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PROBLEMAS
soluciones
para el perú
Enero 2011
a los grandes
problemas
del país
>>>El momento actual que vive el Perú es el ideal para propiciar un debate público
sobre el camino a seguirse durante los próximos años. Esta publicación pretende
contribuir al debate ciudadano informando sobre la existencia de soluciones alternativas para los problemas nacionales que consideramos centrales y que el próximo
gobierno tiene la tarea de resolver. Como siempre lo hacemos, reivindicamos la
justicia social, la democracia y la independencia nacional, premisas desde las cuales
proponemos la transformación del Perú.
El folleto resume el trabajo realizado durante el último año y medio en Otra
Mirada. En este tiempo nos hemos abocado a un trabajo de elaboración y difusión
de políticas sectoriales alternativas al neoliberalismo imperante. Como resultado,
hemos publicado, los últimos quince sábados de cada mes en el diario “La República”
y en nuestra página web, encartes de ocho páginas cada uno, sobre un tema específico en las áreas económica, social y política. El propósito ha sido cumplir con nuestro mandato institucional de elaborar propuestas concretas de políticas distintas a
las que se han llevado adelante en los últimos 20 años en el Perú. De esta manera
esperamos haber contribuido al debate público y provocado el intercambio alturado
y constructivo de opiniones entre individuos, organizaciones sociales e incluso partidos políticos y alianzas electorales en competencia.
Si algo de esto se cumple, el resultado podrá ser un voto informado y responsable
el próximo 10 abril, que resulte en un mejor futuro para todos los peruanos.
OTRAMIRADA Análisis y propuesta de política. Edición Especial del Colectivo Otra Mirada. Enero 2011.
Presidente: Salomón Lerner Ghittis Director: Nicolás Lynch Consejo Directivo: Humberto
Campodónico, Pedro Francke, Salomón Lerner G. y Nicolás Lynch. Investigación y análisis: Gonzalo
Alcalde, Laura Arroyo, Deici Dávila y Vicente Sotelo Edición: Blanca Rosales Diseño y diagramación:
Jorge Senisse Fotos: La República Dirección: José Pardo 741, 4to piso. Miraflores, Lima
Teléfono: 243 4455 E-mail: [email protected] Impresión: Talleres del Grupo La República.
democratizar el
estado
01
Cambiar la Constitución
para reforzar la
democracia
>>>La actual Constitución de 1993 fue impulsada por una dictadura que buscaba perpetuarse y fue aprobada de manera ilegal, ya
que el referéndum de ese año fue fraudulento. Por ello, se trata de
una Carta ilegítima. Preocupa que la democracia peruana no se
asiente en una Constitución que refleje reglas aceptadas por todos
los actores políticos y sociales. Por otro lado, el contenido de esa
Constitución expresa la visión autoritaria y neoliberal de una minoría, debilita al Congreso y libera al Estado de responsabilidades
para con los ciudadanos. Dado que el texto de 1993 no brinda un
marco adecuado para impulsar el desarrollo del país, es fundamental cambiarlo.
Cómo resolverlo:
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El punto de partida debe ser la nulidad de la Constitución de
1993 y la declaración en vigencia de la Carta Magna de 1979,
realizando las reformas necesarias.
La reforma debe contemplar los siguientes ejes:
–Que exista un Estado social, descentralizado, laico, plurinacional y garante de los derechos ciudadanos.
–Que los derechos sociales y culturales sean derechos fundamentales.
–Un régimen económico para la justicia social. Se tiene que
recuperar la autoridad pública del Estado en materia económica y reivindicar al trabajo como la principal fuente de
riqueza.
–Una forma de gobierno que devuelva la confianza al ciudadano. Se debe brindar a los ciudadanos acceso a sus
representantes y establecer mecanismos de participación y
control democráticos.
–Que la descentralización otorgue poder efectivo a municipios y regiones y una verdadera autonomía económica
y financiera a los gobiernos regionales con una adecuada
descentralización fiscal.
02
Descentralizar
efectivamente
al Perú
>>>Lima produce casi el 50% del PBI nacional y el centralismo aún
hoy es agobiante. Por ello es crucial que los gobiernos regionales y
locales asuman un papel principal en la conducción del desarrollo
y manejen cada vez mayores recursos. Sin un proceso de descentralización realizado de manera que se acentúe la participación y
la transparencia, estamos condenados a reincidir en los vicios del
autoritarismo, la desigualdad y la fragilidad de la democracia.
El proceso de descentralización iniciado en 2002 ha avanzado
con lentitud y descoordinación por falta de voluntad política y de
un marco institucional adecuado. Por ahora, los peruanos podemos elegir a nuestros líderes locales y regionales, pero estos aún
no cuentan con los debidos recursos económicos ni humanos para
garantizar gestiones eficaces. Los presupuestos han cambiado, pero
el poder de decisión sobre los recursos sigue estando concentrado en
Lima y especialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Cómo resolverlo:
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Fortalecer los procesos de integración económica y política
desde las regiones, donde ya se vienen articulando diversos
espacios micro como macro regionales.
