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Ley AUGE prohíbe la atención de beneficiarios del sistema público en el sector privado
Hospital Clínico de la Universidad Católica realiza
atención irregular en sus pacientes VIH/SIDA
Un total de 503 enfermos que por ley pertenecen al sistema público, reciben una atención
privada mucho más cómoda, rápida y mejorada que en el sector estatal. Esta situación se
debe a un convenio firmado hace 10 años, que hoy estaría provocando problemas en
distintos organismos de salud. Entre ellos, la falta de medicamentos vitales para quienes
sufren de esta enfermedad incurable. Desde el inicio de la Ley AUGE, aquel convenio
quedó inválido. Aun así, la Universidad Católica mantuvo esta modalidad de atención. El
entrenamiento de los futuros infectólogos del país, así como la realización de estudios
clínicos con estos pacientes, se suman a la mutua conveniencia entre éstos y la institución
académica.
Por Matías Ignacio Sánchez Jiménez
Diciembre de 2014, Santiago.
En el fondo del terreno que ocupa el Hospital San Borja Arriarán, ubicado en la
comuna de Santiago Centro, se encuentra una casa de dos pisos que fue construida en
1921. A la altura de la puerta, hay un letrero que señala “Fundación Arriarán”. La sala de
espera de los pacientes es reducida. Sólo hay asientos de plástico para 18 personas.
Afuera, por la entrada lateral, hay otros 5. Cuando los pacientes ocupan el total de
asientos, los demás se deben sentar en la antigua escalera de madera que da al segundo
piso. Hacer de la escalera un asiento es común para los pacientes del hospital.
Acá se deben tratar todos los pacientes de VIH/SIDA del Hospital San Borja
Arriarán. Si bien pertenecen al hospital público, la atención médica y exámenes se realizan
en la casa de dos pisos. En la recepción hay tres enfermeras. Ellas deben recibir a más de
120 pacientes diarios. Ninguna sonríe. El cansancio de atender a una gran cantidad de
personas se les nota.
El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) provoca una infección incurable que
no presenta síntomas en las personas durante un tiempo acotado, mientras el cuerpo
asimila el virus. En etapas avanzadas de la enfermedad, se deteriora el sistema
inmunológico, lo que permite la aparición de diversas infecciones y tumores, con lo que se
llega a la etapa de SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida).
En Chile existen 22.412 personas notificadas con VIH/SIDA, según el ministerio de
Salud. De ellas, 18.523 reciben tratamiento farmacológico y médico en el sistema público
a través del programa AUGE, en conjunto con la previsión de salud pública: Fonasa. La
enfermedad se combate a través de la Triterapia, medicación de tres fármacos que se
encarga de limitar la reproducción del virus en el cuerpo de los pacientes.
Desde que se contagió de VIH/SIDA hace dos años, Carolina –quien prefirió no
revelar su verdadero nombre– se atiende en el Hospital San Borja Arriarán mediante
Fonasa y el programa AUGE. Tres veces al año debe realizarse una serie de exámenes para
monitorear su enfermedad. Y, cada vez, debe esperar 30 días para recibir los resultados.
Agendar una hora de atención con un doctor, puede superar los 90 días de espera.
“Podrían informar sobre nuevos lugares de atención, ya que en éste, estamos como vacas
apretadas”, comenta.
En el segundo piso del Hospital Clínico de la Universidad Católica, ubicado en la
comuna de San Joaquín, un ancho y largo pabellón está dividido en cinco áreas de distintos
tipos de patologías. En todo el piso, existen televisores plasma para la entretención y
espera de los pacientes que, generalmente, bordea los 15 minutos. Además de cómodos
asientos. En todo el piso, existen cuatro televisores y 134 asientos.
