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DEUDAS SOCIALES EN UN PAÍS SIN ESTADÍSTICAS FIABLES: EL DEBATE
PÚBLICO ACERCA DE LAS CIFRAS DE LA POBREZA
Agustín Salvia
Investigador CONICET. Sociólogo. Investigador Jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina y director del
programa Cambio Estructural y Desigualdad Social en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. El
autor agradece la colaboración brindada para la elaboración de este artículo a Mora P. Marchioli.
Una de las manifestaciones más brutales de la exclusión social en un país es la pobreza, la
cual impone graves privaciones al desarrollo humano, niega la igualdad de oportunidades y
evidencia el fracaso de la sociedad para reducir injusticias sociales. Aun cuando en la
última década se han registrado en el país progresos importantes en diversas dimensiones
de la vida social, los problemas que todavía persisten en materia de marginalidad y
exclusión obligan a revisar lo actuado y repensar las políticas económicas, laborales y
sociales en perspectiva a garantizar la inclusión no asistencial de esa parte de la sociedad
que ha quedado afuera de los progresos alcanzados durante la última década. A la vez que
este desafío también implica reformular los acuerdos institucionales que las hagan posibles
políticas de estado en esta materia.
Pero para todo ello resulta imprescindible que el gobierno, los actores sociales y la sociedad
en su conjunto dispongan de estadísticas sociales confiables a partir de la cuales hacer
diagnósticos correctos, plantearse metas realizables y evaluar las medidas adoptadas. En
este sentido, la medición de la pobreza por ingresos –entre otros indicadores de calidad de
vida- constituye una información necesaria para conocer el nivel de vida al que puede
acceder la población del país. Esta estadística junto con otras medidas de pobreza
multidimensional son la base para imaginar, debatir y acordar las políticas sociales que
deberían seguir más de una generación de gobiernos. Esto con el objetivo de que las
próximas generaciones de argentinos puedan recibir un país más próspero en oportunidades
y con mayor integración social.
Ahora bien, muy lejos de esta manera de construir políticas sociales, en la Argentina actual
los gobiernos de la democracia muy poco han hecho en este sentido. En este marco de
debilidad institucional, el actual gobierno se ha destacado de manera particular por llevar
adelante acciones concretas dirigidas a ocultar las estadísticas sociales, desacreditar toda
información o investigación que contradiga el relato oficial y cerrar el diálogo económico,
social y político para proyectar políticas sociales de nueva generación. Toda investigación
social que contradice el relato de gestión es acusada de estar sesgada por un interés político
o por falta de validez técnica.
Ahora bien, cabe reconocer que este tipo de discurso contra los investigadores de las
ciencias sociales no es nuevo. No hay más que recordar las declaraciones del Dr. Cavallo,
Ministro de Economía del gobierno de Carlos Menen, cuando en 1995 descalificó la
“idoneidad académica” y mando a “lavar los platos” a la Dra. Susana Torrado,
investigadora en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET por haber
puesto en duda la fiabilidad de las cifras de desocupación oficiales. En igual sentido, cabe
interpretar la reacción del actual gobierno, quien a través de funcionarios y comunicadores
oficialistas descalifican los estudios sobre la pobreza, la marginalidad, el desempleo y
desigualdades sociales que hace el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina, los cuales dan cuenta de niveles de pobreza muy diferentes a las tasas
oficiales del INDEC.
Lamentablemente, el debate sobre la pobreza está desvirtuado. Se discuten cifras y se
pierde de vista lo que es más importante: la persistencia de un núcleo duro de exclusión que
el crecimiento económico ni las políticas asistenciales han podido superar, es decir, sobre el
cual continúan pesando injustas privaciones de desarrollo humano e integración social. En
cualquier caso, llama la atención que queda fuera de toda interpelación la necesidad de
entender la naturaleza del problema, así como las causas que lo generan y lo reproducen.
Mucho menos se hace referencia a la necesidad de convocar a los diferentes sectores
económicos, sociales y políticos a proyectar soluciones estratégicas y acordar políticas de
estado en materia de inclusión social.
