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WORLD RAINFOREST MOVEMENT
MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES
Secretariado Internacional
Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://www.wrm.org.uy
Editor: Ricardo Carrere
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B O L E T I N 90
Enero 2005 - Edición en castellano
Este boletín está también disponible en francés, inglés y portugués. Si desea recibirlo en alguno de
estos idiomas comuníquese con nosotr@s.
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En este número:
* NUESTRA OPINION
- Foro Social Mundial: avanzando hacia un nuevo mundo posible
* LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS
AMERICA DEL SUR
- Argentina: un respiro a la arremetida comercial contra los bosques
- Brasil: carta abierta de las organizaciones sociales en rechazo de la certificación de Aracruz Celulose
AFRICA
- Camerún: políticas restrictivas en parque nacional tienen importantes impactos sobre las mujeres
- Congo (RDC): Alianza contra el apoyo del Banco Mundial al madereo industrial
- Swazilandia: el impacto de 50 años de forestación industrial
ASIA
- Asia: la dimensión ecológica, social y política del tsunami del 26 de diciembre
- Camboya: informe sobre la corrupción institucionalizada y el madereo ilegal
OCEANIA
- Papúa Nueva Guinea: Rainforest Alliance socava los esfuerzos de conservación de los bosques
* CRÓNICAS DE LAS NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS
- Negociaciones sobre cambio climático: tiempo para un cambio
- Grandes represas, cambio climático y desalojos forzados
- Presentación de los árboles transgénicos a COP 10 de las Naciones Unidas
- Convención sobre Cambio Climático: primeras impresiones de alguien con esperanzas y sospechas
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* NUESTRA OPINION
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- Foro Social Mundial: avanzando hacia un nuevo mundo posible
Miles de personas de todo el mundo se preparan a partir este mes hacia Porto Alegre, Brasil, para
asistir al Quinto Foro Social Mundial. Si bien muchas tal vez tengan agendas muy específicas, todas
comparten el objetivo común de trabajar juntas en la tarea de construir otro mundo posible.
El hecho es que otro mundo no sólo es posible, sino que es urgentemente necesario. La base misma de
la vida en la Tierra se ve amenazada por un modelo de “desarrollo” basado en la explotación
insustentable de la naturaleza. Se destroza el clima, se contamina y agota el agua, se arrasa con la
biodiversidad a la vez que se somete parte de ella a la manipulación genética, se envenenan y
erosionan los suelos.
Al mismo tiempo, el modelo económico predominante explota despiadadamente a las sociedades
humanas --descritas como meros “recursos humanos”-- a la vez que aumenta la pobreza, el desempleo
y la pérdida de formas de sustento.
Por eso resulta claro que el cambio es necesario, tanto desde una perspectiva social como ambiental.
Al respecto es interesante señalar que hay una creciente percepción entre muchos de los activistas
sociales y ambientales que participarán en el Foro Social Mundial acerca de la necesidad de unir las
luchas y temas que hasta ahora han estado aislados unos de otros, como forma de fortalecer el
movimiento por el cambio. Esto implica volver a analizar los sectores temáticos desde una perspectiva
diferente, tratando primero de visualizar los temas “escondidos” dentro de ellos y luego actuar para
establecer vínculos con las organizaciones correspondientes que ya están trabajando en ellos.
Por ejemplo, tal vez para muchos a primera vista los bosques parezcan una cuestión típicamente
ambiental. Sin embargo, los bosques son también una típica cuestión de derechos humanos,
especialmente en los casos cuya destrucción --o incluso su conservación-- implica la expulsión de
pueblos indígenas o comunidades locales que dependen de ellos para su sustento. En muchos casos los
bosques son un tema relacionado específicamente con las mujeres, los jóvenes o los trabajadores
forestales, en tanto su explotación provoca impactos diferenciados en esos grupos sociales.
También pueden identificarse claros vínculos con temas y actores aparentemente más distanciados. Por
ejemplo, los acuerdos comerciales internacionales pueden provocar una mayor destrucción de los
bosques en la medida que eliminen reglamentaciones; las instituciones financieras internacionales
proporcionarán financiamiento para actividades madereras, construcción de represas, minería,
explotación de petróleo o cría industrial de camarón, que generalmente ocasionan desastres
ambientales y sociales en zonas de bosque; otra institución financiera internacional --el Fondo
Monetario Internacional-- puede imponer programas de ajuste estructural que provocarán una mayor
destrucción de los bosques.
Lo anterior son apenas algunos ejemplos de una lista mucho más larga de temas y actores relacionados
con los bosques, y para nosotros es claro que es necesario establecer tantos vínculos como sea posible
con la gente que trabaja en ellos. Juntar los temas y las luchas es un paso en la dirección correcta y el
Foro Social Mundial ciertamente brindará una buena oportunidad para avanzar aún más por esa senda.
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* LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS
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AMERICA DEL SUR
- Argentina: un respiro a la arremetida comercial contra los bosques
El 26 de noviembre de 2004, la legislatura de la Provincia de Santa Fe aprobó una ley de emergencia
ambiental que constituye una moratoria -suspensión- absoluta de desmonte, tala, deforestación, quema
o destrucción de montes y bosques nativos por el término de 180 días, prorrogable por el poder
ejecutivo a 180 días más.
Por otra parte, el 17 de diciembre último, el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 a cargo de la Dra. Iride
Isabel María Grillo, de la Provincia del Chaco, hizo lugar a una Acción de amparo colectivo
interpuesta por comunidades indígenas en defensa de sus territorios. En tal sentido, declaró
inconstitucional la reforma de la ley de bosques, que permitía la tala del bosque sin límites, partiendo
de la violación del deber de consulta a las comunidades indígenas y la violación de las obligaciones
ambientales de parte del Estado chaqueño y por todos los efectos que ello causa, obligando a realizar
una evaluación del daño sufrido por el monte chaqueño y a una evaluación de impacto ambiental y
social de persistirse en tales acciones.
Para dicho fallo citó, entre sus fundamentos, parte del documento del Foro del Buen Ayre, una
coalición de ONGs que estuvo presente en la 10ª Conferencia de las Partes (COP 10) de la Convención
de Cambio Climático realizada en Buenos Aires, y que exigió detener todos los desmontes sosteniendo
que "tanto por razones de protección de la biodiversidad, como por los múltiples servicios ambientales
que ofrecen, también desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático, debemos proteger
los últimos bosques que quedan en la Argentina”.
En el referido documento, el Foro del Buen Ayre reclama al Estado Nacional argentino que actúe para
proteger a las comunidades y pueblos originarios que son despojados de sus tierras, y cuyas reservas
naturales son licitadas para aprovechamiento particular. “El Estado Nacional no puede continuar
ausente en este proceso de devastación de nuestros bosques”, se dice.
En el documento, las organizaciones del Foro del Buen Ayre sostienen que: “Son necesarios planes de
ordenamiento territorial que aseguren la preservación de los bosques nativos, su biodiversidad y el uso
del suelo con criterios de sustentabilidad. El Estado debe comprometerse con una política activa y
responsable y no dejar librada la preservación de los bosques a la desigual correlación de fuerzas entre
empresarios, vulnerables comunidades campesinas y gobiernos provinciales”.
Se identifican también las causas de una de las mayores catástrofes climáticas del siglo XXI
enfrentadas por la Argentina entre marzo y abril del 2003. La provincia de Santa Fe sufrió una de las
peores inundaciones de las que se tenga registro: en 10 días cayeron 400 mm de lluvia que afectaron
220.000 hectáreas, perjudicando a la población y a las principales actividades económicas de la zona.
El saldo de la catástrofe fue de 130.000 damnificados, 30 muertos, 28.000 viviendas dañadas y
pérdidas por más de 1.500 millones de dólares.
Uno de los factores coadyuvantes para que las inundaciones se transformaran en una verdadera
tragedia fue la pérdida sostenida durante las últimas décadas de superficie boscosa en las cuencas de
ríos como el Salado (ver boletín del WRM Nº 85). Esta deforestación tiene su principal causa en la
expansión agrícola. Desde 1999 el trabajo incesante de las topadoras en las provincias de Santiago del
Estero, Chaco, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ha permitido la expansión de los
cultivos de soja en más de 2.000.000 de hectáreas. En la región chaqueña, que es una de las más
afectadas, se estima que de continuarse con esta práctica, para el año 2010 se desmontarán unas
4.300.000 hectáreas.
Dicha deforestación es, a su vez, un aporte notable a las emisiones de carbono y por ende, al
incremento del calentamiento global. En un trabajo reciente de la Dirección de Bosques de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se efectuó una evaluación actualizada
de las emisiones provenientes de la deforestación en los distintos ambientes forestales. Los datos
presentados señalan que, en la actualidad, Argentina posee una gran fuente de emisiones producto de
la deforestación en la región Noroeste del país, Parque Chaqueño y Selva de Yungas.
En una situación desalentadora en la que los bosques nativos ocupan hoy sólo el 14% del territorio
nacional -mientras que en el año 1914 ocupaban el 39% de la superficie- las organizaciones locales
consideran positivas ambas resoluciones, que siquiera dan un respiro a la arremetida de los intereses
comerciales que arrasan con la vida misma.
Será cuestión de aprovechar ese espacio para trabajar socialmente en la visualización de modelos
productivos que restañen la separación entre producción y naturaleza y permitan desenterrar los
saberes locales y sus formas de relacionarse con el mundo, que seguramente mucho tienen que aportar
para lograr una integración recíproca de los sistemas.