Frente a la entrada, a mano izquierda, se encuentra el mesón de atención para
pacientes de medicina interna. En él, hay tres enfermeras que se encargan de contestar el
teléfono y agendar las horas para los pacientes. Las tres sonríen y comentan que ha
estado lento el día, sin muchas consultas. Generalmente, la atención diaria en esa
especialidad no supera las 20 personas.
Sergio –quien prefiere no revelar su verdadero nombre– se contagió de VIH/SIDA
hace seis años y debe presentarse, cada tres meses, ante el mesón de medicina interna,
donde también se recepciona a pacientes de infectología. Para agendar una hora con un
doctor, generalmente debe esperar una semana. La entrega de sus exámenes tarda sólo
tres días.
La previsión de salud de Sergio es Fonasa y su enfermedad se encuentra cubierta
por el plan AUGE. Al tener la confirmación de que era positivo, comenzó a buscar un lugar
de atención. Se informó que en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, aceptaban
pacientes AUGE-Fonasa. Pero sólo podían ser pacientes de VIH/SIDA.
Carolina y Sergio no se conocen. Y a pesar de todas las coincidencias que los
asemejan, ¿qué los diferencia? Carolina utiliza correctamente el programa AUGE en un
hospital público mientras que Sergio es parte de un grupo de 503 pacientes que se
atienden actualmente en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde tratan su
enfermedad VIH/SIDA, a través del programa AUGE, en conjunto con la previsión de salud
Fonasa.
El Hospital Clínico practica una atención irregular hace más de 10 años, debido a
que incluyen a estos pacientes en un convenio que se creó antes de la ley AUGE. Son
pacientes que pertenecen al sistema público, pero reciben la atención de un sector
privado que es más rápido en tiempos de solicitud de horas médica, entrega de
medicamentos y, especialmente, en la comodidad del lugar de atención.
Pero se trata de un beneficio mutuo. La Universidad Católica realiza estudios
clínicos con estos pacientes, en los que se prueban drogas y tratamientos para combatir la
enfermedad. Y los futuros infectólogos del país son entrenados con estos enfermos,
quienes constituyen uno de los pocos campos clínicos en la especialidad.
Soluciones irregulares
A comienzos de noviembre, Sergio recibió una llamada por parte de las enfermeras
de infectología UC, donde le informaban que su continuidad como paciente AUGE-Fonasa
en el Hospital Clínico, estaba en riesgo. Además, el ministerio había solicitado que no se
aceptaran nuevos pacientes. “Nos llamaron a todos, avisándonos que quizás iban a cerrar
el convenio y que no se estaban recibiendo nuevos pacientes. El ministerio de Salud había
cambiado las reglas del juego”. En ese momento, Sergio se dio cuenta que existía la
posibilidad de verse obligado a acudir al sistema público, a lo que estaba totalmente en
contra.
Sergio suele agendar una consulta con su doctora en la mañana, debido a que por
las tardes dedica su tiempo a los estudios. Él solicita por teléfono su hora de atención,
directamente a las enfermeras de infectología. Las consultas médicas se deben realizar en
el Campus San Joaquín, pero los medicamentos se retiran en la sede de Marcoleta, debido
a que ahí se encuentra la farmacia del Hospital Clínico.
Si una persona llama a la mesa central de la Universidad Católica, se negará todo
tipo de atención sobre pacientes AUGE-Fonasa en la institución. “Ellas saben (las
enfermeras) que me atiendo desde el 2008, es decir, no soy un paciente nuevo. No haces
fila, te respetan tus horarios y nunca te cambian las horas. Es una atención más humana.
Un trámite rápido en comparación con el sistema público”, explica.
El doctor Carlos Pérez, jefe del departamento de Infectología del Hospital Clínico
UC, comenta que “yo participé en la redacción del convenio en el año 2004. Lo conozco
perfectamente”. Además, agrega que “hace un tiempo, me explicaron que no era habitual
atender pacientes en el sector privado, para patologías AUGE. Una vez nos dijeron algo
sobre los pacientes AUGE-Fonasa, pero después todo siguió funcionando perfectamente.
