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TEMA 11. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
11.1. LA CRISIS DE 1808. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE LA
REVOLUCIÓN LIBERAL
Antecedentes del conflicto: el reinado de Carlos IV
El estallido de la Revolución Francesa (1789) provocó la crisis de los planteamientos de la
Ilustración. Carlos IV congeló todas las reformas ilustradas que había iniciado su padre e inició
una política agresiva contra la propaganda revolucionaria. Además, España declaró la guerra a
Francia en 1793, después de la ejecución de Luis XVI en la guillotina, aunque fue derrotada.
Cuando finalizó el conflicto, el nuevo primer ministro, Manuel Godoy, buscó el acercamiento a
Francia. En 1795 se firma la paz (Tratado de Basilea) y en 1796 una alianza (Tratado de San
Ildefonso). Estas decisiones, no obstante, arrastraron a España a la guerra con Gran Bretaña.
En la batalla de Trafalgar (1805), los británicos vencieron a las flotas francesa y española. A
pesar de ello, en 1807 Godoy, convencido de los beneficios de la alianza con Francia (principal
potencia europea), firmó con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, que autorizaba el paso
de las tropas francesas para invadir Portugal, aliado de los británicos. A partir de la firma del
tratado, penetraron en España unos 100.000 soldados franceses que se instalaron en
importantes ciudades españolas, pues en realidad el tratado era una coartada para la
ocupación de toda la Península.
Godoy contaba con el favor de los reyes, pero no de toda la Corte ni de buena parte de la
nobleza. Los proyectos reformistas de carácter ilustrado del primer ministro no eran bien
vistos por la nobleza tradicional. Por ello buscaron el apoyo del Príncipe de Asturias, Fernando,
para sublevarse contra Godoy y Carlos IV. Así, en marzo de 1808 se produjo el Motín de
Aranjuez que tuvo como consecuencia la destitución de Godoy y forzó a Carlos IV a abdicar en
su hijo, Fernando VII.
Carlos IV, destronado, acudió en busca de arbitraje de su poderoso aliado, Napoleón, y este
supo sacar partido de la situación, convenciendo a Carlos IV y a Fernando VII de que se
entrevistaran con él en Bayona. El 5 de mayo la familia real española abdicó, dejando el trono
de España en manos de Napoleón, quien procedió inmediatamente al nombramiento de su
hermano José Bonaparte, el cual asumió la corona con el título de José I. En paralelo a estos
acontecimientos, se produjo el levantamiento popular del 2 de mayo, en Madrid, contra las
tropas francesas, que estaban al mando de Murat.
La monarquía de José Bonaparte
Tras las abdicaciones de Bayona, Napoleón intentó legitimar en el trono a su hermano. Para
ello convocó una junta de notables afrancesados que dieron el visto bueno al nuevo rey y que
aprobó la Constitución de Bayona, una carta otorgada basada en la constitución francesa de
entonces que suponía una ruptura parcial y gradual del Antiguo Régimen.
Como rey de España José Bonaparte fue muy impopular. Intentó llevar a cabo importantes
reformas políticas (desamortización de algunos bienes del clero, abolición de la Inquisición...)
pero fracasó al no contar con apoyo suficiente y no dominar militarmente el territorio.
La Guerra de la Independencia
Al mismo tiempo que gobernaba José Bonaparte tuvo lugar la Guerra de la Independencia
(1808-1814). El 2 de mayo de 1808, con las tropas francesas en territorio español desde hacía
meses, el pueblo de Madrid fue testigo de cómo la familia real era trasladada a Bayona. Fue la
chispa que encendió un levantamiento popular que dio paso una sucesión de sublevaciones
por todo el país, ante el vacío de poder producido por la abdicación de los reyes.
La guerra tuvo dos vertientes:
1. La política, que el conde de Toreno, contemporáneo de los hechos, denominó “revolución
española”. La mayoría de la población se opuso a la ocupación francesa y parte participó en la
lucha frente a Napoleón. Esto generó una conciencia política desconocida hasta ese momento
en España, diferenciándose distintos grupos ideológicos:
-Los Absolutistas, que aspiraban al mantenimiento de Antiguo Régimen y que combatían por
la monarquía, la religión y las tradiciones. Este grupo estaba integrado por la mayoría de la
nobleza y del clero y una gran parte de la masa popular.
-Los Ilustrados, como Jovellanos, que reclamaban la vuelta de la monarquía en la persona de
Fernando VII y aspiraban a iniciar un programa de reformas ilustradas semejante al de Carlos
III.
-Los Liberales, integrados por casi todos miembros de la burguesía e intelectuales. Se trataba
de una minoría que veía en la guerra la oportunidad de acabar con el Antiguo Régimen e
implantar un sistema parlamentario similar al de Francia tras la revolución. Agustín Argüelles
estará a la cabeza de sus dirigentes. Aunque no fueron mayoritarios lograron sacar adelante
sus propuestas en las Cortes de Cádiz y plasmarlas en la Constitución de 1812.
-Los afrancesados, como Cabarrús, formaban un grupo reducido de colaboracionistas con el
régimen francés. Procedían en la mayor parte de la época del reformismo ilustrado. En la
mayoría de los casos estaban dispuestos a colaborar porque consideraban invencible al
ejército francés y creían que el cambio de dinastía favorecería una política profunda de
reformas, como había ocurrido en Francia tras la Revolución.
En cualquier caso, los sublevados crearon juntas que asumieron la soberanía en los primeros
momentos de la guerra, pues el rey se encontraba retenido. Nacieron con carácter local y
provincial, pero rápidamente se agruparon, constituyendo una Junta Central Suprema,
presidida por Floridablanca, que asumió la dirección de la guerra, la gobernación del país y la
posterior convocatoria de Cortes. Gobernó en nombre del rey hasta 1810, cuando cedió sus
poderes a un Consejo de Regencia.
2.La militar, en la que el pueblo español, el ejército y las tropas inglesas dirigidas por
Wellington se enfrentaron al ejército francés, dirigido por Murat. Destacó el sistema de
“guerra irregular” o guerrilla, consistente en que partidas civiles de patriotas armados, bajo la
organización de un líder, hostigaban a pequeños destacamentos enemigos y en asaltar sus
convoyes de aprovisionamiento.
La guerra tuvo tres fases:
-La primera fue una guerra de resistencia y duró hasta finales de 1808. Fue una guerra
convencional, en la que el ejército francés se vio incapaz de controlar el país. Los franceses no
pudieron someter la resistencia de Gerona, Zaragoza y Valencia. Incluso fueron derrotados en
Bailén. Esta fase terminó con el repliegue de las tropas invasoras al norte del valle del Ebro.
-La segunda fase fue una etapa de predominio francés, que duró desde noviembre de 1808
hasta finales de 1811. El adverso desarrollo de la guerra obligó a Napoleón dirigir
personalmente sus tropas. Lo hizo al frente de un ejército de 250,000 hombres (la Grande
Armée), que consiguió la rendición de Zaragoza y Gerona. En enero de 1809 Napoleón tuvo
que volver a Francia y se inició una larga etapa de guerra de desgaste. El progreso francés fue
lento, pero poco a poco ocuparon el país, aunque fuera a costa de las grandes pérdidas que les
propinó la guerrilla. La totalidad del territorio peninsular, con la excepción de Cádiz, quedó en
manos de los franceses.
-La tercera fase, abarca los años 1812 y 1813. Se volvió a la guerra convencional, con grandes
batallas en campo abierto. El ejército francés, agobiado por loa guerra de Rusia, retiró parte
de sus tropas; pero a ello se unió también que los españoles, con el apoyo de tropas inglesas,
penetraron desde Portugal. Tras un primer triunfo en Los Arapiles, la guerra se decidió en
1813, con las victorias anglo-españolas de Vitoria y San Marcial. Napoleón se vio obligado a
firmar el tratado de Valençay, por el que reconocía la derrota y a Fernando VII como rey de
España.
La guerra tuvo consecuencias que se dejaron sentir en todos los ámbitos: enormes pérdidas
demográficas (en torno a un millón de muertos), económicas (tras la devastación del país) y
políticas (al iniciarse el enfrentamiento entre absolutistas y liberales).
11.2. LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812. LA REVOLUCIÓN LIBERAL
La obra de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 fue denominada por el conde de
Toreno (diputado en las Cortes) la “revolución liberal española”, es decir, un proceso de
transformación política, social y económica característico de Europa occidental que en España
se inició en el contexto de la Guerra de la Independencia.
Con la legislación de Cádiz se empezó a construir un Estado liberal, aunque solo en el campo
de las ideas, pues la posterior represión absolutista retrasó su implantación. Los principios
liberales tuvieron varios referentes ideológicos e históricos, como el parlamentarismo inglés,
la Ilustración francesa, el modelo de la Francia revolucionaria y el pensamiento económico de
Adam Smith. Partiendo de estos, la ideología liberal se basaba en:
-La soberanía nacional, en oposición a la soberanía de origen divino de absolutismo
-La división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), que evite la tiranía, como señaló
Montesquieu. Este principio sustituye la Monarquía Absoluta por la Monarquía Constitucional.
-La defensa de los derechos y libertades individuales, como la igualdad ante la ley, el derecho al
voto o la libertad de prensa. Fueron fundamentales para romper los privilegios de la nobleza y
el clero.
-La promulgación de una Constitución que recoja a estas ideas y que permita implantar un
sistema parlamentario.
Las Cortes de Cádiz
La convocatoria de las Cortes de Cádiz fue iniciativa de la Junta Suprema Central. En una
situación de vacío de poder por la invasión francesa y la ausencia del monarca, la Junta Central
decidió convocar unas Cortes en las que los representantes de la nación decidieran el futuro
del país.
La reunión de las Cortes se inició en Septiembre de 1810 en Cádiz, que estaba a salvo de las
tropas francesas que por entonces llevaban la iniciativa en la guerra y ciudad clave, pues
debido a sus intercambios con América era un centro comercial activo en el que había crecido
la burguesía y se habían difundido las ideas liberales. Asistieron a la apertura unos diputados
que se agruparon por simpatías ideológicas, a pesar de que las Cortes fueron convocadas de
acuerdo al sistema del Antiguo Régimen (un tercio para cada estamento), distinguiéndose tres
grandes grupos:
-Los serviles o absolutistas, partidarios del Antiguo Régimen
-Los liberales, seguidores de los principios que hemos explicado anteriormente, como Agustín
de Arguelles o el conde de Toreno
-Los grupos intermedios, que combinaban ideas de los dos grupos anteriores y defendían una
reforma del Estado. Estaban liderados por Jovellanos.
Los diputados de las Cortes de Cádiz elaboraron una extensa obra jurídica, que comenzó con
numerosos decretos y culminó en la promulgación de una Constitución.
Los decretos pretendían desmantelar las bases socioeconómicas del Antiguo Régimen.
Se aprobaron algunos derechos y libertades individuales, como la libertad de imprenta y la
igualdad ante la ley. Además, se declaró abolida la Inquisición y la tortura en los procesos
judiciales.
Se plantearon varias reformas económicas en la línea del liberalismo económico que abolieron
el régimen señorial, como:
-La supresión de la Mesta y los gremios
-El libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria, así como la libertad de
los propietarios para vender, arrendar y cercar sus propiedades.
-La eliminación de los mayorazgos y los bienes en manos muertas y el inicio de una
desamortización de propiedades eclesiásticas y bienes comunales de los ayuntamientos, para
que se pudieran comprar y vender libremente.
Además, se contempló la implantación de la enseñanza primaria pública y obligatoria, la
creación de un ejército nacional (Milicia Nacional) la reorganización de la administración
regional y local y la reforma de los impuestos y la hacienda pública, así como la aprobación de
un Código Penal.
Esta gran legislación socioeconómica fue acompañada de la Constitución de 1812. Fue
promulgada el 19 de Marzo de 1812, por lo que se la conoció popularmente con el nombre de
la Pepa. Su gran extensión revela la minuciosidad con la que fue redactada y la presenta como
resultado de extensos debates.
Los diputados tuvieron muy presente la Constitución francesa de 1791. Así, la Constitución de
1812, que proclamó la soberanía nacional y definió al país como una monarquía parlamentaria,
tenía los siguientes aspectos relevantes:
-La nación estaba integrada por todos los españoles de ambos hemisferios (por tanto también
americanos).
-Establecía la confesionalidad del Estado. Se establecía la religión católica como única y se
prohibía el ejercicio de cualquier otra.
-La estructura del Estado se basaba en la división de poderes. El poder legislativo lo ejercían
las Cortes, que eran unicamerales. Su función básica era elaborar las leyes, aunque el rey debía
sancionarlas y podía vetarlas dos veces. El poder ejecutivo lo ejercía el monarca, que además
podía nombrar a los ministros. El poder judicial quedaba en manos de los tribunales de justicia.
-El sistema electoral, establecía un sufragio universal masculino e indirecto.
-Reconocía importantes derechos individuales entre los que destacan la igualdad jurídica, la
inviolabilidad del domicilio, la libertad de imprenta y el derecho a la propiedad.
- En la administración local, los alcaldes debían ser escogidos por los propios vecinos del
municipio.
El texto constitucional de Cádiz tuvo una gran trascendencia histórica: fue el primer intento de
construir en España un Estado liberal. Daba carpetazo a todo lo que había significado el
Antiguo Régimen: sociedad estamental, privilegios, desigualdad jurídica, amortización de
bienes, etc. Fue el primer texto constitucional de la historia de España y el cuarto del Mundo y
sirvió de inspiración para otras posteriores, tanto españolas como de otros países (Portugal,
repúblicas iberoamericanas).
Sin embargo, este primer intento liberal no se ajustaba a la situación real de España (donde
aún no había calado hondo el liberalismo) ni al contexto internacional, abocado al retorno del
absolutismo.
11.3. FERNANDO VII: ABSOLUTISMO Y LIBERALISMO. LA EMANCIPACIÓN DE LA
AMÉRICA ESPAÑOLA
En diciembre 1813, Napoleón, ya derrotado, reconoció rey de España a Fernando VII mediante
el Tratado de Valençay. En aquel momento, la situación del país era desastrosa. Se había
sufrido una larga guerra de casi seis años, las colonias americanas se habían rebelado y existía
un clima de enfrentamiento entre los partidarios de la ideología liberal y los defensores del
Antiguo Régimen. En este contexto Fernando VII, el Deseado, retornó a España. Su reinado se
divide en tres etapas:
1. La restauración absolutista (1814-1820)
Las Cortes instaron al rey a que se desplazara rápidamente a Madrid y jurase la Constitución.
Sin embargo Fernando VII demoró su vuelta y se desvió a Valencia. Allí recibió importantes
apoyos de la nobleza, la mayor parte del clero, un sector del ejército, buena parte del pueblo y
de sesenta y nueve diputados absolutistas de las Cortes, que le presentaron el Manifiesto de
los Persas, documento en que le manifestaban su oposición al sistema político creado en
Cádiz. Poco después, Fernando VII, el 4 de mayo de 1814 se hacía público el Decreto de
Valencia que declaraba nulos y sin valor la Constitución de 1812 y la obra legislativa de las
Cortes de Cádiz.
Se inauguraba así un reinado que en esta etapa estuvo marcado por:
-La represión de los enemigos del régimen, con el destierro de los afrancesados y la
persecución, encarcelamiento y ejecución de los liberales más destacados de las Cortes de
Cádiz.
-El restablecimiento del Antiguo Régimen: volvieron a funcionar la Inquisición, la Mesta y los
gremios, se devolvieron propiedades a la Iglesia y se anularon todos los derechos y libertades
anteriormente aprobados.
-La oposición liberal. Los liberales se vieron obligados a conspirar en clandestinidad. Contaron
con el apoyo de muchos militares, que dirigieron varios pronunciamientos armados. Los
primeros, encabezados por generales como Lacy, Espoz y Mina o Díaz Porlier, fracasaron, pero
el 1 de enero de 1820, el general Riego se pronunció con éxito al frente de las tropas
acantonadas en Cabezas de San Juan, a la que se unió la flota de Cádiz destinada a sofocar los
levantamientos independentistas de las colonias americanas, iniciándose así una nueva etapa.
2. El Trienio liberal (1820-23)
Tras el éxito de Riego, Fernando VII publicó el Manifiesto de marzo de 1820, en el que
aceptaba la Constitución de 1812. Era el comienzo de tres años de gobiernos liberales, cuyos
aspectos más destacados fueron:
-La nueva convocatoria de Cortes, para restablecer la obra legislativa de Cádiz (actualizada y
ampliada) y así desmontar de nuevo el Antiguo Régimen. Se abolieron de nuevo la Inquisición
y los gremios, se aplicaron nuevas reformas fiscales y de instrucción pública y se redactó un
nuevo Código Penal. Además se creó la Milicia Nacional para que defendiera el régimen
constitucional y se proclamaron de nuevo derechos y libertades, como la libertad de imprenta.
-La división de los liberales en dos tendencias: los doceañistas o moderados (como Argüelles y
Martínez de la Rosa), partidarios de aplicar reformas contando con la colaboración del rey y los
grupos privilegiados, pues consideraban que el liberalismo no tenía la suficiente fuerza en
España para implantarse por sí mismo; y los exaltados (como Torrijos), que eran partidarios
del cumplimiento estricto de la Constitución y de recortar el poder del rey, apoyándose en la
burguesía, sin pactar con la nobleza y el clero.
-La acción contrarrevolucionaria de la oposición antiliberal, con la participación directa del
rey. Fernando VII aprovechó la división de los liberales, alentó los movimientos absolutistas y
solicitó ayuda internacional para acabar con el liberalismo. Ante las peticiones de ayuda, las
potencias de la Santa Alianza decidieron la intervención militar en España. Un ejército francés,
los Cien mil hijos de San Luis, restauró sin grandes dificultades el absolutismo en 1823.
3. La Década Ominosa (1823-33)
La última etapa del reinado de Fernando VII, que los liberales llamaron despectivamente la
Década Ominosa, significó el retorno al absolutismo y a la represión política contra los
liberales. Varios, como el propio Riego, fueron procesados y ejecutados, mientras otros
muchos tuvieron que emigrar a Francia o Inglaterra. Se depuró el ejército y la administración y
se restauraron nuevamente muchas de las antiguas instituciones, salvo la Inquisición.
Sin embargo, a partir de 1825 se adoptó una postura política más suavizada, en parte por la
gravedad de la situación económica, que requería reformas. Por ello, entraron en el Gobierno
personalidades próximas a la burguesía moderada, como López Ballesteros. Este cambio de
orientación irritó a los absolutistas más puros o intransigentes, que interpretaron las reformas
como una concesión intolerable a los liberales. Se agruparon, así, en torno al hermano del rey
(Carlos María Isidro), contrario a las reformas.
A finales del reinado destaca la cuestión sucesoria, que surgió cuando en 1830 nació la hija del
rey, Isabel. Para que pudiera reinar a su muerte, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción
que derogaba la Ley Sálica y recuperaba el derecho de las mujeres a heredar el trono. Esto
truncaba las esperanzas de sucesión de Carlos María Isidro, que se negó a reconocer a la
princesa Isabel como heredera y, en el exilio (pues fue desterrado) formó un grupo político con
los absolutistas puros, los futuros carlistas. Poco después de la muerte del rey se desencadenó
la Primera Guerra Carlista.
La emancipación de la américa española
Durante el reinado de Fernando VII se produjo la independencia de las colonias españolas en
América. Entre las principales causas de la emancipación hay que destacar:
-El descontento de los criollos (descendientes de españoles en América). Eran un grupo muy
rico que aspiraba a participar en el gobierno de los territorios americanos. Sin embargo, tenían
prohibido el acceso a los cargos políticos, que quedaban en manos de españoles peninsulares.
En estos años, además, tomaron plena conciencia de su identidad. Por ello, lideraron y
protagonizaron los movimientos independentistas.
-La independencia de Estados Unidos (1776) y la Revolución Francesa (1789) se convirtieron en
referentes de libertad para los americanos y ejemplos de victorias de la burguesía sobre el
absolutismo del rey.
-La crisis del poder político en España. El vacío de poder tras la invasión francesa de 1808
empujó a los americanos a autogobernarse.
El proceso de emancipación se puede dividir en dos etapas:
-La primera abarca desde 1808 a 1814, el periodo de la Guerra de la Independencia en España.
A partir de 1808, de modo similar a lo que estaba sucediendo en España, se crearon juntas
dirigidas por criollos que en nombre de Fernando VII no aceptaron a José Bonaparte. No
obstante, a medida que avanzaba el conflicto, estas juntas se negaron también a aceptar al
destronado rey español. Así, en el Virreinato de Río de la Plata el general San Martín proclamó
la independencia de la República Argentina, mientras en el Virreinato de Nueva Granada
aparece la personalidad de Simón Bolívar, que lideró la proclamación de independencia de
Colombia y Venezuela.
-La segunda etapa va desde 1814 a 1824, durante el reinado de Fernando VII. Es ya una guerra
colonial en la que España envió tropas para reprimir el levantamiento, lo que le permitió
sofocar temporalmente las rebeliones. Aún así, San Martín atravesó los Andes y logró
proclamar la independencia de Chile. Por otra parte, Bolívar consolidó su presencia en Nueva
Granada y creó la Gran Colombia, un proyecto de Estado que integraba Colombia, Ecuador y
Venezuela.
Durante el Trienio Liberal la dominación española entró en una crisis definitiva. Las tropas
peninsulares que iban a ser enviadas a América se pronunciaron con éxito y los líderes
independentistas aprovecharon la situación. Los criollos conservadores de México, tras
reprimir las iniciativas populares de Hidalgo y Morelos, proclamaron la independencia en 1822.
Mientras, Bolívar y San Martín acordaron una campaña conjunta sobre el Perú para culminar la
independencia de todos los territorios americanos. Con la victoria de Ayacucho (1824), Perú y
Bolivia, últimos territorios dominados por España se proclamaron independientes.
La independencia hispanoamericana dejó varias consecuencias:
Tras la guerra colonial, nacieron numerosas repúblicas independientes. Sin embargo, muchos
de los problemas que sufrían con el dominio español continuaron, a los que se sumaron otros
nuevos.
-Las repúblicas mostraron una fuerte inestabilidad política, derivada de la continua
intervención del ejército en política.
-La población padecía enormes desigualdades sociales, pues a pesar de la apariencia
democrática, la minoría criolla (nuevos dueños de las tierras y los negocios) marginó a la
población india y negra.
-La independencia política fue acompañada de una gran vinculación económica con Gran
Bretaña (que había ayudado militarmente a los independentistas) y Estados Unidos, lo que
implicó nuevas formas de dependencia neocolonial (control comercial y de materias primas).
Para España, la independencia significó grandes pérdidas económicas. La economía española
quedó en una situación crítica, tras años de gastos en guerras, y ya sin la posibilidad de
aprovechar los recursos americanos y su mercado para remontar. Cataluña fue la región más
afectada; allí se había creado a principios de siglo una industria textil mecanizada que vendía
sus productos a las colonias. La pérdida del Imperio colonial exigió, por tanto, un reajuste
económico que lastró (junto con otros factores) la incorporación de España a la Revolución
industrial.
TEMA 12. LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO
LIBERAL
12.1. EL REINADO DE ISABEL II. LA OPOSICIÓN AL LIBERALISMO: CARLISMO Y
GUERRA CIVIL. LA CUESTIÓN FORAL
El 29 de septiembre de 1833 fallecía Fernando VII y su hija Isabel era nombrada reina, aunque
su madre, María Cristina de Borbón, asumió la regencia. Dos días después, el infante Carlos
María Isidro se autoproclamó Carlos V en el manifiesto que firmó en Abrantes.