Artículo basado en información obtenida de: “Urgente, Santa Fe declaró la emergencia ambiental y
frenó los desmontes por ley”,
http://www.greenpeace.org.ar/noticia.php?contenido=4432&item=&seccion=4; “Chaco: fallo a favor
de comunidades indígenas”, http://www.argentina.indymedia.org/news/2004/12/248289.php; “El
Cambio Climático y la agenda local”, documento del Foro del Buen Ayre, correo electrónico:
[email protected], www.foroba.org.ar, enviado por la Dra. Anna Petra, correo electrónico:
[email protected]
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- Brasil: carta abierta de las organizaciones sociales en rechazo de la certificación de Aracruz Celulose
En una carta abierta firmada por varias organizaciones sociales y personalidades de Brasil, la Rede
Alerta contra o Deserto Verde (Red Alerta contra el Desierto Verde) denuncia y rechaza la
certificación de Aracruz Celulose, gran empresa de plantaciones y una de las mayores productoras de
pulpa de eucalipto blanqueada en el estado de Espírito Santo, a través del programa CERFLOR del
gobierno brasileño.
La Red Alerta contra el Desierto Verde está indignada con el proceso de CERFLOR para la
certificación del "manejo de bosques" de Aracruz Celulose. Esta empresa posee 146.000 hectáreas de
tierras en el estado de Espírito Santo, de las cuales 93.000 están ocupadas por monocultivos de
eucaliptos.
Una vez más declaramos que un monocultivo industrial, a gran escala, no puede ser certificado puesto
que es insustentable. Las plantaciones de eucaliptos son "sustentables" solamente en opinión de
Aracruz, que aumenta su productividad a expensas del alto consumo y contaminación de los recursos
hídricos, la muerte de peces y animales y muchos otros impactos socioambientales que involucran a
comunidades indígenas y quilombolas (descendientes de esclavos africanos) y pequeños agricultores
que vivían en la región que ahora se conoce como Desierto Verde. La forma de vida de estas
comunidades ha cambiado para el exclusivo beneficio de Aracruz, que ha arruinado la Selva Atlántica,
destruyendo así la fuente de verdadera sustentabilidad de estas comunidades.
Pensamos que CERFLOR no merece la confianza de los movimientos, organizaciones, comunidades y
ciudadanos de la sociedad civil. La sociedad civil ha sido expresamente excluida de la discusión sobre
los objetivos, principios y criterios de este sistema de certificación. Actualmente ni siquiera sabemos
cuáles son los principios y criterios que la empresa certificadora, BVQI, utilizará en este proceso de
certificación; para enterarnos tenemos que comprar los documentos referentes al proceso de
certificación establecido por CERFLOR, lo que lo convierte en un proceso no transparente. Aparte de
esto, no hay exigencias mínimas sociales o ambientales en relación con el certificado de CERFLOR,
que básicamente hace referencia a leyes brasileñas.
En el caso de Aracruz Celulose, el intento de certificar sus plantaciones en el estado de Espírito Santo
parece una provocación para todos aquellos que conocen de cerca la conducta y la posición de los
ejecutivos de la empresa hacia las comunidades locales y su medio ambiente a lo largo de los últimos
35 años. He aquí algunos ejemplos de estos conflictos, algunos más recientes que otros:
* Aracruz Celulose continúa ocupando cerca de 10.500 hectáreas de tierras indígenas Tupinikim y
Guaraní en la municipalidad de Aracruz. Estas son tierras que ya han sido reconocidas como tierras
indígenas por el gobierno federal; sin embargo, fueron excluidas de la última demarcación, realizada
en 1998. En aquel momento, el mismo gobierno federal, presionado por Aracruz Celulose, cometió un
acto ilegal al reducir la extensión de la tierra que habría de demarcarse. Por lo tanto, cabe preguntarse:
¿Cómo puede ser certificada una empresa que ocupa y explota tierras indígenas?
* Aracruz Celulose invadió las tierras de las quilombolas (comunidades de descendientes de esclavos
africanos) en el norte de Espírito Santo, desalojando a miles de personas y plantando eucaliptos. En los
últimos años, 34 quilombolas iniciaron un proceso de rearticulación y reorganización para garantizar
que se las reconozca y que sus tierras sean devueltas y demarcadas, con el apoyo de Fundação
Palmares, INCRA (Instituto para la reforma agraria) y la sociedad civil organizada. Sin embargo,
CERFLOR pretende otorgar la certificación a una empresa que ocupa y explota las tierras de las
quilombolas.
* Los hornos de los habitantes de Vila do Riacho, que fabricaban carbón con los restos de los
eucaliptos de Aracruz Celulose, fueron destruidos en una acción articulada entre el gobierno municipal
de Aracruz, la empresa, policías y la "milicia armada" de Aracruz Celulose: Visel. Los restos de
eucaliptos (restos de ramas y leños) son la única fuente de ingresos para las comunidades, a quienes se
quitó su medio de sustento. Actualmente, esta empresa es considerada sensible desde el punto de vista
ambiental porque tiene una máquina que aplasta estos restos de modo que la materia orgánica se
reincorpora al suelo. Sería increíble que se otorgue a Aracruz un premio ambiental por eso... Ahora,
¿cómo certificar a una empresa que quita la única forma de ingresos a familias sin tierras, quilombolas
y comunidades indígenas, empujándolas al hambre?
* En octubre de este año, Aracruz destruyó cuatro casas de habitantes de la zona de Barra do Riacho,
cerca de su complejo industrial. Este acto inhumano y criminal tuvo lugar de acuerdo con una
sentencia preliminar emitida por una jueza de la municipalidad de Aracruz. Los abogados de la
empresa alegaron que las familias eran "intrusas" en tierras de Aracruz. Tras la destrucción de las casas
se probó ante el tribunal que las familias habían vivido en la zona durante más de diez años. En una
acción bárbara, Aracruz destruyó las casas y arrancó todos los cultivos de banana, mandioca y ananá.
En virtud de una apelación presentada por la defensa de las familias, la jueza consideró que había sido
engañada por la multinacional Aracruz y exigió que Aracruz reconstruyera las casas en un plazo de
diez días. Aracruz todavía tiene que indemnizar a las familias por daños morales y perjuicios. ¿Es esta
una empresa que merezca recibir un certificado de manejo forestal en tanto continúa cometiendo actos
violentos contra los pobladores locales, así como contra comunidades indígenas, quilombolas y
pequeños agricultores, como lo ha hecho a lo largo de los últimos 35 años, incluso con el apoyo de la
dictadura militar?
* En el norte de Espírito Santo, cientos de familias siguen acampando y esperando una parcela de
tierra mientras el mayor terrateniente del estado, Aracruz, puede continuar comprando y arrendando
tierras a precios superiores a los del mercado y plantando eucaliptos. ¿Cómo certificar a una empresa
que obstaculiza aun más la reforma agraria?
Estos son apenas algunos ejemplos de la violencia aplicada por Aracruz, con el apoyo de los
gobiernos, contra derechos fundamentales de las comunidades locales, derechos garantizados a dichas
comunidades por la Constitución brasileña y por acuerdos internacionales sobre derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, firmados y ratificados por Brasil. Los ejemplos demuestran que si
CERFLOR se toma en serio por lo menos la ley brasileña, Aracruz nunca debería recibir este sello.
Y por último, no vale la pena discutir condiciones para tanta insustentabilidad. Las comunidades
locales están cansadas de los impactos de los monocultivos de eucaliptos. Lo que quieren son
alternativas basadas en la producción de alimentos en la tierra mediante una amplia reforma agraria,
quieren la reforestación con especies que mejoren el medio ambiente local y ofrezcan múltiples
opciones de uso; las comunidades indígenas y quilombolas quieren que les devuelvan sus tierras y,
sobre todo, quieren que se respeten sus derechos más fundamentales.
Por: Red Alerta contra el Desierto Verde, diciembre de 2004, enviado por Winfridus Overbeek, FASE
– ES, e-mail: [email protected]
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AFRICA
- Camerún: políticas restrictivas en parque nacional tienen importantes impactos sobre las mujeres
En general las comunidades locales perciben el manejo de los bosques como un asunto público. Y sin
embargo, en el hogar, el dominio público y las inversiones son competencia de los hombres, puesto
que las mujeres son responsables de los asuntos "privados", domésticos. A causa de su papel decisorio
en la seguridad alimentaria del hogar, son las mujeres las más afectadas por las disrupciones en la
disponibilidad de los alimentos y el acceso a los mismos. Así, las últimas políticas forestales
impulsadas por las tendencias ambientales internacionales y nacionales afectan a las comunidades
locales y, dentro de éstas, principalmente a las mujeres.
En Camerún, Bifa y Ebianomeyong son buenos ejemplos de esto. Ambos poblados llamaron la
atención de los investigadores porque allí las mujeres expresaron claramente, lo que es inusual, sus
opiniones acerca de un parque nacional cercano llamado Campo-Ma'an. Un trabajo de campo de
CIFOR sobre el impacto del parque en las actividades socioeconómicas de las comunidades cercanas
al mismo relata la historia de estas mujeres.
El bosque de Campo-Ma’an, situado en la parte sudoeste de Camerún, linda con Guinea Ecuatorial y
está dotado de una riqueza casi única en cuanto a flora y fauna. Declarada reserva de caza en 1932,
esta zona fue más tarde el objetivo de una serie de proyectos comerciales (madereo, plantaciones
industriales) hasta 1999, cuando el gobierno de Camerún estableció 260.830 hectáreas de zonas y
bosques protegidos. En 2000, con el apoyo financiero del Banco Mundial, fue convertido en parque
nacional.
Bifa es una aldea de 306 habitantes, atrapada entre el parque nacional y un complejo agroindustrial
compuesto de plantaciones de caucho, fábricas y campamentos de trabajadores con aproximadamente
18.216 habitantes. Las comunidades locales están compuestas por los Bulu, un grupo étnico que se
asentó en Bifa alrededor de 1860 y forma parte del gran complejo étnico Fang-Beti, conformado por
los grupos étnicos Fang, Fon, Mvae, Ntumu, Zaman y Bulu. Tienen relaciones preferenciales y
complejas con sus vecinos de Nzingui.