En igual sentido, cabe recordar que estas prácticas tienen como marco un país que alteró –a
partir de 2007- el funcionamiento normal de su sistema de estadísticas públicas, y que a
pesar de señales recientes algo más positivas, todavía se carece de información robusta y
confiable en materia de indicadores para evaluar el desarrollo real del país. Frente a esto, no
son pocos los investigadores sociales que han denunciado el abuso y que hacen enormes
esfuerzos por disponer de información más fiable. Entre las fuentes académicas “no
oficiales” que ofrecen datos sistemáticos sobre el estado del desarrollo humano y social
están los estudios que desde 2003 realiza este Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de
la Universidad Católica Argentina, a través de su propia encuesta (EDSA) y respondiendo a
una perspectiva multidimensional del desarrollo humano (Tami y Salvia, 2005).
(http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/deuda-socialargentina/)
EL DETERIORO DE LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES
Las estadísticas sociales ofrecen información sobre problemas socialmente relevantes que
una vez interpretados constituyen un conocimiento acerca de tales hechos. El conocimiento
de este modo generado permite hacer comparaciones, establecer conexiones y sacar
conclusiones sobre los problemas que preocupan a una sociedad. Datos como el índice de
precios, pobreza, empleo y desigualdad, entre otros, constituyen medidas cruciales para
evaluar la calidad de vida de una población. Sin lugar a dudas, se trata de información
sensible, no sólo a nivel social, sino también en el orden político y en el multiforme
conflicto social que atraviesa a la sociedad.
La relativa estabilidad que presentan las estadísticas socioeconómicas en la mayoría de las
democracias modernas es el resultado de acuerdos teórico-metodológicos sobre los mejores
métodos para generar información útil que permita actuar sobre los problemas que son
considerados valiosos para una sociedad. Esto hace que los diferentes actores democráticos
en conflicto acepten como válida la información así generada, de manera independiente de
que las estadísticas así generadas tengan diferente interpretación y hasta sirvan para
fundamentar proyectos opuestos. Los cambios en dichas metodologías devienen cuando las
preocupaciones sociales –y los hechos que los fundamentan- ya no encuentran adecuada
representación a partir de las estadísticas existentes (Desrosières, 1993).
Muy lejos de esta lógica, la decisión del gobierno de manipular las estadísticas sociales
violentando las reglas metodológicas preexistentes, para ponerla al servicio de un relato de
gestión, no sólo constituye una ruptura con las convenciones científico-técnicas, sino
también una práctica inaceptable en una sociedad democrática. Es obvio que alrededor de
esta decisión se busca proteger la imagen pública del gobierno; a la vez que –con o sin
intención- se recorta impunemente el derecho legítimo de los pobres a reclamar garantías
de inclusión.
Desde su constitución el Observatorio de la Deuda Social Argentina no buscó competir con
el INDEC sino cubrir un campo de preocupaciones sociales con vacancia estadística:
evaluar el estado del desarrollo humano y de integración social desde un enfoque de
derechos. Para ese programa, la pobreza son privaciones “injustas” en tanto afectan el
desarrollo de las capacidades sociales en diferentes dimensiones materiales y relacionales
de la vida humana en el espacio social. A finales de 2006, el equipo del ODSA introducía
estas ideas en el informe “Barómetro de la Deuda Social” correspondiente a ese año:
Aunque hay evidencias consistentes para afirmar que la sociedad argentina ha registrado
durante la última década progresos en diversas dimensiones del desarrollo económico y
social, también cabe señalar que la complejidad de la pobreza obliga a repensar y ampliar
las políticas económicas y sociales a fin de consolidar los avances alcanzados… Para ello
resulta fundamental avanzar en el reconocimiento de las deudas sociales, sus dimensiones,
características y determinantes (ODSA-UCA, 2006: 12-13).
Pero en un contexto macroeconómico en donde algunos indicadores sociales comenzaron a
estancarse, el gobierno optó por un camino opuesto: a través de la intervención del INDEC
comenzó a manipular las estadísticas sociales que no le fueran favorables. Entre otra
prácticas, se buscó ocultar la evolución ascendente de los precios a través de alterar el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) vigente hasta ese momento (ATE-INDEC, 2014).
Tal como se sabe, entre otras graves consecuencias, la manipulación del IPC afecta la
medición de las líneas de pobreza e indigencia, puesto que la Canasta Básica Total (CBT) y
la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que determinan respectivamente esas líneas, se
actualizan por el IPC.
Si bien todo ello implicó críticas importantes, el gobierno respondió con una mayor
intervención y control de la información pública, así como con una fuerte presión contra
quienes resistían desde el propio INDEC a esta manipulación. Del IPC se pasó a controlar
la estimación de la pobreza y de las demás variables socio-laborales de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), para luego continuar sobre el control técnico-político de las
cuentas nacionales, las estadísticas poblacionales y las estadísticas económicas.