Inmediatamente se sublevaron en su apoyo un grupo de realistas o absolutistas puros, dando
lugar a una guerra civil, la Primera Guerra Carlista.
Orígenes del conflicto
Desde 1825, Fernando VII, ante la grave situación económica que sufría el país, moderó el
absolutismo y se acercó a los políticos partidarios de realizar reformas económicas, como
López Ballesteros. Este ligero cambio de orientación irritó a los absolutistas más puros o
intransigentes, que interpretaron las reformas como una concesión intolerable a los liberales.
Así, los realistas puros, se agruparon en torno al hermano y posible heredero del rey, Carlos
María Isidro, contrario a toda reforma.
A estos hechos se le añadió la cuestión sucesoria, vinculada a la vigencia o no de la Ley Sálica,
que primaba el acceso al trono de los varones sobre las mujeres. En 1830, ante el embarazo de
la reina, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, que eliminaba la Ley Sálica, para
posibilitar la sucesión al trono de la línea femenina.
Cuando se produjo el nacimiento de la princesa Isabel se formaron dos bandos políticos: los
partidarios de los derechos de Don Carlos (que se negó a reconocer a la princesa Isabel como
heredera y, en el exilio, formó un grupo político con los absolutistas puros, los carlistas) y los
valedores de la heredera recién nacida, los isabelinos o cristinos, formados por liberales. Los
liberales eran el único apoyo con el que podía contar María Cristina, y por ello, antes de la
muerte del rey, promulgó una amplia amnistía para que apoyasen a su hija cuando el monarca
muriera. Poco después su muerte, se desencadenó la Primera Guerra Carlista (1833-1840).
La Primera Guerra Carlista: dos opciones políticas enfrentadas
El pleito dinástico y la guerra que le siguió no solo representaron el enfrentamiento entre dos
pretendientes al trono. Fue también un enfrentamiento entre dos opciones ideológicas:
absolutismo y liberalismo.
El bando carlista integraba a los grupos sociales opuestos a la revolución liberal. Estaba
formado por los mandos más reaccionarios del ejército, una parte de la nobleza rural que se
oponían a la igualdad ante la ley, parte del clero y el campesinado propietario o arrendatario
del norte de España, que consideraba al liberalismo como algo propio de las ciudades y
contrario a las costumbres y tradiciones. Su mayor implantación geográfica se encontraba en
el País Vasco y Navarra (exceptuadas las capitales), en el norte del valle del Ebro (sobre todo
en Cataluña) y el Maestrazgo.
La ideología del carlismo, cuyo lema era “Dios, Patria, Rey”, se puede estructurar en cuatro
puntos:
-Defensa de la monarquía absoluta, basada en la legitimidad dinástica y heredera de las
tradiciones históricas.
-Oposición a las reformas liberales, sobre todo a la eliminación de los privilegios estamentales,
la centralización administrativa, la desamortización y el libre mercado.
-Defensa de la tradición católica y de los intereses y privilegios de la Iglesia.
-Apoyo a las tradiciones forales. Sobre todo en el País Vasco y Navarra el carlismo defendía,
frente al liberalismo igualitario y centralista, el mantenimiento de leyes e instituciones
tradicionales que se habían mantenido incluso tras los decretos de Nueva Planta (exenciones
fiscales y de quintas etc.).
El bando isabelino se identificó con la defensa del liberalismo. Aglutinaba a dos sectores
diferentes:
-Por un lado, una parte de los grupos sociales altos, fieles a Fernando VII y a su hija Isabel II. Lo
integraban altos funcionarios públicos, algunos jefes del ejército, parte de la jerarquía
eclesiástica y la nobleza de primera categoría. Aceptaban las reformas liberales más que por
convencimiento para mantenerse cerca del poder.
-Por otro lado, la burguesía y los liberales, que se apoyaron en la Corona para implantar el
sistema liberal. El desarrollo de la guerra hizo necesario que los isabelinos contasen incluso con
el liberalismo más progresista, para conseguir el apoyo total de las ciudades y de las clases
medias urbanas.
Etapas del conflicto:
La Primera Guerra Carlista tuvo tres etapas:
1. Entre 1833 y 1835 el conflicto se centró en el campo del País Vasco y Navarra. Pese a su
influencia en la zona, los carlistas nunca consiguieron ocupar las grandes ciudades. En 1835
fracasaron en su intento se tomar Bilbao, en cuyo sitio murió el general Zumalacárregui.
2. Entre 1836 y 1837 los carlistas logran sus mayores éxitos. Los acontecimientos más
relevantes fueron varias expediciones fuera del ámbito vasco-navarro, para intentar activar el
levantamiento por toda España. Partidas carlistas recorrieron gran parte de la Península
(Galicia, Levante, Andalucía, Extremadura...). La Expedición Real (1837), del pretendiente Don
Carlos, llegó hasta Arganda, en las proximidades de Madrid, negoció en vano un acuerdo con
la Regente y los liberales moderados y, ante su fracaso, regresó a sus cuarteles del Norte. En
esta etapa, el general Espartero consolidó su prestigio entre los isabelinos, al derrotar a los
carlistas en Luchana y levantar un segundo asedio de Bilbao.
3. Entre 1837 y 1839, tras fracasar la expedición de Don Carlos, se produce una división interna
del bando carlista en dos bloques: los intransigentes, que pretendían llevar la guerra hasta sus
últimas consecuencias, y los transaccionistas, partidarios de llegar a un acuerdo con el
gobierno de la Regente.
Esta división y las sucesivas victorias del ejército isabelino, al mando de Espartero,
desembocaron en el “abrazo de Vergara” y la firma del convenio de paz (1839). Espartero, en
nombre de los liberales, y el general Maroto, por los carlistas partidarios de la paz, acordaron
la incorporación de los militares carlistas al ejército real y la promesa de respetar los fueros
vascos y navarros. Sólo las partidas del general Cabrera resistieron en el Maestrazgo, en una
guerra ya perdida, hasta su total derrota en 1840.
Pese a lo acordado en Vergara, el gobierno liberal solo respetó parcialmente los fueros.
Desaparecieron parcialmente las aduanas interiores y se implantó el sistema de conciertos
económicos, que se ha mantenido desde entonces ininterrumpidamente en Navarra y que en
el caso de las provincias vascas fue cancelado únicamente durante la dictadura franquista.
La segunda y tercera guerras carlistas
Sin embargo, el Convenio de Vergara no supuso el fin definitivo del carlismo. Aprovechando
momentos de debilidad del Estado liberal, los carlistas se rebelaron en dos ocasiones más,
dando lugar a una Segunda Guerra Carlista (entre 1848-1849) y la Tercera y última, en los
momentos más convulsos del Sexenio Revolucionario (1872-1876), aunque sin la magnitud de
la primera guerra. Pese a su derrota, el ideario carlista se prolongó en el siglo XX, como
movimiento de protesta contra las corrientes dominantes de la época: liberalismo y
capitalismo, industrialización y urbanismo, socialismo y laicismo.
12.2. ISABEL II (1833-1843): LAS REGENCIAS
Desde 1833, con la muerte de Fernando VII, la revolución liberal se abrió camino de forma
irreversible. España, lenta pero progresivamente, transformó sus estructuras políticas y
socioeconómicas. Se pasó del absolutismo a un régimen liberal-constitucional y se creó una
nueva estructura social, basada en la igualdad ante la ley y el nivel de riqueza. Este proceso se
realizó no sin complicaciones, pues el país estaba en quiebra y desgarrado por la Primera
Guerra Carlista. Se trató, además, de un proceso influenciado por el intervencionismo militar
de los espadones, generales que intervinieron activamente en política como líderes de partidos
y participando en pronunciamientos.
La regencia de María cristina (1833-1840)
En 1833, ante la minoría de edad de Isabel II, la reina María Cristina asumió la regencia. El
estallido de la Primera Guerra Carlista obligó a la regente formar gobierno con los liberales
más moderados, como Javier de Burgos, (ministro de Fomento y padre de la división provincial
española), Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa, artífices del Estatuto Real de 1834, una Carta
Otorgada que buscó el apoyo tanto de los carlistas (por su carácter conservador) como de los
liberales, aunque terminó por no contentar a ninguno. Sus principales características fueron:
-La Corona se reservaba amplios poderes. Elegía ministros y controlaba los debates de las
Cortes, que carecían de iniciativa legislativa.
-Las Cortes eran bicamerales, divididas en Próceres (Senado), escogidos por la Corona, y
Procuradores (Congreso), elegidos por un sufragio muy censitario, de grandes contribuyentes.
-Los derechos no están contemplados de manera explícita.
Durante la Regencia de María Cristina se institucionalizó la división de los liberales en
progresistas y moderados. Estos partidos no tenían las mismas características que los actuales,
sino que eran más bien grupos de notables capaces de atraer votantes.
-Los Moderados eran la versión oligárquica y conservadora de los liberales. Eran partidarios de
armonizar el orden con la libertad, de que el rey mantuviera amplios poderes y capacidad de
participación política. Por ello abogaron por la soberanía compartida (Cortes y Rey), el sufragio
censitario restringido y la restricción de derechos y libertades. Su base social eran los grupos
más pudientes del país: la nobleza, el alto clero, los grandes propietarios y la burguesía
industrial y financiera.
-Los Progresistas defendían los principios liberales en su plena extensión, por lo que eran
partidarios de la soberanía nacional (que debía estar sólo en las Cortes), el sufragio censitario
(aunque más amplio que los moderados), el carácter laico del Estado y la defensa de amplios
derechos y libertades. Sus apoyos se encontraban entre la pequeña burguesía, las clases
medias urbanas y las profesiones liberales.
Los liberales progresistas estaban profundamente descontentos por las limitaciones del
Estatuto Real y por la marginación política de la regente, que se apoyaba en los moderados
para gobernar. Por ello, utilizaron su gran influencia en el ejército y el pueblo para lograr un
cambio de rumbo y conseguir un Estado auténticamente liberal. En 1835 protagonizaron varias
revueltas que se extendieron por Andalucía, Barcelona y Madrid. La Regente, temerosa de
verse entre dos fuegos (los carlistas y los progresistas) decidió entregar el Gobierno al
progresista Juan Álvarez Mendizábal, que rápidamente inició un programa de reformas.
Mendizábal recuperó el espíritu de la Constitución de 1812 (restablecida en 1836), decretó el
final definitivo del régimen señorial y promulgó varias libertades económicas e individuales.
También se declararon definitivamente abolidos los gremios, los diezmos eclesiásticos y la
Mesta. Para hacer frente a los gastos de la guerra carlista, inició una política de
desamortización en 1836, consistente en la apropiación (por parte del Estado) de las tierras y
bienes de la Iglesia y los Ayuntamientos para, posteriormente, venderlos a particulares en
subasta pública. De esta manera se pretendían conseguir nuevos recursos y crear una base
social de compradores burgueses implicados en el liberalismo y en el desarrollo económico del
país. Además, se decretó la disolución de numerosas órdenes religiosas (excepto las dedicadas
a la atención hospitalaria o la enseñanza) y todas sus propiedades fueron incautadas. Estas
reformas tuvieron un alcance limitado, pues buena parte de las tierras fueron compradas por
la nobleza y la burguesía adinerada, que veían la posesión de tierra más como un signo de
prestigio que como una posibilidad de negocio, por lo que no invirtieron lo suficiente para
modernizarlas.
La presión de la Iglesia y los grupos sociales más conservadores empujaron a María Cristina a
sustituir a Mendizábal por Istúriz, moderado. Esto desembocó en el Levantamiento de los
Sargentos de la Granja (1836), que obligó a la reina a jurar la Constitución de 1812 y a volver a
contar con los progresistas. En esta nueva fase de gobierno, los progresistas promulgaron una
nueva Constitución en 1837. El nuevo texto heredó muchos elementos de la Constitución de
1812, pero también se acercó a algunos postulados del Estatuto Real. Los progresistas
pretendían lograr una Constitución que se mantuviera estable, por eso hicieron concesiones al
liberalismo moderado:
-Estableció un régimen de soberanía compartida de las Cortes con el rey
-Las Cortes eran bicamerales, con un Congreso cuyos diputados eran elegidos por sufragio
censitario (masculino y directo) y un Senado cuyos senadores eran nombrados por la Corona
-El poder legislativo es compartido por las Cortes y el rey, que podía vetar las leyes
-Ausencia de confesionalidad católica, aunque se mantiene el presupuesto del clero
-Los ayuntamientos eran electivos
-Recogía varios derechos y libertades individuales
En las primeras elecciones convocadas tras la aprobación de la Constitución (septiembre de
1837), los moderados obtuvieron una amplia victoria. Se formó así un nuevo Gobierno
moderado que intentó modificar la legislación progresista. En 1840 aprobaron una nueva ley
electoral que reducía aún más el sufragio censitario e impulsó una reforma en la Ley de
Ayuntamientos que eliminaba el carácter electivo de los alcaldes. Como respuesta, los liberales
progresistas promovieron las revueltas de 1840. María Cristina, que no quería entregar el
poder a los progresistas, dimitió y se exilió en Francia.
La regencia de Espartero (1840-1843)
El nuevo regente fue el general progresista Espartero, que había cimentado su prestigio y
popularidad con sus victorias durante la guerra carlista. Los progresistas le consideraban un
gran líder y su carisma le aupó al poder. Sin embargo, el héroe del liberalismo progresista
acabó gobernando de manera muy autoritaria.
Espartero mantuvo la Constitución de 1837, pero apenas contó con la opinión de las Cortes y
se fue aislando cada vez más de sus propios compañeros progresistas. El bombardeo de
Barcelona de 1842, para reprimir una protesta contra la legislación librecambista del general
(que podía poner en peligro la actividad textil catalana) terminó por desacreditar al regente.
En 1843 se produjo la caída de Espartero. Abandonado por el partido progresista, Espartero
fue sorprendido por un pronunciamiento moderado, liderado por el general Narváez en
Torrejón de Ardoz. Espartero se vio obligado a exiliarse en Londres e Isabel II, pese a que sólo
contaba trece años, fue declarada mayor de edad por las Cortes.
12.3. ISABEL II (1843-1868): EL REINADO EFECTIVO
El reinado efectivo de Isabel II significó la configuración definitiva del Estado liberal en
España. Esta etapa estuvo marcada por el enfrentamiento entre progresistas y moderados.
Ambos partidos recurrieron frecuentemente al ejército para que, mediante pronunciamientos,
les aupara al poder. Es un reinado, por tanto, caracterizado por el protagonismo de los
espadones, es decir, jefes militares que también lo eran de un partido político: Narváez,
Espartero, O´Donnell, Prim y Serrano.
La Década Moderada (1843-1854)
Tras el pronunciamiento de Narváez en Torrejón de Ardoz (1843), los moderados acabaron
con la regencia de Espartero y regresaron al poder. Las Cortes declararon la mayoría de edad
de Isabel II (de 13 años), que desde entonces se mostró muy influenciada por el Partido
Moderado. Poco después, ya en 1844, se convocaron elecciones, en la que los moderados
obtuvieron una abrumadora mayoría.
Las nuevas Cortes debatieron y aprobaron un nuevo texto constitucional en 1845. Aunque se
conservaron varios artículos de la Constitución de 1837, otros fueron modificados. Esta
Constitución fue la expresión práctica de la ideología moderada, representante de oligarquía
isabelina formada por los miembros más ricos y poderosos de la sociedad del siglo XIX (alto
clero, nobleza terrateniente, burguesía adinerada y altos cargos militares). Sus características
fueron:
-Declaraba la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey
-Recogía amplios poderes para la Corona. Era el centro del poder ejecutivo, influía en la labor
legislativa y elegía ministros.
-Establecía unas Cortes bicamerales, con un Senado muy poderoso, nombrado por el rey, que
reunía a la oligarquía. El Congreso se elegía por sufragio censitario; los diputados debían
poseer altas rentas.
-Los derechos fundamentales no aparecen de forma explícita, quedaron regulados por leyes
posteriores que los limitó enormemente.
-Establecía un Estado confesional.
Además de la Constitución, los moderados aprobaron una gran batería de medidas legislativas
que permitieron consolidar el Estado liberal español, de sesgo conservador y centralista:
- Se disolvió la Milicia Nacional y crearon en 1844 la Guardia Civil, cuyos objetivos eran
mantener el orden público y proteger las propiedades. Inicialmente actuaron sobre todo en el
medio rural.
-En 1845 se aprobó una ley electoral que permitió a los gobiernos moderados controlar los
procesos electorales por medio de los gobernadores civiles de las provincias y los alcaldes,
elegidos por el Gobierno. Dadas estas características, los progresistas, conscientes de no poder
vencer, terminaron por no presentarse a las elecciones.
-Ese mismo año entró en vigor una reforma de la Hacienda que acabó con la heterogeneidad
impositiva del Antiguo Régimen. El nuevo sistema recaudatorio se basó en los impuestos
directos (a las propiedades) e indirectos (al consumo).
-En 1848 se aprobó un Código Penal.
-En 1851 se firmó un Concordato con la Iglesia para reconciliar a la Iglesia y al Estado. Se fijó
una dotación económica entregada por el Estado a la Iglesia y se legitimó su influencia en la
enseñanza. Como contrapartida, la Iglesia aceptó la desamortización.
Sin embargo, el control de la vida política por parte de los moderados, la corrupción del
sistema y el giro conservador que Bravo Murillo imprimió al Gobierno desembocaron en un
proceso revolucionario. Los progresistas se unieron a un grupo crítico de moderados y al recién
creado Partido Demócrata (partidario del sufragio universal), firmaron el Manifiesto del
Manzanares (en el que se incluían demandas progresistas) y prepararon un pronunciamiento
que tuvo lugar en Vicálvaro en junio 1854 (la Vicalvarada), a cuyo frente estuvo el general
O`Donnell. Ante su triunfo, la reina se vio obligada a formar un nuevo Gobierno, integrando a
los progresistas, a cuyo frente situó a Espartero, con O´Donnell en el ministerio de Guerra.
El Bienio Progresista (1854-1856)
El nuevo Gobierno intentó resucitar los principios del régimen constitucional de 1837.
Restauraron la Milicia, la Ley de Ayuntamientos progresistas y convocaron elecciones a Cortes
Constituyentes. Durante el proceso electoral se creó una fuerza política nueva, la Unión
Liberal, dirigida por O´Donnell, de vocación centrista, pues integraba moderados y
progresistas.
Aunque no hubo tiempo suficiente para aprobar la Constitución que se debatía en Cortes (se
le llamó non nata y hubiese tenido un gran carácter progresista), el Gobierno de Espartero sí
sacó adelante dos importantes leyes económicas que contribuyeron a consolidar el capitalismo
en España: la desamortización de Madoz (1855) y la Ley General de Ferrocarriles (1855), cuyo
objetivo fue promover una red ferroviaria hasta entonces casi inexistente.
Sin embargo, en esta etapa hubo una fuerte conflictividad social, fruto de las malas
condiciones de vida de las clases trabajadoras. Espartero, que no quería reprimir las
rebeliones, dimitió. La reina confió el Gobierno a O’Donnell, que reprimió duramente las
protestas.
Retorno y crisis del moderantismo (1856-1868)
Ante los disturbios, O’Donnell anuló las medidas más progresistas del Bieno y restableció el
orden político de 1845. Hasta el final del reinado, Narváez (moderado) y O’Donnell (Unión
Liberal) se alternaron en el poder.
Durante el gobierno largo de O´Donnell (1858-1863) España emprendió una activa y agresiva
política exterior en Indochina, México y Marruecos (donde se ganó Sidi Ifni), cuyo objetivo
fundamental fomentar el espíritu nacional y desviar la atención de los problemas internos.
Fueron años, además, de intenso crecimiento económico. Sin embargo, a principios de 1863 la
Unión Liberal entró en crisis por el desgaste en el ejercicio del poder y sus disputas internas.
O´Donnell terminó dimitiendo, y con su caída se inició un periodo de inestabilidad política en
el que se sucedieron varios gobiernos moderados.
El autoritarismo de los moderados chocó con la oposición del resto de grupos políticos
(progresistas y demócratas) y con los grupos sociales más reivindicativos de la sociedad, como
los intelectuales y los estudiantes universitarios, cada vez más conscientes de las limitaciones
del sistema político español. Por ello, la tensión política fue aumentando y se fue canalizando
contra el Partido Moderado y la reina, que sostenía al partido en el poder. En 1865 se produjo
en Madrid la Noche de San Daniel, un violento choque entre la policía y los estudiantes en la
Puerta del Sol motivado por la destitución de Emilio Castelar, rector de la Universidad Central,
por la publicación de unos artículos críticos con la Monarquía. También tuvo lugar la
sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil en 1866, cuyo fusilamiento produjo una
enorme sacudida emocional entre las capas populares. A todo esto se le sumó la crisis
económica internacional, y las pésimas cosechas de 1866 y 1867, que agravaron el malestar.
Como consecuencia, los grupos políticos de la oposición crearon de una alianza antidinástica.
En 1866, los progresistas (ya dirigidos por Prim) y los demócratas firmaron el Pacto de
Ostende, con el objetivo de expulsar del poder a los moderados, destronar a Isabel II y crear
un sistema político con sufragio universal masculino. A la muerte de O´Donnell, en 1867, la
Unión Liberal se adhirió al pacto, bajo el liderazgo de Serrano, y un año después
desencadenaron la Revolución Gloriosa, que envió a la reina al exilio y al Partido Moderado a
la desintegración.
12.4. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874): INTENTOS DEMOCRATIZADORES. LA
REVOLUCIÓN, EL REINADO DE AMADEO I Y LA PRIMERA REPÚBLICA
Los orígenes del Sexenio democrático se encuentran en el final del reinado de Isabel II. Los
últimos años del reinado se caracterizaron por una gran inestabilidad política. Los moderados
gobernaron de forma muy autoritaria y los partidos políticos de la oposición (progresistas y
demócratas) y los grupos sociales más reivindicativos de la sociedad (intelectuales y
estudiantes universitarios), cada vez más conscientes de las limitaciones del sistema político
español, rechazaron frontalmente sus políticas. La tensión política fue aumentando y se fue
canalizando contra el Partido Moderado y la reina, que sostenía al partido en el poder.
Además, en 1865 se produjo en Madrid la Noche de San Daniel, un violento choque entre la
policía y los estudiantes en la Puerta del Sol, y un año después tuvo lugar la sublevación de los
sargentos del cuartel de San Gil en 1866, cuyo fusilamiento produjo una enorme sacudida
emocional entre las capas populares. A todo esto se le sumó la crisis económica internacional,
y las pésimas cosechas de 1866 y 1867, que agravaron el malestar.
Como consecuencia, los grupos políticos de la oposición crearon de una alianza antidinástica.
En 1866, los progresistas (dirigidos por Prim) y los demócratas firmaron el Pacto de Ostende,
con el objetivo de expulsar del poder a los moderados, destronar a Isabel II y crear un sistema
político con sufragio universal masculino. A la muerte de O´Donnell, en 1867, la Unión Liberal
se adhirió al pacto, bajo el liderazgo de Serrano, y un año después desencadenaron la
Revolución Gloriosa, que envió a la reina al exilio y al Partido Moderado a la desintegración.
La Revolución “Gloriosa”1868, el Gobierno provisional y la Constitución de 1869
En septiembre de 1868, la escuadra de Cádiz al mando de Topete se sublevó, al grito de “Viva
España con honra”. Prim y Serrano extendieron rápidamente el movimiento por toda España,
gracias a la formación de Juntas Revolucionarias, impulsadas por el Partido Demócrata. La
última resistencia del régimen isabelino tuvo lugar en la batalla de Alcolea.