Promover un consenso ciudadano en favor de la descentralización, contando particularmente con el impulso de las organizaciones que agrupan a los gobiernos regionales y locales.
Establecer un Ministerio de Ordenamiento Territorial que lidere
y organice el proceso de descentralización de manera participativa y democrática, coordinando estrechamente con el Ministerio
de Planificación y las entidades regionales y locales.
Promover una efectiva descentralización fiscal a partir del trabajo ya realizado por las autoridades locales y reginales.
Llevar a cabo reformas legales y constitucionales claves para
descentralizar el país, incluyendo la reforma del Congreso con un
Senado de representación macro regional, el mapa de competencias de cada nivel de gobierno consagrado en la Constitución, y
resolver los vacíos y contradicciones en el marco legal actual.
03
Reformar el Congreso
para transformar la
representación
>>>Existe una crisis de representación política expresada en el
desprestigio del Congreso de la República, que sólo tiene el 12%
de confianza ciudadana. Desde la dictadura de Alberto Fujimori y
Vladimiro Montesinos se ha desplegado una ofensiva que fomenta
un sentimiento contra la política y los políticos. Un tema de esta
ofensiva fue la idea de “razón aritmética” en la conformación del
Congreso: mientras más pequeño, mejor. Este y otros desaciertos
perjudican la representación democrática de nuestro país. El Congreso de la República tiene el deber de legislar, controlar, sobre todo
al Ejecutivo y representar, cuestiones que está lejos de cumplir.
Cómo resolverlo:
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Es fundamental el control ciudadano de los congresistas. Debe
existir revocatoria de sus mandatos y renovación por partes
del parlamento. Asimismo, cada representante debe hacer un
informe anual a sus electores y recoger periódicamente sus
reivindicaciones.
Se debe sancionar drásticamente el transfuguismo con la pérdida del curul parlamentario.
El trabajo fundamental del Congreso debe darse en las comisiones ordinarias y este debe ser de seguimiento a la ejecución de
las políticas del gobierno en los sectores respectivos.
Establecer claramente en la Constitución el dominio de la ley,
es decir las materias sobre las cuales el parlamento sí puede dar
leyes, con el objetivo de focalizar el trabajo y aumentar su eficacia. Al no existir esta precisión hay sobreoferta y baja calidad
de producción legislativa.
El número de parlamentarios debe ser acorde con la población
de cada distrito electoral y no de acuerdo a la demagogia arbitraria del poder de turno. Sin este cambio, algunas regiones
están sub representadas a y otras sobre representadas, perjudicando a los ciudadanos.
Regresar al sistema bicameral, con una cámara de diputados
y otra de senadores, con funciones distintas y que representen
verdaderamente a la población y el territorio.
04
Reformar la justicia
de manera integral
>>>Una enorme traba para la consolidación democrática es la poca
confianza que las instancias responsables de administrar justicia
generan en la ciudadanía. La conducta de muchos representantes
del Poder Judicial y el Ministerio Público, que no proyectan una
imagen de transparencia, eficacia y honestidad, han contribuido a
este desprestigio creciente.
Aunque existen diversas iniciativas para reformar el sistema de justicia, hace falta voluntad política para llevarlas a cabo. Es fundamental
que el próximo gobierno impulse la reforma integral del Poder Judicial
y las demás instituciones involucradas en el sistema. Para lograrlo, es
necesario poner en marcha el plan elaborado por la Comisión Especial
para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS)
hace más de seis años y que constituye el más completo diagnóstico y
propuesta para una modernización del Poder Judicial.
Cómo resolverlo:
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Agilizar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Fomentar la participación y fiscalización de la sociedad civil,
empezando por el incremento del número de miembros del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El Poder Ejecutivo debe asignar los montos presupuestarios
necesarios para la ejecución del Plan Integral, siguiendo las
estimaciones del CERIAJUS. Además, éste no podrá ser observado por el Ejecutivo salvo que exceda el 4% del monto total del
Presupuesto General de la República.
Solicitar al Ejecutivo mayores recursos para el sub-sistema de
justicia anticorrupción y otorgar a esta especialidad un carácter
permanente para que así contemple los delitos de corrupción de
funcionarios del gobierno actual y de gobiernos futuros.
Que el CNM, como órgano autónomo encargado de la selección,
nombramiento, promoción y régimen disciplinario de jueces y
fiscales, asuma planamente esas funciones y se elimine el sistema
de control interno del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Incorporar a la Justicia Militar dentro del Poder Judicial para
que no siga siendo una instancia judicial paralela exenta de
control y que comete excesos.
05
Mayor integración
regional para una
agenda global
>>>El desarrollo del país tiene una dimensión internacional que no se limita
a los tratados comerciales o la defensa nacional. Los temas globales e internacionales ya son parte de nuestra agenda y requieren de posturas claras,
cooperación y diálogo con otros países para enfrentarlos de manera eficaz.