Ahora debemos resolver las cosas de forma definitiva”.
Los orígenes del convenio se remontan al 22 de octubre del 2004. Éste involucraba
al ministerio de Salud y la Pontificia Universidad Católica de Chile. En él se especifica la
atención de pacientes de VIH/SIDA de previsión de salud del sistema público (Fonasa),
junto con la entrega del tratamiento para la enfermedad.
Luego de un año de la creación del convenio, se promulgó la Ley 19.966 –también
conocida como la Ley AUGE–, que estipulaba en sus artículos 27 y 28, que los pacientes
que utilizaran el programa de salud, a través del sistema Fonasa, debían ser atendidos en
cualquier centro de salud pública. Es decir, en el caso de los pacientes de VIH/SIDA, debían
ser atendidos en cualquier hospital que tuviera la capacidad clínica para tratar la
enfermedad. De acuerdo a lo que estipula la ley, el convenio quedaba automáticamente
inválido, pero no eliminó la creación de éste. Para que eso sucediera, sólo el ministerio de
Salud o el Hospital Clínico UC, debían informar sobre el término del convenio, a través de
una carta. Eso nunca sucedió y comenzó una atención irregular en los pacientes que
trataban su enfermedad de VIH/SIDA, en el Hospital Clínico.
Cuando la Comisión Nacional del SIDA –CONASIDA– se transforma en el
Departamento del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA y ETS, en
2011, el ministerio tomó conocimiento de toda la situación actualizada con la enfermedad
inmunológica en el sistema de salud público, incluyendo lugares de atención, fármacos y
cantidad de pacientes. Esta información actualizada del VIH/SIDA estuvo en el ministerio
sin ser regulada por más de siete años, evadiendo el choque legal que producía el
convenio del Hospital Clínico UC con la Ley AUGE.
Para Vasili Deliyanis, vocero de la Corporación Chilena de Prevención del Sida y
Acción Gay, la situación comenzó en el momento en que se iniciaron los protocolos de la
enfermedad en Chile. “El convenio se empezó a practicar antes de su firma, porque mucha
gente no tenía acceso a los medicamentos”. Recalca que el convenio debería normalizarse
y esos pacientes volver a su sector de salud original. “No tendría por qué haber un
convenio especial con la Católica. El sistema público debería poder absorber esos
pacientes. Ellos, por una excepción, se atienden en el sector privado que, por supuesto, es
más cómodo y rápido que un hospital público”.
Manuel Jorquera, coordinador de la ex ONG Vivo Positivo, asegura que “el
convenio nació como una informalidad, pero luego se volvió una costumbre. No se ajusta
al marco legal”. Jorquera pone en duda las intenciones reales del convenio, realizando una
crítica al sistema privado. “Éste carecía de una cierta cantidad de personas que se
pudiesen presentar en un estudio clínico, donde se pueda ver la evolución de la entrega
de algún medicamento. Muchos médicos que trabajaban en el mundo privado, no
contaban con un gran número de personas para realizar diferentes estudios clínicos en
ellos”.
Sergio comenta que de sus seis años de atención en el Hospital Clínico, nunca ha
participado en un estudio. Compañeros de él, que son parte de los 503 pacientes, sí han
recibido una invitación para ser parte de estudios clínicos.
El doctor Carlos Pérez comenta que se encuentra complacido con los resultados
clínicos que han demostrado los pacientes. “Estamos muy contentos con estos pacientes,
hemos logrado buenos resultados desde el punto de vista de estudios clínicos. Estamos
muy interesados en que se mantenga el convenio. Afortunadamente, ya estamos en buen
camino de resolver estos pequeños detalles administrativos”.
Además, el doctor Pérez explica que “esto no puede ser infinito. El sistema público
tiene la obligación de atenderlos a ellos. No podemos hacernos cargo de todos los
pacientes”.