Al frente del Gobierno provisional creado tras la revolución se situaron el unionista Serrano
(regente) y el progresista Prim (jefe del Gobierno). Pusieron rápidamente en marcha un
programa de reformas. Fueron reconocidos multitud de derechos (como la libertad de
imprenta y el derecho de reunión y asociación) y se aprobó la democratización de los
ayuntamientos. En política económica, el gobierno optó por el librecambismo y se fijó la
peseta como unidad monetaria. Además, se convocaron elecciones (con sufragio universal
masculino) a Cortes Constituyentes. La coalición del Pacto de Ostende obtuvo la victoria por
mayoría absoluta, aunque las Cortes acogieron también una importante minoría republicana
(partido recién fundado) y una ínfima representación de los moderados y los carlistas.
La Constitución de 1869, aprobada por las Cortes, fue la primera Constitución democrática de
nuestra historia. Entre sus características podemos destacar:
• Establecía la soberanía popular, al reconocer el sufragio universal (masculino)
• Mayor separación de poderes que las constituciones anteriores: ejecutivo para el rey y
sus ministros, legislativo a las Cortes (sin el rey) y judicial a los jueces (escogidos por
oposición).
• Las Cortes eran bicamerales, con un Senado electivo entre personas con experiencia
política y un Congreso elegido por sufragio. Los cargos políticos se abrían a todos sin
necesidad de poseer renta.
• Amplísima declaración de derechos. Era la mayor hasta entonces y superior a muchos
países europeos de la época
• Estado aconfesional con total libertad de cultos (aunque se mantiene el presupuesto
del clero católico).
El reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)
Una vez aprobada la Constitución, Serrano fue elegido regente y Prim se convirtió en Jefe del
Gobierno. Prim, además de un militar de prestigio, fue un hábil político. Consiguió mantener la
unidad de la coalición monárquico-demócrata y fue el principal encargado de encontrar un rey
para España: Amadeo de Saboya. Llegó a España en enero de 1871, pero tres días antes, Prim
fue asesinado. Amadeo se encontró aislado en un país que no conocía y rodeado de una fuerte
oposición: los moderados (ahora alfonsinos) buscaban la vuelta de los Borbones, la Iglesia era
enemiga del régimen, las elites capitalistas desconfiaban de la legislación social del nuevo
Gobierno, los republicanos no aceptaban ningún monarca y los carlistas solo a su candidato.
Además, la coalición monárquica, principal apoyo del rey, sin Prim, terminó disolviéndose.
Los dos años de su reinado estuvieron marcados por la inestabilidad y los conflictos:
-En 1868 ya había estallado una rebelión en Cuba que buscaba el fin de la esclavitud y la
independencia, iniciándose la Guerra de los Diez Años
-Los carlistas se alzaron en 1872 en el País Vasco y Navarra, dando lugar a la III Guerra Carlista
-También en 1872 los republicanos participaron en numerosos movimientos insurreccionales,
acompañados del naciente movimiento obrero
De esta manera, Amadeo I, consciente de su escasa implantación e impresionado por el
atentado que había sufrido en 1872, abdicó el 11 de febrero, abriendo la puerta a la República.
La I República española (1873)
Ante la dimisión del rey, las Cortes decidieron someter a votación el futuro del país. El 11 de
febrero la República fue aprobada por la mayoría de las Cortes, con Estanislao Figueras como
primer Presidente. Rápidamente se convocaron elecciones, que ganaron los republicanos
federales (Partido Republicano Federal), aunque hubo un 60% de abstención. Dirigidos por Pi i
Margall (segundo presidente de la República) los federales abogaban por un sistema de pactos
entre las distintas regiones del país como modo de entender el Estado. Además eran
partidarios del laicismo, la ampliación de los derechos democráticos y la intervención en la
regulación del Estado en la vida económica y laboral. Estos principios intentaron plasmarlos en
la Constitución nonata de 1873, que de aprobarse hubiera convertido a España en una
República Federal compuesta de 17 estados (incluyendo Cuba, Puerto Rico y Filipinas), con tres
niveles de poder (municipio, región y nación). En el texto, la separación Iglesia-Estado era
total. Por lo demás, era muy parecida a la de 1869.
Pero el texto nunca llegó a entrar en vigor, pues la República sufrió un doble acoso:
-El primero estuvo definido por los conflictos preexistentes, como las guerras de Cuba y
carlista y la oposición de algunos sectores de la Internacional obrera. Esta coyuntura fue
aprovechada por la creciente oposición borbónica, liderada por Cánovas del Castillo.
-El segundo vino de los republicanos intransigentes, protagonistas de la revolución cantonal
del verano de 1873 en el Levante y Andalucía. Inspirada por el anarquismo, aspiraban a
convertir las ciudades en poblaciones autogestionadas. Fue sofocada rápidamente (salvo en
Cartagena) pero provocó la caída de Pi i Margall, que fue sustituido por Nicolás Salmerón.
Para restablecer el orden y hacer frente a los conflictos, la República reforzó el papel del
Ejército. Emilio Castelar, el último presidente, dio un giro conservador al gobierno, abandonó
el proyecto federal y suspendió algunas garantías constitucionales.
El ejército, cada vez más partidario de la restauración de los Borbones, fue protagonista de
nuevo en la historia española. En enero de 1874, el general Pavía ocupó el Congreso de los
Diputados con la Guardia Civil y disolvió la asamblea por la fuerza. A lo largo de 1874, España
fue organizada como un “directorio republicano” presidido por Serrano. En estos meses se
consolidó la conspiración Alfonsina y las elites económicas, nobiliarias y militares se unieron al
proyecto de Cánovas. Así, el 30 de diciembre el general Martínez Campos se pronunció en
Sagunto y proclamó rey de España a Alfonso XII.
12.5. EL REINADO DE ALFONSO XII: EL SISTEMA CANOVISTA Y LA CONSTITUCIÓN DE
1876
El 30 de diciembre de 1874 se produjo la restauración de la monarquía en la persona de
Alfonso XII, hijo de Isabel II. Este hecho fue resultado de una doble acción: una civil,
encabezada por Antonio Cánovas del Castillo, y una militar, representada en el
pronunciamiento del general Martínez Campos, que alteró los planes de Cánovas al recurrir al
ejército para proclamar al rey. El 1 de diciembre, Alfonso ya había proclamado en el manifiesto
de Sandhurst su voluntad de convertirse en rey, siguiendo un ideario católico, liberal y
constitucional.
El proyecto político de Cánovas
El arquitecto del proyecto de restauración y de su sistema político fue Cánovas, político de
ideología liberal-conservadora que desde 1872 se había situado al frente de los alfonsinos y
había desplegado una intensa campaña de propaganda a favor de la restauración. Encontró
respaldo en la nobleza, los terratenientes, la alta burguesía, parte del ejército y parte de las
clases medias urbanas, influenciadas por la propaganda canovista. Las bases del proyecto
quedaron claramente fijadas en la Constitución de 1876, un texto próximo a la de 1845,
aunque pretendía recoger alguna herencia del Sexenio. Defendía valores tradicionales como la
familia, la religión o la propiedad, aunque no se renunciaba a la incorporación de medidas
democráticas en el futuro. Estas son sus principales características:
• Monarquía constitucional, basada en la soberanía compartida de las Cortes con el rey
• Gran poder de la Corona, que tenía derecho a veto, potestad legislativa, el poder de
controlar el ejecutivo e incluso de suspender la aplicación de la propia Constitución.
• Las Cortes eran bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio censitario y un
Senado nombrado por el rey
• Se establece la confesionalidad del Estado.
• La declaración de derechos era amplia, inspirada en la de 1869, pero las leyes a las que
se remitía acabaron restringiéndolos.
Esta Constitución tuvo una larguísima vigencia (hasta 1923).
Fundamentos del sistema canovista
Los fundamentos del sistema canovista fueron:
-La Corona, que obtenía amplios poderes, lo que facilitó que Alfonso XII (y sobre todo su hijo
Alfonso XIII), intervinieran constantemente en política. La Constitución concedía al rey el papel
de “árbitro” en la vida política e institucional.
-El ejército, al que Cánovas pretendía alejar definitivamente de la vida política. Para ello,
convirtió al rey en Capitán General del ejército para acabar con los espadones y asegurar su
lealtad al sistema. Sin embargo, el ejército mantuvo una enorme autonomía, pues los militares
gozaban de jurisdicción propia en sus asuntos internos. Esta autonomía acabó convirtiéndose
en un instrumento de presión sobre la vida civil.
-Los partidos dinásticos, conservador y liberal, que pactaron renunciar a los pronunciamientos
militares para llegar al poder. Acordaron llegar al Gobierno de manera alterna, mediante el
sistema del turno. Ambos partidos eran de raíz burguesa y liberal y coincidían ideológicamente
en lo fundamental. Eran partidos de minorías, de notables, que contaban con periódicos y
comités distribuidos por toda España. Se nutrían del apoyo de las élites económicas y las clases
medias acomodadas, aunque los terratenientes eran más conservadores y los profesionales
urbanos más liberales.
• El Partido Liberal-Conservador estaba liderado por Cánovas, que logró aglutinar a los
sectores más conservadores y tradicionales de la sociedad, a excepción de los carlistas.
Se mostraron siempre proclives a la defensa de la Iglesia y a mantener el orden político
y social de la Restauración.
• El Partido Liberal-Fusionista estuvo dirigido por Práxedes Mateo Sagasta y reunía a
antiguos progresistas y unionistas. Se sentían inclinados a realizar reformas más
progresistas y conducir el Estado hacia el laicismo.
A pesar de estas diferencias, en la práctica, los dos partidos gobernaron de manera muy
semejante, ya que se pusieron de acuerdo para no promulgar nunca una ley que forzase al
otro partido a derogarla cuando regresase al Gobierno, pues tenían como objetivo asegurar la
estabilidad política del país.
Efectivamente, este sistema proporcionó gran estabilidad a España, pero tenía una gran
debilidad: se basaba en la corrupción. El sistema electoral facilitaba la manipulación de votos a
partir de dos pilares: el ministro de Gobernación (que elaboraba las listas de candidatos que
debían ser escogidos y las transfería a alcaldes y caciques locales, lo que se llamó encasillado),
y los caciques (individuos o familias de gran poder económico e influencia política), que
actuaban como mediadores para lograr favores para una provincia, comarca o localidad
(construcción de la carretera o escuela, obtención de puestos en la Administración, etc.) y así
lograr votos para los candidatos. Además, se recurrió a la adulteración de los resultados, lo que
se llamó pucherazo, falsificando el censo con personas muertas, manipulando actas electorales
o comprando votos.
El caciquismo fue muy activo en las zonas rurales, donde una buena parte de la población
estaba supeditada a los favores e influencias del cacique. Los caciques controlaban el sorteo de
quintas, proponían el reparto de contribuciones, resolvían trámites burocráticos y
proporcionaban puestos de trabajo. Ante esta situación, la apatía electoral fue constante y la
abstención abrumadora. Nunca votaron más del 20% de los electores. Joaquín Costa, a finales
de siglo, denunció la gravedad de este problema en su famoso informe “Oligarquía y
Caciquismo”.
Los primeros Gobiernos del turno
Durante el reinado de Alfonso XII, se realizaron cinco elecciones; tres de ellas las ganaron los
conservadores y dos los liberales. Bajo el primer gobierno de Cánovas (1876-1881) se aprobó la
Constitución, pero apenas se realizaron reformas. Sin embargo hay que destacar la finalización
de la III Guerra Carlista en 1876, tras la derrota de San Marcial, lo que implicó para el País
Vasco la pérdida de sus fueros. También se puso punto y final a la “Guerra Larga” de Cuba,
firmándose la Paz de Zanjón en 1878, en la que se prometía una autonomía que nunca se
otorgó.
Al morir el rey en 1885, ante el temor a una posible desestabilización del sistema,
conservadores y liberales firmaron el Pacto del Pardo, por el cual oficializaron el turno de
partidos. Esta situación se mantuvo durante la regencia de María Cristina de Habsburgo y la
minoría de edad de Alfonso XIII.
12.6. LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO Y EL TURNO DE PARTIDOS.
LA OPOSICIÓN AL SISTEMA. REGIONALISMO Y NACIONALISMO
Tras el fallecimiento de Alfonso XII en 1885, su mujer María Cristina de Habsburgo, quedó
como regente. Cánovas y Sagasta, líderes de los partidos Liberal y Conservador, ante el temor
a una posible quiebra del sistema, firmaron el Pacto del Pardo, por el cual hicieron oficial el
turno de partidos, apoyaron la regencia de María Cristina y garantizaron la continuidad de la
monarquía.
Los Gobiernos del turno tras el Pacto del Pardo
Sagasta formó un nuevo Gobierno. Durante su “Gobierno largo”, de 1885 a 1890, los Liberales
llevaron a cabo algunas reformas con la intención de modernizar el Estado e incorporar al
sistema algunos de los derechos asociados a la revolución de 1868. Así, aprobaron la abolición
de la esclavitud, crearon la Ley de Asociaciones (que permitió iniciar el movimiento sindical en
España), promulgaron un nuevo Código Civil (redactado por Alonso Martínez) e implantaron el
sufragio universal masculino (1890), aunque los mecanismos del sistema para el control
electoral impidieron que la extensión del sufragio condujera a la democracia.
Tras este periodo, los Gobiernos fueron cada vez más cortos, debido a las divisiones internas
que padecían ambos partidos, pero continuó el turnismo y la corrupción. El sistema electoral
creado facilitaba la manipulación de votos a partir del ministro de Gobernación (que ponía en
práctica el encasillado) y los caciques, que actuaban como mediadores para lograr favores para
una provincia, comarca o localidad y así lograr votos para los candidatos. Además, se recurrió
al pucherazo, falsificando el censo con personas muertas, manipulando actas electorales o
comprando votos. Ante esta situación, la apatía electoral fue constante y la abstención
abrumadora. Nunca votaron más del 20% de los electores. Joaquín Costa, a finales de siglo,
denunció la gravedad de este problema en su famoso informe “Oligarquía y Caciquismo”.
La oposición al sistema
El sistema de la Restauración marginó de la vida política a amplios sectores de la sociedad.
Gracias a la manipulación electoral, grupos políticos como los carlistas y los republicanos
tuvieron un reducido espacio en el Congreso.
-Los carlistas. En 1888, tras su derrota en la III Guerra Carlista, Ramón Nocedal, líder del sector
más reaccionario del carlismo, fundó el Partido Tradicionalista. Este partido se caracterizaba
por su antiliberalismo, la defensa de la tradición y el catolicismo integrista. En 1896 lograron
conseguir seis diputados gracias a los votos recibidos en el País Vasco, Navarra y norte de
Cataluña.
-Los republicanos estuvieron muy divididos. Su sector más conservador, liderado por Castelar,
siguió participando en política a través del Partido Posibilista. Los más radicales fundaron el
Partido Republicano Progresista, de escaso apoyo social y dirigido por Ruíz Zorrilla, que
intentó realizar un pronunciamiento en 1886. Los republicanos federales, el grupo más
numeroso, siguieron en torno a Pi i Margall y tenían un fuerte arraigo en Cataluña. En 1886, los
republicanos lograron una importante minoría en el Congreso (25 escaños), aunque dividida
entre los tres grupos. La introducción del sufragio universal les revitalizó, por lo que se
reunificaron en la Unión Republicana. Sin embargo, a finales del siglo XIX gran parte de sus
antiguas bases sociales (clases trabajadoras) comenzaron a identificarse más con el socialismo
o el anarquismo y les abandonaron. El republicanismo quedaría vinculado desde entonces con
las clases medias urbanas.
-Las ideologías obreras comenzaron a introducirse en España durante el Sexenio Democrático,
aprovechando las libertades políticas de aquella etapa, pero fue durante la Restauración
cuando se fundaron los partidos y sindicatos más representativos.
En 1881, se fundó la Federación de Trabajadores de la Región Española, de ideología
anarquista. Tuvo su mayor implantación Cataluña y Andalucía. La constante represión que
sufrió y su división interna favorecieron que una parte del movimiento anarquista optara por la
“acción directa” y organizara grupos revolucionarios para atentar contra los pilares del
sistema: el Estado, la burguesía y la Iglesia. Entre 1893-1897 se produjeron varios atentados
contra personajes clave en la vida política, como Cánovas del Castillo y Martínez Campos. Pero
los atentados ahondaron la división del anarquismo. Algunos grupos plantearon la revolución
social como objetivo a medio plazo y dieron prioridad a la fundación de organizaciones
sindicales. Esta nueva tendencia dio sus frutos a principios del siglo XX, con la creación de la
CNT en 1910.
Por otro lado, en 1879, Pablo Iglesias fundó la Agrupación Socialista Madrileña, núcleo
originario del PSOE. Esta organización política se definía como marxista y era partidaria de la
revolución social, aunque pretendía alcanzar sus objetivos (la mejora de la situación de los
trabajadores, el sufragio universal, el derecho de asociación y manifestación, etc.) mediante
huelgas y participación política. A finales de siglo, el PSOE había logrado concejales en los
ayuntamientos, pero aún no diputados en el Parlamento. Vinculado al partido, en 1889, se
creó la UGT, sindicato que elaboró un programa reivindicativo de mejoras en las condiciones
laborales.
Regionalismo y nacionalismo
El modelo de Estado diseñado por los liberales desde tiempos de Isabel II tuvo vocación
centralista y castellana. Esta concepción de la nación fue continuada por la Restauración. Sin
embargo, el nacionalismo español encontró dificultades para su plena implantación en la
sociedad causa de la debilidad del Estado, lo que favoreció la emergencia de otros
nacionalismos.
-En Cataluña fue pionera y partió de un amplio movimiento cultural y literario: la Renaixença,
que buscaba la recuperación de las señas de identidad de la cultura y la lengua catalanas, sin
aspiraciones políticas. En 1891 los catalanistas crearon una primera organización política: Unió
Catalanista, de tendencia conservadora, fundada por Prat de la Riba. Su programa quedó
fijado en las Bases de Manresa, que reclamaban una autonomía para Cataluña y el
proteccionismo comercial, defendido por la burguesía industrial y comercial. Tras el desastre
del 98, el catalanismo se acentuó y se alejó cada vez más de los partidos dinásticos. En 1901 se
fundó la Lliga Regionalista, heredera de la Unió Catalanista, dirigida por Prat de la Riba y
Francesc Cambó. El nuevo partido se mostró muy crítico con la corrupción y el centralismo del
sistema de la Restauración. Sus éxitos electorales la convirtieron en la fuerza hegemónica de
Cataluña hasta 1923.
-En el País Vasco, la derrota carlista y la abolición de los fueros provocaron un estado de
opinión que terminó desembocando en nacionalismo. Además, la llegada de una fuerte
inmigración de habla castellana (éxodo rural vinculado a la industrialización) fortaleció la
corriente de los defensores del euskera, que revalorizaron la lengua y la cultura vasca. Sabino
Arana fue el primer ideólogo del nacionalismo vasco y el fundador del Partido Nacionalista
Vasco (P.N.V.) en 1895. Partía de ideas muy conservadoras e incluso de planteamientos
xenófobos, como la raza vasca. Defendía la vieja sociedad tradicional vasca desde una
perspectiva antiliberal y tradicionalista y la independencia de los territorios vascos, y
rechazaba la inmigración. En los últimos años, no obstante, fue moderándose hasta
desembocar en el autonomismo.
En otros territorios, los movimientos nacionalistas o regionalistas fueron mucho más débiles.
-En Galicia también existió una recuperación de la lengua y la cultura (Rexurdimento), pero
sólo alcanzó a minorías cultas. A finales del siglo XIX el galleguismo adoptó un carácter más
político, pero, en cualquier caso, fue un movimiento más minoritario que el catalán y el vasco.
-Aún más débiles resultaron los movimientos regionalistas de Valencia y Andalucía. En
Valencianismo apenas dio sus primeros pasos como movimiento político, mientras en
Andalucía empezó a forjarse un regionalismo andalucista alrededor del Ateneo de Sevilla. La
figura principal fue Blas Infante, pero no consiguieron lograr una gran influencia política.
12.7. GUERRA COLONIAL Y CRISIS DE 1898
En 1898, España perdió sus últimas posesiones ultramarinas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Este hecho, conocido como el “desastre del 98” abrió un periodo de reflexión y crítica ante los
males que aquejaban al país.
Orígenes
Desde 1837, Cuba y Puerto Rico estaban gobernados por unas leyes que otorgaban enormes
poderes al capitán general español de cada isla. Esto incomodaba a las elites criollas, que
comenzaron a plantear la abolición de la esclavitud y reformas encaminadas la autonomía de
la isla. Con la firma de la Paz de Zanjón (1878), que había puesto fin a la Guerra de los Diez
Años (“Guerra Larga de Cuba”), el Gobierno de Cánovas prometió reformas y la autonomía a
los rebeldes cubanos. Sin embargo, el Gobierno apenas cumplió promesa alguna.
La falta de una verdadera intención de dotar a Cuba de autogobierno y la política económica
española, fuertemente proteccionista (que estrangulaba la economía cubana), favorecieron el
surgimiento de nuevas revueltas. Los liberales de Sagasta contactaron con el Partido
Autonomista Cubano y propusieron un programa reformista que incluía la autonomía, pero fue
bloqueado por los conservadores. La única medida que se acabó aprobando fue la abolición de
la esclavitud (1888).
Por otro lado, EEUU, potencia emergente, estaba muy interesado en el comercio con la isla.
Los cubanos vendían azúcar y tabaco a EEUU, mientras que los norteamericanos deseaban, a
cambio, poder vender libremente sus productos industriales en la isla. Por ello, los fuertes
aranceles proteccionistas del Gobierno español perjudicaban a ambos.
La guerra de Cuba
En 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, gran protagonista de la nueva
revuelta independentista. El movimiento secesionista ya se había consolidado por entonces
entre la población y EEUU, dispuesto a sustituir a España como potencia dominante en Cuba,
había ofrecido su apoyo. En 1895, con el llamado “Grito de Baire”, comenzó la guerra. Un año
después, estalló también una sublevación independentista en Filipinas dirigida por José Rizal,
que tras su asesinato encabezó Emilio Aguinaldo.
Los rebeldes exigieron la independencia y avanzaron desde el este de la isla hacia La Habana.
El ejército de Martínez Campos enviado por Cánovas no pudo sofocar la revuelta, por lo que se
optó por enviar a Valeriano Weyler, partidario de métodos más represivos. Sus políticas
provocaron hambre (se destruyó parte del tejido económico de la isla), muertes y una enorme
cantidad de desplazados y refugiados. Su actuación, además, aumentó la impopularidad
española y desprestigió del Gobierno frente a la opinión pública estadounidense.
El asesinato de Cánovas y la nueva llegada al poder de Sagasta trajo consigo un nuevo intento
de buscar la conciliación. El Gobierno otorgó la autonomía a Cuba en 1897, incluyendo el
sufragio universal masculino, la igualdad jurídica con los españoles y autonomía arancelaria.
Pero era demasiado tarde; meses después, en febrero de 1898, el acorazado estadounidense
Maine se hundió en el puerto de La Habana. Después de una gran campaña de prensa,
tendente a responsabilizar a la armada española, EEUU declaró la guerra a España. Sin
embargo, este incidente nunca fue del todo clarificado y es dudoso que los españoles
participaran en él.
La nueva potencia ganó la contienda. Las batallas navales de Cavite (cerca de Manila) y de
Santiago de Cuba sellaron la suerte de la guerra. El 1 de octubre se negoció la Paz de París y el
10 de diciembre, por el Tratado de París, España perdió definitivamente Cuba, Puerto Rico y
Filipinas. Cuba se convirtió en una República independiente, aunque bajo la supervisión y el
control de EEUU, mientras que Puerto Rico y Filipinas quedaron bajo la administración directa
de los estadounidenses.
