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Propuestas en materia de Seguridad
Bases para la gestión de la seguridad ciudadana dentro de un modelo
democrático
1. Consideraciones previas
2. La seguridad en los últimos gobiernos
3. Cuestiones pendientes
3.1
Políticas de Estado
3.2
Una nueva policía
3.3
Coordinación interinstitucional
3.4
La reforma del proceso penal
3.5
La reforma del Código Penal
3.6
Los aspectos sociales y culturales
3.7
Un nuevo sistema carcelario
3.8
Adolescentes en conflicto con la ley penal
3.9
El sistema de justicia
*****
1. Consideraciones previas
Los uruguayos venimos sufriendo desde hace algunos años, un progresivo y
persistente deterioro de nuestra calidad de vida, como consecuencia del crecimiento de la
inseguridad, entendida esta, tanto desde el punto de vista objetivo – los delitos aumentan como subjetivo – aumenta la sensación de peligro y el miedo.
Los análisis y los diagnósticos han sido múltiples. Desde sectores políticos, la
academia, la comunidad y los sucesivos gobiernos, se ha procurando entender el fenómeno e
identificar sus causas. Así la devaluación y pérdida de valores, la situación de pobreza y
exclusión social, la influencia de las drogas, la falta de una adecuada acción de control y
prevención del delito o la débil acción de la justicia se han considerado factores determinantes
del crecimiento delictivo y de la inseguridad.
Históricamente y desde la óptica de las ciencias sociales, las explicaciones del delito
también han sido diversas. Para Durkheim, por ejemplo, la delincuencia era una forma de
conducta anómica, producto de la ruptura de los lazos tradicionales que unen al individuo con
la sociedad. Parsons, mientras tanto, consideró que la conducta desviada aparece cuando se
producen perturbaciones o deficiencias en los procesos de socialización y de conformación de
la motivación adecuada que deben realizar diferentes sectores socializadores, como la familia
o la escuela. Por su parte Merton entendió que, más que un proceso deficiente de
internalización de las pautas, la conducta socialmente desviada es el resultado de la crisis que
sufre el individuo en las sociedades modernas, cuando internaliza las metas que su comunidad
considera valiosas, pero no accede a los medios que la misma reconoce como legítimos para
cumplirlas.
Nosotros, afiliándonos a las mas modernas escuelas criminológicas, habremos de
partir, en el presente trabajo, del convencimiento de que el delito no puede abordarse desde
una óptica reduccionista y simplificadora. Antes bien, lo reconocemos como un fenómeno
social particularmente complejo y multicausal que, como tal, debe ser abordado.
2. La seguridad en los últimos gobiernos
Los gobiernos que se sucedieron desde la apertura democrática, padecieron de un
enfoque particularmente simplista del problema de la seguridad ciudadana, muchas veces
condicionado por definiciones ideológicas, lo cual impidió que, hasta el presente, no se haya
logrado instrumentar una política efectiva para su solución.
Los gobiernos de los Partidos Nacional y Colorado no lograron identificar a tiempo las
evidencias del progresivo deterioro que los ciudadanos comenzaron a sufrir en sus cotidianas
condiciones de seguridad. Cuando la situación ya tenía características preocupantes, sólo
atinaron a adoptar medidas parciales, muchas veces inconexas y contradictorias,
particularmente orientadas por filosofías de “Ley y Orden”. Así, sin rigor científico alguno,
se crearon nuevos delitos y se aumentaron las penas de otros, utilizando al sistema penal
como la herramienta fundamental para intervenir en los problemas de seguridad ciudadana.
Ese camino, conjuntamente con el aumento de la delincuencia, hizo colapsar el sistema
carcelario, situación que, lejos de mejorar, ha empeorado sin cesar.
En los últimos gobiernos del partido Colorado se intentó dar una respuesta al problema
de la inseguridad ciudadana aplicando el modelo de Policía Comunitaria, especialmente
orientado a tareas de prevención del delito mediante la interacción de la Policía con otros
sectores de la sociedad y cuyos orígenes se pueden ubicar en las décadas de los años 70 y 80,
en países como Canadá, Inglaterra, España y Argentina.