Es el caso del cambio climático y el crimen organizado, por ejemplo.
Diversos procesos de integración política y económica del Perú al mundo
están actualmente en marcha. En la última década estos procesos se han
multiplicado, pero se han manejado de manera bilateral y sin una estrategia
integral, coherente con objetivos nacionales de desarrollo. En lo económico
ha primado una visión neoliberal que acentúa nuestra dependencia y vulnerabilidad con respecto a los procesos externos. Se han asumido acuerdos
bilaterales (como los Tratados de Libre Comercio) y regionales que establecen compromisos para el país, a la vez que somos partícipes de diversos objetivos, declaraciones y foros mundiales. Pero, en tiempos en que se replantea
el orden político mundial hacia la multipolaridad y surgen nuevas potencias
y desafíos, no se ha definido claramente cuáles son nuestras prioridades en
este complejo frente del desarrollo.
Cómo resolverlo:
• Pasar de una estrategia bilateral, donde el Perú negocia solo frente a países poderosos, a una estrategia multilateral que otorgue a
nuestro país un sitio en el mundo a través del fortalecimiento de
la integración regional latinoamericana.
• La política exterior debe considerar prioritaria la defensa de la democracia y los derechos humanos, la paz, los tratados internacionales,
los recursos naturales y el medio ambiente, la integración andina y
sudamericana, y una globalización solidaria y multilateral.
• A través de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la
Comunidad Andina (CAN), el Perú debe integrarse cada vez más
a las naciones vecinas, de manera que tengamos una voz y una
presencia independiente en el sistema internacional.
• Se deben revisar los acuerdos y tratados asumidos, en especial
los TLCs, en función de su coherencia con la institucionalidad
democrática y con una nueva política exterior.
06
Apuntar bien al
narcotráficoy al
terrorismo
>>>Uno de los problemas que más afecta a nuestra democracia es
el narcotráfico, que utiliza remanentes de Sendero Luminoso para
actuar impunemente en el VRAE y el Alto Huallaga. Un aspecto
fundamental para enfrentar con éxito este problema es apuntar
bien al principal enemigo, que es el narcotráfico y no los remanentes
senderistas.
Hasta el momento las estrategias militares del Estado no han
dado los frutos esperados. Por el contrario, el Perú ha llegado a ser
el segundo productor de hoja de coca a nivel mundial, mientras que
las huestes del narcotráfico vienen ofreciendo una peligrosa alternativa de desarrollo para las poblaciones en situación de pobreza.
Necesitamos una política que adopte tanto medidas policiales como
también de desarrollo alternativo.
Cómo resolverlo:
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Renovar y fortalecer la relación entre el Estado y las organizaciones de productores de hoja de coca a través de programas de
desarrollo alternativo sostenibles.
Replicar y mejorar las buenas experiencias de desarrollo alternativo para enfrentar las condiciones de pobreza y exclusión de
estas localidades.
Fortalecer el liderazgo policial para enfrentar el narcotráfico
en las zonas de conflicto. Mejorar las condiciones de trabajo de
las bases y las unidades especializadas encargadas de combatir
este problema. Investigar y enfrentar los problemas de narcocorrupción; atacar los puntos de embarque de las drogas y controlar el ingreso de insumos químicos a las zonas de producción
de hoja de coca.
Apoyar a las entidades encargadas de combatir el lavado de
dinero.
Aumentar los recursos económicos a DEVIDA, fortalecer esta
institución y orientar su trabajo hacia la implementación de
una política nacional autónoma de intereses foráneos.
07
Democratizar
los medios de
comunicación
>>>Ajenos a su función pública, los medios de comunicación ofrecen
a sus audiencias la perspectiva de una pequeña fracción de los sectores sociales existentes. Así, pocos grupos van consolidando su poder
sobre distintos tipos de medios, y homogenizan un punto de vista,
excluyendo las voces críticas y a quienes expresan las demandas de
grupos sociales mayoritarios pero excluidos. Demás está decir que
son precisamente las autoridades quienes facultan a los poderosos a
manejar las concesiones de canales y frecuencias como propiedades
privadas. Esta situación no le hace ningún bien a la democracia.
La libertad de expresión no sólo debe favorecer a una diversidad
de dueños sino también a los diferentes actores sociales. Por otra
parte, además de la propiedad pública y privada, la propiedad social
está contemplada en la ley pero no se hace nada por fomentarla a
pesar que los medios comunitarios son un elemento importante
para la democracia y la descentralización.
Cómo resolverlo:
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Aprobar una nueva ley de comunicaciones audiovisuales que
establezca el reparto más equitativo y plural de los medios
entre distintas formas de propiedad (pública, privada, social) y
disponga mecanismos claros para evaluar las concesiones en el
espectro radioeléctrico, incluyendo la radio y televisión digital.