Consecuencias: la crisis del 98
La derrota de 1898 sumió a la sociedad y la clase política española en una profunda
frustración. Significó la destrucción del mito español del “Imperio”, en un momento en el que
todas las grandes potencias construían poderosos Imperios coloniales. Se abrió un gran debate
intelectual sobre las causas del “desastre” que llevó a reflexionar sobre los “males de la
patria”.
Sin embargo, a pesar de la envergadura del desastre, sus efectos en la vida política no fueron
tan grandes como se esperaba. El sistema de la Restauración sobrevivió y continuaron sus
prácticas de manipulación electoral. Eso sí, el discurso de “regeneración” fue común entre los
políticos, que buscaban la recuperación del prestigio de España.
En realidad, la crisis fue más de tipo moral e ideológica. El regeneracionismo, nombre que
adoptaron las diversas actitudes críticas con la situación del país, criticaron el sistema político
de la Restauración y propusieron la necesidad de modernizar la política española. Aspiraba a
la construcción un país de clases medias, proyecto en el que la instrucción pública era un
elemento clave. Joaquín Costa, su máximo exponente, abogó por dejar atrás el pasado e iniciar
reformas que modernizaran la economía y acabaran con el analfabetismo. Su informe
Oligarquía y Caciquismo denunció el poder de los caciques y la corrupción electoral. El grupo
de intelectuales conocido como Generación del 98, de enorme brillantez (Unamuno, Valle
Inclán, Pío Baroja, Azorín, etc.), manifestaron también su pesimismo ante el atraso del país y
propusieron una reflexión profunda sobre la situación.
El regeneracionismo coincidió, además, con la toma de conciencia de parte de la burguesía y
de los obreros de la incapacidad de los partidos dinásticos. Los partidos de oposición por la
izquierda (republicanos y el PSOE) ganaron cada vez más adeptos entre las clases populares, a
pesar de que la corrupción electoral les impedía ganar todos los escaños que en realidad
representaban. También avanzaron los partidos nacionalistas, que plantearon la necesidad de
desvincularse de la “moribunda” España.
Por último, la derrota marcó notablemente al estamento militar. Los altos cargos militares
miraban a los políticos como responsables del fracaso colonial. La mentalidad de los militares
se tornó más conservadora y autoritaria, frente a la ola de “antimilitarismo” que siguió al
desastre. Culpaban a los políticos de ineficacia y corrupción y esto provocó la vuelta a la
injerencia política del ejército, muy visible en el reinado de Alfonso XIII.
13. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y CAMBIOS SOCIALES
EN EL SIGLO XIX Y EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
13.1. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS. PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y
CAMBIOS AGRARIOS. LAS PECULIARIDADES DE LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A LA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS: EL
IMPACTO DEL FERROCARRIL
Durante el siglo XIX, la economía española atravesó un proceso de modernización que, si bien
comenzó con retraso respecto a otros países europeos y tuvo resultados más pobres, resultó
fundamental, pues se desmantelaron las herencias del Antiguo Régimen. Fue un proceso largo
y complejo, y tuvo efectos limitados. Los resultados de la industrialización española fueron
menos intensos que los de las grandes potencias europeas. Bien es cierto que España contaba
con cuatro grandes condicionantes que determinaron la evolución y el crecimiento de su
economía:
-La pérdida del Imperio americano, de sus materias primas y su mercado, que exigió un gran
reajuste económico en el momento en que comenzaba la Revolución industrial.
-Carencia de carbón, principal mineral y fuente de energía de la primera fase industrial.
-Las dificultades orográficas de la Península, que ralentizaron y encarecieron la construcción
de redes de transporte y dificultaron la articulación del mercado nacional.
-Carencia de capitales e inversiones, derivado de la pérdida colonial y de la escasa
modernización agraria, lo que obligó a recurrir al capital extranjero para financiar la
industrialización. El débil carácter emprendedor de los terratenientes españoles
(mayoritariamente rentistas) lastró el despegue agrario e industrial. Al no modernizarse el
campo ni desarrollarse la industria con fuerza, la renta de la población creció poco, lo que
mermaba las posibilidades de consumo de la población. Este hecho, a su vez, dificultaba aún
más el despegue industrial.
Por todo ello, la economía española fue dual, con pesadas herencias del pasado aún visibles
(en la estructura de la propiedad, por ejemplo), pero, a su vez, con sectores industriales
modernos.
Los cambios agrarios. Etapas
1. Antecedentes (1800-1833)
El sector agrario español a principios del siglo XIX era todavía el típico del Antiguo Régimen. La
propiedad de la tierra estaba distribuida de forma desigual, ya que más de dos tercios de la
misma estaba concentrada en manos de la nobleza y el clero (10% de la población). El carácter
rentista y poco emprendedor de estos propietarios, la carencia de utillaje moderno y de un
mercado nacional sólido (no había una demanda potente ni una gran red de infraestructuras)
impidieron que en España se produjese un despegue agrario similar al de Gran Bretaña.
2. Reinado de Isabel II (1833-1868)
En esta etapa la agricultura y la ganadería comenzaron a modernizarse. La evolución del sector
estuvo marcada por la legislación liberal, que abolió la jurisdicción señorial del Antiguo
Régimen.
Los políticos liberales pensaban que para poner fin al atraso del campo español había que
modificar el sistema de propiedad de la tierra, pues las tierras amortizadas de la nobleza y el
clero producían muy poco y estaban exentas del pago de impuestos. Por ello, en 1836, durante
la regencia de MªCristina, el ministro de Hacienda Mendizábal, planteó una desamortización,
consistente en la apropiación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia (tierras y
edificios), que fueron declarados bienes nacionales para ser vendidos en subasta pública a
particulares. Además, para las tierras de la nobleza se aprobó la Ley de Desvinculación, que
liberaba sus tierras y permitía la compra-venta, suprimiendo así los mayorazgos. Con todo ello
se pretendía conseguir el derecho del nuevo propietario sobre sus tierras, para cultivarlas a su
voluntad, con la esperanza de que invirtieran en ellas y las modernizasen, pero también para
afrontar los problemas hacendísticos del Estado, en plena guerra contra el carlismo.
En 1855, durante el Bienio Progresista, Pascual Madoz inició una segunda gran
desamortización. En este caso se pusieron a la venta las tierras del patrimonio estatal,
municipal y de las viejas órdenes militares. Las segundas fueron las más significativas y las que
mayor impacto social tuvieron, pues se incluyeron las tierras comunales (utilizadas por todos
los vecinos del municipio). Terminó afectando al doble de tierras que la de 1836.
Ambas desamortizaciones tuvieron grandes consecuencias. Comportaron un importante
cambio en la propiedad de la tierra, pues tres quintas partes de las de la Iglesia fueron
vendidas. Sin embargo, muchos compradores fueron miembros de la nobleza y de la burguesía
industrial que vieron en la tierra más un signo de prestigio y estabilidad económica que una
posibilidad de negocio. Por ello, las desamortizaciones no cambiaron la estructura agraria, sino
que consolidaron las desigualdades existentes previamente. Además, las desamortizaciones
supusieron un deterioro económico para muchos agricultores, pues la legislación liberaba
precios y salarios y se perdieron los derechos a las tierras comunales. Para los liberales, la
realización de una reforma agraria de este tipo era un elemento imprescindible para crear una
nueva sociedad capitalista y relanzar la economía, pero la tierra se convirtió en una mercancía
y se dificultó mucho el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra, lo que generó a la
larga un grave problema social.
Por otro lado, en esta etapa se produjo un notable avance agrícola que mermó las
tradicionales crisis de subsistencia. Este crecimiento se vincula con la explotación de las tierras
tras la desamortización, el uso de los primeros útiles mecánicos y abonos y la política
proteccionista de los Gobiernos liberales. Así, aumentó la superficie dedicada al cultivo de
trigo, se incrementó la producción de vino y se extendió el cultivo del olivar en Andalucía.
3. Sexenio y Restauración (1868-1900)
A comienzos de esta etapa, el nuevo Gobierno adoptó el librecambismo cuando promulgó el
“arancel Figuerola” de 1869, lo que obligó a los productores a introducir mejoras técnicas para
aumentar la competitividad. Permitió reducir un tercio la superficie de cultivo sin que cayera la
producción, ya que aumentó la productividad y los rendimientos. A pesar de ello, a finales de
siglo se volvió al proteccionismo, ante la oposición de la burguesía industrial. En estos últimos
años de siglo continuó, además, el aumento en la producción de vino, como consecuencia de
la ruina de los viñedos franceses (afectados por la filoxera) y en el Levante se creó una
agricultura de exportación, basada en los regadíos hortofrutícolas.
Etapas de la incorporación de España a la Revolución Industrial. El impacto del ferrocarril
1. Antecedentes (1800-1833)
España se incorporó a la Revolución industrial a través de Cataluña, donde a finales del siglo
XVIII se había creado una industria textil mecanizada vinculada con el comercio con América.
Sin embargo, su desarrollo se estancó como consecuencia de la Guerra de la Independencia y
la posterior pérdida de las colonias americanas.
2. Inicio de la industrialización (1833-1868)
En esta etapa aparece industria en varios puntos de España, proceso acompañado por la nueva
legislación liberal (fin de las aduanas interiores, libertad comercial y de fabricación) y la política
proteccionista, demandada por la mayoría de los empresarios industriales del país.
-En Cataluña se recuperó y se consolidó una industria textil moderna. Gozó de un gran
crecimiento, aunque con vocación interna, pues la burguesía industrial catalana trató de
convertir a España en su único mercado. No apostaron por la exportación, pues sus productos
eran de inferior calidad que los franceses y más caros que los ingleses.
-Surgió también la industria siderúrgica, localizada en tres regiones: Málaga-Marbella y
Asturias, vinculada a la explotación de carbón, y Vizcaya, donde se explotaba hierro. En este
periodo tuvo aún un escaso desarrollo.
-En estos años se inicia también la construcción del ferrocarril, un nuevo medio imprescindible
en el transporte de mercancías. En España, su expansión se retrasó hasta la segunda mitad de
siglo por varias causas, como la poca propicia orografía, el atraso técnico, o la ausencia de
capitales privados dispuestos a invertir. El Estado no mostró un verdadero interés hasta la
aprobación de la Ley de Ferrocarriles progresista de 1855. El gobierno de Espartero tuvo como
objetivo facilitar la movilidad de personas y mercancías a todo el Estado con el fin de vertebrar
el país, económica y políticamente.
La ley permitió la entrada de capital extranjero para financiar su construcción. Aunque ha sido
criticada porque dificultó el desarrollo de la siderurgia española (pues se construyeron tramos
con capital y hierro extranjero y no se alentó, por tanto, la industria nacional), permitió el
crecimiento de la banca y acelerar la construcción de la red. En 12 años se construyeron 4000
km, facilitando el comercio y la articulación del mercado interno.
3. Sexenio y Restauración (1868-1900)
En esta etapa el crecimiento industrial fue notable.
-La industria textil catalana se convirtió en la quinta de Europa y abastecía a España por sí
sola.
-La siderurgia se consolidó. En Asturias se especializaron en la fabricación de laminados y en
Vizcaya vigas y raíles, lo que ayudó a la construcción de nuevas vías de ferrocarril. En el País
Vasco se producían dos tercios del hierro y el acero nacional.
-Nacieron la industria química (inicialmente en Cataluña) y la industria eléctrica. En 1881 se
iluminó Madrid (aunque con licencia de AEG) y en 1900 se crea en el País Vasco Hidroeléctrica
Española, origen de la actual Iberdrola.
13.2. TRANSFORMACIONES SOCIALES. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO. DE LA
SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES. GÉNESIS Y DESARROLLO DEL
MOVIMIENTO OBRERO
Las transformaciones económicas producidas a lo largo del siglo XIX y el triunfo de la
revolución liberal impusieron un modelo social basado en los principios del liberalismo.
Crecimiento demográfico
A lo largo del siglo XIX, la población española pasó de 10,5 millones de habitantes a unos 19
millones en 1900. Por lo tanto, la población casi se duplicó en un siglo.
La Guerra de la Independencia, la guerra colonial en América y la Guerra Carlista dificultaron el
crecimiento en la primera mitad de siglo. Por entonces la estructura económica era muy
similar a la del Antiguo Régimen, pues apenas se había iniciado la industrialización. Por ello, se
aprecia una gran diferencia entre los dos primeros tercios de siglo, de relativo estancamiento
demográfico (pues tanto la natalidad como la mortalidad eran elevadas) y el crecimiento de las
últimas dos décadas, pues entonces se inicia la transición demográfica, comienza a bajar la
mortalidad y aumentar la esperanza de vida ligeramente a la vez que la natalidad se mantuvo
en tasas altas.
La nueva sociedad de clases
Con la revolución liberal se puso fin a los privilegios de la nobleza y el clero y se reconoció la
igualdad jurídica de todos los ciudadanos. En teoría, la ausencia de movilidad característica de
la sociedad estamental del Antiguo Régimen fue sustituida por una nueva dinámica en la que
el mérito, la capacidad y, principalmente, la renta estructuraban la sociedad. Sin embargo, en
la España del siglo XIX estos principios de sociedad de clases abierta y liberal no se plasmaron
plenamente. La sociedad siguió teniendo estructuras muy cerradas y rígidas, y el ascenso social
sólo benefició a un número reducido de personas. Así, se distinguía una sociedad compuesta
por los siguientes grupos:
1. La nobleza continuó siendo un grupo social poderoso. Conservaron amplias propiedades e
incluso lograron acrecentarlas comprando tierras durante las desamortizaciones. Su modo de
vida y su mentalidad se basaron en el “rentismo”, vivir lujosamente de sus rentas sin
necesidad de dedicarse a ninguna actividad ni modernizar sus propiedades, aunque en
ocasiones participaba en negocios industriales aliándose con la burguesía, con quien concertó
matrimonios de gran rentabilidad económica.
2. La burguesía en este siglo logró acceder al poder político y aumentar sus negocios
económicos. La integraban terratenientes que habían adquirido propiedades con la
desamortización, grandes empresarios, comerciantes y banqueros. Esta élite social, que aspiró
a vivir como la nobleza, vivía en los grandes núcleos urbanos, como Madrid, y en regiones
industrializadas, como Cataluña y el País Vasco. Se vincularon con el Partido Moderado en su
mayoría, salvo algunos comerciantes, que apoyaban el librecambismo de los progresistas.
3. Clases medias, que formaban un complejo conglomerado, que incluía la baja burguesía
comercial urbana, pequeños propietarios agrarios, profesionales liberales (médicos,
profesores, abogados, arquitectos, etc.), funcionarios y oficinistas. Su escaso número (tan solo
el 5% de la población) evidencia la fuerte polarización social entre ricos y pobres y el bajo nivel
de industrialización y urbanización del país. Su riqueza era mucho menor que la de las clases
dirigentes, pero compartían con ellos las formas de ocio y el nivel de instrucción. Su
mentalidad era progresista, demócrata y republicana, aunque a finales del siglo XIX algunos
grupos se tornaron conservadores por temor al ascenso del movimiento obrero.
4. Las clases populares constituían la gran mayoría de la población (80% aproximadamente) y
también eran un grupo muy heterogéneo. En general, apenas poseían grandes bienes y su
situación económica y laboral era precaria. Además, este grupo sufría aún a finales de siglo un
60% de analfabetismo.
-El campesinado rural era el grupo más numeroso (60%). Entre ellos se distinguían medianos y
pequeños propietarios, arrendatarios y, sobre todo, jornaleros, predominantes en la mitad sur
peninsular. Mantuvieron formas de vida tradicionales y, en general, eran un grupo muy pobre
debido al retraso industrial y a la falta de una auténtica reforma agraria. Sus duras condiciones
de trabajo y su exclusión de la propiedad de la tierra hicieron que, desde finales del siglo XIX,
muchos jornaleros andaluces abrazaran el anarquismo.
-Los grupos populares urbanos integraban a artesanos (sastres, zapateros, carpinteros,
herreros, orfebres), sirvientes del servicio doméstico (numerosos en Madrid) y proletariado
industrial, escaso hasta finales de siglo excepto en Cataluña y País Vasco, debido al lento
desarrollo industrial. La situación laboral de estos últimos eran durísima, con jornadas de 12h o
más, sin seguros de enfermedad o vejez y sin una legislación sociolaboral que garantizara sus
derechos.
Génesis y desarrollo del movimiento obrero
-Hasta el Sexenio Democrático el movimiento obrero español fue débil y estuvo poco
organizado. Hubo manifestaciones luditas (destrucción de maquinaria) en la década de 1830
en Alcoy y Barcelona, en la de 1840 y 1850 surgieron los primeros sindicatos y se extendieron
las protestas obreras, pero hasta el Sexenio el movimiento obrero español no alcanzó su
“mayoría de edad”.
-El clima de libertad política del Sexenio permitió la entrada en España de las ideas de la
Internacional obrera. La primera en llegar fue el anarquismo. Fanelli, enviado de Bakunin, creó
en España las primeras asociaciones afiliadas a la I AIT (Internacional). Esta ideología tuvo un
gran arraigo en los jornaleros sin tierra andaluces, pero también entre los obreros catalanes.
La corriente socialista llegó más tarde. Lafargue, cuñado de Marx, trato de extender las ideas
marxistas instalándose en Madrid. Allí encontró eco en un pequeño grupo de obreros
tipógrafos.
-Durante la Restauración el movimiento obrero español culminó su organización, gracias a las
leyes permisivas de asociación aprobadas por Sagasta en 1880. En el año 1881 pudo reunirse
en Barcelona un congreso anarquista que fundó la Federación de Trabajadores de la Región
Española (FTRE), que protagonizó numerosas huelgas y protestas. El socialismo, que estuvo
también en la clandestinidad durante sus primeros años, se extendió entre obreros asturianos,
vascos y madrileños. Pablo Iglesias, uno de los tipógrafos madrileños que asimilaron el
socialismo años atrás, fundó el PSOE en 1879, que se definía como partido marxista, pero
proclive a la participación en las elecciones y el juego político. Vinculado al PSOE, en 1888 se
creó el sindicato socialista UGT (Unión General de los Trabajadores).
Los socialistas consiguieron su primer escaño en el Parlamento (que ocupó Pablo Iglesias) al
principio del reinado. Años después, con motivo de la Revolución Rusa y de sus principios
ideológicos, se produjo la escisión del PSOE y el nacimiento del PCE, Partido Comunista de
España, en los años 20 del siglo XX.
Poco antes, en 1910, los anarquistas fundaron la CNT (Confederación Nacional del Trabajo),
que sería desde entonces el gran sindicato anarquista de España. Se definía como sindicato
revolucionario y apolítico, y apostaba por la abstención electoral y la acción directa, por medio
de huelgas y ocupación de tierras. Provocaron grandes problemas de orden público en los años
20, durante la etapa del “pistolerismo” en Barcelona.
13.3. TRANSFORMACIONES
EDUCACIÓN Y LA PRENSA
CULTURALES.
CAMBIO
DE
MENTALIDADES.
LA
Los cambios políticos y económicos del siglo XIX originaron una transformación en la sociedad,
la cultura y la mentalidad que se reflejó en distintos ámbitos, destacando la vida cotidiana, la
educación y la prensa.
Cultura y mentalidad. Mundo rural y mundo urbano
Las profundas desigualdades de la sociedad española determinaban la convivencia de mundos
y culturas muy diferenciadas y muchas veces incomunicadas entre ellas.
El interior agrario mostraba modos de vida tradicionales y poco modernizados, con
predominio de la economía agraria de subsistencia. La mayoría de los campesinos vivían en
una situación de pobreza considerable. El analfabetismo podía llegar a alcanzar el 70 % en las
zonas más atrasadas (por ejemplo, en Andalucía). Esta masa de población campesina tenía un
nivel de renta muy bajo, y esto impedía el consumo, el ahorro, y su incorporación a la
educación, pues apenas había escuela pública.
Esta población rural convivía con una oligarquía de grandes propietarios y caciques que
controlaban la vida rural. En este ambiente de pobreza, coincidieron a finales del siglo XIX y
principios del XX la religiosidad y el conservadurismo (por el gran peso de la Iglesia católica)
con la llegada de nuevas ideas de cambio social, como el anarquismo, que caló en el campo
andaluz.
El mundo urbano se fue modernizando lentamente a lo largo del siglo XIX, aunque siempre
existieron notables desigualdades sociales. Una élite burguesa que había crecido ligada al éxito
del capitalismo industrial (en Cataluña, País Vasco y Madrid) se codeaba con grupos de
terratenientes que vivían en la ciudad de las rentas de sus propiedades. Alta nobleza y alta
burguesía coincidían en los salones de sociedad y en lugares de ocio como los casinos, los
teatros, la ópera y los espectáculos taurinos. Generalmente eran de mentalidad muy
conservadora, por lo que se vincularon con el partido de Cánovas. Llevaban a sus hijos a
colegios religiosos y su poder económico les permitía acceder a la universidad.
La heterogénea clase media vivía también en las grandes ciudades. Estaba formada por
funcionarios, profesionales liberales (médicos, profesores, abogados, arquitectos) y pequeños
hombres de negocios. Imitaban el modo de vida de la élite y coincidían con ellos en los lugares
de ocio, aunque claramente separados por categoría. Tradicionalmente liberales (cercanos al
progresismo), con el ascenso del movimiento obrero, parte de las clases medias mostraron una
mentalidad más conservadora, aunque otra parte de ellos defendieron las posturas
democráticas y republicanas.
Los trabajadores urbanos vivían en condiciones de extrema pobreza. Las familias obreras
españolas mostraban uno de los niveles de vida más bajos entre los trabajadores de Europa
Occidental. Su alimentación, vestimenta y vivienda eran pésimas. La educación de los hijos se
reducía a una enseñanza primaria escasa para aprender a leer y calcular. En muchos casos, se
incorporaban rápidamente al trabajo desde la niñez y no acudían a la escuela. Estas
circunstancias favorecieron que las nuevas ideas socialistas y anarquistas empezaran a influir a
los obreros.
La situación de la mujer apenas mejoró en esta etapa. Durante el siglo XIX, la legislación
supeditaba a la mujer al dominio del hombre, ya fuera su padre, sus hermanos o su marido. La
educación de las niñas no era prioritaria entre las clases populares; por ello, el nivel de
analfabetismo era mucho mayor entre las mujeres (10 % en torno a 1880).
Las mujeres trabajaban desde niñas en las tareas agrarias y en las fábricas, cobrando menos
que los hombres a cambio de realizar el mismo trabajo. En cambio, las mujeres de clases
medias y de la élite, más pudientes, podían acceder a la educación. Existían colegios de
“señoritas”, donde las niñas recibían una educación que combinaba cultura general, música y
labores del hogar. El objetivo último no era la universidad (que estaba cerrada a las mujeres),
sino convertirse en buenas candidatas para alcanzar un matrimonio favorable. Además, hay
que tener en cuenta que no tuvieron acceso al sufragio universal.
Muchas mujeres, sobre todo en el ámbito urbano, se rebelaron contra este destino y se
convirtieron en secretarias, maestras, bibliotecarias o enfermeras, poniendo las bases para los
movimientos feministas ya del siglo XX.
La educación
A lo largo del siglo XIX la educación apenas mejoró. Hasta la Ley Moyano (1857) no hubo una
legislación firme. Esta ley establecía la división de la educación en tres grados (primaria,
secundaria y universidad), pero solo el primer grado tenía una cierta gratuidad, y supeditada
las inversiones a los ayuntamientos. Ante la escasez de estas, la mayor parte de las escuelas de
primaria y secundaria quedaron en manos de la Iglesia.