Al igual que en los poblados vecinos, la población de Bifa ha experimentado a lo largo de los años
influencias externas que han modificado gradualmente su forma de vida. La creación de la plantación
de caucho de HEVECAM en 1975 ocupó parte del poblado y causó grandes cambios en las
comunidades locales, con inclusión de la exacerbación de los conflictos entre las comunidades y
dentro de las mismas por los recursos que quedaron, la destrucción de grandes superficies de bosques y
la reducción de los recursos y los ingresos, el influjo de extranjeros en busca de empleos en la zona, y
el aumento de la caza furtiva y la ocupación ilegal de tierras de parte de los trabajadores de las
plantaciones y sus familias.
Los hombres y las mujeres de Bifa se ocupan de actividades tradicionales como la agricultura, la caza,
la recolección y la cosecha de productos no madereros del bosque, la pesca y la cría a pequeña escala
de aves de corral y pequeños rumiantes. Al estudiar el empleo del tiempo del grupo étnico Ntumu en la
región de Campo-Ma’an, los investigadores encontraron que tanto hombres como mujeres ocupan la
misma cantidad de tiempo en actividades de sustento, cerca de cuatro horas y media por día. Los
desplazamientos diarios para las actividades de sustento llevan unas dos horas y media por día tanto a
los hombres como a las mujeres.
A lo largo de los años las poblaciones locales fueron adaptando gradualmente su forma de vida para
enfrentar los cambios inducidos por factores externos. Al principio de este proceso las mujeres
obtuvieron la parte del león al colocarse como las vendedoras de los productos familiares. Los
hombres se ocupaban de la mayor parte de la caza, pero el comercio era mayoritariamente trabajo de
mujer, por lo que eran ellas quienes recibían el dinero. Hasta hace poco, las mujeres de Bifa
recolectaban todos los recursos y los distribuían para compras, ventas, regalos y varios intercambios
sociales.
La creación del parque nacional llevó a nuevas perturbaciones, que han trastornado la base misma de
la vida económica de la aldea y puesto en tela de juicio los logros de todas las comunidades locales, en
especial de las mujeres. Las mujeres acusan a los guardabosques, que han estado presentes en la zona
desde la creación del parque en 2000, de no haber demarcado claramente el parque ni hecho explícitas
las normas y reglamentaciones relativas a la caza, en un intento de decomisar toda la caza que se
encuentre a las mujeres, tanto en el mercado como en la aldea. Las mujeres se quejan del acoso de los
guardabosques, que no dudan en "entrar a las cocinas a examinar el contenido de las ollas" o
"decomisar nuestra caza en cualquier momento y lugar".
Los guardabosques no consiguieron detener la caza, pero ahora la gente tiene que entrar
subrepticiamente al bosque y comprar su carne directamente a los cazadores. Puesto que la venta de la
caza era la principal fuente de ingresos de las mujeres de Bifa, éstas se han vuelto cada vez más
pobres, incapaces de crear a tiempo estrategias de adaptación como los hombres. Las mujeres ven
disminuir sus ingresos al tiempo que el problema de la caza furtiva continúa existiendo. Esto ha tenido
un impacto negativo en el equilibrio entre hombres y mujeres.
Ebianemeyong es una aldea de 103 habitantes que pertenecen al grupo étnico Mvae y a diferentes
clanes. Se encuentra en un enclave en el borde sudeste del parque nacional. Los pobladores de
Ebianemeyong son agricultores tradicionales que se ganan el sustento mediante la agricultura, la caza,
la recolección de productos no madereros del bosque y la pesca. Las mujeres se ocupan principalmente
de la agricultura para la alimentación y, cada vez más, del cultivo de árboles frutales. Las actividades
típicas de los hombres les son rentables financieramente. Las actividades de las mujeres, por el
contrario, se centran más en cubrir las necesidades de subsistencia del hogar: solamente agricultura y,
en menor medida, recolección y cosecha de productos no madereros del bosque, que genera ingresos
monetarios.
Sin embargo, las mujeres dicen que estas actividades que se han descrito no representan realmente la
situación actual sino más bien la situación anterior al cierre de la ruta entre Ebianemeyong y Campo,
suspendida a pedido del Banco Mundial porque atraviesa el parque y lo que se quería era mantener
alejados a los cazadores furtivos. Esto ha dejado a la población de Ebianemeyong sin acceso a Campo
Ma’an. En realidad los cazadores furtivos rara vez utilizan la ruta, pues podrían ser atrapados
fácilmente. Los verdaderos perdedores han sido las mujeres agricultoras, que ya no pueden enviar sus
cultivos al mercado ni llevar al médico a sus hijos cuando están enfermos.
Además de la reducción del espacio para vivir, que es un problema común a todas las comunidades
adyacentes al parque nacional, las mujeres de Bifa y Ebianemeyong están experimentando más
dificultades que los hombres para adaptarse a nuevas circunstancias. Este no es un caso aislado. La
mínima perturbación del sector agrícola afecta directamente la capacidad de las mujeres de alimentar a
sus familias y les quita su principal fuente de ingresos. Esta vulnerabilidad se asocia con las muchas
exigencias en cuanto al tiempo de las mujeres, la escala delimitada de sus actividades, la concentración
o singularidad de sus fuentes de ingresos y el bajo valor de mercado de los productos derivados de sus
actividades. A diario se ven abrumadas por el trabajo en actividades productivas como agricultura,
caza, pesca, cosecha, cría de animales, transporte, etc., así como las distintas actividades domésticas
tales como buscar agua, alimentar a la familia, criar a los niños y ocuparse del hogar. Así,
prácticamente no tienen tiempo de organizarse para adoptar estrategias razonadas y comunes de cara a
la adversidad.
El sentir de las mujeres de Ebianemeyong se refleja en las palabras de una de ellas – Septe-quien
enfatizó que las comunidades no deben ser “rehenes de los animales” en Campo Ma’an.
Artículo basado en fragmentos editados de: “Women in Campo-Ma’an National Park. Uncertainties
and Adaptations in Cameroon”, por Anne Marie Tiani, George Akwah, y Joachim Nguiébouri, en "The
Equitable Forest", enviado por Rahayu Koesnadi, Center for International Forestry Research (CIFOR),
correo-e: [email protected], http://www.cifor.org/
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- Congo (RDC): Alianza contra el apoyo del Banco Mundial al madereo industrial
El 13 de noviembre de 2004 una amplia alianza de organizaciones que trabajan en temas de medio
ambiente, desarrollo y derechos humanos indígenas organizó un "Foro de los bosques" en Kinshasa
con el fin de fortalecer la lucha contra el aumento del madereo industrial en los bosques tropicales de
la RDC y por el respeto a los derechos de la población local. (ver boletín 80 del WRM )
Frente a la inminente amenaza de nuevas leyes y planes para una nueva división en zonas apoyados
por el Banco Mundial, que podrían resultar en la apertura a las empresas madereras de hasta 60
millones de hectáreas de bosques tropicales (una superficie del tamaño de Francia), un grupo de ONGs
internacionales elaboró una declaración conjunta dirigida al gobierno congoleño y los organismos
financieros internacionales. Exigieron que se mantenga una moratoria al otorgamiento de nuevas
concesiones madereras hasta que las autoridades congoleñas cumplan con condiciones estrictas, que
implicarían también la existencia de condiciones que aseguren, entre otras cosas:
* La transparencia del Estado hacia la sociedad civil, con inclusión de información pública que debería
comprender dos etapas: la publicación inicial de la legislación propuesta, permitiendo que la sociedad
civil se informe y que sus reacciones sean recopiladas, y una segunda publicación donde se presenten
las decisiones del Estado, tomadas sobre la base de las reacciones del público en particular.
* Un sistema independiente de control accesible para todos, en particular para las poblaciones locales,
que podrían tener una función en el suministro de información pertinente. Al control debe seguir
también la aplicación de sanciones disuasivas en caso de constatarse infracciones, incluida la
terminación del contrato de concesión.
* Respeto a los derechos de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas, lo que implicaría su
participación activa en la preparación del plan de división en zonas previsto, de acuerdo con el
principio de consentimiento previo, libre e informado, su participación activa en el otorgamiento y
planificación de las concesiones de acuerdo con el principio de consentimiento previo, libre e
informado, y la delimitación, prueba e identificación de los bosques comunitarios.
En su declaración, la alianza alentó a las instituciones de Bretton Woods a garantizar una mayor
transparencia en sus acciones.
Simon Counsell, director de Rainforest Foundation UK, una de las organizaciones que integran la
alianza, dijo que "El madereo industrial ha sido desastroso ambiental y socialmente en muchas partes
de África, y ahora hay un acuerdo general en cuanto a que los planes del Banco Mundial de expansión
masiva de la industria maderera en el Congo tendrán probablemente las mismas consecuencias. Deben
encontrarse alternativas al madereo industrial que beneficien al pueblo congoleño y al mismo tiempo
protejan el medio ambiente. Algo alentador es que la exigencia de respeto a los derechos de los
pobladores locales representa un gran cambio en la forma de pensar de las organizaciones
conservacionistas en cuanto a la mejor forma de proteger los bosques tropicales que quedan en el
mundo".
Artículo basado en información obtenida de: “World's leading conservation organisations call for halt
to expansion of logging in Congo rainforest, and for respect of local peoples' rights” [Las principales
organizaciones conservacionistas del mundo exhortan a detener la expansión del madereo en los
bosques tropicales del Congo y a respetar los derechos de los pobladores locales], comunicado de
prensa de Rainforest Foundation, enviado por Simon Counsell, [email protected]
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- Swazilandia: el impacto de 50 años de forestación industrial
Mirar las estadísticas de Swazilandia es una experiencia deprimente. El desempleo se sitúa en el 40 por
ciento. Más de dos tercios de los habitantes de Swazilandia viven con un ingreso de menos de US$ 1
por día. Cerca de un tercio de la población de Swazilandia depende de la ayuda alimentaria para vivir.