– ¿Considera que los pacientes son un beneficio para la Universidad Católica?
–Tenemos un laboratorio donde hacemos exámenes e investigaciones, entonces podemos
dar un servicio de primer nivel para estos pacientes. Estamos abiertos a la comunidad.
Quienquiera se puede atender con nosotros. Los resultados clínicos han sido muy buenos,
no había razón para dejar de atender a los 503 pacientes.
– ¿Es justo para los pacientes que tienen el mismo sistema de salud recibir una atención
distinta?
–La Universidad Católica no se puede hacer responsable de todos los pacientes de Chile.
Ahora está delimitada la atención (para pacientes AUGE-Fonasa de VIH/SIDA) por un
convenio que se está trabajando. La UC no es responsable de la salud del país, es
responsabilidad del Estado y de sus hospitales. No nuestra. Estamos para otorgar atención
de salud, para quienes libremente se quieran atender con nosotros y somos
esencialmente un centro formador de especialistas.
Al momento de expresarle al doctor Carlos Pérez que la División Jurídica del
ministerio de Salud declaró irregular la situación en la que estaba el Hospital Clínico de la
Universidad Católica, agregó que “no hemos estado infringiendo la ley ni haciendo algo
que pueda perjudicar a alguien. Nadie se ha perjudicado con esto. Ni la Universidad
Católica, ni el ministerio de Salud y menos los pacientes, quienes no se han visto
afectados”.
Además, comentó que “los pacientes se atienden acá. El ministerio no ha tenido
que atender a las personas. Le hemos descargado 500 enfermos más, que tendrían que
haber atendido ellos”.
Sergio coincide con el doctor Carlos Pérez en que su atención privilegiada es una
ayuda para el sector público. “Desde mi punto de vista, estoy cediendo mi cupo del
sistema público para alguien que realmente lo necesita. El sistema está totalmente
colapsado. Imagínate que los 503 pacientes volvieran al sistema público, sería un colapso
más”.
La Superintendencia de Salud define que su misión es regular y fiscalizar a los
seguros y prestadores de salud en el ámbito público y privado, resguardando los derechos
de las personas, promoviendo la calidad y seguridad en las atenciones de salud.
Sebastián Pavlovic, Superintendente de Salud, nunca había escuchado sobre el
convenio y desconoce la situación. “No sé de qué convenio me hablas”, dice. Al explicarle
los parámetros de éste y su irregularidad con la ley AUGE, explica que “no es parte de la
Superintendencia los convenios de pacientes entre prestadores. Nosotros sólo
fiscalizamos que se cumplan las garantías”. En el 2011, el Hospital Clínico UC recibió una
amonestación por infringir la Ley 19.966, en sus artículos 27 y 28, que norman los sectores
de salud en que se deben atender los pacientes AUGE-Fonasa. Al preguntarle por qué no
se inició una investigación, a raíz de esa amonestación, explicó que “no se preocupaban de
revisar amonestaciones de tres años atrás”.
Escasez de medicamentos
El Hospital Clínico UC obtuvo un aumento de pacientes AUGE-Fonasa en los
últimos dos años, debido a que se corrió la voz entre los afectados por la enfermedad,
sobre las condiciones de atención que ofrecía la institución. Esto provocó un problema en
la programación de la cantidad de medicamentos que necesitaría anualmente, para sus
503 pacientes de VIH/SIDA. Los pacientes del Hospital Clínico reciben mensualmente su
triterapia –tratamiento que es utilizado para limitar la reproducción del virus en el cuerpo
humano–, pero en el caso de la ausencia del tratamiento, se deben usar las reservas de
medicamentos de los futuros meses que quedan del año. En este caso, el Hospital Clínico
terminó de usar todas las reservas del 2014 en el mes de julio. Es decir, había usado los
medicamentos que le correspondían desde agosto a diciembre, antes de que terminara
julio.