En las Universidades, el ambiente fue cambiando también de manera lenta. Tras el Sexenio
Democrático, un período en el que había existido una amplia libertad de cátedra, la
Restauración estableció una rígida censura contra cualquier manifestación contra la monarquía
y el catolicismo, lo que provocó choques con el profesorado y los alumnos más críticos. Giner
de los Ríos, uno de los críticos, fundó la Institución Libre de Enseñanza en 1876, como centro
educativo privado y laico. La Institución introdujo en España una pedagogía de vanguardia que
buscaba la formación integral del individuo en plena libertad y mediante el fomento de la
curiosidad científica, el antidogmatismo y la actitud crítica.
Pero la Institución Libre de Enseñanza (como iniciativas posteriores como el Instituto Escuela y
la Residencia de Estudiantes) fue una excepción; lo que predominó durante la Restauración fue
la enseñanza tradicional, basada en métodos anticuados y poco críticos. Esta situación provocó
un gran atraso en el desarrollo científico y la investigación, aunque llegaron a sobresalir
algunos científicos, como Santiago Ramón y Cajal.
La prensa
Las libertades del Sexenio impulsaron la aparición de auténticos periódicos, con contenidos
informativos y secciones múltiples, y con una gran actitud crítica y de opinión, defensores de
un partido o líder político. Teniendo en cuenta el altísimo nivel de analfabetismo en España, la
prensa se vendía preferentemente en las ciudades, y era adquirida por la élite y las clases
medias. Por ello, las tiradas eran muy pequeñas (nunca sobrepasaban los 15.000 ejemplares),
aunque su difusión era mayor debido a la tradición de la lectura en voz alta, la existencia de
gabinetes de lectura y la costumbre de leer los diarios en los cafés, ateneos y tertulias.
A partir de 1880 surgieron nuevos medios distintos a los dominantes durante el siglo XIX que
constituyeron el origen de la información del siglo XX. Nacieron las agencias de noticias y la red
telegráfica, que se abrieron a las informaciones de ámbito internacional, y la prensa ganó en
objetividad. Se desarrolló también una prensa muy documentada y seria, que en España
representaban El Imparcial (1867) y El Liberal (1879). En el ámbito obrero, destaca la
fundación de El Socialista en 1886, dirigido por Pablo Iglesias
14. LA CRISIS DEL ESTADO LIBERAL, LA SEGUNDA REPÚBLICA Y
LA GUERRA CIVIL
14.1. PANORAMA GENERAL DEL REINADO DE ALFONSO XIII. INTENTOS DE
MODERNIZACIÓN. EL REGENERACIO- NISMO. CRISIS Y QUIEBRA DEL SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN. LA GUERRA DE MARRUECOS
En 1902 Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad y las Cortes le proclamaron rey. La España de
entonces estaba aquejada de un intenso trauma provocado por la crisis de 1898. Los partidos
dinásticos carecían de un liderazgo claro desde las muertes de Cánovas y Sagasta y faltaba
capacidad para emprender reformas en profundidad y atender a las crecientes demandas
sociales.
Regeneracionismo y revisionismo político
Ante estas dificultades, el regeneracionismo fue protagonista en la política española. El primer
intento corrió a cargo de los políticos conservadores, como Francisco Silvela y Antonio Maura,
que dirigió un gobierno reformista entre 1907 y 1909. Maura planeó lo que el mismo definió
como “revolución desde arriba”, un intento de regeneración del sistema que debilitara tanto a
los caciques como al movimiento obrero. Ejemplo de ello fue la aprobación de la Ley Electoral
de 1907 (aunque no consiguió acabar con la corrupción), la Ley de Descanso Dominical y la
regularización de la huelga. Sin embargo, la etapa de Maura fue breve, ya que su Gobierno se
vio lastrado por dos acontecimientos relacionados entre sí:
-La guerra en Marruecos. La zona septentrional de Marruecos estaba bajo control de España
desde la Conferencia de Algeciras de 1906, pero las tribus rifeñas opusieron pronto una fuerte
resistencia. En 1909 tuvo lugar el desastre del Barranco del Lobo, que dividió a la sociedad.
Mientras que los sectores conservadores eran proclives a continuar con la intervención (por
intereses económicos –riqueza minera-y de prestigio internacional), republicanos, socialistas y
sindicatos se mostraron contrarios.
-La Semana Trágica de Barcelona. Tras la derrota en el Barranco del Lobo, Maura decidió
enviar refuerzos, para lo que movilizó a reservistas catalanes. El malestar que produjo esta
decisión derivó en una protesta popular que adquirió tintes revolucionarios y anticlericales.
Barcelona se llenó de barricadas, decenas de edificios religiosos fueron incendiados y se
produjeron fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden público, incluido el ejército. En
la represión tuvo especial trascendencia la ejecución del pedagogo anarquista Ferrer i Guardia,
circunstancia que desató aún más protestas, sintetizadas en la proclama “¡Maura, no!”, que
terminaron desencadenando su dimisión en octubre de ese año. Ante este hecho, Alfonso XIII
entregó el poder a los liberales.
El modelo regeneracionista liberal estuvo dirigido por José Canalejas, que gobernó entre 1910
y 1912. Su proyecto abrió el debate sobre tres cuestiones de gran calado:
-La separación Iglesia-Estado. Mediante la ley del Candado, Canalejas intentó mermar la
influencia religiosa en la vida política y evitar la proliferación de órdenes religiosas.
-La reordenación del Estado. Permitió la creación de la Mancomunidad de Cataluña, como
base de una ligera autonomía (permitía la asociación de municipios de una provincia para
gestionar varios servicios).
-El avance en políticas sociales, reduciendo el impuesto de consumos y aprobando una nueva
Ley de reclutamiento que establecía el servicio militar obligatorio y eliminaba la redención en
metálico.
Los partidos de la oposición (republicanos y socialistas) consideraron insuficientes todas estas
reformas, ya que pensaban que todo el sistema se encontraba afectado por la corrupción. Sin
embargo, las reformas se truncaron en 1912, cuando fue asesinado por un pistolero
anarquista. Aunque sus sucesores en el gobierno (el conservador Eduardo Dato y el liberal
Romanones) intentaron continuar con las políticas regeneracionistas, la muerte de Canalejas
supuso prácticamente el fin el espíritu revisionista y abrió un largo periodo de inestabilidad
política.
La crisis de 1917
Entre 1914 y 1923 se sucedieron Gobiernos de distinto signo, que mostraron una incapacidad
absoluta para estabilizar la política del país. Como consecuencia, se acrecentó la sensación de
inoperancia de la clase política y fue ganando fuerza la opción de la intervención directa del
ejército.
Durante el verano de 1917 tuvo lugar una profunda crisis que puso en jaque a todo el sistema
de la Restauración. Tuvo tres grandes ámbitos:
1. La crisis militar, que tenía su origen en el descontento interno del ejército. Existía un
excesivo número de oficiales y los ascensos eran difíciles. Esto provocó rivalidad entre los
militares peninsulares y los “africanistas” que, al luchar en la guerra de Marruecos ascendían
con más facilidad. El descontento entre los oficiales de baja y media graduación llevó a la
formación de Juntas de Defensa, asociaciones de militares que culpaban al Gobierno de todos
los males del país, reclamaban aumentos salariales y se oponían a los ascensos por méritos de
guerra. Ante esta situación, el Gobierno se vio forzado a aprobar la Ley del Ejército, en la que
se atendieron algunas de sus demandas.
2. La crisis política, cuyo origen encontramos en la suspensión, ante la delicada situación, de
las Cortes y de las garantías constitucionales por parte del presidente conservador Eduardo
Dato. Aprovechando la protesta de las juntas de defensa, Cambó, líder de la Lliga Regionalista,
propuso sin éxito su reapertura. Ante esta situación, promovió la creación de una Asamblea de
diputados que reivindicó la concesión de autonomía para Cataluña, dentro de un Estado
descentralizado. Sin embargo, al llamamiento solo acudieron los diputados republicanos y
socialistas. El Gobierno prohibió la reunión y la disolvió por medio de la Guardia Civil.
3. La crisis social, originada por el notable empeoramiento del nivel de vida de los obreros y la
influencia de la Revolución rusa de ese año, que animó a los grupos de izquierdas. El conflicto
ferroviario de Valencia (agosto de 1917) fue el detonante para que UGT y CNT aprobaran un
manifiesto conjunto donde denunciaban la situación de miseria de los trabajadores y llamaban
a la huelga general. Con ello, buscaban objetivos sindicales, pero también políticos, pues
reclamaban la convocatoria de Cortes constituyentes. La huelga y las protestas derivadas
tuvieron una incidencia desigual, siendo masiva en zonas obreras como Madrid, Barcelona,
Valencia, Asturias y Vizcaya. Sin embargo, el Gobierno declaró la ley marcial y envió al ejército
a reprimir el movimiento. El balance fue de 70 muertos, 200 heridos y 2000 detenidos.
Aunque los movimientos de 1917 acabaron en un fracaso, el Gobierno sufrió un notable
desgaste. A partir de 1917 fue constante la formación de “Gobiernos de concentración”, que
incluían a miembros de los dos partidos del turno. La conflictividad social iba en aumento
(pistolerismo en Barcelona, ocupaciones de fincas en Andalucía). El sistema de la Restauración
comenzaba a agonizar.
La guerra de Marruecos
En el panorama internacional, España se volcó en la intervención en Marruecos. Para defender
los intereses, el ejército español llevó a cabo una serie de acciones militares tendentes a
afianzar su presencia en el protectorado. Entre 1920 y 1921 se ocuparon nuevas posiciones.
Sin embargo, en Marruecos apareció una conciencia nacionalista que cristalizó en una alianza
de tribus dirigida por Abd el-Krim, que organizó un contraataque sobre Alhucemas y Annual
en 1921. Allí las tropas españolas (mal preparadas) sufrieron una derrota ante los rifeños.
Murieron unos 14.000 hombres, entre ellos el general Silvestre.
Inmediatamente, en España surgió un creciente estado de opinión en contra de la presencia
española en Marruecos y sobre los intereses que movían esas campañas. Se abrió una
investigación para esclarecer las responsabilidades políticas y militares del desastre militar (el
llamado “Expediente Picasso”), que provocó fuertes debates en las Cortes y gran malestar en
el ejército. A medida que avanzaban las investigaciones, la responsabilidad apuntaba a altos
mandos militares e incluso al mismo Alfonso XIII. Parece ser que, debido a la amistad entre el
rey y el general Silvestre, éste se vio influido por el monarca para comenzar una ofensiva sin
haber tomado las precauciones adecuadas. Tanto el Gobierno como el ejército querían frenar
la discusión de este asunto a toda costa y el expediente no llegó nunca a las Cortes. Días antes
de la fecha prevista para su discusión, se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera (13 de
septiembre de 1923).
14.2. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
El 13 de Septiembre de 1923, el general Primo de Rivera, capitán general de Cataluña,
encabezó un pronunciamiento con el apoyo de Alfonso XIII, declarando el Estado de guerra. A
continuación, el rey le nombró jefe de Gobierno. Influyó notablemente el deseo de ambos de
que las Cortes no exigieran responsabilidades por el desastre de Annual, que estaba siendo
investigado y en cuyas conclusiones se responsabilizaba a sectores de la élite militar e incluso
al rey. Se iniciaron así siete años de dictadura en las que se sucedieron dos formas de
gobierno: el Directorio militar y el Directorio Civil, denominados así por la procedencia de sus
miembros.
El Directorio Militar (1923-1925)
La dictadura fue, inicialmente, bien recibida en términos generales. Primo de Rivera encontró
apoyo entre los militares, las élites económicas y amplios sectores de las clases medias, todos
ellos temerosos de los altos niveles de conflictividad social existentes. Primo de Rivera justificó
el golpe de Estado afirmando que era una solución temporal para resolver los problemas
políticos y sociales del país, utilizando un lenguaje regeneracionista, anunciando su firme
voluntad de limpiar el país de caciques, la “indisciplina” social y las amenazas contra la unidad
nacional, en referencia a los nacionalismos periféricos.
La dictadura, para ello, desplegó una gran actividad represiva en tres frentes distintos:
-Represión de las libertades. Se suspendió la Constitución de 1876, se disolvieron
ayuntamientos (con el objetivo de liquidar el caciquismo) y se ejerció una gran censura contra
la prensa y la libertad de enseñanza. Además, se prohibió cualquier actividad de partidos
políticos y sindicatos.
-Represión del movimiento obrero. Primo de Rivera se enfrentó contra el sindicato anarquista
CNT (muy activo en Barcelona) y el recién creado PCE, que más que por su influencia social
(muy débil entonces), fue perseguido por su carácter simbólico como representación en
España de la revolución bolchevique.
-Represión de los nacionalismos. En Cataluña disolvió la Mancomunidad y persiguió las
demostraciones culturales. En el País Vasco se centró en perseguir al PNV.
Además, Primo de Rivera centró sus esfuerzos en liquidar la cuestión marroquí. En septiembre
de 1925 el desembarco en la bahía de Alhucemas puso fin a la resistencia de Abd-el-Krim y a la
guerra de Marruecos. Fue el momento de mayor popularidad del régimen.
El Directorio Civil (1925-1930)
Movido por la alta popularidad, Primo de Rivera pretendió crear un Estado corporativo similar
al de la Italia fascista. Para ello, fundó un partido único, la Unión Patriótica, sin un programa
ideológico definido, y convocó una Asamblea de notables con carácter constituyente. Sin
embargo, estas tentativas acabaron en fracaso, pues el dictador no poseía un bagaje
ideológico como el de Mussolini ni disponía de un partido de masas como el Partido Fascista
italiano.
En este periodo el Directorio emprendió también un programa de economía dirigida que
coincidió con la expansión económica internacional de la época. Tuvo diferentes campos de
acción:
-Se realizó un amplio plan de obras públicas en el sector de los transportes y las
comunicaciones (carreteras y ferrocarriles) y en obras hidráulicas.
-Se crearon monopolios estatales, como la Compañía Telefónica Nacional, Iberia o Campsa. Se
pusieron en marcha políticas proteccionistas y se subvencionaron empresas deficitarias.
Estos programas, sin embargo, generaron un gran endeudamiento que se convirtió en
insostenible tras el crack de la bolsa de Nueva York en 1929.
Por otro lado, la Dictadura puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía
eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado como mediador. A este fin
se creó la Organización Corporativa Nacional, que gestionó las relaciones laborales sobre la
base de Comités que reunían representantes de patronos y obreros con funcionarios del
Estado como mediadores. Su misión era reglamentar salarios y evitar huelgas y conflictos.
Todos los sindicatos (excepto la UGT) se negaron a colaborar con este sistema, que en realidad
escondía la intención de desmontar todo el sistema organizativo de las organizaciones obreras.
En cuanto a la oposición a la Dictadura, estuvo integrada por buena parte de los líderes de los
viejos partidos del turno (que llegaron a conspirar apoyados por algunos militares), los
republicanos (que crearon Acción Republicana, que aglutinaba a casi todos los grupos
republicanos), los comunistas y los anarquistas en la clandestinidad. El PSOE tuvo en un primer
momento una actitud de neutralidad e incluso cooperación (Largo Caballero aceptó un cargo
como consejero de Estado al ofrecer Primo de Rivera un programa de reformas sociales), hasta
que rompió toda relación con la dictadura en torno a 1929. Los intelectuales también se
opusieron a la dictadura y protagonizaron grandes momentos en su enfrentamiento con el
régimen, especialmente Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal.
El final de la dictadura
La creciente oposición terminó acabando con el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura. Temeroso
de que el desprestigio creciente de Primo de Rivera afectase a su propia imagen como
monarca, optó por retirarle la confianza. Dimitió en 1930 y fue sustituido por el general
Dámaso Berenguer, quien formó un Gobierno de transición cuyo cometido fue retornar
gradualmente al régimen constitucional de la Restauración.
Pero Alfonso XIII había perdido todo su capital político protegiendo a la dictadura, lo que fue
aprovechado por los grupos de la oposición para organizarse y plantear una alternativa
republicana y democrática a la monarquía y al caduco régimen de 1876. Así, republicanos,
socialistas y nacionalistas se comprometieron en el llamado Pacto de San Sebastián en agosto
de 1930. Meses después, en diciembre, en un clima de protesta y agitación social, se produjo
un pronunciamiento militar en Jaca, donde los capitanes Galán y García Hernández
proclamaron la República. Fueron sometidos a un consejo de guerra y fusilados.
Berenguer dimitió en febrero de 1931 y fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar, a
quien se le encomendó fijar el calendario electoral que debía restablecer la Constitución de
1876 comenzando con unas elecciones municipales, que fueron convocadas para el 12 de abril.
Esas elecciones se convertirían en un plebiscito respecto a la continuidad de la monarquía y
traerían la República, al triunfar las candidaturas republicano-socialistas en la mayoría de las
capitales de provincia y en las ciudades de más importantes del país.
14.3. LA SEGUNDA REPÚBLICA: LA CONSTITUCIÓN DE 1931 Y EL BIENIO REFORMISTA
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 convocadas por el almirante Juan Bautista
Aznar fueron decisivas. La campaña electoral adquirió un claro carácter plebiscitario,
cuestionándose el modelo de Estado: monarquía o república. Con la victoria de los
republicanos en las principales ciudades del país, el día 14 de madrugada se proclamó la
República en Éibar. A lo largo de todo el día, en todas las grandes capitales continuaron las
proclamaciones. En Madrid, los miembros del Comité Revolucionario Republicano (firmantes
del Pacto de San Sebastián de 1930 y encarcelados desde el fracaso de la sublevación de Jaca),
fueron liberados y se dirigieron a la Puerta del Sol, donde tomaron posesión del Gobierno y
proclamaron la República en medio del entusiasmo popular. Ante esta situación, Alfonso XIII
suspendió la potestad real (no abdicó) y abandonó el país partiendo hacia el exilio.
El Gobierno provisional
Poco después se formó un Gobierno provisional. Su composición era una prueba de la
confluencia de las fuerzas políticas que habían propiciado el cambio de régimen: la derecha
liberal republicana (liderada por Niceto Alcalá Zamora, que ocupó la presidencia del Gobierno,
y Miguel Maura), los republicanos de izquierda (como Manuel Azaña y Marcelino Domingo), el
Partido Radical (Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrios), el PSOE (Francisco Largo
Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos) y algunos nacionalistas catalanes.
En primer lugar, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal para
el día 28 de junio. Por otro lado, se aprobaron una serie de medidas consideradas urgentes,
como el proyecto de reforma agraria, de reforma del ejército y las negociaciones autonómicas,
ante la proclamación del líder de ERC, Francesc Maciá, de la República catalana dentro de la
República española. Pero la nueva República tuvo que enfrentarse pronto a una serie de
conflictos sociales: huelgas de trabajadores y ocupación de tierras por parte de jornaleros
impacientes de la CNT, animadversión de empresarios y terratenientes y la oposición clara de
la jerarquía eclesiástica. Desde el comienzo, los sectores más reaccionarios de la Iglesia,
encabezados por el arzobispo de Toledo, el cardenal Segura, manifestaron su oposición al
nuevo régimen. La tensión se incrementó con la quema de conventos e iglesias en varias
ciudades en mayo, ante la lentitud del Gobierno para sofocar las revueltas.
La Constitución de 1931
Las elecciones dieron la victoria a la coalición de republicanos y socialistas y supuso una
victoria de las fuerzas de izquierda, ante la desorganización de la derecha monárquica. El PSOE
fue el partido más votado (117 escaños), seguido del Partido Radical (93), con los republicanos
de izquierda y de derecha a continuación. La vieja clase política de la Restauración fue
sustituida por una nueva generación.
Una Comisión de las Cortes elaboró un proyecto de Constitución, que fue aprobado en
diciembre de 1931, después de tres meses de intensos debates. Tuvo un marcado carácter
democrático y progresista y definía a España como “República de trabajadores de todas
clases”. Sus rasgos básicos fueron:
-El Estado se definía como “integral” y aceptaba la posibilidad de crear Gobiernos autónomos
en las regiones.
-El poder legislativo residía en unas Cortes unicamerales (Congreso), el ejecutivo en el Consejo
de Ministros y el judicial se confiaba a jueces independientes.
-El jefe de Estado era el Presidente de la República, elegido por el Congreso, con unas
competencias restringidas
-Presentaba una amplísima declaración de derechos y libertades, incorporando los de tipo
social (Igualdad socioeconómica, asistencia familiar, voto de las mujeres, matrimonio civil y
divorcio son un ejemplo).
-España se convertía en un Estado no confesional y se suspendería paulatinamente el
presupuesto del clero.
Esto último provocó la dimisión de Niceto Alcalá Zamora como jefe de Gobierno, que pasó a
convertirse en presidente de la República.
El Bienio reformista
Entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, Manuel Azaña presidió un Gobierno integrado
mayoritariamente por republicanos de izquierda y socialistas. Este gobierno impulsó un gran
paquete de reformas:
-Reforma del ejército. Azaña fue el artífice de una reforma que pretendía democratizar y
modernizar el ejército, para lo cual era necesario reducir el número de oficiales. Se buscó que
los militares jurasen lealtad a la República y se les concedió la posibilidad de retirarse con el
sueldo íntegro.
-La cuestión religiosa. Con la aprobación de la Constitución y otras leyes, el Gobierno se
proponía limitar la tradicional influencia de la Iglesia en la educación y crear un Estado laico. La
orden de los jesuitas fue disuelta, la “Ley de Congregaciones” limitó la posesión de bienes a las
órdenes religiosas y se aprobó la libertad de cultos y el divorcio.
-La reforma agraria. Posiblemente fue el proyecto de mayor envergadura de la República. Su
objetivo fue expropiar los latifundios más extensos, previa indemnización, para asentar a los
campesinos sin tierra. Sin embargo, sus resultados fueron limitados por dificultados
burocráticas, falta de presupuesto y bloqueo de los propietarios para evitar la expropiación.
Muchos campesinos quedaron decepcionados y comenzaron a plantearse ocupaciones
violentas de las tierras.
-La reforma territorial. Se aceptó negociar la autonomía con los territorios que la reclamaran.
Cataluña fue la primera que inició negociaciones para aprobar un Estatuto (Estatuto de Nuria)
que terminó aprobándose en referéndum popular en 1932. En él se reconoció el Gobierno de
la Generalitat, que ocupó, tras las primeras elecciones autonómicas Maciá, que venció a la
LLiga. En el País Vasco, a pesar de tener también un proyecto elaborado por el P.N.V., tuvo
que esperar hasta 1936, debido a la debilidad nacionalista de Álava y el rechazo de Navarra.
-Reformas sociales. El ministro de Trabajo (Largo Caballero) propició varias leyes para mejorar
las condiciones laborales: negociación colectiva, semana laboral de 40 horas, aumento de
salarios, seguros sociales, etc., y comenzó el debate para otorgar el voto a las mujeres.
-La reforma educativa. Se pretendió elevar el nivel educativo de la población aumentando un
50% el presupuesto y creando 10.000 nuevas escuelas. El Gobierno pretendía crear una
escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita, para escolarizar a toda la población. Se crearon,
además, las Misiones Pedagógicas, con el objetivo de llevar la cultura al campo.
Mientras se realizaban estas reformas, creció la tensión social y la derecha, que quedó
desarticulada tras la victoria de 1931, empezó a organizarse. En 1932 se creó la C.E.D.A.