El nuevo paradigma, que implica un cambio en la gestión del servicio policial en el
ámbito local, a través de la participación vecinal por intermedio de consejos o comisiones
barriales o vecinales, fue impulsado durante la gestión del Ministro Stirling, con el apoyo del
BID. Se crearon, así, las “Comisiones de Seguridad Ciudadana” y “Vecino Alerta” y los
grupos policiales de “Policía Comunitaria” (símil de la “Policía de Proximidad” de España).
El experimento generó un cierto apoyo en algunos sectores de la sociedad, pero no fue
debidamente comprendido ni aceptado por la interna policial, que dificultó y postergó el
desarrollo de los programas, condicionando su eficacia.
Los sectores de izquierda, fuertemente críticos del nuevo programa, no demoraron en
desactivarlo al llegar al gobierno. El Frente Amplio, en efecto, consideró que con la
implementación de la Policía Comunitaria se orientaba el trabajo policial en forma casi
exclusiva a la prevención y represión de los delitos de menor cuantía (como hurtos y
arrebatos) y a los grupos percibidos por algunos sectores de la población como generadores de
riesgo (los jóvenes, por ejemplo), desarrollando un concepto restringido de la seguridad y
potenciando la aplicación selectiva del sistema penal, en perjuicio de los sectores mas
vulnerables.
Durante el período del Ministro José Díaz, fue particularmente evidente que toda la
acción del Ministerio del Interior estaba condicionada por una orientación ideológica que
centra la interpretación de las manifestaciones delictivas en una expresión de la exclusión
social y la pobreza, generadas por las sociedades capitalistas. La atención, por ende, se
focalizó en forma casi excluyente en la eliminación de tales causas, para lograr disminuir los
delitos. Se desactivaron las consecuencias del “derecho penal de la emergencia”, mediante la
aprobación de la ley 17.897 (denominada “De Humanización y Modernización del Sistema
Carcelario”). Paralelamente se derogó el Decreto 690/80, que habilitaba a la policía a detener
“en averiguaciones”, norma claramente inconstitucional que, no obstante, debió haber sido
sustituida por otras herramientas adecuadas para facilitar la labor investigativa del instituto
policial.
Estas acciones, sumadas a la desaparición de las comisiones de seguridad vecinal y
vecino alerta, generaron en la población la imagen de un gobierno prescindente en materia de
seguridad, con la consecuente sensación de desprotección. Los índices de inseguridad
subjetivas se dispararon, situando en un 75% la percepción negativa de la población, en
materia de seguridad (julio de 2008).
Algunas acciones positivas del gobierno (tales como la aprobación del Código de
Procedimiento Policial), pasaron inadvertidas para la población.
3. Cuestiones pendientes
3.1 Políticas de Estado
La experiencia de las últimas décadas, evidencia la imprescindible necesidad de
instrumentar una verdadera política de estado en materia de seguridad ciudadana, que
definitivamente encare los problemas en profundidad, mediante el diseño de un modelo de
seguridad democrático, moderno y efectivo, basado en los necesarios consensos técnicos,
sociales y políticos.
3.2 Una nueva policía
En nuestra visión, el fracaso de los sucesivos gobiernos en mostrar logros en materia
de seguridad, está notoriamente relacionado con deficiencias estructurales en la organización
de la Policía Nacional, que, o no se han sabido detectar, o no se han querido encarar, por la
gran complejidad del problema.
3.2.1 Hacia una mayor especialización
Según su Ley Orgánica y el recientemente aprobado Código de Procedimiento
Policial, la Policía tiene como funciones fundamentales el mantenimiento del orden público y
la prevención de los delitos, la tarea de investigar y reunir las pruebas respecto a los hechos
delictivos consumados (en su carácter de auxiliar de la justicia) y la gestión de los centros de
reclusión.
En otros países, estas funciones - de Policía Administrativa, Judicial y Penitenciaria son asignadas a cuerpos distintos e independientes, con lo que se logra una mayor
especialización profesional en el cumplimiento de las tareas.
La capacidad profesional requerida para cada una de las tareas es claramente diferente,
por lo que entendemos que para lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de las
mismas, nuestro instituto policial debe transitar hacia una clara separación de las tres
funciones referidas, con personal específicamente capacitado para cada una de ellas y
organizaciones adecuadas, en cada caso.