Usualmente, las terapias son entregadas cada 30 días, pero en caso de que el
Hospital Clínico deba gestionar una solicitud de nuevos medicamentos, les debe
proporcionar a sus pacientes tratamiento para un tiempo más acotado y así poder
reponer su stock con el total de pacientes nuevos. Luego, el ministerio debe aprobar todas
estas acciones de adelanto e incluso, gestionar el traspaso de medicamentos de otras
farmacias de hospitales públicos. Si bien ningún paciente se ha quedado sin
medicamentos, lo cual podría significar una multiplicación del virus en su cuerpo y la
complicación de su estado de salud, la constante desprogramación del Hospital Clínico
(ver recuadro) trae problemas en las farmacias de los hospitales públicos de su zona.
El convenio, que es utilizado como base de atención irregular para los pacientes,
estipula que el ministerio de Salud debe hacer entrega de los medicamentos que requiera
el Hospital Clínico UC. Para hacer válida la compra de medicamentos a través de Fonasa,
ésta se concreta mediante la Central de Abastecimiento –CENABAST–, entidad que está
encargada de entregar los medicamentos a los hospitales públicos del país.
Antonio Núñez, jefe del Departamento de Operaciones Comerciales de CENABAST,
es el encargado de habilitar convenios especiales entre el ministerio y hospitales privados,
para la atención de pacientes públicos. Él explica que existen sólo dos formas para que el
Hospital Clínico UC compre medicamentos a través de Fonasa. Una de ellas es presentar a
la entidad el convenio existente entre el ministerio y el hospital privado. Núñez niega
haber recibido dicho documento por alguna de las partes.
La segunda forma es sumar la solicitud de medicamentos del Hospital Clínico por
intermedio de un hospital público, el cual integra a su propia lista de medicamentos la
cantidad necesaria para atender a los 503 pacientes extras del sistema privado. En este
caso, es el Hospital San Borja Arriarán el encargado de realizar dicho trámite, debido a que
el hospital clínico pertenece a la misma zona que el hospital público, ambos integrados a
los servicios de salud de la zona central de la Región Metropolitana.
Núñez comenta que “la UC está comprando a través del San Borja para que les
provean los medicamentos, porque es más fácil. Yo me preocupo del hospital público y
ellos harán la distribución de los productos”.
Désirée Vera, química farmacéutica VIH/SIDA adulto y pediátrico del Hospital San
Borja Arriarán, explica que el ministerio le solicitó entregar medicamentos de su stock,
para completar las necesidades del Hospital Clínico UC. “Ellos me pidieron (el ministerio)
que le enviara medicamentos de emergencia al Hospital Clínico, porque no tenían ni para
entregar por el día. Pero me tienen que devolver la cantidad que les presté, porque
también les tengo que entregar las terapias a mis pacientes”.
La profesional comenta que, dependiendo del centro de salud, ella realiza el
préstamo de medicamentos, debido a que existen algunos que no están capacitados para
devolver las terapias prestadas. “El ministerio le va a realizar una nueva compra a la
Católica, así que ahí tengo la garantía que me devolverán mis medicamentos prestados”.
El préstamo que realizó el Hospital San Borja Arriarán al Hospital Clínico UC, se le
devolverá en la futura compra que realizará el ministerio el próximo año. Los
medicamentos que entregó Désirée Vera, pertenecían al stock que ella tenía guardado y
que no había informado al ministerio. En el caso de no tener esos medicamentos
almacenados, tendría que haber entregado terapias a sus pacientes cada dos semanas.
Los futuros infectólogos del país
En Chile existen sólo cuatro centros formadores de infectólogos especializados en
VIH/SIDA. Están compuestos por universidades que, generalmente, tienen campos clínicos
para trabajar con pacientes y enseñarles a los estudiantes cómo trabajar con ellos.