(Confederación Española de Derechas Autónomas), partido liderado por Gil Robles que se
convirtió en el aglutinante de católicos, monárquicos y críticos con las reformas de la
República. Poco después se fundó Renovación Española, un partido liderado por Calvo Sotelo
que representaba a la derecha monárquica de carácter autoritario. Además, aparecieron
organizaciones de extrema derecha, influidas por el fascismo italiano y el nazismo, como
Falange, fundada en 1933 por J.A. Primo de Rivera.
Por otro lado, la CNT aumentó su afiliación y el P.C.E creció, todo ello motivado por la lentitud
y la escasa aplicación de algunas reformas. La muerte de un grupo de campesinos en Casas
Viejas, tras ocupar varias tierras y ser reprimidos por la Guardia Civil y la de Asalto, provocó
una grave crisis en el Gobierno, que fue abandonado por los socialistas. Azaña dimitió, ante el
acoso de la opinión pública, y el presidente de la República convocó nuevas elecciones para
noviembre de 1933.
14.4. LA SEGUNDA REPÚBLICA: EL BIENIO RADICAL-CEDISTA. LA REVOLUCIÓN DE
1934. LAS ELECCIONES DE 1936 Y EL FRENTE POPULAR
La dura represión a los campesinos de Casas Viejas provocó una grave crisis. La izquierda
censuró la dureza con la que se habían empleado las fuerzas del orden y la derecha acusó al
Gobierno de incapacidad para garantizar la paz social. Así, Manuel Azaña terminó dimitiendo y
el presidente de la República, Alcalá-Zamora, convocó nuevas elecciones para noviembre de
1933.
El Gobierno radical-cedista
El desgaste del Gobierno, la desunión de las izquierdas y la pérdida de votos de las clases
medias provocaron la victoria de la derecha (más organizada) en las elecciones. La CEDA, el
partido aglutinador de la derecha católica liderado por José María Gil Robles, experimentó un
notable avance y se convirtió en el más votado (115 escaños). El Partido Radical de Alejandro
Lerroux, muy moderado en comparación con décadas pasadas, fue la segunda fuerza (102) y
se convirtió en la llave para formar el Gobierno. El PSOE perdió la mitad de sus escaños y los
partidos republicanos de izquierdas obtuvieron un escasísimo resultado. Sin embargo, Gil
Robles no pudo formar Gobierno y tuvo que recurrir a Lerroux, que presidió el Gobierno (a
propuesta de Alcalá-Zamora) con el apoyo parlamentario de la CEDA.
El nuevo Gobierno paralizó o desmanteló las reformas llevadas a cabo durante el bienio
anterior:
-La reforma agraria fue revertida. Se paralizaron las expropiaciones y algunas tierras fueron
devueltas a los terratenientes, lo que generó un ambiente de enorme tensión en Andalucía.
-Las medidas en materia laboral fueron revisadas y se derogó la Ley de Salarios.
-Se restableció el papel de la Iglesia en la sociedad. Se aprobó la devolución de bienes
incautados a los jesuitas, las dotaciones económicas al clero volvieron a ser contempladas y se
buscó un acuerdo con el Vaticano.
-La reforma educativa siguió adelante, pero se redujo notablemente el presupuesto.
-Se amnistió al general Sanjurjo, que se había sublevado en 1932 contra la República tras
aprobarse el Estatuto catalán.
El viraje conservador del Gobierno y su actitud “contrarreformista” incrementaron la tensión
entre los partidos de izquierdas y los grupos obreros, y la conflictividad social creció. Ante el
aumento de huelgas y protestas, la CEDA endureció su posición y reclamó más mano dura en
materia de orden público, exigiendo participar en el Gobierno, ya que eran la fuerza
mayoritaria. Lerroux accedió a sus peticiones y nombró tres ministros de la CEDA en octubre
de 1934.
Esta iniciativa radicalizó aún más a las izquierdas, que valoraron la maniobra como un ataque
directo a la República. Los sectores más radicales del PSOE, la CNT y el PCE, basándose el
ascenso de la extrema derecha en Europa (Hitler en Alemania, Dollfuss en Austria) y algunos
discursos muy agresivos de Gil Robles y del sector más derechista de la CEDA, temieron una
deriva similar en España. Desde entonces, los sectores moderados de la izquierda cedieron
ante posturas más radicales, que comenzaron a manejar un lenguaje revolucionario.
Paralelamente, Falange ganaba adeptos, configurándose un escenario político cada vez más
polarizado.
La revolución de octubre de 1934
Al día siguiente de la llegada de la CEDA al Gobierno, la UGT convocó una huelga general
revolucionaria en toda España para defender la democracia (que consideraban en peligro) y
recuperar el reformismo social del primer bienio. Sin embargo, la precipitación en la
organización y la dura represión del Gobierno (que decretó el estado de guerra) hicieron que
fracasar. Sólo en Asturias y en Cataluña la iniciativa tuvo cierta continuidad.
En Asturias, los mineros protagonizaron una auténtica revolución social en la que se unieron
anarquistas, socialistas y comunistas. Columnas de mineros armados, ocuparon los pueblos de
la cuenca minera y sitiaron Oviedo. El Gobierno envió allí a la Legión y al ejército de Marruecos
para reprimir el levantamiento. La resistencia asturiana se prolongó diez días, pero finalmente
fue derrotada, dejando un balance de más de 1000 muertos, 2000 heridos y 5000 detenidos.
En Cataluña, tras los roces con el Gobierno central a propósito de su Ley de Contratos de
Cultivo (que pretendía recuperar la reforma agraria), el Gobierno de la Generalitat, dirigido por
Lluis Companys, proclamó nuevamente la República Catalana dentro de la República federal
española. El Gobierno central intervino encarcelando al Gobierno de Companys y
suspendiendo la autonomía.
La crisis del Gobierno
La principal consecuencia de la revolución de octubre fue el aumento de la influencia de la
CEDA sobre el Gobierno. Propuso un endurecimiento del orden público, se controló la prensa
socialista y se suprimieron las reformas. A esta situación se le añadió la corrupción del Partido
Radical. Se destapó el escándalo del estraperlo en 1935 (malversación de fondos públicos y
pago de comisiones), que salpicó al propio Lerroux. Gil Robles intentó aprovechar la situación
para encabezar un nuevo Gobierno, pero la negativa de Alcalá Zamora (que desconfiaba de él),
frustró su intento y llevó al país a la convocatoria de unas nuevas elecciones, fijadas para
febrero de 1936.
El Frente Popular
Las elecciones de 1936 fueron las más polarizadas de la II República. La represión tras el
fracaso de la revolución de 1934 fortaleció los lazos entre las fuerzas de la izquierda, que
presentaron una candidatura común, el Frente Popular. Se trataba de una alianza entre
partidos de izquierda obreros (PSOE, PCE) y burgueses (la Izquierda Republicana de Azaña).
Además, los anarquistas no llamaron a la abstención. El programa del Frente Popular tenía
como principales reivindicaciones el retorno a las reformas del primer bienio y la amnistía de
los presos encarcelados por la revolución de 1934. Mientras tanto, las derechas no lograron
confeccionar una coalición única.
El resultado fue muy ajustado: 48 % del voto para las izquierdas y 46,5% para las derechas. El
PSOE volvió a ser el partido con más escaños, seguido de la CEDA y el Partido Radical se
hundió. Los socialistas, sin embargo, declinaron formar parte del Gobierno, que estuvo
presidido por Azaña e integrado exclusivamente por republicanos. En abril, sin embargo, con el
pretexto de haber disuelto las Cortes dos veces, el Parlamento destituyó a Alcalá Zamora,
quedando Azaña como Presidente de la República y Casares Quiroga como presidente del
Gobierno.
La tensión fue aumentando durante la primavera de 1936. La clase política utilizó un discurso
incendiario que se reflejó en la creciente confrontación social, potenciada además por el
contexto de crisis económica de la época.
-Desde la izquierda, el campesinado (animado por el anarcosindicalismo) realizó numerosas
ocupaciones de latifundios y en las zonas urbanas las huelgas y protestas se acrecentaron.
-La derecha también se radicalizó. Propietarios agrarios e industriales mostraron una actitud
de boicot político; en las calles, pistoleros fascistas actuaban contra miembros de los grupos de
izquierdas y en los cuarteles algunos oficiales ultimaban los detalles para un golpe de Estado
militar que derribara el Frente Popular.
En este clima político, el 13 de julio la Guardia de Asalto mató en Madrid a Calvo Sotelo, líder
de Renovación Española, en respuesta a la muerte del día anterior del teniente Castillo (que
colaboraba con los grupos de izquierda) a manos de pistoleros de extrema derecha. La muerte
de Calvo Sotelo propició que algunos militares se adhirieran a la conspiración que desde el
triunfo del Frente Popular llevaban preparando generales como Mola. El 17 de Julio de 1936
en Marruecos y el 18 en la Península comenzó el golpe de Estado que dio inicio a la Guerra
Civil.
14.5. LA GUERRA CIVIL: LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA. EL
DESARROLLO DEL CONFLICTO: ETAPAS Y EVOLUCIÓN EN LAS DOS ZONAS
El golpe de Estado del 18 de julio de 1936, protagonizado por los militares contrarios al
Gobierno del Frente Popular, fracasó. De esta forma, el golpe se transformó en una cruenta
Guerra Civil de la que salió derrotada la República.
La sublevación militar y el estallido de la guerra
La sublevación comenzó a prepararse justo después de la victoria electoral del Frente Popular.
El general Emilio Mola se convirtió en el “director” de una conspiración secreta que contó con
el apoyo de generales como Sanjurjo (exiliado en Portugal), Franco y Goded, y de los grupos
políticos opuestos al Frente Popular, es decir, Falange, la CEDA , Renovación Española y los
carlistas.
Debido a la heterogeneidad de los conspiradores, sus objetivos no estaban claros inicialmente.
Algunos militares solo buscaban una “República controlada” por medio de una dictadura
militar, la CEDA deseaba el regreso de la monarquía, los falangistas querían un Estado fascista
y los carlistas una “monarquía tradicional”. Pero coincidían en considerar que la legislación de
la República atacaba la esencia católica y la unidad de España y que las huelgas y los
desórdenes producidos durante el Frente Popular revelaban la falta de autoridad de la
democracia.
La sublevación se produjo el día 17 en el protectorado español en Marruecos. Al día siguiente
se declaró el Estado de guerra en la Península y los generales sublevados intentaron controlar
todo el territorio. Mola y el resto de generales creían que el golpe triunfaría de forma
inmediata, pero fracasó en la mayoría de las grandes ciudades, lo que dio lugar al inicio de la
guerra.
Tras el intento de golpe de Estado, España quedó dividida en dos realidades sociopolíticas
irreconciliables:
-Los sublevados se autodenominaron “nacionales”. Controlaron Galicia, las provincias
castellano-leonesas, Navarra, el centro del valle del Ebro (incluyendo Zaragoza), parte de
Extremadura y algunas ciudades andaluzas (Córdoba y Sevilla), así como en las islas Canarias y
Baleares y el Marruecos español. Agruparon unos 150.000 soldados (incluyendo el
experimentado ejército de África) y recibieron y rápidamente recibieron una ayuda exterior
decisiva de la Italia fascista y la Alemania nazi. Además, la Iglesia, los grandes empresarios y los
terratenientes apoyaron el levantamiento.
-El Gobierno de la República mantuvo el control de la cornisa cantábrica, la costa
mediterránea, Andalucía oriental y la Submeseta Sur, incluyendo Madrid. Es decir, los
principales focos industriales y mineros y las zonas urbanas más pobladas,. Por tanto, la
República contó con grandes ventajas económicas y materiales, pero en su contra actuó la
carencia inicial de dirección política y militar que padeció al inicio. En el terreno militar, contó
con unos 160.000 soldados y el apoyo de la URSS (que envió numeroso material bélico) y de las
Brigadas Internacionales.
Teniendo en cuenta estas características, la Guerra Civil se entiende como la culminación
violenta de la historia española del siglo XIX y primer tercio del XX: enfrentamiento de grupos
sociales reformistas (clases medias urbanas, obreros, jornaleros,etc.) frente a los tradicionales
grupos dominantes que se oponían cambios (militares, nobleza, terratenientes, Iglesia,
empresarios...).
El desarrollo del conflicto (1936-1939)
La Guerra Civil tuvo cuatro fases:
1. Avance rebelde hacia Madrid y resistencia de la capital (julio a diciembre de 1936)
En esta etapa la iniciativa de la guerra la llevaron los “nacionales”, que se fijaron como objetivo
enlazar las zonas sublevadas del sur y las del norte. Así, las tropas africanas de Franco se
unieron a las de Queipo de Llano, en Sevilla y el general Yagüe avanzó sobre Extremadura. Las
tropas sublevadas tomaron Talavera de la Reina y Toledo. Desde allí, se dirigieron a Madrid,
que se preparó para la defensa. El gobierno republicano se trasladó a Valencia, quedando la
capital en manos de una Junta de Defensa, dirigida por los generales Miaja y Vicente Rojo. Los
sublevados intentaron entrar por la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, pero fracasaron,
pues fueron frenados por las Brigadas Internacionales y voluntarios anarquistas catalanes
dirigidos por Durruti.
2. Batallas para aislar Madrid. Ocupación del Norte (enero a noviembre de 1937)
Ante la imposibilidad de tomar la capital, los sublevados decidieron realizar maniobras
envolventes para aislarla; pero las dos principales batallas en torno a Madrid tampoco lograron
su objetivo. La batalla del Jarama acabó en tablas, y la de Guadalajara fue una sonora derrota
de las tropas enviadas por Mussolini. Ante esta situación, los sublevados trasladaron la guerra
al Norte, donde Mola optó por una estrategia gradualista, basada en tomar región por región.
La guerra en el norte tuvo en el bombardeo de Guernica (realizado por la Legión Cóndor
alemana) su principal hito. Para evitar la presión nacional en el Norte, los republicanos
realizaron maniobras de distracción en Madrid y Aragón (Brunete y Belchite) pero sólo sirvió
para retrasar la caída de la principal área siderometalúrgica del país.
3. Avance hacia el Mediterráneo y batalla del Ebro (diciembre de 1937 a octubre de 1938)
El ejército republicano, dirigido por Rojo, inició una ofensiva sobre la ciudad de Teruel y logró
tomarla. Sin embargo, los sublevados respondieron con una gran ofensiva que les permitió
recuperar Teruel, conquistar el Maestrazgo y llegar al Mediterráneo, cortando la zona
republicana por Castellón. Cataluña quedó aislada.
La República reaccionó cruzando el Ebro por varios puntos. En agosto se inició una agotadora
batalla de desgaste que terminaron perdiendo los republicanos, lo que dejó su moral y su
capacidad operativa muy mermada.
4. Caída de Cataluña y fin de la guerra (noviembre de 1938 a abril de 1939)
Franco lanzó en diciembre una ofensiva sobre Cataluña, que cayó en poco tiempo. Los
sublevados tomaron Barcelona el 13 de febrero. Desde entonces, muchos republicanos
(incluidos Azaña y Rojo) iniciaron el exilio, principalmente a Francia. En estas circunstancias,
sólo Negrín, jefe del Gobierno, y sus asesores del PCE creían posible prolongar la resistencia
para enlazar con la inminente II Guerra Mundial. En marzo, el teniente Casado, el general
Miaja y el socialista Besteiro, favorables a negociar la paz, se sublevaron contra Negrín. Sin
embargo, Franco no quiso negociación y exigió la rendición incondicional. Sus tropas tomaron
Madrid el 27 de marzo, el 30 tomaron Alicante y el 1 de abril se proclamó la victoria.
Evolución política de las dos zonas durante la Guerra Civil
En la zona republicana, la trayectoria política se divide en dos etapas:
1. Entre julio de 1936 y mayo de 1937 hubo una gran inestabilidad política, con cuatro
presidentes de Gobierno: Casares Quiroga, Martínez Barrios, José Giral y, desde septiembre,
Largo Caballero. Fueron meses en los que en muchos puntos se produjo una revolución social,
impulsada por los anarquistas, que colectivizaron industrias, explotaciones agrícolas y servicios
de transporte. No hubo un ejército organizado, sino fuerzas irregulares poco disciplinadas
basadas en milicias de partidos y sindicatos dirigidas por oficiales improvisados. Fueron
momentos, además, de desórdenes callejeros y gran violencia contra el clero, los grandes
propietarios y los empresarios cercanos a los sublevados.
2. Entre mayo de 1937 y abril de 1939, tras el enfrentamiento en Barcelona de las diferentes
fuerzas republicanas, Largo Caballero dimitió y el Gobierno quedó en manos del socialista Juan
Negrín que, apoyado por el PCE, siguió una política de unidad ya planteada por Largo
Caballero. Consistió en reunir a todas las fuerzas de izquierdas en lucha, recuperar los poderes
del Estado y organizar el ejército, que quedó bajo la dirección de Vicente Rojo, Jefe del Estado
Mayor. En mayo de 1938 el Gobierno promulgó los 13 puntos, un programa moderado con el
que intentó ganar el apoyo de diversos grupos sociales y el favor de las democracias europeas.
En la zona sublevada se distinguen también dos etapas:
1. De julio de 1936 a septiembre de 1936 el control de la zona estuvo bajo la Junta de Defensa
Nacional que creó Mola y agrupó a los generales más relevantes, con el objetivo de establecer
un mando político y militar. Sin embargo, en septiembre Franco fue elegido jefe del Estado y
Generalísimo de los ejércitos.
2. Desde octubre de 1936 hasta abril de 1939 Franco asumió todos los poderes, especialmente
desde la muerte de Mola en 1937. Con el apoyo de Serrano Suñer, creó una junta de Gobierno
para fortalecer el Estado y agrupar a todas las fuerzas que habían apoyado el golpe de Estado.
Para ello se apoyaron en:
• El ejército, principal sostén del régimen hasta su desaparición
• La Iglesia, que legitimó la guerra (presentándola como cruzada) y el nuevo régimen
franquista.
• El partido único, FET de las JONS, creado en abril de 1937, que aglutinó a las fuerzas
que apoyaron el alzamiento.
En enero de 1938 se formó el primer gobierno, Franco proclamó un Estado totalitario y
comenzó a legislar. La represión fue alentada por las mismas autoridades; hubo enormes
ejecuciones en ciudades como Badajoz y Málaga. Políticos, sindicalistas, maestros y
trabajadores fueron las principales víctimas.
14.6. LA GUERRA CIVIL: LA DIMENSIÓN POLÍTICA E INTERNACIONAL DEL CONFLICTO.
LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
Aunque la Guerra Civil (1936-1939) debe explicarse fundamentalmente por factores internos,
desde sus orígenes estuvo condicionada por la situación internacional de su tiempo, pues
coincidió con la crisis de los sistemas democráticos y el ascenso de los fascismos. Fue conocida
en el extranjero como la “Guerra Española” y considerada un prolegómeno de la que se temía
en el ámbito mundial.
La guerra acaparó las portadas de todos los periódicos del mundo durante los años que duró.
En torno al conflicto se generaron grandes cantidades de escritos y materiales gráficos.
Periodistas, escritores, artistas, fotógrafos (como Hemmingway, Frank Cappa, Einstein, George
Orwell,etc.) pasaron por España, y muchos intelectuales se involucraron en el conflicto, en su
mayoría con el bando republicano.
La dimensión política e internacional de la guerra
Las potencias internacionales mantuvieron diferentes posturas ante el conflicto español:
-De parte republicana se alineó la mayor parte de la opinión pública democrática del mundo.
Sin embargo, esto no se plasmó en una ayuda real. Francia, gobernada por un Frente Popular
de partidos de izquierdas, mantuvo una actitud de notable prudencia, ya que temía un
alejamiento de su aliada Gran Bretaña si intervenía. Gran Bretaña, gobernada por los
conservadores, siempre vio con desconfianza al gobierno español del Frente Popular.
Consideraba la República un caos, mientras que (en su opinión) Franco podía garantizar el
freno al comunismo. Ambas potencias, por tanto, en sintonía con la política de apaciguamiento
que seguían en Europa (consistente en no implicarse en conflictos con Hitler para no
desencadenar una II Guerra Mundial), intentaron aislar el conflicto español para que no
incidiera en la política europea. Por ello crearon un Comité de No Intervención, que agrupó a
las principales potencias salvo EEUU, aunque no pudo evitar la participación de Italia, Alemania
y la URSS. El Frente Popular francés, de forma clandestina, terminó enviando armamento y
aviones a la República, aunque su impacto fue escaso.
La URSS fue la única potencia que se decantó claramente por ayudar a la República. Intervino a
partir de octubre de 1936, como parte de una política de ruptura del aislamiento que sufría
desde la revolución de 1917. Aunque a Stalin le interesaba un PC fuerte en España, su
intervención no tuvo como objetivo implantar el comunismo a la Península. El apoyo de la
URSS se concretó en materiales bélicos y miliares especializados (pilotos, artilleros, tanquistas).
Esta ayuda no fue desinteresada, pues Negrín exportó las reservas de oro del Banco de España
a Moscú para financiar la compra de armamento.
Además, la República logró que amplios sectores de la opinión pública simpatizaran con su
causa, por lo que hubo personas de varios países que tomaron partido activamente en su
favor. El caso más significativo fue el de las Brigadas Internacionales, que agruparon a
militantes antifascistas de todo el mundo. Aunque su aportación militar es discutible,
reforzaron la moral republicana y ayudaron en la defensa de Madrid y las batallas del Jarama y
Guadalajara.
Al margen de la participación popular, la sensibilización con la República facilitó la recaudación
de fondos destinados al Gobierno republicano. La solidaridad de México o la acogida de
refugiados en Bélgica, Gran Bretaña o la URSS fueron ejemplos de ello.
-De parte de los nacionales, desde el inicio de la guerra. Franco recibió el apoyo de Alemania.
Pese a las coincidencias ideológicas, hay que interpretar la ayuda de Hitler también como una
maniobra interesada en la que hubo razones estratégicas y militares de peso. Deseaba el
triunfo de los sublevados porque los Pirineos eran un espacio estratégico esencial en un
hipotético conflicto con Francia. Además, Hitler deseaba controlar el wolframio español, un
mineral de gran importancia en la industria militar. La intervención alemana se concretó en el
envío de los aviones de la Legión Cóndor y la tecnología industrial, que utilizaron los
sublevados en el campo de las telecomunicaciones. Estas ayudas fueron también ensayos y
pruebas de las mortíferas armas que luego utilizaría Hitler en la Segunda Guerra Mundial.
En el caso de Italia, igualmente, las coincidencias ideológicas eran completadas con razones
estratégicas relacionadas con el control del Mediterráneo, especialmente las Baleares,
deseadas por Mussolini. La ayuda italiana tuvo menos consistencia que la alemana desde el
punto de vista tecnológico, pero se concretó en la aportación de tropas (CTV, Cuerpo de
Tropas Voluntarias) y aviones. Su infantería fue la que jugó el papel más importante, en las
batallas de Málaga y Guadalajara.
Además, los sublevados contaron con el apoyo de voluntarios anticomunistas portugueses,
irlandeses y rumanos. Se contó también con la participación de más de 100.000 soldados
mercenarios marroquíes y la colaboración del Gobierno portugués, reducida en términos
militares pero importante por el papel que desempeñó el puerto de Lisboa en el
abastecimiento del ejército.
Las consecuencias de la guerra
En 1939, ante el derrumbe de la República, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña
reconocieron al gobierno franquista. Para evitar una catástrofe humanitaria, en febrero de
1939, el gobierno francés abrió la frontera para facilitar el exilio de los republicanos,
temerosos de represalias, aunque muchos de ellos acabaron en campos de refugiados
improvisados en las playas francesas, en condiciones pésimas, o en campos de concentración
nazis, al comenzar poco después la II Guerra Mundial y caer Francia ante Alemania. Fue el
drama inmediato de la guerra, la huida masiva de unas 300.000 personas que abandonaron
España para buscar asilo en Francia, pero también en México o la URSS. Entre ellos, artistas,
escritores, científicos y técnicos e intelectuales. Al finalizar el conflicto, se calcula que murieron
entre 600.000 y 800.000 personas entre ambos bandos.