Establecer límites claros para la expansión de las corporaciones
que manejan los medios, para que no tengan una influencia desmedida sobre el derecho a la información y la comunicación.
Asegurar que los medios del Estado sean realmente públicos y no
de los gobiernos de turno, modificando la estructura del directorio que supervisa al Instituto de Radio y Televisión del Perú
(IRTV) para incluir mayor representación de la sociedad civil.
Afirmar los
derechos
sociales
08
Acabar con la
pobreza y reducir
la desigualdad
09
Dar calidad a la
educación básica
>>>Según algunas cifras oficiales, la pobreza se ha reducido en los
años recientes de crecimiento económico y actualmente poco más
de un tercio de la población (34%) vive bajo estas condiciones. Sin
embargo, hay diversas maneras de medir la pobreza y podemos
enfatizar que únicamente ha bajado la pobreza monetaria, entendida como los gastos de las familias, mientras que la incidencia del
déficit calórico (es decir, la insuficiente calidad de lo que comemos)
se ha elevado en el país.
La pobreza es producto de la falta de oportunidades que sufren
millones de personas que no cuentan con empleos y pensiones dignas y que no acceden a servicios de calidad en salud y educación,
entre otros. A su vez, es el caldo de cultivo de profundas desigualdades que afectan particularmente a las áreas rurales y cuyo origen es
de carácter estructural que va mucho más allá de los ingresos. Por
ello, el próximo gobierno debe centrarse en atender el problema de
fondo: garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades para
todos los peruanos.
>>>Casi todos tenemos acceso a la educación pública y gratuita
pero, si medimos su calidad, constatamos que es una estafa. Una
muestra: solo dos de cada 10 niños de segundo grado de educación
primaria entienden lo que leen. Diversas evaluaciones internacionales como PISA y SERCE evidencian que el rendimiento de los niños
peruanos está muy por debajo de los niveles promedio de América
Latina.
Estos resultados muestran una aguda desigualdad educativa
donde están en desventaja los pobres, las poblaciones rurales y la
primera infancia. No es aceptable que estas distancias sean acentuadas por la educación pública, que atiende a más del 80% de los
estudiantes, y que tendría que servir para reducir las desigualdades
de la sociedad y no perpetuarlas.
En los últimos años se siguen postergando los cambios integrales
y más bien se hace énfasis en los “parches” o programas piloto que
otorgan réditos con fines políticos. Por ello, el presupuesto continúa
estancado en 2,9% del PBI.
Cómo resolverlo:
Cómo resolverlo:
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Atacar la pobreza y desigualdad a través de una estrategia
nacional de carácter universal y no sólo basada en la focalización. Asimismo, los programas temporales como Juntos y Crecer deben tener más coordinación y coherencia entre sí. Además
sus objetivos e impactos deben enmarcarse en los objetivos de
las líneas permanentes de acción del Estado: la universalización
del acceso al empleo digno y a los servicios públicos de calidad,
en particular en la educación, la salud y las pensiones.
Coordinar las políticas contra la pobreza y desigualdad de condiciones y oportunidades desde una entidad de coordinación
que incluya a representantes de nivel ministerial así como a
representantes de los gobiernos regionales y locales, y de la
sociedad civil organizada. Se debe abordar de manera integrada temas como educación, salud, nutrición, empleo, apoyo a
MYPES, agricultura, entre otros.
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La única forma de lograr el cambio es crear un movimiento
social y político por la educación, en el cual participen los
miembros de la comunidad educativa, pero también la sociedad
organizada y los partidos políticos, con el objetivo de crear una
sociedad educadora.
Es fundamental asumir el Proyecto Educativo Nacional (PEN)
y cumplir los seis objetivos estratégicos que plantea hacia el
año 2021. Este proyecto fue aprobado en 2007 y cuenta con
la oficialización suscrita por el Presidente de la República y el
Ministro de Educación, pero hasta hoy se niegan a cumplirlo.
Establecer como prioridades la atención a la primera infancia,
la educación rural, la carrera pública magisterial por méritos y
la gestión de las escuelas.
Aumentar los recursos para el sector educativo al 6% del PBI,
según las metas del Acuerdo Nacional suscrito en 2002.
10
Por una
universidad al
servicio del país
>>>La universidad peruana se encuentra abandonada. La multiplicación caótica de estudiantes y universidades en las últimas
décadas es un fenómeno que sucede sin proyecto y sin recursos.
Esta masificación responde más al clientelismo de los políticos, en
el caso de las instituciones estatales, y al afán de lucro de algunos
empresarios inescrupulosos, en el caso de las privadas, que a las
demandas del mercado y las necesidades del país. La universidad
ha dejado de ser un espacio público para el debate de ideas, la producción de conocimiento y en especial de pensamiento crítico sobre
los problemas del Perú.