Casi el 40 por ciento de la población está infectada con el VIH, una de las tasas más elevadas del
mundo. La esperanza de vida ha caído a 33 años para los hombres y 35 para las mujeres.
Este país es una de las últimas monarquías absolutas que quedan en el mundo. Los partidos políticos
son ilegales. El rey, Mswati III, lleva una vida lujosa, en absoluto contraste con la mayoría de las
personas de Swazilandia. El año pasado las celebraciones del cumpleaños número 36 del rey costaron
US$ 600.000 y en diciembre Mswati gastó US$ 500.000 en un automóvil deportivo.
Las principales industrias de Swazilandia son el azúcar y la forestación. Ambas requieren grandes
extensiones de tierra. "Son un desastre para un país como Swazilandia, donde todavía hay relaciones
sociales feudales", dijo Nhlanhla Msweli, de la Campaña contra la pobreza y la desigualdad económica
de Swazilandia (Swaziland Campaign Against Poverty and Economic Inequality, SCAPEI) durante
una reunión realizada en Sudáfrica en 2003. En un país donde la mayoría de las personas no posee
tierras, las plantaciones industriales de árboles cubren casi el 10 por ciento de la tierra.
La Red solidaria de Swazilandia (Swaziland Solidarity Network, SSN) es un grupo que hace campaña
por el cambio democrático en Swazilandia. En 2002, Bongani Masuku, secretario de la SSN, dijo:
"Salvo que la tierra sea un componente central de cualquier liberación, esa liberación no amerita el
noble nombre de libertad sino una mera fantasía para unos pocos y la continuación del sufrimiento
para la mayoría pobre".
Un reciente informe escrito por Wally Menne de TimberWatch Coalition, "Timber Plantations in
Swaziland" [Plantaciones madereras en Swazilandia] describe el impacto que han tenido las
plantaciones industriales de árboles sobre la población y el medio ambiente de Swazilandia. Aunque
muchas de las plantaciones fueron establecidas hace más de 50 años, los impactos de las plantaciones
industriales de árboles "aún tienen un profundo efecto en la sociedad y el medio ambiente y
continuarán teniéndolo mientras las plantaciones permanezcan", escribe Menne.
La investigación de Menne, basada en entrevistas con integrantes de la comunidad, ambientalistas y
representantes de la industria y del gobierno, explica el modo en que las plantaciones industriales de
árboles han dañado los ecosistemas y provocado la pérdida de biodiversidad. Menne dice que se han
establecido plantaciones en las tierras con mayor potencial productivo a expensas de otros usos
agrícolas de la tierra.
Hoy, dos empresas sudafricanas de la pulpa y el papel controlan la mayor parte de las 120.000
hectáreas de plantaciones industriales de árboles de Swazilandia. La empresa Mondi posee 30.000
hectáreas de eucaliptos y pinos alrededor de Pigg's Peak, en el norte del país. Los eucaliptos se
exportan a Sudáfrica, a la planta de celulosa de Mondi en Richards Bay, a 400 kilómetros. Los pinos
van a parar a aserraderos locales.
Otra gigante sudafricana de la pulpa y el papel, Sappi, arrienda 70.000 hectáreas de tierras para
plantaciones en el oeste de Swazilandia. Las plantaciones comenzaron en 1950, con financiación de la
corporación británica Colonial Development Corporation (CDC, que hoy se llama CDC Capital for
Development). CDC y la empresa británica Courtaulds construyeron la planta de celulosa de Usutu en
1962. Hoy, esta planta produce 220.000 toneladas de pulpa por año, la mayoría de las cuales se exporta
al sudeste del continente asiático.
Aunque el sector de la forestación constituye hasta el nueve por ciento del PBI de Swazilandia, emplea
directamente a apenas 8.000 personas. Nhlanhla Msweli, de SCAPEI, dijo a Menne que "La industria
de la madera no ha contribuido significativamente al progreso económico de sus trabajadores". En los
últimos años, gran parte del trabajo ha sido transferido a contratistas externos, muchos de los cuales
habían sido empleados de la empresa.
Incluso los empleos que quedan no son seguros. Mandla Dlamini, director de relaciones públicas de la
planta de celulosa de Sappi en Usutu, dijo a Menne que Sappi había considerado el cierre de la planta a
causa de la "incertidumbre económica" provocada por las tasas cambiarias y "otros factores
económicos" que afectaban la rentabilidad de la empresa.
Menne informa que la planta de celulosa de Sappi en Usutu es "notoria por arrojar efluentes
regularmente al cercano río Lusutfu", y añade que "del sumidero industrial situado en el poblado de los
trabajadores llega más contaminación".
El gobierno describe las escasas lluvias de los últimos años como "una sequía grave, que parece ser la
peor de la historia ". Pero la investigación de Menne sugiere que la escasez de agua es, al menos en
parte, un problema causado por la intervención humana. Rex Brown, de la empresa consultora
Environmental Consultancy Services de Swazilandia, que trabaja para el gobierno y para empresas
privadas, considera que las plantaciones son una de las causas de la escasez de agua en el país. Brown
dijo a Menne que "Las plantaciones están en zonas de captación elevadas, zonas esenciales para el
abastecimiento de agua para las igualmente importantes actividades de riego en las tierras bajas de
Swazilandia".
En octubre de 2004 visité Swazilandia junto a Wally Menne. En la frontera vimos camiones Volvo y
Mercedes nuevos cargados con troncos de eucaliptos, esperando para salir del país. Atravesamos
superficies de monocultivos que parecían no tener fin y enormes zonas taladas que recordaban paisajes
lunares. Vimos los campos secos de los agricultores y vimos aldeanos haciendo fila para obtener el
maíz donado por el Programa Mundial de Alimentos. Vimos, y también olimos, la planta de celulosa
de Sappi en Usutu. Vimos el humo de la planta esparciéndose sobre el poblado de los trabajadores, que
queda inmediatamente al lado.
Ciertamente, no todos los males de Swazilandia pueden achacarse a las plantaciones industriales de
árboles. Sin embargo, más de 50 años de desarrollo de la industria de la pulpa y el papel no han
logrado beneficiar a la mayoría de la población de Swazilandia. En vez de esto, han empeorado las
cosas.
Por: Chris Lang, correo-e: [email protected]
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ASIA
- Asia: la dimensión ecológica, social y política del tsunami del 26 de diciembre
El poderoso tsunami causado por el terremoto de 9.0 grados que tuvo lugar frente a las costas de
Sumatra el pasado 26 de diciembre, causó graves estragos y el mundo entero se sumergió en el horror
por la enorme pérdida de vidas humanas y tanto sufrimiento.
Por otra parte, resulta perturbador que la severidad del desastre podría haber sido mucho menor si se
hubieran conservado en un estado saludable los manglares, los arrecifes de coral, los lechos de hierbas
marinas y las turberas a lo largo de las costas que ahora están devastadas. Estos amortiguadores
naturales protegen el terreno costero, resguardando a las comunidades y a la flora y fauna de la costa
del embate de las olas y tormentas.
Existe amplia evidencia que demuestra, por ejemplo, que la fuerza destructiva de una ola de tsunami
de 15 metros se reduce enormemente al pasar a través de zonas costeras intactas y saludables donde
existan corales, hierbas marinas y manglares. Los manglares proporcionan doble protección contra las
olas: las primeras líneas de manglares rojos, con sus ramas flexibles y sus raíces enredadas ancladas en
lo profundo del agua, absorben el primer embate de las olas; las segundas líneas de altos manglares
negros actúan como una pared, soportando gran parte de la furia del mar. Estos “cinturones verdes
costeros de protección” también desempeñan una función vital en reducir la sedimentación y la erosión
de la faja costera. Pero estos amortiguadores protectores que la naturaleza provee contra el viento y las
olas han sido degradados o eliminados para abrir paso a proyectos comerciales no sustentables como la
cría industrial de camarones y el turismo.
Según un comunicado de prensa de la organización Mangrove Action Project -MAP (Proyecto de
Acción Manglares), actualmente se ha perdido más de las mitad de los bosques de manglares del
mundo. En fajas costeras donde antes predominaba la cubierta de espesos bosques de mangles de gran
resistencia y flexibilidad, hoy quedan menos de 16 millones de hectáreas de manglares. Desde la
década de 1980, la costa oceánica asiática ha sido asolada por grandes granjas industriales de cría de
camarones que han traído la acuicultura antiecológica a sus orillas --la industria del saqueo, como la
denominó una vez la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La cría de camarones, que en el año 2000 superó los 8 mil millones de toneladas y que concentra el
72% de su producción en Asia, ya había causado estragos en ecosistemas frágiles. Empresarios que
sabían poco y les preocupaba menos la necesidad de proteger los bosques, habían talado muchos
manglares tropicales para hacer lugar a estanques de camarones. Los organismos multilaterales y los
gobiernos locales han apoyado con entusiasmo durante demasiado tiempo la cría de camarones y otros
proyectos destinados a la exportación, sin prestar atención a la seguridad social y ecológica local.
Lo que fuera que quedó de los manglares fue talado por las industrias de la construcción y de la
hotelería, mientras brotaban hoteles cinco estrellas, campos de golf, industrias y mansiones a lo largo
de toda la faja costera, convirtiendo a estas regiones costeras en zonas frágiles, y ahora muy
vulnerables.
Según un informe proveniente de la India, “cuando el 26 de diciembre el tsunami golpeó al estado de
Tamil Nadu en el sur de la India … zonas de Pichavaram y Muthupet, con densos manglares, tuvieron
menos víctimas humanas y sufrieron menos daños materiales en comparación con zonas carentes de
manglares…”
Además, “cuando un tsunami cayó sobre la costa de Bangladesh en 1960, los informes no registraron
ni una sola pérdidas de vida. En ese entonces la faja costera estaba bordeada por manglares, que luego
fueron talados y reemplazados por granjas camaroneras. En 1991, miles de personas murieron cuando
un tsunami de la misma magnitud asoló la región.”