Las secuelas económicas también fueron cuantiosas. El tejido industrial cantábrico sufrió
pocos daños, pero en otras zonas industriales las fábricas y las infraestructuras de transportes
sí fueron afectadas. Si no hubiera estallado la II Guerra Mundial y España hubiera recibido
ayudas la recuperación hubiese sido cuestión de unos años, pero el Estado franquista no
obtuvo fondos financieros hasta los años 50.
En cuanto a las consecuencias políticas, tras la victoria de Franco se instauró una dictadura
militar de corte fascista, acompañada de una enorme represión. Miles de personas fueron
encarceladas o fusiladas, todos los partidos políticos y sindicatos fueron ilegalizados y sus
miembros perseguidos.
Por último, en el ámbito internacional, la España de Franco no ocultó sus simpatías por las
potencias fascistas. Por ello, al finalizar la guerra mundial con la derrota del Eje se convirtió en
un régimen aislado. No fue invitada a la fundación de la ONU y además fue condenada por este
organismo.
15. LA DICTADURA FRANQUISTA
15.1. LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y
APOYOS SOCIALES. EVOLUCIÓN POLÍTICA Y COYUNTURA EXTERIOR. DEL
AISLAMIENTO AL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. EL EXILIO
Al finalizar la Guerra Civil en 1939, Franco instauró una dictadura personalista definida por la
represión de cualquier elemento considerado enemigo de su régimen. Su intención fue crear
un nuevo Estado de carácter autoritario y católico, que desterrara toda idea de liberalismo,
democracia e ideologías obreras.
El Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos
El nuevo régimen franquista se prolongó hasta 1975. En ese largo periodo de tiempo
evolucionó y experimentó cambios, lo que dificulta su definición. Aunque en sus inicios tuvo un
marcado carácter fascista, se puede definir como una dictadura de extrema derecha cuyas
raíces ideológicas se remontan al “antirepublicanismo” surgido en la Guerra Civil, ya que sus
valores (catolicismo, autoritarismo, militarismo) eran contrarios al régimen republicano.
El régimen franquista careció de Constitución. A través de siete Leyes fundamentales se reguló
el funcionamiento del Estado. Estas leyes fueron las siguientes:
• Fuero del Trabajo (1938), que regulaba la vida socioeconómica y laboral, estableciendo el
sindicato único y prohibiendo las protestas. La organización sindical se basaba en la
doctrina fascista del corporativismo, e integraban en un mismo sindicato a patronos y
obreros (sindicatos verticales). El Estado controlaba todo el sistema.
• Ley Constitutiva de las Cortes (1942), que establecía la representación política del régimen,
pero sin partidos. Los representantes en Cortes o procuradores eran designados por el
poder y entre ellos se encontraban los principales dirigentes de FET y de la Organización
Sindical, alcaldes de las principales ciudades (también designados), rectores de las
universidades y la jerarquía eclesiástica.
• Fuero de los Españoles (1945), que pretendía parecer una declaración de derechos.
• Ley del Referéndum Nacional (1945)
• Ley de Sucesión (1947), que otorga a Franco la capacidad de escoger sucesor y dio carácter
de reino al Estado.
• Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), que establece los principios ideológicos
del régimen
• Ley Orgánica de Estado (1967), que sintetizaba las anteriores y estructuraba el Estado.
Todos los poderes se concentraban en la figura del general Franco, Jefe del Estado, Jefe de
Gobierno y Generalísimo de los ejércitos. Era líder también del partido único, la Falange
Española Tradicionalista de las JONS, creado durante la Guerra Civil mediante el decreto de
unificación de las fuerzas sublevadas contra la República.
La voluntad dictatorial del régimen quedó bien patente en la ausencia de derechos y
libertades, el desmantelamiento de todas las instituciones republicanas y la prohibición de
todos los partidos políticos y sindicatos, salvo FET. Además, fueron abolidos los estatutos de
autonomía de Cataluña y País Vasco, dando paso a un Estado muy centralizado. Esta estructura
política, junto con la doctrina ideológica del estado franquista, fueron llamadas Movimiento
Nacional.
Respecto al apoyo social e ideológico del régimen, el franquismo se nutrió de las fuerzas que
apoyaron el golpe de Estado contra la República. Fueron llamadas las “familias” del régimen:
• Falange representó el fascismo en el régimen. Ocuparon los ministerios sociales y las
áreas de comunicación.
• Los monárquicos reaccionarios tuvieron poco peso, pues se dividieron ante la postura
democrática de Don Juan. Ocuparon los ministerios económicos hasta finales de los
años 50, cuando los tecnócratas del Opus Dei les sustituyeron.
• Los carlistas, también reaccionarios, se encargaron de las relaciones con la Iglesia y del
ministerio de Justicia.
• Los católicos también mantuvieron estrechos vínculos con la Iglesia a través de los
ministerios de Exteriores y Educación. Fueron uno de los grupos más influyentes desde
la sublevación de 1936, que presentaron como “cruzada”. Se convirtió en un
verdadero poder interno que gozaba de enorme influencia y privilegios económicos.
• El ejército fue, junto a los católicos, la columna vertebral del sistema. Se encargaron de
controlar el orden público y la represión, dirigir altos cargos en la Administración civil y
las empresas públicas. Los militares monárquicos, no obstante, aunque apoyaron el
alzamiento militar se fueron distanciando.
Evolución política y coyuntura exterior
En política interior, los primeros años del régimen (1939-1942) tuvieron una marcada
influencia fascista. Falange ocupó el 40% de los ministerios y, de la mano de Serrano Suñer, el
Estado se orientó hacia un modelo similar al de la Italia de Mussolini, con una retórica, gestos e
iconografía similar. Sin embargo, a medida que la II Guerra Mundial cambiaba de signo y la
derrota de las potencias del Eje se fue vislumbrando como inevitable, el franquismo fue
atemperando los rasgos fascistas. Se redujo el protagonismo de Falange y ganaron peso los
católicos, que comenzaron a construir un Estado bajo signo católico, conservador y
anticomunista. A partir de 1945, ya finalizada la II Guerra Mundial, quedó configurado el
nacionalcatolicismo, que permaneció durante toda la dictadura.
Además, el final de la Guerra Civil no supuso el final de la violencia, pues el nuevo régimen
llevó a cabo una durísima represión contra los vencidos. Esta represión se articuló con la
aprobación de la Ley de responsabilidades políticas de 1939 (retroactiva hasta 1934), la Ley de
seguridad del Estado y la Ley de represión de la masonería y el comunismo de 1940. Se ignora
el número exacto de personas que fueron fusiladas en la posguerra, pero podría rondar las
50.000. Además hay que recordar la huida de unas 300.000 personas que abandonaron España
al finalizar la guerra para buscar asilo en Francia, México o la URSS.
Algunos excombatientes republicanos se refugiaron en las montañas (maquis) e iniciaron una
lucha de guerrillas que duró hasta los años cincuenta.
En política económica, hasta los años 50 se apostó por la autarquía. Se pretendió lograr una
rápida industrialización dirigida desde el poder, pero los resultados fueron desastrosos. La
producción industrial apenas aumentó y la agraria fue insuficiente para alimentar a la
población, por lo que hasta 1952 de estableció un sistema de racionamiento. Fueron años muy
duros, marcados por el hambre y el mercado negro.
En política exterior, entre 1939 y 1942 Serrano Suñer (ministro de Exteriores) inclinó el
régimen hacia las potencias del Eje, que habían ayudado a Franco durante la Guerra Civil,
aunque se declaró neutral al comenzar la II Guerra Mundial, ante el temor de sufrir una
invasión de los Aliados. Sin embargo, al caer Francia en 1940 se optó por la no beligerancia a
favor del Eje. Incluso en octubre de ese año Franco se reunió con Hitler en Hendaya para
negociar los términos de la colaboración. Franco planteó entrar en la II Guerra Mundial de lado
del Eje a cambio de ganancias territoriales (Gibraltar y Marruecos), pero el encuentro acabó sin
acuerdo, pues las peticiones españolas resultaban excesivas para Hitler. Aún así, en junio de
1941, el gobierno franquista envió la División Azul a combatir en la campaña contra la URSS.
Al cambiar la situación del Eje en la guerra desde finales de 1942 (confirmado desde la derrota
en Stalingrado en 1943), se retornó a la política de neutralidad de la mano de Gómez Jordana,
que sustituyó a Serrano Suñer en Exteriores e inició contactos con los aliados. Pero al finalizar
la guerra, estos condenaron al régimen, que no fue invitado a la conferencia de San Francisco
(que dio lugar al nacimiento de la ONU). Casi todos los embajadores fueron retirados de
Madrid y España no fue admitida en la OTAN ni se benefició del Plan Marshall. En ese
contexto, Juan de Borbón emitió el Manifiesto de Lausana (1945), donde solicitaba, sin éxito,
la restauración de la monarquía.
El régimen aguantó el aislamiento confiando en que el contexto internacional cambiase. Y,
efectivamente, a partir de 1947, el inicio de la Guerra Fría convirtió a España en una pieza
estratégica en el tablero internacional, dentro de la pugna entre Estados Unidos y la Unión
Soviética. El régimen se presentó como “anticomunista” y EEUU comenzó a ver a España como
un posible aliado. Por influencia de EEUU, España comenzó a ser admitida en organismos
internacionales desde 1950. Ese año retornaron los embajadores y en 1953 se firmaron los
primeros tratados militares con Estados Unidos (Pacto de Madrid), un acuerdo de defensa
mutua por los que España cedía bases militares en su territorio a cambio de ayuda económica.
También se firmó un nuevo Concordato con la Santa Sede que recogía el reconocimiento pleno
de la Iglesia al régimen. La culminación de esta política de aceptación del régimen llegó en
1955, cuando España fue admitida en la ONU.
15.2. LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN. LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS:
DE LA AUTARQUÍA AL DESARROLLISMO. LOS CAMBIOS SOCIALES
Desde finales de la década de los años cincuenta, la economía española comenzó a crecer. Este
crecimiento coincidió con el fin de la autarquía, el inicio de una nueva política económica
basada en la liberalización y el desarrollo industrial y el reconocimiento internacional del
régimen. Estos cambios vinieron acompañados de fuertes transformaciones sociales, pero no
políticas, pues continuaba la dictadura y la represión política.
La consolidación política del régimen
El periodo 1959-1973 fue el de mayor fortaleza del régimen. El sector tecnócrata del Opus Dei,
liderado por Carrero Blanco y López Rodó, logró imponerse al resto de “familias”. Los
tecnócratas ocuparon los ministerios más trascendentes y los puestos administrativos de
mayor responsabilidad. Fueron partidarios de la liberalización económica, pero no política,
pues consideraban que el crecimiento económico llevaría a la prosperidad social y perpetuaría
el régimen.
En esta etapa, por tanto, el franquismo trató de modernizarse de cara al exterior y, con el fin
de lograr un mejor funcionamiento, se dotó de nuevas instituciones y leyes. Entre ellas hay que
destacar:
•
La Ley de Prensa de 1966, impulsada por Manuel Fraga, que suprimía la censura
previa, aunque no garantizaba la libertad de expresión, pues establecía un sistema de
multas y suspensiones.
• La Ley Orgánica del Estado (1967), que concretó las funciones de los órganos del
Estado.
• La elección de Juan Carlos de Borbón (hijo de Juan de Borbón que se había educado en
España) como sucesor con título de rey en 1969, para garantizar la continuidad del
régimen y evitar disputas en caso de fallecimiento de Franco. Su idea era la
continuidad a través de la monarquía autoritaria.
En estos años, no obstante, también hubo debilidades. El gran poder acumulado por los
tecnócratas provocó el recelo de algunos miembros reformistas de Falange (como Fraga o Solís
Ruiz). Su enfrentamiento se manifestó en 1969, cuando estalló el “escándalo Matesa”, un caso
de corrupción en que estaban implicados algunos ministros del Opus que Fraga y Solís airearon
en la prensa. Además, la conflictividad social fue en aumento, aumentaron las protestas y, en
clandestinidad, actuaron algunos partidos políticos y sindicatos (UGT y el recién fundado
Comisiones Obreras). Destacaron las actuaciones del PCE en la universidad y de algunos grupos
democristianos, liberales y monárquicos, que reunidos en 1962 en Munich diseñaron una hoja
de ruta hacia la democracia que el régimen calificó de “contubernio”. La contestación más
violenta contra el régimen fue la irrupción del terrorismo de ETA.
Transformaciones económicas y sociales
Los años 40, en el terreno económico, se caracterizaron por la autarquía, impuesta por la
necesidad del régimen de autoabastecerse (por la II Guerra Mundial y el posterior aislamiento)
y por convencimiento del Gobierno. Se intentó desarrollar la industria desde el poder del
Estado (a través del INI), el Gobierno controló el comercio exterior y nacionalizaron varias
empresas (como Renfe), pero los resultados fueron desastrosos. La producción (tanto
industrial como agraria) apenas aumentó y la población sufrió un sistema de racionamiento
hasta 1952 que impulsó el mercado negro.
En los años 50, gracias al fin del aislamiento, la economía española inició su apertura al
exterior, lo que permitió la llegada de ayudas financieras y productos de otros países. Sin
embargo, aunque aumentó el consumo, la estructura económica española estaba atrasada y el
país no despegó. Por ello, los nuevos ministros del Opus Dei impusieron un cambio de rumbo
con la aprobación, en 1959, del Plan de Estabilización. La nueva política económica acabó
definitivamente con la autarquía, flexibilizó y liberalizó la actividad económica con el exterior,
atrayendo inversiones extranjeras y préstamos. El Plan se apoyó, además, en varios Planes de
Desarrollo industrial (cuatrienales) impulsados por el Estado que fomentaron la
competitividad de la empresa privada por medio de leyes y rebajas fiscales y crearon polos de
desarrollo (nuevas industrias en zonas de escasa industrialización). Estos Planes no
consiguieron todos los objetivos propuestos, pero se consiguió la apertura a la iniciativa
privada de sectores como las infraestructuras, la industria y la minería.
Estas medidas y la favorable coyuntura económica internacional sacaron a la economía
española del hundimiento y hasta 1973 creció a una media de un 6% anual. Fue la etapa del
“desarrollismo”, que dejó numerosas consecuencias socioeconómicas:
-Se creó una estructura económica moderna, similar a la de Europa occidental, pues el 80%
del PIB se nutrió de los sectores secundario y terciario
-Se modernizaron todos los sectores económicos con la introducción de nuevas tecnologías. El
sector primario aumentó su productividad y rendimientos y se mecanizaron las tareas agrarias,
lo que impulsó un éxodo rural de más de 3 millones de personas a las ciudades, que alivió el
histórico problema de los jornaleros y permitió aumentar considerablemente el tamaño de las
grandes urbes. El sector secundario fue el que más creció, destacando la industria química, la
metalurgia, la fabricación de automóviles y las obras públicas. En cuanto al terciario, destacó el
desarrollo del comercio y el turismo, que despegó entonces apoyado por la llegada de
extranjeros a las costas españolas.
-El crecimiento económico permitió crear, por primera vez en la historia de España, una
auténtica clase media, aunque a diferencia de Europa occidental, basada en el pluriempleo y
en el pequeño comercio.
-Se pusieron las bases del Estado del bienestar con la creación de la Seguridad Social, aunque
aún muy limitado en comparación con los países de la Comunidad Europea.
-Aumentaron los salarios y la renta per cápita y aumentó el nivel de vida. Esto permitió
aumentar el consumo. Las familias españolas comenzaron a disfrutar de electrodomésticos,
televisión, automóviles y servicios relacionados con el ocio.
-La población creció notablemente gracias a la disminución progresiva de la tasa de
mortalidad (debido a los avances sanitarios y la mejora en la alimentación) y el crecimiento de
la natalidad (baby boom), animado por el crecimiento económico. El crecimiento vegetativo
fue superior al 10% en todo el periodo.
-La sociedad se modernizó, pues cada vez adquirió mayor conocimiento de las formas de vida
europeas. Se fue abandonando progresivamente la moral católica y se occidentalizaron la
mentalidad (irrumpió el feminismo y el materialismo) y las costumbres. Todo ello hizo que
aumentaran las protestas ante la falta de libertades.
Sin embargo, el desarrollismo tuvo también efectos negativos, ya que se apostó por un
modelo de crecimiento acelerado que desaprovechaba mano de obra y daba preferencia a la
inversión de capital, lo que permitía aumentar la productividad, pero no el empleo. Como
consecuencia, más de un millón de personas se vieron obligadas a emigrar, principalmente a
Europa occidental. El modelo económico construido se apoyaba excesivamente en la inversión
extranjera, el turismo y las remesas de los inmigrantes, lo que convirtió a España en un país
muy dependiente del exterior. Además, se originaron grandes desequilibrios regionales (con el
interior del país rezagado respecto a las áreas industriales periféricas) y la distribución de la
renta no fue equitativa, pues hubo grandes contrastes entre diferentes clases sociales y entre
las áreas urbanas y las rurales.
15.3. ELEMENTOS DE CAMBIO EN LA ETAPA FINAL DEL FRANQUISMO. LA OPOSICIÓN
AL RÉGIMEN. EVOLUCIÓN DE LAS MENTALIDADES. LA CULTURA
Las profundas transformaciones económicas de los años sesenta originaron profundos
cambios sociales. En España se vivía en una sociedad industrializada y en vías de
modernización, pero su régimen político era una dictadura represiva anclada en el pasado. Por
ello, en los años finales del franquismo, la oposición al régimen se hizo mucho más fuerte y
organizada.
El final del franquismo. La oposición al régimen
Los años finales del franquismo se caracterizaron por incapacidad del régimen para reformarse
políticamente y atender a las demandas sociales de los españoles. El régimen, ya con Franco
anciano, se acercaba a su final. El asesinato de Carrero Blanco (presidente del Gobierno) en un
atentado de ETA en diciembre de 1973, hizo que el franquismo entrara en una crisis ya
imparable.
La agonía del régimen franquista consolidó la división de la clase política del régimen (iniciada
ya en los años 60) en dos grupos diferenciados:
-Los inmovilistas (apodados como el “búnker”) eran partidarios de mantener las esencias del
régimen franquista y no deseaban ningún tipo de reforma. En este sector abundaban los altos
mandos militares y los sectores más reaccionarios de la clase política, incluyendo varios
miembros del Opus Dei, como Carrero.
-Los reformistas, que eran conscientes de la imposibilidad de mantener el régimen sin realizar
determinadas reformas de apertura. Se mostraron partidarios de conducir el sistema político
hacia una “democracia limitada”, en la que los españoles podrían elegir entre las distintas
familias del régimen. Los falangistas Fraga o Solís Ruiz lideraron este grupo.
Al morir Carrero Blanco se formó un nuevo gobierno en enero de 1974, presidido por Carlos
Arias Navarro. El nuevo presidente anunció en su primer discurso en las Cortes (12 de febrero
de 1974) la posibilidad de una reforma limitada del régimen, en la línea de los reformistas.
Prometió la posibilidad de escoger a los alcaldes y la aprobación de una ley sobre sindicatos y
asociaciones políticas. Este discurso fue conocido como “espíritu de febrero”, pero acabó
siendo un fracaso, pues las reformas prometidas no se concretaron. Las escasas propuestas
irritaron a los sectores inmovilistas y, con Franco ya gravemente enfermo, Arias Navarro no
realizó finalmente ninguna reforma y se decantó por el inmovilismo.
La oposición, como ya hemos indicado, estaba cada vez mejor organizada, era más combativa
y se manifestó en múltiples frentes:
-Sindical, especialmente desde que en 1964 se creara CCOO. Este sindicato, ligado al PCE, se
integró en la organización sindical franquista y, desde dentro, preparó huelgas y protestas
laborales.
-Estudiantil, pues en las universidades se organizaron constantes huelgas y manifestaciones
organizadas por asociaciones clandestinas socialistas y el PCE.
-Religiosa, pues algunos sacerdotes vascos y catalanes y altos miembros de la jerarquía
eclesiástica (como el cardenal Tarancón), se posicionaron a favor de las libertades
democráticas y del respeto por la cultura vasca y catalana.
-Terrorista, pues surgieron varias organizaciones que atentaron contra los cuerpos y fuerzas
del orden. Destacaron el FRAP, el GRAPO y, sobre todo, ETA.
-Política, iniciada en los años 60, pues desde entonces el PCE, dirigido por Santiago Carrillo,
comenzó a actuar en clandestinidad en círculos universitarios y sindicales y tuvo lugar el
“contubernio de Munich” (1962), donde varios grupos de centro-derecha reivindicaron varias
libertades y medidas democráticas. Sin embargo, es en los 70 cuando se produce una gran
reorganización de los partidos prohibidos por el régimen. Durante el Congreso de Suresnes
(octubre de 1974), el sector más joven del PSOE, encabezado por Felipe González, alcanzó la
dirección del partido, lo reorganizó y, meses después, impulsó la creación de la Plataforma de
Convergencia Democrática con otras fuerzas (PNV y Convergencia catalana). El PCE, además,
adoptó el “eurocomunismo” y aglutinó a otras fuerzas, formando la Junta Democrática. Ambas
alianzas antifranquistas se unieron en 1975, dando lugar a la llamada “Platajunta”, que
reivindicó la legalización de partidos, amnistía y elecciones a Cortes constituyentes.
Sin embargo, cuando el régimen parecía más débil, la represión se tornó más fuerte. En 1975
se aprobó una nueva Ley Antiterrorista y se intensificaron las condenas a muerte. Esto
provocó la última gran oleada de protestas internacionales contra el régimen de Franco.
La debilidad se manifestó también en el ámbito exterior. La cuestión del Sahara agudizó la
situación de crisis. En esa colonia española se había creado el Frente Polisario, una formación
nacionalista que propugnaba la independencia. España acabó negociando con este grupo la
posibilidad de un referéndum de autodeterminación, pero para evitarlo, el rey Hassan II de
Marruecos organizó la llamada Marcha Verde, una invasión del territorio por civiles cuyo único
objetivo era la anexión. España cedió y en el Acuerdo de Madrid (14 de noviembre de 1975)
entregó el Sahara a Marruecos y Mauritania, que se dividieron el territorio. Días después, el 20
de noviembre de 1975, Franco falleció a los 83 años de edad. Juan Carlos de Borbón asumió la
jefatura del Estado de un régimen anacrónico y en crisis con una situación de incertidumbre
política enorme.
Cultura y mentalidades
La transformación de las costumbres y las mentalidades que se había iniciado durante el
“desarrollismo” de los años 60 culminó durante la última etapa del franquismo. En España
pervivía el puritanismo religioso en las costumbres y no existían las libertades democráticas
que sí poseían en Europa, pero la sociedad se encontraba en proceso de cambio.
En estos años llegaron la minifalda y la música pop, pero la mujer seguía en inferioridad legal
frente al hombre, todo lo relativo a la sexualidad era un tabú, solo se aceptaban los
matrimonios religiosos, no existía ninguna posibilidad de divorcio, su incorporación a la vida
laboral era escasa y el Estado solo aceptaba la familia en el marco legal tradicional. A pesar de
ello, en los años finales del régimen se iniciaron movimientos asociativos clandestinos como el
feminismo, que reclamaban el cambio de las leyes hacia un modelo renovado de carácter
europeo, y empezaron a entrar en España, también de forma clandestina, multitud de
publicaciones prohibidas. Aún así, todavía se mantenía la censura sobre el cine, teatro y
publicaciones.