Así, la función esencialmente Preventiva de la Policía debería ser cumplida en todo el
territorio nacional, básicamente por un organismo especializado en Seguridad Pública y otro
con formación y medios específicos para Operaciones Especiales. La de Auxiliar de la
Justicia debería funcionar mediante un organismo especializado en la investigación de los
delitos y otro en tareas de criminalística. La labor penitenciaria, finalmente, estaría a cargo de
un área de seguridad de los centros de reclusión y otra especializado en la rehabilitación y
tratamiento de los reclusos. Todo el sistema debería apoyarse en un organismo especializado
en Inteligencia Criminal.
Ello requerirá una nueva institucionalidad de la fuerza, mediante una profunda
reingeniería que incluya el reagrupamiento de estructuras existentes e incluso la creación de
otras necesarias para el modelo que se propone, así como la reasignación y capacitación
adecuada de los recursos humanos, orientada por el concepto de especialización para la tarea
a cumplir, con atención a las diferentes modalidades delictivas y de las realidades de la
seguridad ciudadana en distintas zonas del territorio nacional (delito organizado, narcotráfico,
violencia intrafamiliar, minoridad infractora, áreas urbanas, rurales o turísticas, etc.).
3.2.2 Una nueva Ley Orgánica
La Ley Orgánica vigente se basa en un concepto de fuerza militarizada, que no resulta
adecuado para el buen cumplimiento de las tareas asignadas a la Policía Nacional.
Debe realizarse una profunda reingeniería institucional que potencie la efectividad
policial, en el cumplimiento de la misión que constitucional y legalmente tiene asignada. Es
necesario superar el modelo de policía que tiene nuestro país, con una estructura diseñada al
estilo de las fuerzas armadas (pensada para el combate) y sustituirla por otra adecuada para la
resolución de situaciones de conflicto social y la lucha contra el delito.
Debe instrumentarse una capacitación adecuada del personal policial, que le permita
desarrollar su potencial desde el inicio, le posibilite su superación profesional y transitar una
carrera funcional que incluya el acceso a los máximos cargos y que, a la vez, le garantice
mecanismos de evaluación justos, objetivos y alentadores.
Para ello es imprescindible un rediseño de la estructura, que comprenda: a) la
disminución de la cantidad de grados y su adecuación a las tareas que realmente se cumplen
en cada nivel profesional de la actividad policial; b) el establecimiento de parámetros estrictos
y ágiles en cuanto a la permanencia en cada grado y el ascenso, desde el grado inferior al
superior, con particular incidencia en la calificación del nivel curricular obtenido en los cursos
de los centros de formación y actualización respectivos, por medio del concurso y oposición
de méritos; c) la eliminación de la actual diferenciación entre personal superior y subalterno,
como forma de que todos los integrantes de la institución se consideren igualmente
profesionales, de forma tal de estimular la superación personal y, con ello, la eficiencia del
servicio.
También es imprescindible un cambio de enfoque en el régimen disciplinario, que
contemple la particularidad de la función, el hecho de que su personal utiliza armas y la
especial importancia de la disciplina en el desarrollo de las tareas propias de la organización
y, a la vez, supere rémoras que solo perjudican el desarrollo de la profesionalidad de sus
recursos humanos, preste particular atención al concepto de la ética profesional e incluya la
creación de tribunales, con participación de los pares, encargados de juzgar la conducta de los
policías.
Mientras tanto, el despliegue territorial y operativo de la institución, que ha estado
esencialmente relacionado al concepto de base o unidad física y con un diseño que lleva ya
varias décadas sin modificaciones de relieve, deberá ser readecuado en consideración a las
condiciones territoriales y poblacionales y a las realidades delictivas actuales.
3.2.3 Una policía profesional
La impunidad en el accionar de quienes violan la ley y no respetan los derechos de los
ciudadanos, así como la falta de esclarecimiento de muchos delitos, e incluso la inadecuada
atención de problemáticas específicas, como la violencia de género o la minoridad infractora,
no sólo fortalece la sensación de inseguridad de las personas, sino que constituye un déficit de
la sociedad uruguaya, que es preciso revertir con urgencia.
Para ello, resultan imprescindibles acciones concretas tendientes a elevar la eficacia y
eficiencia de la Policía Nacional, en la prevención e investigación de los delitos y en la
atención de las diversas formas del conflicto social, aumentando la inversión en tecnologías
modernas y profundizando la capacitación del personal policial en todos sus niveles, mediante
la elevación del nivel curricular en las condiciones de ingreso y un aumento sustancial en las
remuneraciones.