Muchos otros informes como éstos han verificado el hecho de que en las zonas en que los manglares
que estaban más intactos, hubo menos pérdidas de vidas y daños materiales. En varias de las zonas
donde tuvo lugar la mayor devastación, ya no quedaban más manglares.
En octubre de 1999, los bosques de mangles redujeron el impacto de un “super ciclón” que cayó sobre
Orissa, en la costa este de la India, y mató a no menos de 10.000 personas y dejó sin hogar a 7,5
millones. Las poblaciones que estaban protegidas por manglares en buenas condiciones, sufrieron
pocas pérdidas --o incluso ninguna.
Según el analista indio Devinder Sharma, “Tanto el Ministerio de Ambiente y Bosques como el
Ministerio de Industria trabajaron horas extra para diluir las normas de la Zona de Regulación Costera,
permitiendo a los hoteles apoderarse de los 500 metros de zona de amortiguación que hay que
mantener libres a lo largo de las playas. En una economía predominantemente de mercado, que se
refleja en el eslogan de la “India brillante”, bastante alejado de la realidad, los burócratas son aliados
de los industriales y los grandes intereses comerciales. Gran parte de la responsabilidad por el enorme
número de víctimas en el desastre del tsunami recae, por tanto, en el gobierno y los apologistas del
libre mercado. Lo que se está protegiendo como indicador de un crecimiento económico espectacular
oculta los enormes costos ambientales que estos países pagan y seguirán pagando en el futuro”.
Devinder Sharma agrega que “Myanmar-Birmania y las Maldivas sufrieron menos los efectos del
tsunami, ya que la industria del turismo aún no ha extendido sus tentáculos hasta los manglares y
arrecifes de coral vírgenes a lo largo de estas fajas costeras. El enorme arrecife de coral alrededor de
las Maldivas absorbió gran parte del impacto de las olas gigantes, restringiendo el número de víctimas
humanas a poco más de 100 muertos. En forma similar, la cadena de islas de Surin, frente a la costa
occidental de Tailandia, escapó de una gran destrucción. Si bien el anillo de arrecifes de coral que
rodea a las islas recibió una paliza de las poderosas olas, se mantuvo firme. Los arrecifes de coral
absorben la furia del mar ayudando al rompimiento de las olas; la tragedia es que más del 70% de los
arrecifes de coral del mundo ya han sido destruidos.”
En todo el mundo, el comercio ha invadido temerariamente los ecosistemas, distorsionando su
equilibrio ecológico. A su vez, los gobiernos nacionales han sido incapaces o no han querido detener a
las industrias que han surgido a lo largo de gran parte de las fajas costeras, reemplazando a las zonas
de amortiguación de la naturaleza por proyectos urbanos desprotegidos. Finalmente, entraron en un
callejón sin salida perverso. Tanto así que tal vez los intereses comerciales hayan prevalecido sobre la
precaución.
Según el periódico “The Nation”, con sede en Bangkok, uno de los funcionarios del Departamento
Meteorológico tailandés, que convocó a una reunión de emergencia minutos después de que el
terremoto azotara el norte de Sumatra, declaró que “El factor de peso para tomar la decisión fue que
era temporada alta [de turismo] y los hoteles estaban casi 100 por ciento llenos. Si dábamos un alerta,
que hubiera desembocado en una evacuación [y al final no hubiera pasado nada], ¿qué hubiera
ocurrido entonces? El comercio se habría visto afectado de inmediato. El Departamento Meteorológico
no habría podido manejarlo. Si [el tsunami] no venía, hubiéramos tenido que irnos ”.
Así que, a pesar del enorme avance en tecnologías sofisticadas, la tragedia reciente demostró que
fueron inútiles –cualquiera fuera la razón- en los países del Tercer Mundo afectados. Como dice
Vandana Shiva: “Aunque nos engañemos a nosotros mismos al creer que vivimos en una "era de la
información" y en “economías del conocimiento", el conocimiento del terremoto de 8,9 grados de la
escala Richter no pudo ser comunicado a tiempo por U.S. Geological Survey -el organismo
estadounidense que vigila ese tipo de accidentes geológicos- a los países del Océano Índico para que
pudieran tomar medidas oportunas para salvar vidas. Mientras que los mercados de valores del mundo
reaccionan instantáneamente ante las señales y mientras que toda la economía de las tecnologías de la
información se basa en comunicaciones instantáneas, al mundo le ha llevado días poder establecer
cuántos murieron y cuántos han quedado sin hogar a causa del maremoto. El tsunami nos enseña que
no vivimos en una era de la información basada en la "conectividad" sino en la ignorancia, en la
exclusión y la incomunicación. La revolución de las tecnologías de la información ha evolucionado
para servir a los mercados, pero ha dejado de lado las necesidades de la gente”.
Pero, sin tecnología, animales y comunidades indígenas tuvieron la inteligencia de anticipar el tsunami
y protegerse. Se trasladaron a sitios más seguros, presumiblemente por haber percibido vibraciones o
cambios en la presión del aire que anticipaban la llegada de las olas. Según una historia relatada por
BBC Online, funcionarios del Departamento de Fauna Silvestre de Sri Lanka informaron que a pesar
de la enorme cantidad de pérdidas en vidas humanas, no se registraban muertes de animales.
En el balneario Khao Lak Merlin, un centro turístico de una línea de hoteles a lo largo de los 10 km de
playas tailandesas, hay historias de elefantes agitados que sintieron venir el tsunami y su percepción
salvó a una docena de turistas extranjeros de sufrir el mismo destino de miles de muertos por las olas
gigantes. Los elefantes comenzaron a barritar –en una forma que solo puede describirse como llantocon las primeras luces, aproximadamente en el momento en que un terremoto de 9.0 abrió una brecha
en el lecho marino de la isla Sumatra de Indonesia. “Los elefantes corrían hacia la colina”, señaló Wit
Aniwat, un poblador local de 24 años que trabaja con turistas ayudándolos a subirse a los elefantes
desde una robusta plataforma de madera. Los elefantes que en ese momento hacían el recorrido con los
turistas se dirigieron hacia una colina cubierta de bosques, detrás de la playa del centro vacacional
donde luego murieron al menos 3.800 personas. Los elefantes que no estaban trabajando rompieron las
cadenas que los sujetaban. Alrededor de una docena de turistas también corrieron hacia la colina y los
mahouts (cuidadores y jinetes de elefantes) consiguieron que los elefantes levantaran a los turistas y
los colocaran en sus lomos. Los elefantes avanzaron subiendo la montaña y luego se detuvieron . El
tsunami avanzó hasta 1 Km. más allá de la orilla y se detuvo a poco de donde estaban los elefantes.
La observación meticulosa y los conocimientos transmitidos de generación en generación a partir de
una coexistencia más integrada con la naturaleza –menospreciados por el conocimiento occidental
moderno- resultaron a la postre más eficientes para salvar vidas. Los 181 miembros del poblado de
pescadores conocidos como gitanos del mar, en la isla sur de Surin, sobrevivieron al tsunami del 26 de
diciembre. “Los mayores nos dijeron que si el agua se retira rápidamente, volverá rápido y reaparecerá
en la misma cantidad en que desapareció,” dice Sarmao Kathalay, de 65 años, jefe del poblado.
Sarmao condujo rápidamente a todos los miembros a Wat Samakkitham, en una colina tierra adentro.
Algunos resultaron heridos, pero pasaron la noche en un templo hasta que todos se recuperaron y
estuvieron listos para retornar a sus hogares. Estos pobladores de constituyen una minoría en el mar
Andaman, que va de India hasta Indonesia. En la estación de los monzones viven en barcas, luego
entre diciembre y abril en refugios sobre la orilla. Sobreviven recogiendo camarones y pescando con
lanzas. En mayo tienen un festival de lanzamiento de barcas para pedir perdón al mar.
Para Sarmao y su gente, el mar siempre ha sido amable. No desea lastimar a nadie, dice, pero
“debemos saber cuándo estar en él y cuando no”.
También, fueron antiguos “sistemas de alerta” los que enviaron las primeras señales de alarma a los
miembros de cinco tribus aborígenes. Las islas Andaman albergan cuatro tribus ‘Negrito’ –los Grandes
Andamaneses, los Onge, los Jarawa y los Sentineleses- quienes se cree arribaron a las islas
provenientes de África hace unos 60.000 años. Todos son cazadores-recolectores nómades, que cazan
cerdos salvajes y varanos (lagarto monitor), atrapan peces con arcos y flechas y recolectan miel, raíces
y bayas del bosque. Las islas Nicobar son hogar de dos tribus “mongoloides” –los Shompen y los
Nicobareses. Estos últimos son los que tienen mayor población de todas las tribus (alrededor de
30.000), no dependen de los bosques y son primordialmente agricultores y horticultores.
Probablemente llegaron a las islas desde las costas de Malasia y Birmania hace mucho miles de años.
Se cree que el aislamiento y el conocimiento antiguo de señales en el viento y el mar se combinaron
para salvar del tsunami a las seis tribus indígenas en el archipiélago indio de Andaman y en las islas
Nicobar. Si bien se reportaron algunas víctimas en la tribu de los Nicobareses, que habitan 12 islas,
incluidas las devastadas islas Car Nicobar, Charwa y Teresa, los antropólogos especulan que el
conocimiento del movimiento del viento y el vuelo de las aves pudo haber salvado a muchos
integrantes de las tribus, que parecen haber huido de la orilla mucho antes de que las olas golpearan la
costa, donde habitualmente estarían pescando en esa época del año.
“Los integrantes de las tribus se enteran del peligro inminente por señales de advertencia biológicas,
como el grito de los pájaros y el cambio en los patrones de conducta de los animales marinos. Deben
haber corrido a los bosques por seguridad”, explicó el director del Instituto de Investigación
Antropológica de India (ASI), el Dr. V. R. Rao.