En 2012 le informaron a Désirée Vera, química farmacéutica del Hospital San Borja
Arriarán, que existía la posibilidad de que el convenio AUGE-Fonasa finalizara y que los
pacientes de aquella época, que bordeaban las 400 personas, deberían ser atendidas en
su departamento de Infectología. La casa de dos pisos, que sólo tiene 18 asientos, debía
sumar 400 pacientes más, sin contar los 40 pacientes nuevos o recién confirmados de
VIH/SIDA que recibe mensualmente el Hospital San Borja Arriarán. “El lugar no estaría
apto para aceptar a los nuevos pacientes. Pero esa vez que los intentaron traspasar, la
Universidad Católica los detuvo debido a que perderían a los pacientes y no tendrían
campo clínico para enseñarle a sus infectólogos”, explica Vera.
Carlos Beltrán, presidente de la ONG SIDA Chile e infectólogo del hospital Barros
Luco Trudeau, comenta que “no existe ninguna diferencia entre un hospital público y el
Hospital Clínico UC. El tener a los pacientes AUGE-Fonasa para formar especialistas y
hacer estudios clínicos es un tema secundario frente a la necesidad de crear más centros
de atención médica”. También agrega que “si se diagnostica a todas las personas que
tienen VIH/SIDA en Chile, todos los sistemas de salud colapsarían, ya sean públicos y
privados”.
El presidente de la ONG agrega que “se deben respetar los derechos de los
pacientes del Hospital Clínico UC. Ellos se han atendido durante años con un doctor y
ahora los van a pasar a otro lugar, con otro doctor. Es de toda lógica que estos pacientes
se deben seguir atendiendo en el sector privado”. Además, enfatiza que el problema de la
futura falta de medicamentos para los pacientes UC, sería “culpa de CENABAST y del
ministerio de Salud. Los procesos de compra de medicamentos se están haciendo muy
tarde. El problema también afectaría a todos los centros de salud en general”.
Pacientes que no volverán
El doctor Luis Castillo fue subsecretario de Redes Asistenciales en el periodo 20102014. Él se hizo cargo del tema cuando se descubrió dentro del ministerio que aún estaba
vigente el convenio con la UC. La autoridad del ministerio de Salud, antes de asumir su
cargo, había sido jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Clínico UC. Comenta
que “el convenio siempre fue bien valorado por los pacientes. Sobre todo en los
medicamentos que se entregan, ya que éstos son traspasados de una farmacia pública a la
farmacia del Hospital Clínico UC. Es más cómodo para ellos”.
Cuando recibió la noticia de que se debía regularizar el convenio, agrega que “era
absolutamente inadecuado desarmar un convenio tan bueno. La UC gana en términos de
tener un grupo de gente en la cual es posible enseñar a los médicos especializados”.
Además, enfatiza que el fallo del traspaso al Hospital San Borja Arriarán en 2012,
se debió a que dio prioridad a la formación de infectólogos. “Falló porque se estimó que la
formación de médicos era un elemento fundamental para mantener el convenio. El San
Borja no estaba preparado para un gran tamaño de pacientes, lo que iba a deteriorar la
atención de sus pacientes anteriores. Además, los mismos doctores pidieron no realizar el
traspaso”.
Como ex autoridad del ministerio de Salud, Luis Castillo recomienda que “el
convenio se debería adecuar a los tiempos actuales. Los pacientes no deberían volver al
sistema público. ¿Para qué, si el Estado no tiene capacidad para atender a todos los
pacientes públicos? Pregúntele a los pacientes si quieren volver”.
La doctora Beatriz Heyermann, encargada del plan AUGE en la subsecretaría de
Redes Asistenciales del ministerio de Salud, agrega que “el sistema de salud pública tiene
gran capacidad para aceptar a los 503 pacientes y otros”. Además, señala que “los
pacientes del convenio AUGE-Fonasa no representan la realidad de nuestro país, debido a
que pueden pagar la atención en el Hospital Clínico de la Universidad Católica”.