Paralelamente es necesaria una fuerte inversión en los centros de formación
profesional básica y superior, una profunda reestructura de sus programas de enseñanza,
orientándolos decisivamente a la formación de un policía profesional de la seguridad pública,
con fuerte acento en la especialización y especial atención a los potenciales que la tecnología
moderna ofrece.
Deberán establecerse mecanismos permanentes de intercambio profesional con
Agencias de Seguridad Pública de todas partes del mundo, organizando sistemas de becas y
recepción de especialistas para cursos en nuestro país.
3.2.4 Sistemas de evaluación
Un sistema de evaluación que, con criterios objetivos y mensurables, analice
permanentemente el desempeño de las distintas reparticiones policiales, es condición básica
para optimizar el resultado de las políticas y estrategias que se apliquen, detectando
ineficiencias en forma temprana y oportuna para una corrección adecuada. La incidencia de
este sistema en la calificación del personal correspondiente, promoverá una cultura de la
responsabilidad y de rendición de cuentas en el personal policial. Para ser verdaderamente
útil, esa evaluación debe ser externa al Instituto Policial y de conocimiento público.
3.2.5 El problema del 222
Ninguna profundización en la profesionalización del personal policial será posible si
no se promueve la dedicación exclusiva a su tarea natural.
Para ello es necesario que se establezcan definitivamente remuneraciones suficientes y
dignas y condiciones de desempeño laboral adecuadas.
La resolución de la problemática que plantea el sistema de horarios extras generado
por el artículo 222 de la Ley 13.318 es esencial y prioritaria, teniendo presente la incidencia
que el mismo tiene en la economía familiar de los efectivos policiales.
Deberá establecerse una estrategia de transición, que nos lleve a un modelo policial de
dedicación exclusiva, sin afectar las posibilidades de ingreso que el actual sistema de
servicios especiales ofrece a los policías.
3.2.6 El bienestar del policía y su familia
El policía desarrolla su actividad sometido a particularísimas condiciones de tensión y,
muchas veces, a exigencias extremas que lo exponen a niveles de stress muy superiores a los
de los restantes funcionarios del estado.
Tales condiciones laborales no pueden dejar de influir negativamente en la salud
psico-social del policía y generalmente inciden en su familia, por lo que es prioritario
establecer mecanismos adecuados de atención especializada, permanente e integral.
Es esencial, además, potenciar el sistema de bienestar social policial, estableciendo
mecanismos adecuados para atender las necesidades de vivienda del personal, de apoyo para
los hijos que cursan estudios superiores, así como de las necesidades del policía y su familia
de acceder al esparcimiento, potenciando los centros vacacionales ya existentes, facilitando el
acceso a los mismos en forma general e implementando convenios de turismo social, etc.
3.2.7 El retiro policial
Es actual sistema de retiros policial es profundamente negativo para el personal y para
la institución.
Por un lado, luego de largos años de servicios, plenos de sacrificios y dificultades, el
policía se encuentra con un haber de retiro absolutamente insuficiente y que no le ofrece la
posibilidad de atender con dignidad sus más básicas necesidades ni las de su familia y lo
condena a la búsqueda de empleos, muchas veces muy mal remunerados e inadecuados para
su edad, como forma de complementar tan menguados ingresos.
Por otro lado, no se contempla la posibilidad de que la institución policial se beneficie
de la acumulación de experiencia y conocimientos de sus miembros retirados, a quienes se
excluye de su ámbito natural y convirtiéndolo en un extraño.
Debe transitarse a un sistema que, por un lado, asegure condiciones dignas al retirado,
con haberes de retiro adecuados y que, por otro, permita mantenerlo vinculado a la
organización, valorando su condición de profesional de un área esencial para la sociedad,
potenciando la mística de la labor cumplida y conservando el acervo profesional y la
experiencia generada en años de labor.
3.3 Coordinación interinstitucional
Admitida la característica multicausal de las conductas delictivas, resulta claro que es
preciso instrumentar acciones de gobierno que permitan un abordaje interdisciplinario del
fenómeno y la utilización de herramientas institucionales multisectoriales y permanentes, con
una especial atención a la participación de la comunidad en el diseño, seguimiento y
evaluación de las estrategias, como forma de lograr una adecuada coordinación del trabajo de
todas las áreas públicas, nacionales y departamentales y sectores de la sociedad civil o del
empresariado con posible incidencia, tanto en la eliminación de las causas de las mismas
como en la minimización de sus efectos.