“Pueden oler el viento. Pueden calibrar la profundidad del mar con el sonido que hacen sus remos.
Tienen un sexto sentido que nosotros no poseemos,” dijo Ashish Roy, un ambientalista y abogado
local que ha instado a los tribunales a proteger a las tribus evitando su contacto con el mundo exterior.
Dos días después de que el tsunami azotara la isla donde sus ancestros vivieron por decenas de miles
de años, un hombre solitario de una de las tribus estaba parado en la playa de una isla de 23 millas
cuadradas en los confines más bajos de la cadena de islas, y miraba hacia arriba a un helicóptero de la
guardia costera que lo sobrevolaba. Sacó entonces con calma su arco y disparó una flecha hacia el
helicóptero de rescate. Fue una señal que los Sentineleses han enviado al mundo durante milenios:
quieren estar solos.
Tal vez más allá de la tragedia, el tsunami nos ha enseñado que, por nuestra supervivencia, es hora de
recuperar los caminos que nos integran con la naturaleza y con nosotros mismos, y recrear un sentido
de nuestra humanidad común. De no ser así, como reflexiona Devinder Sharma: “¿tiene que haber
graves pérdidas humanas antes que nos demos cuenta de la locura de seguir ciegamente el mantra de la
economía de mercado? ¿Cuántas personas más tienen que morir, y cuántos millones tienen que
quedarse sin hogar hasta que nos demos cuenta de la futilidad de imponer la economía de mercado?”
Artículo basado en información obtenida de: “Loss Of Mangrove Forests Contributed To Greater
Impact Of Tsunamis!”, comunicado de prensa de Mangrove Action Project, correo electrónico:
[email protected], www.earthisland.org/map; “Age old early warning systems saved
Andaman tribes”, crónica principal, en el Forest Conservation Portal,
http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=37845; “Elephants saved tourists from tsunami, Reuters,
http://www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3145501a4560,00.html;
“Background for newsdesks on the tribes of the Andaman and Nicobar islands”, Survival International
Briefing, enviado por Miriam Ross, correo electrónico: [email protected]; “Saved by old
wisdom: Gypsies know their sea”, Thawechai Jaowattana, The Nation; y “Reading the Waves,
Smelling the Winds May Have Saved Tribes”, Scotsman.com, los dos artículos enviados por Maurizio
Ferrari, Forest Peoples Program (FPP), correo electrónico: [email protected]; “The tsunami
as a man-made disaster”, Devinder Sharma, http://www.infochangeindia.org/features234.jsp, enviado
por Infochange India, correo electrónico: [email protected]; “Thai Talk: Horrendous
failure of our national warning system”, The Nation, Suthichai Yoon,
http://www.nationmultimedia.com/search/page.arcview.php?clid=11&id=110580&usrsess=; “Warning
rejected to protect tourism”, Pravit Rojanaphruk, The Nation,
http://www.nationmultimedia.com/2004/12/28/headlines/index.php?news=headlines_15908069.html;
“Lecciones del tsunami”, Vandana Shiva, Lista de distribución Vecinet - No. 670, correo electrónico:
[email protected]; y en
http://www.rockymountainbullhorn.com/news.cfm?action=view&articleID=357
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- Camboya: informe sobre la corrupción institucionalizada y el madereo ilegal
Se ha identificado a la corrupción como un obstáculo mayor al cambio real en el sector forestal de
Camboya. No solamente el gobierno sino también los donantes internacionales se han negado a
enfrentar el tema. Los costos de la mala gestión del sector forestal, en términos de ganancias perdidas,
destrucción del sustento de los pobladores del medio rural y daños ambientales, continúan
aumentando, lo que resulta en que Camboya siga dependiendo por entero de la ayuda extranjera.
La organización Global Witness ha destacado el alcance de esta corrupción y realizado una detallada
investigación del madereo ilegal en la reserva de Aural para la vida silvestre, en el sudoeste de
Camboya, en el año 2004. El informe resultante, “Taking a Cut - Institutionalised Corruption and
Illegal Logging in Cambodia’s Aural Wildlife Sanctuary” [Corrupción institucionalizada y madereo
ilegal en la reserva de Aural para la vida silvestre, Camboya] revela en minucioso detalle dónde ocurre
el madereo ilegal, quiénes son los infractores y cómo operan y a quién le están pagando, ilustrando así
la corrupción institucionalizada que prevalece en el país y el conspicuo fracaso del gobierno en
combatirla.
Según la investigación, en Aural todas las instituciones públicas responsables de la protección del
bosque son corruptas y algunas, en especial las Reales Fuerzas Armadas de Camboya (RCAF), forman
la base de la industria maderera local. El imperio de la ley está ausente en Camboya, y este hecho está
arraigado en su penetrante cultura de la impunidad que actúa de la mano de la percepción del rango
oficial como licencia para extorsionar.
Más allá de la pérdida de biodiversidad, los servicios ambientales brindados por los bosques de Aural,
en especial su papel en la gestión de cuencas, también están en peligro. Las experiencias de otras
partes del mundo sugieren que la deforestación de las laderas del monte Aural acelerarán la erosión del
suelo y las inundaciones relámpago, lo que tendrá un impacto negativo sobre el sustento de las
personas que viven en zonas aledañas.
Los impactos negativos no son solamente ambientales sino también sociales. Los pobladores locales se
ven obligados a vivir en una sociedad dominada por el crimen organizado, donde la ley no ofrece
protección. En tales circunstancias, la minoría indígena Souy es de las más vulnerables y el influjo de
los forasteros traídos para trabajar en la industria de la madera los amenaza económica y
culturalmente.
Los donantes suelen citar la falta de voluntad política como principal obstáculo al combate de la
corrupción en Camboya. Sin embargo, el caso de Aural demuestra que la culpabilidad de altos
funcionarios y generales va más allá de la mera lentitud deliberada. La corrupción en el sector forestal
es parte intrínseca de los sistemas de clientelismo que mantienen el poder de la elite política de
Camboya. Muchos, tal vez la mayoría de los funcionarios y soldados involucrados en los delitos
forestales, siguen simplemente una clara cadena de mandos que surge de Phnom Penh. La situación no
es anárquica, y los perpetradores no son unos granujas sueltos.
La responsabilidad aquí debe recaer sobre los donantes internacionales, que continúan entregando
dinero al país y ejerciendo en consecuencia una considerable influencia. La comunidad donante sabe
bien de la necesidad de atacar la corrupción directamente si es que quiere hacerse algún progreso en el
establecimiento de un manejo sustentable de los bosques. La mayoría, sin embargo, parece más
interesada en desembolsar fondos de ayuda por la ayuda en sí que en garantizar que los recursos
naturales de Camboya se manejen pensando en todos los camboyanos y no en apenas una minoría
corrupta.
A pesar de las oportunidades sin precedentes de establecer las condiciones de un manejo sensato de los
recursos naturales, hasta ahora Camboya representa uno de los mejores ejemplos de cómo no hay que
tratar el papel de los recursos naturales en un país que ha salido de un conflicto.
Los donantes internacionales tienen responsabilidades tanto con la población de Camboya como con
sus propios contribuyentes para garantizar que la ayuda sea bien invertida y tenga resultados
beneficiosos y duraderos.
Artículo basado en fragmentos editados de: “Taking a cut - Institutionalised Corruption and Illegal
Logging in Cambodia’s Aural Wildlife Sanctuary – a Case Study” [La corrupción institucionalizada y
el madereo industrial en la reserva de Aural para la vida silvestre, Camboya: estudio del caso], por
Global Witness, noviembre de 2004, http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00066.html
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OCEANIA
- Papúa Nueva Guinea: Rainforest Alliance socava los esfuerzos de conservación de los bosques
Rainforest Alliance, organización cuya base se encuentra en Estados Unidos, está socavando los
esfuerzos de los grupos de conservación locales en Papua Nueva Guinea que luchan por combatir el
madereo ilegal e insustentable generalizado.
El Programa Smartwood de Rainforest Alliance se niega a retirar su certificación a las operaciones
forestales de una compañía que es parte de un grupo multinacional acusado de madereo ilegal
extendido y de violaciones a los derechos humanos en PNG y otras partes del mundo, incluyendo el
Sudeste Asiático y África. Rainforest Alliance ha optado por mantener su relación comercial con esta
compañía, a pesar de las protestas que durante 12 meses han llevado a cabo grupos de la sociedad civil
en PNG.
Los increíblemente ricos y diversos bosques húmedos de Papúa Nueva Guinea, son aclamados
universalmente tanto por su importancia biológica como por su valor de subsistencia para las
poblaciones humanas locales. Pero vastas áreas de estos bosques están siendo destruidas por el
madereo ilegal que realizan las compañías extranjeras.
Aunque Rainforest Alliance realiza declaraciones prominentes diciendo que “las compañías,
cooperativas y terratenientes que participan en nuestros programas cumplen con normas rigurosas que
conservan la biodiversidad y proporcionan medios de vida sustentables”, esto no se sustenta en
absoluta en la evidencia en Papúa Nueva Guinea.
En PNG las compañías que forman parte del mismo conglomerado trasnacional que fuera certificado
por Smartwood en Nueva Zelanda, han sido claramente identificadas como involucradas en el madereo
ilegal extendido y en la generación de grave destrucción ambiental. Este grupo de compañías también
ha sido denunciado por las lamentables condiciones de empleo, el uso de mano de obra extranjera
ilegal y su participación en violaciones de los derechos humanos de las poblaciones indígenas locales.
Las compañías del grupo en Nueva Zelanda comercian con madera tropical y manejan plantaciones de
coníferas. Algunas de estas plantaciones están certificadas por Rainforest Alliance como que cumplen
con los requisitos del Consejo Forestal Mundial (FSC). Esta certificación da credibilidad internacional
y un aura de respetabilidad a una empresa internacional condenada por los grupos de la sociedad civil
en PNG.