Heyermann enfatiza que el traspaso de los pacientes al sistema público en el año
2012 no se realizó por decisión del ministro Jaime Mañalich y el subsecretario Luis Castillo.
Además, recalca que “no ocurrió debido a la relación que tiene Luis Castillo con la
Universidad Católica”.
Consultado sobre esto último, el doctor Luis Castillo declinó profundizar en el
tema. “No es necesario, no responderé esas cosas. Es mediocridad pura. No respondo a
ineptos”, señaló por mail.
La doctora Beatriz Heyermann también hace una crítica al Hospital Clínico por la
falta de medicamentos en los pacientes de la UC. “El Hospital Clínico tiene una
responsabilidad en la programación de sus medicamentos y como ministerio nos
encargamos de la compra solicitada en un principio”.
Actualmente, el ministerio de Salud está en conversaciones con el Hospital Clínico
para definir la permanencia del convenio. Aún está en duda si se mantendrá sólo para los
503 pacientes en el Hospital Clínico de la Universidad Católica o si se permitirá el acceso a
un grupo acotado de nuevos pacientes.
El último chequeo médico de 2014 de Carolina, paciente del Hospital San Borja
Arriarán, está programado para febrero de 2015, debido al colapso y tiempos de espera
que tiene el hospital público.
Sergio visitará a su doctor en los próximos días, para terminar con sus controles
médicos del año. Su hora fue fijada hace una semana, en un horario que le acomoda.
En diciembre de 2014, Jeanette Vega, directora de Fonasa, quien además había
sido subsecretaria de Salud Pública en el periodo 2008-2010, se excusó de conceder una
entrevista, debido a que se encontraba fuera del país durante tres semanas. Ella derivó el
tema con la doctora Cecilia Morales, jefa del departamento de Comercialización de
Fonasa, quien no respondió a la solicitud de entrevista.
RECUADRO
Medicamentos del sistema público al privado
En los últimos tres meses, el Hospital Clínico de la Universidad Católica ha realizado seis
solicitudes de nuevos medicamentos a otros hospitales, entre ellos el Hospital San Borja
Arriarán. Además, solicitó un adelanto de la programación del mes de diciembre y una
solicitud extra por la compra de nuevos medicamentos. El 22 de julio de 2014, el Hospital
Clínico UC pidió aumentar cuatro unidades de Triterapias al ministerio de Salud. La
entidad pública solicitó al Hospital de Enfermedades Infecciosas Profesor Dr. Lucio
Córdova –ubicado en el interior del Hospital Barros Luco Trudeau–, un traspaso de
medicamentos para el Hospital Clínico, lo que no se ejecutó por motivos administrativos.
El 7 agosto del presente año, el ministerio de Salud ingresó 56 pacientes nuevos al stock
anual de medicamentos del Hospital Clínico UC. En el mismo mes, el doctor Carlos Pérez –
jefe del Departamento de Infectología de la UC–, envió un correo al ministerio,
informando acerca del desabastecimiento de medicamentos. Posteriormente, el
ministerio solicitó la compra adicional de las terapias a Fonasa, con el fin de cubrir los
meses de septiembre a diciembre del 2014.
Destacados
“Si se diagnostica a todas las personas que tienen VIH/SIDA en Chile, todos los sistemas de
salud colapsarían, ya sean públicos y privados”, enfatiza el doctor Carlos Beltrán,
presidente de la ONG SIDA Chile e infectólogo del Hospital Barros Luco Trudeau.
“El traspaso de los pacientes no se regularizó (al sistema público el año 2012) por decisión
de Jaime Mañalich (ministro de Salud 2010-2014) y Luis Castillo (subsecretario de Redes
Asistenciales 2010-2014), debido a la relación que tiene Luis Castillo con la Universidad
Católica”, afirma la doctora Beatriz Heyermann, encargada del plan AUGE en la
subsecretaría de Redes Asistenciales del ministerio de Salud.