Tal coordinación puede permitir, por ejemplo, la posibilidad de ensayar con éxito, la
aplicación de medidas como las que, inspiradas en la “Teoría del Espacio Defendible”, se han
aplicado en otros países con buen resultado y que procuran la reducción del delito mediante la
transformación del espacio físico donde este se produce. Así, el diseño de los edificios y de
los espacios públicos de manera prolija y ordenada, de modo de favorecer la sensación de
seguridad y la vigilancia natural por parte de los vecinos.
Tales espacios interinstitucionales de coordinación pueden constituirse en ámbitos
adecuados para la elaboración y seguimiento de una política de estado en el tema que nos
ocupa, con un enfoque prospectivo, que permita evaluar el impacto de las políticas
implementadas y diseñar modelos de funcionamiento de una sociedad más segura y amigable.
En tal sentido no debe dejar de tenerse en cuenta el potencial que ofrecen las unidades
básicas, especialmente las Comisarías, consideradas en una estructura general de prevensión
policial, para la implementación de estrategias de coordinación y de participación de la
comunidad en la problemática de la seguridad ciudadana, lo que requerirá una formación
adecuada de los Oficiales Jefes responsables.
3.4 La reforma del proceso penal
Nadie discute en nuestro país que la modernización y actualización del proceso penal
es prioritaria, no obstante lo cual poco se ha avanzado en este sentido, desde la recuperación
democrática.
Para nuestro partido, urge hacer frente a esta tarea y así lo manifestamos al apoyar la
creación de una comisión especial con ese fin, en la Ley Nº 17.897.
El nuevo proceso penal, además de respetar cabalmente los principios del debido
proceso y del derecho de defensa, deberá tener una duración razonable y, principalmente,
deberá dotar al juez y la fiscal de herramientas ágiles y modernas para una investigación
judicial eficaz y eficiente.
Es preciso habilitar, además, la participación como parte de las víctimas o sus familiares en
el proceso penal, particularmente en los delitos contra las personas, incluidos los de violencia
doméstica y los sexuales. De este modo, se posibilitará que la víctima participe activamente
en el desarrollo de un proceso en el cual se ventilan cuestiones que afectan sus derechos
fundamentales.
3.5 La reforma del Código Penal
Es, también una asignatura pendiente, la reforma del Código Penal. Existen conductas
que, aunque percibidas como delictivas por la población, no lo son en nuestro derecho y
deberían ser penalizadas (por ejemplo, el tráfico ilegal de armas de fuego).
Existen otras cuya tipificación delictiva resulta arcaica y discriminatoria. Así, los
delitos sexuales deberían ser considerados como delitos contra la libertad o la personalidad (y
no contra las buenas conductas y el orden de la familia).
Existen, también, conductas cuya penalización es francamente inconstitucional, como
los delitos de prensa, que atentan contra la libertad de expresión, situación que es preciso
corregir.
Una reforma profunda del Código Penal debería contemplar la implementación de
mecanismos procesales alternativos, característicos de un derecho penal restitutorio, más
rápidos y eficaces que el pesado sistema de justicia penal principal, que incluya penas
alternativas, la reparación de la víctima, la desjudicialización y tratamiento administrativo de
pequeñas infracciones, mediante mecanismos de arbitraje y conciliación, con la participación
de mediadores entrenados.
3.6 Aspectos sociales y culturales
No es posible soslayar que problemas tales como la exclusión social, la violencia
familiar, el abandono y las conductas adictivas, inciden gravemente en el deterioro de la
integración social, la tendencia a resolver los conflictos mediante la violencia y el delito.
La seguridad de las personas pasa, entonces, también, por la enfática promoción de
una cultura de convivencia pacífica, el comportamiento responsable, el valor del trabajo, el
respeto por los derechos humanos de todos y la promoción de vínculos familiares sanos. Y
también por una adecuada atención a las personas con problemas de consumo abusivo de
sustancias (legales e ilegales), que combine tratamientos eficaces y el necesario apoyo a las
familias.
Esta tarea requiere la participación coordinada de de distintas instituciones estatales
(sistema educativo, de salud, de desarrollo social, etc.) y no estatales (organizaciones no
gubernamentales, empresas, medios de comunicación).