En febrero de 2004, el Foro Eco-Forestal de PNG se quejó ante Smartwood por su certificación de las
operaciones forestales de la compañía en Nueva Zelanda. El Foro destacó específicamente el hecho de
que la subsidiaria de la compañía certificada estaba importando madera ilegal desde Papúa Nueva
Guinea y que era parte de un grupo responsable de madereo ilegal y destructivo y de violaciones a los
derechos humanos en PNG y otros lugares. Las mismas preocupaciones fueron planteadas en Nueva
Zelanda a la Asociación de Importadores de Madera (Timber Importers Association) y al Grupo de
Comercio Internacional de Madera Tropical (Tropical Timber Trade Group).
Ambas organizaciones se conmovieron ante la sobrecogedora naturaleza de los abusos descubiertos y
por la claridad de la evidencia presentada. Ambas se movilizaron inmediatamente para expulsar a la
compañía involucrada de sus organizaciones; decisiones éstas que fueron mantenidas posteriormente
por la Suprema Corte de Nueva Zelanda (Comunicado de Prensa de la Asociación de Importadores de
Madera de Nueva Zelanda, 12 de diciembre de 2004).
Las cinco empresas comercializadoras de madera más grandes de Nueva Zelanda también
respondieron positivamente a las quejas y emitieron una declaración que afirmaba que no comprarían
madera a dicho grupo multinacional (The Independent (NZ), 28 de julio de 2004).
En contraste con estos ejemplos de responsabilidad corporativa y toma ética de decisiones, Smartwood
eligió rechazar la queja del Foro –luego de cinco meses de deliberación- y respaldar la certificación
FSC de la compañía corrupta. Al hacer eso, Smartwood se basó en una interpretación estrecha y
legalista de las reglas del FSC, en vez de aprovechar la oportunidad para rever la continuidad de su
relación comercial con uno de los peores destructores de bosques del mundo.
El Foro Eco Forestal apeló inmediatamente la decisión de Smartwood, con la esperanza de que
Rainforest Alliance comprendiera la gravedad de la situación y reviera su posición. Pero en noviembre
de 2004, luego de una nueva dilación de más de cuatro meses, el Foro Eco Forestal fue informado por
Rainforest Alliance de que su apelación había sido rechazada.
La respuesta del Foro fue inmediata, “estamos muy decepcionados de que Smartwood y Rainforest
Alliance hayan decidido en última instancia proteger los intereses comerciales de una compañía
implicada en el madereo ilegal extendido y en graves violaciones a los derechos humanos, en lugar de
apoyar los intereses de los pueblos indígenas y promover el manejo sustentable de nuestros bosques
húmedos”.
Mientas tanto, se presentaron quejas sobre el mismo grupo de compañías madereras por parte de
grupos de la sociedad civil en Australia. El Ministerio Federal de los Bosques australiano respondió
inmediatamente con una declaración reconociendo que la mayor parte de la madera importada de PNG
provenía de fuentes ilegales. Esta fue seguida en noviembre de 2004 por la afirmación (del senador Ian
MacDonald) de que el gobierno australiano se movería para darle marco a una legislación para
prohibir la importación de madera tropical de fuentes ilegales.
Esta acción del gobierno conservador en Australia contrasta fuertemente con la actitud de Rainforest
Alliance y la posición adoptada por su Programa Smartwood.
Las operaciones de madereo ilegal destruyen vastas áreas de bosque cada año y traen consigo
problemas sociales y otros impactos negativos graves para la población rural en Papúa Nueva Guinea y
muchas otras partes del mundo.
Es muy difícil para el Foro entender por qué los grandes grupos de conservación deben mantener
relaciones comerciales con estas compañías y darles credibilidad internacional a través de la
certificación forestal de cualquier parte de sus operaciones globales. Las acciones de Rainforest
Alliance socavan los esfuerzos de los grupos locales por combatir el madereo ilegal y destructivo.
Por: Foro Eco Forestal de PNG, correo electrónico: [email protected], www.ecoforestry.org.pg
enviado por Timothy King, correo electrónico: [email protected]
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* CRÓNICAS DE LAS NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS
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- Negociaciones sobre cambio climático: tiempo para un cambio
Estaban terminando las negociaciones sobre el cambio climático en Buenos Aires, el sábado 18 de
diciembre de 2004, cuando los trabajadores ya habían comenzado a desmontar las instalaciones de la
conferencia. Sin embargo, después de dos semanas de negociaciones, el mayor logro al que pudieron
llegar los más de 6.000 participantes fue un acuerdo para celebrar otra reunión.
Se suponía que la reunión de Buenos Aires discutiría sobre qué debería hacer el mundo para enfrentar
el cambio climático después de 2012, cuando cesa el Protocolo de Kioto. “Francamente, no creemos
que sea el momento de atender la agenda post-2012”, dijo Harlan L. Watson, el principal negociador
en materia de cambio climático de los EE.UU., el segundo día de la reunión. Según Watson, 2012
daría tiempo suficiente.
Los EE.UU. no han firmado el Protocolo de Kioto, ni tienen intenciones de hacerlo. Pero como lo
explicó recientemente Michael Zammit Cutajar, ex Secretario Ejecutivo del Secretariado de la
CMNUCC: “…la orientación de mercado del Protocolo de Kioto estuvo en gran parte inspirada por los
EEUU y fuertemente instigada por las posiciones de negociación de EE.UU.”.
Esta “orientación de mercado” crea un nuevo producto básico para el mercado –la capacidad de
reciclar carbono. El comercio del carbono “transforma la capacidad de reciclar carbono de la Tierra en
un bien objeto de compra y venta en el mercado mundial” afirma la Declaración de Durban sobre el
Comercio del Carbono, que ha sido firmada por más de 100 organizaciones.
En la tarde del 14 de diciembre de 2004, me senté al fondo de la sala de reuniones en Buenos Aires a
escuchar el debate sobre algunos de los temas en discusión. Por supuesto, los negociadores
estadounidenses rara vez estaban callados.
Cuando llegué, el punto en discusión era el L.21, que trataba sobre el nivel de emisiones para el año
base de Croacia. El punto dice lo siguiente: “El Organismo Subsidiario para la Implementación no
completó su consideración de este punto de la agenda. Acordó continuar la consideración del mismo
en una sesión futura”. No hay mucha controversia por aquí, pensé.
Pero el equipo de EE.UU. sintió que no podía considerar este punto sin verlo escrito. Las
negociaciones se detuvieron mientras se hacían cientos de fotocopias, una para cada asistente en sala.
Los EE.UU. sugirieron que el Cuerpo Subsidiario para la Implementación debía considerar las
emisiones de Croacia para el año base en “su próxima sesión, sobre la base de que una futura sesión
puede ser la reunión 63 de ese organismo (SBI 63)”.
Arabia Saudita se opuso inmediatamente a la enmienda de los EE.UU., sin dar ninguna razón. Los
Países Bajos apoyaron la enmienda y preguntaron por qué se oponía a ella Arabia Saudita. Los EE.UU.
sugirieron que dado que los EE.UU. no estaban de acuerdo con el texto de las consultas informales que
habían tenido lugar sobre las emisiones de Croacia para el año base, y dado que Arabia Saudita estaba
en desacuerdo con la enmienda propuesta por EEUU, “deberíamos establecer un grupo de contacto”
para discutir más profundamente el asunto.
Luego de una pausa Arabia Saudita decidió que, después de todo, sí estaba de acuerdo con la enmienda
propuesta por EEUU.
El siguiente punto era el L.22. Éste parecía mucho más complicado: el informe del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial a la Conferencia de las Partes. Ponerse de acuerdo sobre una declaración de
dos frases sobre Croacia había llevado 10 minutos. Me imaginé que acordar sobre una declaración
global de 12 párrafos podría llevar varios días. Sorprendentemente, sin embargo, la declaración fue
aceptada, salvo el párrafo 11 que mencionaba “metodologías, indicadores y datos”. Argentina y China
sugirieron enmendar el texto. EE.UU. y Japón estuvieron en desacuerdo con las enmiendas sugeridas.
La discusión se estancó.
Daniela Stoycheva, de Bulgaria, tuvo el poco envidiable trabajo de presidir la reunión. Solicitó a los
representantes de distintos países, incluidos los EE.UU., los Países Bajos, Sudáfrica, Arabia Saudita,
Argentina y Brasil que se le unieran en el podio. Se amontonaron en el frente de la sala de reuniones.
Luego de unos 15 minutos de discusión en privado, Stoycheva anunció que “las partes pudieron llegar
a acuerdo”. Las palabras “metodologías, indicadores y datos” fueron eliminadas del informe.
Presumiblemente el Fondo para el Medio Ambiente Mundial reanudará sus operaciones sin el
contratiempo de tener que considerar nada tan entorpecedor como las metodologías, los indicadores y
los datos.
Cuando se cerró la reunión, salí del centro de conferencias y pasé por la pequeña Arca que Greenpeace
había construido bajo un cartel gigantesco de publicidad de Coca-Cola. Al volverme a mirar la entrada
al área de la conferencia, leí un cartel que anunciaba la reunión de la Convención sobre el Cambio
Climático: “Para prevenir el cambio climático tenemos que cambiar”. De acuerdo a las discusiones que
acababa de escuchar no me quedaba más que estar de acuerdo. Un buen comienzo podría ser cambiar
la forma en que los gobiernos negocian sobre lo que planean hacer (o no hacer) para enfrentar el
cambio climático.
A los participantes de la próxima reunión internacional sobre cambio climático, que tendrá lugar en
Alemania en mayo, no se les permitirá discutir nada que pueda llevar a nuevos compromisos. Los
EE.UU. se negaron a acordar la realización de una reunión cuyo tema central fuera la reducción
obligatoria de las emisiones. Harlan Watson, el principal negociador en temas de cambio climático de
EE.UU., declaró a la BBC: “Es un ejercicio de toma y daca, y creo que haciendo un balance estamos
muy complacidos con el resultado”.