Cómo resolverlo:
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Recuperar el concepto de “sistema universitario” que entienda
a las universidades peruanas como un conjunto articulado con
autonomía dentro de la sociedad y el Estado peruanos. La autoridad del sistema debe ser el Consejo Nacional Universitario.
Todas las universidades, más allá de su origen estatal o privado, deben ser consideradas como instituciones de servicio
público y contar con una comunidad universitaria integrada
por docentes, estudiantes y graduados abocados a las funciones esenciales de la universidad. Asimismo, la enseñanza, la
investigación y la proyección social deben estar articuladas al
desarrollo nacional.
La investigación debe ser la actividad fundamental del sistema
universitario peruano. Para financiar la investigación en las
universidades se requiere de un Sistema Nacional de Investigadores y un Fondo Nacional de Investigación Universitaria que
financie investigadores y proyectos.
Aumentar el financiamiento del Tesoro Público para la universidad estatal, aumentando gradualmente del magro 0,36% de
años recientes a un 1% del PBI.
La forma de gobierno en las universidades públicas debe ser
ágil y eficiente. Se debe establecer la Asamblea Universitaria
como órgano que aprueba lineamientos y planes de gobierno
mientras que el Consejo Universitario debe ser el “gabinete” del
rector, para una mayor eficiencia.
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Salud gratuita
para todos
>>>En términos de salud, seguimos en la cola de Latinoamérica y
tenemos serios problemas de acceso y de calidad de los servicios.
Millones siguen afectados por la elevada mortalidad materna,
desnutrición crónica y tuberculosis como sucede en los países más
pobres del mundo. A su vez, el sistema de salud pública no llega a los
lugares más pobres y apartados del país y cuando lo hace, se trata de
servicios de baja calidad.
Así, la exclusión que predomina en el Perú es particularmente
evidente en el campo de la salud. Se priva a millones de un derecho
social básico (58% no están cubiertos por algún seguro de salud), y
una de las mayores consecuencias es que las enfermedades y dificultades de acceso afectan el desempeño económico y la competitividad del país.
Cómo resolverlo:
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Para garantizar nuestro derecho a la salud, todos los peruanos
debemos tener acceso a un Sistema Nacional de Salud que llegue a todos los rincones del territorio y que garantice la más
amplia cobertura de riesgos, cuyos servicios sean gratuitos y no
requieran de pago previo.
Este sistema debe fusionar en un plazo de diez años todos los
servicios de del Ministerio de Salud, Essalud y las Fuerzas
Armadas. Para llegar a un sistema adecuado el aporte del Tesoro Público debe llegar al menos a un 8% del PBI en el curso del
proceso de fusión, como un nivel mínimo aceptable.
Es preciso adoptar un modelo de atención enfocado en lo
preventivo, fortalecer las redes locales de salud, y ampliar los
beneficios a los nuevos incorporados para alcanzar estándares
comunes de alta calidad en todos los hospitales públicos.
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Trabajo decente
con derechos
laborales
>>>Siete de cada diez peruanos trabajan informalmente en el país.
Es decir, más del 70% de compatriotas no gozan de beneficio laboral
alguno. La razón de fondo es el carácter del modelo económico, cuyo
sustento no es la productividad, sino una falsa competitividad. Esta
última depende de la reducción o el estancamiento de los salarios
reales y la privación de los derechos so pretexto de la eufemística
“reducción de los sobrecostos laborales”.
Si bien el crecimiento ha generado mayor empleo no ha permitido un cambio en la estructura ocupacional del país que permita
acercarse siquiera a los que se necesita. Las actividades con mayor
capacidad de generar empleo, como la industria y la agricultura, no
han sido promovidas, lo que sí ha pasado con la minería, que emplea
a menos del 1% de la PEA.
Cómo resolverlo:
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Cambiar el modelo económico por otro que privilegie la creación de empleos, el mejoramiento de los ingresos y la formación
profesional. Esto implica promover sectores como la agricultura o la construcción que son competitivos y utilizan más mano
de obra.
Garantizar y promover el derecho a la libre sindicalización y la
negociación colectiva, aboliendo el despido arbitrario e institucionalizando los aumentos consensuados del salario mínimo
entre empresas, trabajadores y el Estado.
Fiscalizar eficazmente el cumplimiento de las normas laborales
y adecuar la legislación a los estándares internacionales para
solucionar las observaciones que instituciones como la Organización Internacional del Trabajo han realizado, porque en
nuestro país no se cumplen los convenios ya suscritos.
Implementar un Plan Integral de Empleo y Mejoramiento de
Ingresos que involucre a diversos sectores y empiece por el fortalecimiento institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como principal promotor y ente arbitral entre
empresarios y trabajadores.
