre ellos el Hospital San Borja Arriarán. Además, solicitó un adelanto de la programación del mes de diciembre y una solicitud extra por la compra de nuevos medicamentos. El 22 de julio de 2014, el Hospital Clínico UC pidió aumentar cuatro unidades de Triterapias al ministerio de Salud. La entidad pública solicitó al Hospital de Enfermedades Infecciosas Profesor Dr. Lucio Córdova –ubicado en el interior del Hospital Barros Luco Trudeau–, un traspaso de medicamentos para el Hospital Clínico, lo que no se ejecutó por motivos administrativos. El 7 agosto del presente año, el ministerio de Salud ingresó 56 pacientes nuevos al stock anual de medicamentos del Hospital Clínico UC. En el mismo mes, el doctor Carlos Pérez – jefe del Departamento de Infectología de la UC–, envió un correo al ministerio, informando acerca del desabastecimiento de medicamentos. Posteriormente, el ministerio solicitó la compra adicional de las terapias a Fonasa, con el fin de cubrir los meses de septiembre a diciembre del 2014. Destacados “Si se diagnostica a todas las personas que tienen VIH/SIDA en Chile, todos los sistemas de salud colapsarían, ya sean públicos y privados”, enfatiza el doctor Carlos Beltrán, presidente de la ONG SIDA Chile e infectólogo del Hospital Barros Luco Trudeau. “El traspaso de los pacientes no se regularizó (al sistema público el año 2012) por decisión de Jaime Mañalich (ministro de Salud 2010-2014) y Luis Castillo (subsecretario de Redes Asistenciales 2010-2014), debido a la relación que tiene Luis Castillo con la Universidad Católica”, afirma la doctora Beatriz Heyermann, encargada del plan AUGE en la subsecretaría de Redes Asistenciales del ministerio de Salud.