LAS CIFRAS DE LA POBREZA EN DISCUSIÓN
El deterioro de las estadísticas públicas en materia de pobreza hizo que tomaran
protagonismo mediciones académicas o profesionales “no oficiales”, cuyos datos
comenzaron a constituirse en una referencia obligada para evaluar los evidentes problemas
sociales que atraviesan a la sociedad. En ese marco, el Observatorio de la Deuda Social
Argentina, a partir de 2007 –cuando la medición de la pobreza oficial perdió toda validezse adoptó la decisión de incluir la tasa de pobreza entre los indicadores de “deuda social”,
siguiendo el método indirecto de comparar los ingresos de los hogares con el valor de una
canasta normativa de subsistencia. De esta manera el Observatorio de la Deuda Social
Argentina pasó a medir el mismo concepto de pobreza que el INDEC, pero lo hizo a través
de su propia encuesta: la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA). Es decir, con una
muestra y un instrumento diferentes a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del
INDEC. De ahí que eventuales diferencias en los niveles de pobreza bien podrían
explicarse por este motivo. Sin embargo, tal como veremos, la cauda de la discrepancia no
reside en esta diferencia metodológica sino en el distinto valor monetario que una y otra
fuente fijan como umbral de necesidades económicas mínimas para una familia, es decir, el
valor que le asignan a las canastas normativas de indigencia y de pobreza por equivalente
adulto (ver Cuadro 1). Para mayor información sobre la forma en que el ODSA-UCA
estiman
los
valores
de
las
CBA
y
CBT,
ver:
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/INDIGENCIA_Y_POBREZA_INFORM
E_PRENSA_abril_2014.pdf.
Cuadro 1: Precios de la CBA y de la CBT por adulto equivalente para GBA según
fuente INDEC1 y No Oficiales2. Promedio mensuales para el 4° trimestre de cada
año. En pesos corrientes.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CBA (Línea de Indigencia)
CBA Oficial / INDEC
126
141
144
149
188
206
231
255
CBA No Oficiales / ODSA
-
161
207
239
284
355
451
617
CBT Oficial / INDEC
277
301
320
334
397
449
514
577
CBT No Oficiales / ODSA
-
335
431
495
590
738
940
1283
CBT (Línea de Pobreza)
1
Informes de prensa mensuales del INDEC.
Se obtiene de promediar los precios en el rubro alimentos informados por una serie de oficinas de estadísticas
provinciales, centros académicos y consultoras privadas (IPC GB; FIEL; ISEPCI) según la disponibilidad de
información.
2
Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Argentina, UCA.
Para poner a prueba esta afirmación se puede examinar la evolución 2003-2013 de las tasas
de indigencia y de pobreza según el valor de las canastas dadas por el INDEC usando como
fuente de ingresos la EPH; al mismo tiempo que se comparan estos resultados con los por
su parte arrojan tanto la EPH como la EDSA pero utilizando valores “no oficiales” de CBA
(Línea de Indigencia) y de CBT (Línea de Pobreza). Los diferentes niveles de indigencia y
de pobreza que surgen de aplicar estas tres estrategias metodológicas se presentan en los
Gráficos 1 y 2.
Según la serie EPH-INDEC, la proporción de personas en situación de indigencia y pobreza
disminuyó entre los años 2003-2013 de manera continua y casi constante. En cambio para
la serie EPH-ODSA o EDSA-ODSA (usando las mismas CBA y CBT), si bien tanto la
indigencia como la pobreza disminuyeron, a partir de 2007 no lo hicieron de manera
continua ni a tasas constantes. Es decir, más allá de las discrepancias metodológicas que
podrían explicar las diferencias entre las series EPH-ODSA y la serie EDSA-ODSA, es
evidente que las diferencias más relevantes surgen del umbral utilizado (valor de las
canastas) y no en la fuente de información. Para una explicación detallada de las razones
que
explican
estas
diferencias,
puede
consultarse:
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/RESPUESTA_METODOLGICA_BDSA_2014.pdf
De esta manera, es evidente que la manipulación del índice de precios (IPC) por parte del
INDEC –y su efecto directo sobre el valor de la CBA y la CBT- es lo que explica la
principal diferencia entre las tasas de indigencia y de pobreza por ingresos. Resultando
inverosímiles las cifras oficiales presentadas como “logros del modelo”. Al menos, serían 2
millones de personas la que sufrirían de un estado de indigencia, y no menos de 10
millones las que padecerían en total una situación de pobreza.