13
Pensiones dignas,
derecho de todos
14
S.O.S. para la
seguridad ciudadana
>>>El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar
de los ciudadanos durante su vejez. Sin embargo, la mayoría de
trabajadores carece de acceso a una pensión digna por vejez o discapacidad. No es viable el actual sistema de pensiones, instaurado
durante el fujimorismo, donde el sector privado y el sistema público
compiten en lugar de complementarse. Las AFP solo son un gran
negocio para su dueños. Estas empresas compiten deslealmente con
un sistema público desfinanciado, pero sin ofrecer condiciones sustancialmente mejores, ya que sus pensiones de apenas S/. 800 mensuales en promedio son muy similares a las del sistema público.
Nadie asume la responsabilidad de incorporar a casi dos tercios
de la PEA, cerca de 10 millones de peruanos, que no están cubiertos por algún sistema previsional. Asimismo, a diferencia de otros
países de la región, aún no contamos con un sistema para proteger
a quienes no han contribuido al sistema previsional por falta de
recursos, es decir, a los más pobres. Para ellos se requiere de un sistema que los proteja aún sin poder contribuir. Necesitamos, entonces, de un sistema sobre la base de la solidaridad, y no del lucro.
>>>La inseguridad ciudadana está en la agenda pública como el
tema que más preocupa a millones de peruanos. Actualmente,
somos el país con el más alto nivel de percepción de inseguridad
(53,8%) y con el mayor nivel de víctimas reales (31,1%) en América
Latina.
En la práctica, no hay una política nacional de seguridad ciudadana. Más armas, patrulleros y tecnología sólo pueden ser realmente efectivos si se ponen a disposición de instituciones fuertes
y con valores democráticos que responden a las necesidades de la
ciudadanía. Sin cambios de fondo en las instituciones clave como la
Policía Nacional y los municipios, se sigue con un enfoque represivo
y autoritario que no rinde frutos.
Cómo resolverlo:
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Diseñar e implementar un nuevo sistema público de pensiones
basado en la solidaridad de carácter obligatorio. Este sistema
se podrá complementar con fondos privados para quien lo
desee. El sistema público brindará tanto pensiones contributivas como no contributivas, buscando extender la cobertura del
sistema previsional en el país.
El sistema solidario debe ser financiado tanto por los aportes
de los trabajadores como por los impuestos generales, deshechando el mito de que el envejecimiento de la población impide
el funcionamiento de un sistema solidario.
Para manejar las políticas y reformas previsionales de manera
integral se debe crear un Consejo Nacional de Seguridad Social
que incluya a los asegurados, empleadores, Estado y otros actores sociales. Este consejo debe velar por el correcto uso de los
fondos previsionales
Cómo resolverlo:
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Modificar el marco legal de manera que el alcalde sea explícitamente el responsable político de la seguridad ciudadana en su
circunscripción. El comisario de cada localidad debe asumir la
responsabilidad técnica de la implementación.
Aumentar el presupuesto destinado a la seguridad ciudadana
en los municipios.
Iniciar un proceso amplio y transparente de diálogo sobre la
reforma de la Policía, apuntando a que se distinga un servicio
policial local, abocado a la seguridad ciudadana y que responda a las necesidades de la población. Asimismo, considerar la
formación de la policía rural que pueda atender las necesidades
particulares de cada zona, teniendo en cuenta la diversidad
cultural e idiomática del país.
Iniciar una campaña multisectorial para atacar factores de
fondo que contribuyan a la creciente inseguridad, incorporando a los sectores de Educación, Salud y Justicia, entre otros.
transformar la
economía
15
Desarrollar mercados
internos para integrarnos
a la economía global
>>>Luego de las reformas económicas ejecutadas en los noventa,
la exportación de materias primas, especialmente de minerales,
ha vuelto a ser casi el único fundamento de nuestro crecimiento
y nuestra inserción en la economía internacional. Como producto
de esta situación, nuestra economía es cada vez más dependiente
y vulnerable a las crisis externas, lo que se traduce en episodios de
crecimiento insostenibles en el largo plazo.
De esta manera, las políticas económicas han dejado un espacio
cada vez menor para el desarrollo de nuestros mercados internos.
Esta situación empobrece a los peruanos y perjudica gravemente
nuestra democracia. Por ello, debemos impulsar un proceso de
integración del país hacia adentro para que sea posible integrarnos
también al mundo.
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Planificacióny presupuesto
como herramientas
democráticas
>>>Los presupuestos nacionales son fiel reflejo de la reducción del
rol estatal en la economía y han dejado de ser herramientas para el
desarrollo. Así, el Estado ha pasado a encargarse sólo de funciones
provisionales y la planificación ha dejado de ser un eje de articulación de la acción pública en función de los objetivos comunes. La
escasa autoridad pública se ha limitado a crear buenas condiciones
para el arribo de la inversión privada.
La actual distribución de los recursos del Estado no se sustenta
en las necesidades de la población, ni en las responsabilidades de
cada sector. Se hace sobre la base de la inercia de ciertos gastos
corrientes como los sueldos, que predominan desde hace décadas,
en lugar de que se realicen cambios para propiciar una relación
entre presupuesto asignado y responsabilidades asumidas y ejecutadas por los gobiernos nacional, regional y local.