3.7 Un nuevo sistema carcelario
Urge crear un sistema carcelario completamente nuevo, que no sólo respete los
derechos humanos de las personas privadas de libertad, sino que promueva su rehabilitación,
con la meta de de lograr la inclusión social de tales personas y no sólo la no reincidencia. Se
ha dicho que las sociedades deben ser evaluadas en el respeto a los derechos humanos por
como tratan al “peor” o al más “débil” de sus integrantes, más que al “mejor” o al más
“fuerte” (concepto manejado por Winnicott). Este pensamiento debe iluminar todas las
propuestas de nuestro partido sobre el tema.
Ese nuevo sistema debe estar integrado por diversos centros de rehabilitación
(separados por edad, por sexo, por las características de sus destinatarios, para adictos, etc.),
con una dirección única. El trabajo del sistema será permanentemente evaluado, mediante la
recopilación de experiencias y el estudio y discusión abierta de los resultados, a fin de
acumular conocimientos que permitan ir mejorando su desempeño.
La admisión de cada persona privada de libertad a un centro de rehabilitación, se
resolverá luego de que manifieste su voluntad en tal sentido y de que sea evaluada en un
proceso que incluir.
En la medida en que la rehabilitación no puede ser obligada, el sistema deberá incluir
centros de reclusión comunes, en los cuales igualmente se brindará a los internos un trato
digno y humanitario. También existirán centros de máxima seguridad, a los cuales se
destinarán los procesados y condenados que lo justifiquen.
En todos los centros se trabajará con total y auténtico respeto a los derechos humanos
de los internos, tendiendo a la construcción de vínculos de confianza mutua, respeto de unos a
otros, rechazo a la violencia, superación de las conductas adictivas, etc.
El trabajo con los internos en centros de rehabilitación estará a cargo de equipos
interdisciplinarios, integrados por técnicos (Educadores Sociales, Psicólogos, Psicólogos
Sociales, Técnicos Sociales, Sociólogos), que deberán demostrar especial vocación y
compromiso con la tarea asignada.
Finalmente, el sistema deberá contar con recursos materiales suficientes y apropiados,
partiendo del principio de que es más rentable para la sociedad invertir en rehabilitación, que
enfrentar las consecuencias de la delincuencia crónica.
3.8 Adolescentes en conflicto con la ley penal
No somos partícipes de los criterios de quienes atribuyen a los adolescentes una gran
responsabilidad en la situación de deterioro de las condiciones de seguridad de nuestra
población. Estudios con validez científica demuestran que tal percepción carece de respaldo
real.
Por ello somos contrarios a la consideración de normas que disminuyan la edad de
imputabilidad, máxime teniendo en cuenta las condiciones actuales del sistema carcelario en
el Uruguay.
No obstante creemos que es necesario mejorar algunas herramientas para la atención
de la problemática de la delincuencia juvenil, como condición para interrumpir su
acercamiento al delito, evitar su utilización por delincuentes mayores y generar mecanismos
adecuados para su inserción social.
En tal sentido se hace necesario una reforma en el Código de la Niñez y la
Adolescencia, entre otros aspectos en la penalización de la tentativa del delito de hurto.
Deberá mantenerse la participación de la policía en el área, potenciada mediante una
capacitación especializada (similar a la realizada en la problemática de la violencia doméstica
y de género), conservando el liderazgo de la tarea en el INAU.
Asimismo, deberá realizarse una fuerte inversión en infraestructura para la contención
de los adolescentes en conflicto con la ley penal, asegurando condiciones adecuadas, tanto
materiales, como en la capacitación del personal afectado.
3.9 El sistema de justicia
El sistema de justicia, entendido como la integración del Poder Judicial (incluido el
Instituto Técnico Forense) y el Ministerio Público y Fiscal, muestra, también debilidades y
carencias, en lo que hace a la promoción de la seguridad de las personas, con la consiguiente
disconformidad de éstas.
También en este ámbito es necesario adoptar medidas que mejoren el desempeño del
sistema, de modo de que cumpla la finalidad que la sociedad le ha asignado, a satisfacción de
ésta. Para ello será necesario proveerlo de más recursos, humanos y materiales y mayor y
mejor capacitación (no sólo jurídica, sino también criminalística y propiamente técnica).