El materialismo y el ocio irrumpieron en la nueva sociedad. Los hogares se llenaron de
televisores y electrodomésticos y se generalizó el automóvil. El fútbol se convirtió en la nueva
diversión de masas. La llegada de turistas influyó, además, en un relajamiento de las
costumbres tradicionales.
Desde el punto de vista cultural, los años sesenta y setenta significaron una tímida apertura.
Una buena parte de la intelectualidad española comenzó a separarse abiertamente del
régimen. Novelistas como Rafael Sánchez Ferlosio, Miguel Delibes, Ana María Matute, Carmen
Martín Gaite o Camilo José Cela son algunos de los nombres de esta nueva generación. En el
cine, algunos cineastas (Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Carlos Saura) rompieron
con los tópicos del cine español. Además, la Ley General de Educación (1970) reformó todo el
sistema educativo desde Primaria hasta la universidad. El analfabetismo disminuyó
drásticamente y aumentó el número de universitarios.
16. LA ESPAÑA ACTUAL
16.1. LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. LA CONSTITUCIÓN DE 1978. PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. EL ESTADO DE LAS
AUTONOMÍAS Y SU EVOLUCIÓN
Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue
proclamado rey por las Cortes franquistas. Se iniciaba entonces una difícil etapa en la que la
precaria legitimidad del nuevo monarca (dado su nombramiento por el dictador) y las
resistencias al desmantelamiento del franquismo mostradas por los sectores inmovilistas se
convirtieron en serios obstáculos para que fructificaran los planes de democratización.
La Transición a la democracia
La Transición fue el proceso de transformación política, legal y pacífica que permitió pasar del
régimen dictatorial franquista a un sistema democrático. La Constitución de 1978 fue la
expresión jurídica de ese cambio político, que finalizó en 1982 con la victoria del PSOE en las
elecciones generales de ese año.
Hasta la aprobación de la Constitución, la Transición atravesó tres fases:
1.Fase prerreformista (22 noviembre de 1975-1 de julio de 1976)
El rey confirmó a Arias Navarro como presidente del gobierno. Aunque en su Gobierno se
incluyeron ministros de la línea inmovilista, que pretendían continuar la dictadura con Juan
Carlos, en el gabinete había también reformistas. Además, se incorporaron personalidades
llamadas a jugar un papel secundario pero que terminaron siendo fundamentales, como
Torcuato Fernández Miranda (presidente de las Cortes) y Adolfo Suárez, un joven falangista
que fue nombrado secretario del Movimiento.
Ante la falta de iniciativa del Gobierno para impulsar un programa reformista, la oposición
democrática se movilizó. Se sucedieron huelgas de trabajadores y manifestaciones en favor de
la libertad y la amnistía, impulsadas por la Platajunta, que propuso una “ruptura democrática”
basada en un proceso constituyente que, a través de un Gobierno provisional y unas
elecciones generales, pusiera las bases del nuevo sistema político. En este contexto, Juan
Carlos forzó la dimisión de Arias Navarro el 1 de julio de 1976 y constituyó un nuevo Gobierno,
presidido por Adolfo Suárez.
2. Fase reformista (1 de julio de 1976-15 de junio de 1977)
Suárez mostró una inmediata determinación hacia el aperturismo político. El nuevo Gobierno
mostró mayor tolerancia a la prensa, se decretó una amnistía (ampliada en 1977), se legalizó el
derecho de huelga y la libertad sindical.
Promovió la Ley para la Reforma Política, que contradecía a las leyes franquistas para que
posteriormente fueran derogadas. Esta ley establecía que España era una monarquía
democrática y que la soberanía nacional residía en unas Cortes elegidas por sufragio universal,
por lo que se abría la puerta a la convocatoria de elecciones.
La tensión política era enorme. La oposición democrática rechazó el proyecto, reacia a
legalizarse bajo las condiciones impuestas por el Gobierno. Desde la extrema derecha se trató
de impedir el proceso reformista por medio de atentados terroristas (como el perpetrado
contra los abogados laboralistas de CCOO en enero de 1977) y una estrategia de tensión
basada en alimentar la idea de un posible golpe de Estado contra el Gobierno de Suárez. ETA y
el GRAPO continuaron su actividad terrorista.
Las Cortes franquistas terminaron aprobando la ley en diciembre de 1976, tras duras
negociaciones y promesas que posteriormente no se cumplieron. Desde entonces se
legalizaron partidos políticos y sindicatos, incluyendo el PCE, y tras la aprobación (en marzo) de
la Ley electoral, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes para el 15 de junio de 1977
3. Fase constitucional (15 de junio de 1977-6 de diciembre de 1978)
En las elecciones compitieron varios partidos. Suárez fundó la UCD, partido de espíritu
centrista; la derecha de origen franquista, liderada por el reformista Manuel Fraga, creó
Alianza Popular (AP); el PSOE acudió a la cita electoral liderado por Felipe González y Alfonso
Guerra; el PCE por sus dirigentes históricos (Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo); y también se
presentaron fuerzas catalanas (Convergencia Democrática, liderada por Jordi Pujol) y vascas
(PNV).
UCD logró la victoria con 166 escaños. El PSOE quedó como segunda fuerza con 118, el PCE 19
y AP, 16. Una vez constituidas las Cortes, Suárez fue elegido presidente del Gobierno. Sus
primeras medidas fueron dirigidas a templar la tensión política previa y la conflictividad social
derivada de la crisis económica iniciada en 1973 (de carácter industrial), que disparó la
inflación y el desempleo. Para ello, se firmaron los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977,
en los que Gobierno, partidos y sindicatos acordaron medidas para afrontar la crisis.
En el plano político, se iniciaron conversaciones para crear una Constitución. En el Congreso se
creó una Comisión Constitucional integrada por siete miembros elegidos en proporción
electoral, con representantes de UCD, PSOE, PCE, AP y CDC, que actuaron por consenso.
Elaboraron un texto constitucional que fue aprobado por las Cortes y, el 6 de diciembre de
1978, por el pueblo español vía referéndum.
La Constitución de 1978. El Estado autonómico
La Constitución de 1978 es la piedra angular del sistema democrático actual, creado en la
Transición. Es la primera de la historia de España elaborada por consenso, lo que explica su
eclecticismo, adaptado a diferentes ideologías y concepciones de Estado. El sistema político
creado a partir de ella tiene los siguientes rasgos:
-Declara a España “Estado social y democrático de derecho”
-Organiza el sistema como una monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe de Estado, pero
solo tiene funciones representativas.
-El poder legislativo reside en dos cámaras: un Congreso de los Diputados (elegidos por
sufragio universal) con amplios poderes y un Senado como cámara de representación
territorial, con funciones muy difusas. El ejecutivo reside en el Gobierno y el Judicial lo ejercen
jueces y Tribunales.
-España se convierte en un Estado no confesional, pero la ambigua redacción del párrafo cita
las relaciones con la Iglesia Católica.
-Recoge un amplio capítulo de derechos ciudadanos, sociales y económicos, así como las
libertades básicas en toda democracia avanzada (expresión, asociación, etc.). Se abole la pena
de muerte.
-El Ejército queda sometido al poder civil.
-Se consagra el derecho a la autonomía de las nacionalidades históricas y a las regiones que así
lo deseen. El castellano comparte la oficialidad con las demás lenguas del territorio.
Esta última característica permitió reiniciar el proceso de descentralización iniciado durante la
II República. El camino hacia las autonomías tuvo varias etapas y también varios caminos.
Antes de la aprobación de la Constitución, el Gobierno otorgó las llamadas preautonomías a
las nacionalidades históricas, es decir, Cataluña (Tarradellas presidió de nuevo la Generalitat),
País Vasco y Galicia.
Una vez aprobada la Constitución, se recogieron en ella diferencias que determinaron el
acceso a la autonomía:
-La “vía rápida” se basaba en el artículo 151, que permitía el acceso al autogobierno a las
nacionalidades históricas que ya poseían preautonomía y a las regiones que superaran una
serie de referéndums locales en la región. Solo lo logró Andalucía, que se incorporó a las tres
anteriores. Esta vía concedía amplias e inmediatas competencias.
-La “vía lenta” se contempla en el artículo 143. Al resto de comunidades se les concedió la
autonomía a lo largo de los años 1981, 1982 y 1983. En esta vía la transferencia de
competencias fue gradual.
El Estado español se reserva las competencias esenciales (defensa, relaciones exteriores,
política económica), pero otras puedes ser compartidas, delegadas o transferidas (sanidad y
educación). Las competencias de las comunidades autónomas están contempladas en su
Estatuto de autonomía, que contempla también la formación de un Parlamento (elegido por
sufragio universal) y un Gobierno autonómico.
El fin del Gobierno de Suárez
Una vez aprobada la Constitución, el Gobierno sufrió un constante desgaste que le llevó a
perder la mitad de sus votantes en las elecciones municipales (1979) y autonómicas (1980). Las
divisiones dentro de la UCD se acentuaron, motivadas por la existencia de discrepancias entre
sectores centristas y derechistas por la aprobación de la Ley del Divorcio y el Estatuto de
Centros Docentes. Además, el terrorismo de ETA y la amenaza golpista añadía una notable
tensión al panorama político. En este contexto, el 29 de enero de 1981 Suarez anunció su
dimisión como presidente del Gobierno.
16.2. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS. LOS DESAFÍOS DEL GOLPISMO Y EL
TERRORISMO. CAMBIOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS. CULTURA Y
MENTALIDADES
Tras las elecciones de junio de 1977, Adolfo Suárez fue investido presidente del Gobierno. Fue
el primero de la lista de los seis presidentes que ha tenido desde entonces la España
democrática actual.
La etapa de la UCD
Los gobiernos de Suárez tuvieron que enfrentarse a una complicadísima situación política.
En primer lugar, abordaron el desmantelamiento jurídico de la dictadura. Para ello, Suárez y
los grupos políticos construyeron un orden político y democrático nuevo con la redacción y
aprobación de la Constitución de 1978.
En segundo lugar, la actividad terrorista introdujo una enorme tensión a la sociedad española.
ETA siguió siendo el principal grupo terrorista, continuó perpetrando atentados y asesinando
personas, especialmente en el ejército y la policía. La actividad del GRAPO se intensificó en
estos años y algunos grupos de extrema derecha (como los Guerrilleros de Cristo Rey),
desplegaron también una actividad terrorista encaminada a evitar la estabilización
democrática.
En tercer lugar, la crisis económica, iniciada a nivel internacional en 1973, tuvo efectos
demoledores sobre la economía española y se convirtió en una amenaza para la consolidación
democrática. Para atenuar los efectos de la inflación y el paro se firmaron los Pactos de la
Moncloa en octubre de 1977, en los que Gobierno, partidos y sindicatos acordaron medidas
para afrontar la crisis.
En cuarto lugar, el problema del golpismo. Buena parte de los altos mandos militares eran
franquistas y los rumores de un posible golpe de Estado fueron constantes, alimentados por la
prensa franquista. El primer plan, denominado Operación Galaxia, fue descubierto y
desactivado por el Gobierno en 1978. El golpe definitivo, se preparó para 1981.
Una vez se aprobó la Constitución, Suárez convocó nuevas elecciones para 1979. UCD volvió a
ganar, pero el PSOE acortó distancias. El partido de Suárez empezó a sufrir el desgaste del duro
proceso de Transición y perdió muchos votos en las siguientes elecciones, las municipales de
abril, en las que el PSOE ganó las ciudades más importantes. Estos resultados iniciaron las
divisiones de la UCD, que se incrementaron con la aprobación de la Ley del Divorcio, que
abrieron un debate interno entre los sectores centristas y derechistas del partido. En este
contexto, y tras una moción de censura presentada por el PSOE (fracasada, pero que debilitó el
liderazgo de Suárez) el 29 de enero de 1981 el presidente anunció su dimisión.
A Suárez le sustituyó Leopoldo Calvo-Sotelo. Durante el debate de la investidura del nuevo
presidente (23 de febrero de 1981), un grupo de Guardias Civiles, dirigidos por el teniente
coronel Tejero, irrumpió a tiros en el Congreso. Paralelamente, algunas divisiones del ejército
tomó algunos puntos estratégicos de Madrid y el general Milans del Bosch proclamaba el
Estado de guerra en Valencia. Fueron momentos de gran incertidumbre, pero finalmente el
golpe fracasó, gracias a la división interna de los militares y la intervención del rey, que
anunció por televisión el mantenimiento del orden constitucional.
Al año siguiente, el PSOE ganó las elecciones generales con una abrumadora mayoría absoluta
(202 escaños) y Felipe González se convirtió en presidente del Gobierno. Su vitoria fue
considerada como el fin de la Transición. La UCD se hundió electoralmente y Alianza Popular se
convirtió en el primer partido de la oposición.
La etapa del PSOE (1982-1996)
Felipe González llegó al Gobierno con un ambicioso programa reformista, cuyos objetivos
básicos eran la lucha contra la crisis económica, el asentamiento del Estado autonómico, el
avance hacia el Estado del Bienestar y la integración en Europa. Esta política fue acompañada
de numerosos pactos con la Iglesia, el ejército y los grupos económicos más poderosos, para
huir de la confrontación.
En economía se inició una dura política de reconversión industrial, ya que muchos sectores
estaban obsoletos (minería, astilleros, siderurgia) y afectados por la crisis. Esta reconversión
tuvo fuertes consecuencias sociales y provocó numerosas huelgas. Además, apoyado por el
crecimiento económico iniciado desde 1985, el Gobierno creó una red de autopistas y autovías
e inició la alta velocidad ferroviaria. A partir de 1992, sin embargo, volvió la crisis económica y
el paro.
En política social se extendió el sistema de pensiones, se universalizó la sanidad y la educación
pública y gratuita y aumentó la protección para los desempleados. Se realizó una reforma
educativa en profundidad, a través de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983 y la Ley
Orgánica General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, que prolongaba la
educación obligatoria hasta los 16 años. También se despenalizó el aborto en determinados
supuestos.
En política exterior, todos los esfuerzos se dirigieron a integrar España en el contexto
internacional. Así, España hizo efectiva su incorporación a la CEE el 1 de enero de 1986 y en la
OTAN, vía referéndum.
En 1992, tras los JJOO de Barcelona y la EXPO de Sevilla, se inició el declive socialista,
provocado por el desgaste en el poder tras varias elecciones con mayoría absoluta, los
desencuentros con los sindicatos, el aumento de los casos de corrupción y el escándalo del
GAL, que acusaba a miembros del Gobierno de generar un grupo terrorista paralelo para
acabar con ETA. En 1996, el Partido Popular (heredero de la antigua Alianza Popular) ganó las
elecciones generales por mayoría simple.
La etapa del Partido Popular (1996-2004)
José María Aznar reorganizó el partido y lo definió como centro-derecha. Al ganar las
elecciones, se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno, pero para gobernar tuvo que
pactar con los nacionalistas de PNV y CIU, ya que no obtuvo mayoría absoluta. En el año 2000,
en las nuevas elecciones, sí lo logró.
En el terreno económico, la nueva coyuntura favorable y las inversiones de la UE permitieron a
España crecer y reducir el paro heredado de la última etapa del PSOE. Para cumplir los criterios
de convergencia de la UE (reducción del déficit público) y lograr la incorporación a la nueva
moneda única (euro) el Gobierno realizó una política de privatización de empresas públicas
(Telefónica, Endesa, Gas Natural). Estas medidas económicas, junto a la política antiterrorista
desplegada (que incluyó una tregua y negociación con ETA en 1999) fue lo más destacado de la
política interior.
Desde el punto de vista internacional destaca, en la segunda legislatura, la vinculación con
EEUU apoyando la Guerra de Irak (2003), que provocó grandes protestas que desgastaron la
figura de Aznar. Además de estas protestas, otros sucesos erosionaron al Gobierno, como el
desastre ecológico del Prestige (2002) y el accidente del avión militar Yak-42.
En estas circunstancias, tres días antes de las elecciones generales de 2004, el 11 de marzo,
tuvo lugar en Madrid el atentado terrorista más grave de la historia de España; 191 personas
fallecieron como consecuencia de diversas explosiones en trenes de cercanías colocadas por
terroristas islámicos. El atentado y la mala gestión informativa del Gobierno marcaron la
derrota electoral del PP y el acceso a la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Cultura y mentalidades en la España actual
Bajo los gobiernos democráticos, España ha mostrado un gran dinamismo cultural y un cambio
notable en las costumbres y usos sociales, que se han modernizado. El modelo de familia ha
cambiado notablemente. El divorcio ha aumentado y han surgido nuevos tipos, como la familia
monoparental y los matrimonios de parejas homosexuales, legalizados en 2005.
El del nivel educativo ha aumentado y el analfabetismo se ha reducido a cifras mínimas. Ello
ha contribuido a una mayor concienciación ecologista, al crecimiento de movimientos
feministas y a la reivindicación de derechos e igualdad de la población homosexual o
inmigrante. Además, la laicización es creciente.
Durante estos años, por último, la cultura española se ha difundido en el extranjero. Cine, arte
y literatura son reconocidos y premiados internacionalmente. Los nuevos medios de
comunicación de masas (basados en Internet) permiten, además, acercar la cultura al gran
público y acelerar su difusión, creándose nuevas formas de comunicación y relación social.
16.3. LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN EUROPA. ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA. EL
PAPEL DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial (1945), la España franquista quedó aislada en el
escenario internacional. Su afinidad con las potencias del Eje derrotadas en la contienda
provocó la condena del régimen por parte de la ONU, la privación de la ayuda económica del
Plan Marshall y su ausencia en la OTAN. Sin embargo, la Guerra Fría atenuó el aislamiento de
España, ya que su situación estratégica y el anticomunismo del régimen favorecieron el
acercamiento a potencias como Estados Unidos, que terminó firmando los Pactos de Madrid
en 1953; incluso España terminó siendo admitida en la ONU en 1955. Sin embargo, las
democracias europeas occidentales no vieron nunca con buenos ojos al régimen franquista, las
relaciones eran mínimas y, aunque el régimen lo solicitó, se le vetó la entrada en la CEE.
La integración de España en Europa
Los países de Europa occidental habían empezado su proceso de integración en la década de
1950. Para restablecer la cooperación y la paz entre las naciones europeas, y ante la
preponderancia política de Estados Unidos y la Unión Soviética, se empezó a barajar la
creación de un organismo de carácter europeo. Así, en 1951 se fundó la Comunidad Europea
del Carbón y el Acero (CECA), primer paso para la integración, y en 1957 se firmó el Tratado de
Roma, que creó la CEE (Comunidad Económica Europea). Este proceso se aceleró en los años
60 y los 70, cuando se fueron añadiendo países al proyecto europeo.
España solicitó oficialmente en 1962 la apertura de negociaciones con la CEE para ingresar,
pero propuesta fue rechazada. La CEE pretendía ser algo más que una unión económicaaduanera; tenía también objetivos políticos (vinculados a la cooperación y la democracia) y
una dictadura no podía ser admitida como miembro. Además España no cumplía con los
requisitos económicos y administrativos para ser Estado-miembro, ya que estaba menos
desarrollada que el resto de Europa Occidental.
Años después, en cambio, el régimen franquista logró la firma de pactos económicos de
colaboración con la CEE. El más importante fue el Acuerdo Preferencial de Luxemburgo
(1970), que reducía los aranceles a los productos españoles y convertía a la CEE en el principal
comprador de las exportaciones españolas. Sin embargo, la puerta seguía cerrada al ingreso
por cuestiones políticas.
Con la muerte de Franco (1975) y el inicio de la Transición a la democracia, el gobierno de
Adolfo Suarez solicitó nuevamente, en 1977, las negociaciones con la CEE para formalizar el
ingreso. A pesar de que ningún Estado de la CEE se oponía a la adhesión española, las
negociaciones fueron duras y se alargaron durante más de seis años. En ese tiempo, España
tuvo que ratificar todos los tratados internacionales relativos a derechos civiles y culturales.
Tras el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se aceleraron las negociaciones, ya que se
pretendía apoyar la nueva democracia española. Fue el Gobierno socialista de Felipe González,
que venció por mayoría absoluta las elecciones de 1982, el que finalizó las culminó. La CEE
exigió una dura reconversión industrial en España y, concretamente Francia, exigía también
negociar cuidadosamente la Política Agraria Común, por el temor a la competencia de la
agricultura española. Finalmente, Felipe González firmó la adhesión de España a la CEE el 12
de junio de 1985, durante una solemne ceremonia en el Palacio Real de Madrid, para
integrarse el 1 de enero de 1986.
Desde la entrada en las comunidades europeas, Unión Europea desde 1993, España ha
acortando distancias en la renta per cápita respecto a los países miembro de Europa
occidental, gracias en parte a los Fondos de Cohesión, grandes sumas de dinero aportadas por
la UE para fomentar el desarrollo en las regiones más atrasadas. Así, España ha incrementado
y modernizado su red de transportes (autovías, tren de alta velocidad AVE, aeropuertos) y la
logrado cumplir los criterios de convergencia para adoptar la moneda común, el euro, como
requería en el Tratado de Maastricht (1992). Hoy España, por su peso demográfico,
económico, es uno de los países más influyentes de la Unión Europea, aunque por debajo de
Alemania, Francia o Gran Bretaña. Sin embargo, es también uno de los más afectados por la
crisis económica iniciada en 2008.
El papel de España en el contexto internacional
Con la Transición, España inició también los trámites para ingresar en la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sin embargo, al tratarse de alianza militar no gozó de la
misma unanimidad que el ingreso en las instituciones europeas. El Gobierno de Adolfo Suárez
realizó las negociaciones con la CEE y la OTAN de manera simultánea. La adhesión a la alianza
militar llegó antes, a pesar de que la oposición de izquierdas (PSOE y PCE) mantuvo una
posición contraria al ingreso. El gobierno de Calvo Sotelo (UCD) formalizó la entrada en 1981,
pero en 1982, tras la victoria de Felipe González, los socialistas cambiaron de opinión.
Convocaron un referéndum sobre la permanencia en la OTAN el 12 de marzo de 1986. Al ser el
resultado positivo, España se mantuvo en la alianza, situación que se mantiene en nuestros
días.
Tras la entrada en la OTAN y la adhesión a la Unión Europea, España ha vivido en los últimos
treinta años un aumento considerable de su papel internacional, si bien este sigue siendo
modesto en relación a las grandes potencias. La diversidad histórica y cultural de España ha
favorecido unas relaciones privilegiadas con Iberoamérica y los países árabes. Las Cumbres
Iberoamericanas, celebradas anualmente, mantienen los lazos políticos y económicos con
Iberoamérica y Portugal. Por otro lado, las relaciones con Marruecos han sido tirantes en
algunas cuestiones (derechos de pesca, reclamaciones territoriales marroquíes sobre Ceuta y
Melilla) y en otras se han logrado importantes acuerdos (lucha antiterrorista).
Las relaciones con EEUU (primera potencia mundial) han sido cambiantes, debido a diversos
desacuerdos históricos y las diferentes posturas de los Gobiernos españoles. Destaca el apoyo
español a la Guerra de Irak (2003) y el posterior desencuentro desde 2004, cuando el
presidente Zapatero retiró las tropas enviadas.
Por último, en la actualidad España colabora también en numerosas misiones internacionales
de la OTAN y la ONU, como la ayuda humanitaria en Haití y Bosnia-Herzegovina y la guerra en
Afganistán (iniciada tras el 11 de septiembre contra los yihadistas radicales), aunque esta
última ya en retirada.