Cómo resolverlo:
Cómo resolverlo:
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Reducir la vulnerabilidad de la economía nacional ante shocks
externos, dejando de lado la matriz primario-extractiva por
una de mayor valor agregado y diversificación en los productos. Asimismo, reducir la vulnerabilidad alimentaria con una
política de promoción del sector agrícola, lo cual implica que
el Estado asuma un rol elemental en la promoción de sectores
económicos considerados estratégicos.
Redefinir nuestro papel en el proceso de globalización, replanteando nuestra política de integración comercial y adoptando
estrategias de negociación en bloques como Mercosur y la CAN.
Promover la inversión nacional, tanto pública como privada con
la cual se reduzca el elevado déficit de infraestructura que el país
adolece y se integre la economía con la geografía nacional.
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Reemplazar el Ministerio de Economía y Finanzas por dos
ministerios: uno de Planificación y Presupuesto que articule
un sistema de planificación nacional; y otro de Hacienda que
administre las finanzas públicas y gestione la ejecución del
presupuesto.
Implementar un mecanismo de “co-participación tributaria”,
donde todos los ingresos tributarios que son registrados por la
SUNAT sean compartidos de manera pre-establecida con los
tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.
Reestructurar las transferencias presupuestales a los gobiernos
regionales y locales en base a criterios de equidad per cápita,
compensación por niveles de pobreza, metas sociales y la retribución del aporte de cada territorio.
Implementar nuevos fondos de contingencia que permitan
minimizar la volatilidad en los montos de un año a otro,
además, que sirvan como mecanismo de compensación a los
municipios pobres que no reciben recursos de canon, además de
premiar los avances en el desempeño institucional.
17
establecer nuevo pacto
fiscal y distributivo
>>>En la actualidad, el total de los ingresos tributarios del país
asciende a 14% del Producto Bruto Interno, monto que se ubica
muy por debajo del promedio de América Latina (18% del PBI). Así,
se incumple sistemáticamente la meta establecida en el Acuerdo
Nacional de hace casi una década.
Asimismo, nuestra estructura tributaria posee un carácter regresivo, lo que significa que se “castiga” a la población con menos recursos. Esto ocurre porque en la recaudación dominan los impuestos
indirectos (IGV, ISC), que pagamos todos en iguales porcentajes,
sobre los impuestos directos (Impuesto a la renta) que deben gravar
más a quienes más ganan y tienen.
18
Promover ciencia y
tecnología como motor
del desarrollo
>>>Sin avances en ciencia, tecnología y generación de conocimiento,
queda limitada nuestra capacidad para mejorar la eficiencia, productividad y competitividad de manera sostenible. Sin embargo,
estas actividades son escasamente promovidas por nuestros gobernantes.
Seguimos sin invertir lo suficiente en nuestras capacidades
autónomas, limitándonos al 0,15% del PBI, mientras que Chile
invierte cuatro veces más. Actualmente, tenemos al CONCYTEC,
cuya labor se centra en promocionar fondos concursables, pero ello
es insuficiente. Se requiere que el gobierno se comprometa en darle
a este sector el impulso que necesita para poder desarrollarnos en
el largo plazo.
Cómo resolverlo:
Cómo resolverlo:
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Establecer un Pacto Fiscal que legitime la reforma tributaria.
Esta reforma debe centrarse en ampliar la base tributaria con
un carácter progresivo, garantizando que quienes ganen más,
contribuyan más, y esto genere una distribución más justa de
la riqueza nacional.
Revisar la política tributaria y de regalías en el sector minero,
petrolero y gasífero para asegurar una justa contribución por la
explotación de recursos no renovables que pertenecen al país.
Revisar las exoneraciones, ventajas tributarias especiales y
convenios de estabilidad tributaria, en especial en los sectores
minero y financiero.
Combatir la evasión tributaria con el desarrollo de mecanismos
eficientes en el proceso de registro de contribuyentes y aprobar
incentivos que reduzcan los altos niveles de informalidad económica del país.
Fortalecer la autonomía de los gobiernos regionales y locales,
mejorando sus capacidades e incorporándolos gradualmente en
la tarea recaudatoria.
•
•
•
Promover y ampliar significativamente el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT).
Este sistema debe lograr que participen y actúen de manera
coordinada las empresas, los distintos niveles de gobierno y las
universidades.
El gobierno debe financiar y promover la investigación en
las universidades e institutos de investigación tanto públicos
como privados. Para esto se requiere promover la carrera de
investigador y asignar de manera sostenida los fondos públicos
respectivos.
Se debe priorizar el impulso a la investigación básica, tanto
en ciencias naturales, exactas y sociales; sin sesgos falsos que
prioricen de manera inadecuada alguna rama del conocimiento
sobre otra.