Gráfico.1: Personas de bajo de la Línea de
Indigencia según fuentes EPH-EDSA y valores de la
CBA.
Años 2003-2013. En porcentaje de población.
25,0
20,0
20,5
15,0
15,0
10,0
12,2
6,6
8,7
5,0
5,96,1
8,6
9,4
7,5
5,5
4,9
5,1
7,3
6,9
6,6
4,4
3,5
2,5
1,75,0 1,54,0 1,24,5
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EPH-INDEC
EPH-ODSA
EDSA-ODSA
Gráfico 2: Personas de bajo de la Línea de Pobreza
según fuente EPH-EDSA y valores de la CBT
Años 2003-2013. En porcentaje de población
60,0
50,0
REFLEXIONES FINALES
40,0
27,9
29,2
29,9
30,0
27,6
22,9
24,5
25,6
20,0
10,0
47,8
40,2
33,8
26,9
26,2 27,0 25,7 22,8
20,4 19,4 19,8
20,6 15,3 13,2
9,9
6,5
5,4
3,5
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EPH-INDEC
EPH-ODSA
EDSA-ODSA
La superación de los problemas estructurales de pobreza y desigualdad continúa siendo
objeto de debate académico y político en la Argentina. En distintos momentos, distintos
programas político-económicos han anunciado el compromiso de generar cambios capaces
de hacer efectivo un modelo de desarrollo social sustentable. Lamentablemente, el
horizonte posible se va corriendo con cada nueva ola modernizadora que augura un
progreso económico con inclusión social, sin cumplir finalmente sus promesas.
Durante la última década, aumentó la inversión, creció el consumo y el crecimiento registro
tasas extraordinarias. Asimismo, fueron largos los años en donde el mercado mundial ha
permitido multiplicar exportaciones con términos de intercambio favorables. En este
contexto, creció la demanda agregada de empleo, a la vez que subió el gasto social, todo lo
cual hizo caer la pobreza. Pero si ésta es la situación, ¿por qué la pobreza y las
marginalidades estructurales parecen persistir a pesar de esta evidente bonanza? Para dar
respuesta a esta pregunta es necesario evaluar las políticas públicas no por sus intenciones
ni promesas sino por su impacto real sobre la evolución de las condiciones generales de
vida, la movilidad social y la integración social.
Los números, las cifras, los datos estadísticos, están en el centro de la gestión social del
Estado moderno y son, sin duda, un instrumento clave de contabilidad social. Por ello, la
descalificación oficial de datos estadísticos (cuando estos son hostiles a un relato de gestión
oficial), al mismo tiempo que tiene lugar una malversación de las estadísticas públicas, no
tiene precedentes. No se trata de afirmar que hay una sola manera de interpretar las
estadísticas sociales, pero sí de ponderar la importancia que tiene la información fiable para
la evaluación, el debate y la toma de decisión de gobiernos, mercados, consumidores,
trabajadores, actores políticos, etc., en un contexto democrático.
Al respecto, el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina no “hace política”
con la información –al menos en el sentido que ha sido denunciado por los comunicadores
oficiales-. Su función es analizar, diagnosticar y comunicar datos válidos sobre las
privaciones que atraviesan a la sociedad argentina con el fin de hacerlas visibles y ponerlas
en la agenda. El objetivo es entender estas persistentes “deudas sociales” con la esperanza
de que el “debate político” y el “hacer político” tomen cartas en el asunto a partir de un
conocimiento racional de los problemas.
BIBLIOGRAFÍA
ATE-INDEC (2014) No somos cómplices de la mentira: Los trabajadores del INDEC
denuncian la destrucción de las estadísticas públicas tras siete años de intervención.
Buenos Aires: CTA Ediciones.
DESROSIÈRES, Alain (1993) La política de los grandes números: historia de la razón
estadística. España: Editorial Melusina.
ODSA-UCA (2006) “Barómetro de la Deuda Social Argentina, Año III: Progresos sociales
2004-2006: Avances y retrocesos de una sociedad polarizada” Buenos Aires: Educa.
TAMI, F. y SALVIA, A. (2005) “Introducción: desarrollo humano y deuda social” en
Barómetro de la Deuda Social Argentina, Año I: Las grandes desigualdades. Buenos Aires:
Educa.