19
Recuperar nuestra
soberanía energética
>>>Somos un país rico en recursos naturales, pero su explotación
no beneficia preferentemente a los peruanos sino a los intereses
internacionales. Nuestros recursos energéticos son un aspecto crucial que ha sido manejado por los gobiernos recientes sin criterios
de soberanía y de objetivos nacionales de desarrollo. En el mundo
actual las reservas energéticas tienen un valor estratégico creciente
y deben protegerse, utilizándolas en el marco de un proyecto que
aproveche los recursos disponibles de la mejor manera y explore
alternativas con visión de largo plazo.
Tenemos alternativas para escapar gradualmente de la dependencia del petróleo u otras materias que deben ser importadas.
La más importante actualmente es el gas natural, que hace una
década parecía la clave para la seguridad energética en el mediano
y largo plazo. Sin embargo, los manejos ilegales de los últimos dos
gobiernos permitieron que se privilegie la exportación antes que el
desarrollo económico y la soberanía energética.
Es preciso repensar nuestra matriz energética, no sólo aprovechando el gas natural sino también propiciando la diversificación de
fuentes a través de la energía hidroeléctrica y fuentes alternativas.
Propuestas de solución:
•
Aprovechar nuestros
recursos
naturales
de manera sostenible
•
•
Recuperar la soberanía energética del país y que el Estado
cumpla un papel de ente rector en la política energética de
largo plazo, lo cual requiere que se retome la actividad empresarial del Estado, como sucede en países vecinos como Brasil y
Colombia.
Hacer los cambios normativos y de políticas necesarios para
privilegiar la seguridad y sostenibilidad del suministro del gas
al mercado interno, partiendo de los cambios constitucionales
y legales para que la propiedad de los hidrocarburos sea del
Estado y no de los titulares de los contratos de licencia.
Es preciso volver a asegurar el abastecimiento del Perú por un
horizonte permanente de 20 años.
20
prevenir los
conflictos ambientales
>>>En la actualidad, la Defensoría del Pueblo registra 250 conflictos sociales en el Perú, de los cuales el 48% corresponde a conflictos de tipo ambiental. Es decir, directamente relacionados con
la extracción de los recursos naturales sin la protección ambiental
necesaria. Esto tiene repercusiones políticas, sociales y económicas
porque afecta a las poblaciones que viven en un determinado territorio y a sus ecosistemas. El número de conflictos solucionados es
mínimo respecto a la cantidad de conflictos activos y latentes que
existen.
Sin querer entender esta realidad, el Estado sigue otorgando
concesiones para extraer los recursos naturales. Esto ha motivado
las protestas que han tenido casi como única respuesta su criminalización por parte de la autoridad.
Cómo resolverlo:
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Implementar un mecanismo de consulta serio sobre las actividades extractivas que se ejecutarán con los pobladores que se
verán afectados por las mismas.
El Ministerio del Ambiente debe encargarse de evaluar los
estudios de impacto ambiental y no solo el Ministerio de Energía y Minas, como ocurre en la actualidad.
Impulsar un proceso de reordenamiento territorial en todo el
país y demarcar zonas donde puedan realizarse actividades
extractivas y otras destinadas a otras actividades productivas.
Derogar la legislación que criminaliza la protesta social y establecer el diálogo a todos los niveles.
21
Poner el cambio
climático en la
agenda política
>>>El cambio climático es un tema político. Esto quedó en evidencia cuando los dos países más poderosos y contaminantes del
mundo (Estados Unidos y China) se negaron a aceptar acuerdos
vinculantes en las cumbres de Copenhague y Cancún. Aún no existe
un acuerdo para extender el Protocolo de Kyoto y los compromisos
alcanzados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no tienen el peso necesario para su cumplimiento.
Nuestro país es considerado, después de Bangladesh y Honduras,
el tercero más amenazado por el cambio climático. Actualmente ya
nos vemos perjudicados por la continua pérdida de glaciares y sus
efectos sobre la disponibilidad de agua, el aumento de los desastres naturales y los efectos climáticos sobre la agricultura, pesca y
energía.
El Estado peruano carece de una estrategia eficaz para enfrentar
el problema. Necesitamos, por ello, de mejores políticas de protección del ambiente y cambios en nuestro estilo de vida.
Cómo resolverlo:
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Aprobar una estrategia nacional para enfrentar el cambio
climático adoptada de manera participativa e integral con las
organizaciones de la sociedad civil. La educación ambiental es
un aspecto fundamental de esta estrategia.
Exigir a los gobiernos regionales la implementación, en el
menor plazo posible, de estrategias para manejar el cambio
climático.
Reformar el INDECI, para que sea un ente capaz de gestionar
eficazmente y con visión de largo plazo los riesgos de desastres
en el país.
Consolidar estrategias comunes y reunir esfuerzos con países
que tienen desafíos similares, como los países andinos y los
países de la cuenca amazónica, para tener poder de negociación
frente a los países ricos que son los grandes contaminantes.
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