Por: Chris Lang, correo electrónico: [email protected]
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- Grandes represas, cambio climático y desalojos forzados
Durante largo tiempo, la industria hidroeléctrica ha dependido de subsidios para poder construir
grandes represas. Los defensores de la hidroelectricidad promueven ahora a las represas como
“favorables al clima”, en un intento desesperado de ganar financiamiento de carbono para las represas.
La Asociación Internacional de la Energía Hidroeléctrica (International Hydropower Association IHA), junto con la Asociación Mundial de la Energía Eólica (World Wind Energy Association) y la
Sociedad Internacional de Energía Solar (International Solar Energy Society), conformaron la Alianza
Internacional de Energía Renovable (International Renewable Energy Alliance -IREA). La IREA
realizó un evento paralelo durante la reunión internacional sobre cambio climático realizada en Buenos
Aires en diciembre de 2004.
El evento fue presidido por Peter Rae, “convocante” de la IREA y miembro del directorio de la IHA.
Durante 90 minutos la audiencia escuchó cortésmente mientras los representantes de las industrias de
la energía eólica, solar e hidroeléctrica hacían su mejor esfuerzo para persuadirnos de que las
ganancias eran un interés marginal y que sus compañías en realidad solo querían salvar el planeta.
Robert Dixon, del Departamento de Energía de los EE.UU., no dijo nada que pudiera cuestionar esa
visión. Henk Sa, de EcoSecurities, hizo una presentación sobre las complejidades financieras del
carbono vinculado a los mecanismos flexibles del Convenio sobre Cambio Climático. Cuanto menos
rentable es un proyecto tanto mejor es en términos de financiamiento a través del Mecanismo de
Desarrollo Limpio, según Sa. “Para la energía hidroeléctrica, el Mecanismo de Desarrollo Limpio es
un factor para hacer el proyecto rentable”, dijo.
La IHA sostiene que la energía hidroeléctrica produce muy pocas emisiones de gases de efecto
invernadero en comparación con las opciones de generación con combustibles fósiles. Sin embargo,
las afirmaciones de la IHA ignoran un creciente cuerpo de evidencia que muestra que las represas y
reservorios en los trópicos son fuentes significativas de metano. Patrick McCully de la Red
Internacional de Ríos (International Rivers Network) ha analizado las afirmaciones de la IHA y
concluye que son “diversamente irrelevantes, incompletas o simplemente equivocadas”. Más de 260
organizaciones han firmado la declaración de la IRN para que se excluya a la energía hidroeléctrica a
gran escala de las iniciativas de energía renovable.
Después de las presentaciones de la IREA se dio la oportunidad de hacer preguntas. Patrick McCully
comenzó una elocuente descripción de los problemas causados por las grandes represas
hidroeléctricas. El convocante de la IREA, Peter Rae, lo interrumpió. “¿Hará una pregunta o solo está
haciendo una declaración?”, preguntó.
Entre las preguntas que McCully hizo al panel estuvo la de si las compañías de energía hidroeléctrica
miembros de la IREA estarían dispuestas a acordar en el futuro no participar en la construcción de
represas que implicaran desalojos forzados. Nadie del panel contestó la pregunta.
Pensé en volver a hacer la pregunta. Peter Rae me interrumpió y me dijo que no debería molestarme en
hacer preguntas que ya se hicieron. Ignorando a Rae pregunté “¿acordarán las compañías de energía
hidroeléctrica de la IREA no participar en la construcción de represas que impliquen desalojos
forzados?”
Rae replicó, sin ni un atisbo de respuesta a la pregunta. Señalé que lo único que quería era una simple
respuesta de sí o no. “Me rehúso a ser dictado por usted”, dijo bruscamente Rae. Detrás de mi, un
integrante de la audiencia dijo, “eso suena como un no para mi:”
En lugar de contestar la pregunta de McCully sobre los desalojos forzados, Rae habló sobre las
directrices de sustentabilidad de la IHA, adoptadas formalmente por la asociación en noviembre de
2003. “La Comisión Mundial sobre Represas fue un buen comienzo, y la IHA ha ido más allá de sus
recomendaciones,” explicó Rae.
Cuando se completó el proceso de la Comisión Mundial sobre Represas en noviembre de 2000, el
documento resultante tenía más de 400 páginas. El informe estaba respaldado por dos años de estudios
de caso, discusiones y reuniones. Concluye estableciendo siete prioridades estratégicas y un conjunto
de directrices de buenas prácticas.
No es sorprendente que a algunas personas de la industria de la construcción de represas no les hayan
gustado los resultados. “No nos gustan para nada las directrices de la Comisión Mundial;” me dijo en
junio de 2002 Konrad Attengruber de VA TECH HYDRO, un compañía austríaca de equipamiento
electromecánico que integra la IHA.
Las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre Represas incluyen el principio del libre
consentimiento, previo e informado de los pueblos indígenas. Éste les da a los pueblos indígenas el
derecho a negarse a permitir las represas propuestas que puedan afectar sus tierras. También les da el
poder de negociar las condiciones en que se puede implementar un proyecto. La palabra “indígena”
aparece solo una vez en las directrices de sustentabilidad de la IHA, en una sección que trata la gestión
de las represas existentes. El consentimiento libre, previo e informado no se menciona para nada.
Las directrices de sustentabilidad de la IHA sí mencionan el desalojo forzado, aunque no en esas
palabras: “cuando sea necesario el desplazamiento de la población, se deberán desarrollar e
implementar planes amplios de reasentamiento y rehabilitación en consulta con la población afectada”.
La construcción de grandes represas ha conducido al desalojo de millones de personas en todo el
mundo. Nadie sabe la cifra exacta. La industria de la energía hidroeléctrica da todas las señales de que
se propone seguir desalojando a la gente de sus hogares. La razón por la cual Peter Rae y otros
miembros de la IREA del panel en Buenos Aires estaban reacios a discutir el desalojo forzado es
simple. Las directrices de sustentabilidad de la IHA no excluyen el desalojo forzado.
Por: Chris Lang, correo electrónico: [email protected]
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- Presentación de los árboles transgénicos a COP 10 de las Naciones Unidas
Organizaciones y representantes de movimientos sociales de Europa Oriental y Occidental, así como
de Norteamérica y Sudamérica, se reunieron en Buenos Aires, Argentina durante la primera mitad de
diciembre de 2004, para urgir a la décima Conferencia de las Partes (COP 10) de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que prohíba los árboles transgénicos en el Protocolo
de Kioto –el tratado internacional sobre el calentamiento global.
Fue en la COP 9 del año pasado que un comité de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) declaró que los árboles transgénicos podían ser usados en plantaciones
creadas supuestamente para neutralizar las emisiones de carbono de las fábricas en el Norte
Industrializado, como parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.
La decisión impulsó la creación de una red internacional de grupos que se unieron para exigir que las
Naciones Unidas excluyera a los árboles transgénicos de Kioto y más aún: que los prohibiera
totalmente. En mayo del año pasado, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM),
Amigos de la Tierra Internacional, Global Justice Ecology Project y Peoples Forest Forum
concurrieron al Foro sobre Bosques de las Naciones Unidas (UNFF) para presentar a los delegados
nacionales y a otras organizaciones no gubernamentales de 22 países, los peligros de los árboles
transgénicos y cómo muy probablemente éstos empeorarían el calentamiento global en vez de ayudar a
mitigarlo.
Además, Peoples Forest Forum de Finlandia, que incluye a Union of Ecoforestry, Peoples Biosafety
Organization y Amigos de la Tierra, inició una campaña de petición internacional poco después de la
decisión de Naciones Unidas de diciembre de 2003. Para la reunión del UNFF de mayo, habían
recolectado 1.500 firmas exigiendo a Naciones Unidas la prohibición de los árboles transgénicos. En
un encuentro de grupos contrarios a los árboles transgénicos realizada durante la reunión de mayo de
Naciones Unidas, se sugirió realizar otra presentación sobre árboles transgénicos en la COP 10 de la
CMNUCC en Buenos Aires como forma de aumentar la presión para revertir la decisión pro árboles
transgénicos. WRM y Global Justice Ecology Project analizaron con mayor profundidad estos planes
en Durban, Sudáfrica, en una reunión sobre alternativas al comercio de carbono y otros métodos que
están siendo utilizados actualmente por los gobiernos y las corporaciones para evadir sus compromisos
de reducir las emisiones de carbono en el marco del Protocolo de Kioto.
En diciembre de 2004, FERN, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Global Justice
Ecology Project, una científica mapuche de Chile, Peoples Forest Forum, la Coalición Mundial por los
Bosques, Amigos de la Tierra Internacional y otras organizaciones y personas, convergieron en
Buenos Aires para la COP 10.
El problema de los árboles transgénicos debutó en la COP 10 de 2004 durante una conferencia de
prensa de “Justicia climática” organizada por los grupos que se habían reunido anteriormente en
octubre en Durban, Sudáfrica, en el encuentro donde se criticaba el comercio del carbono. Raquel
Nuñez del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales habló en la conferencia de prensa y
declaró que, “las plantaciones de monocultivos de árboles están devastando las comunidades locales y
su medio ambiente. Si el Protocolo de Kioto permite que las enormes plantaciones de árboles
transgénicos cuenten como proyectos de desarrollo limpio, los resultados serán catastróficos”.
Pocos días después, el WRM organizó un evento paralelo sobre árboles transgénicos para la
comunidad local en el Jardín Botánico, fuera de la COP 10. Este evento trató los problemas y peligros
asociados a los árboles transgénicos frente a una gran audiencia muy interesada.
En otra conferencia de prensa el jueves 16 de diciembre, el grupo presentó nuevamente los hechos y
peligros de los árboles genéticamente modificados. Los medios que asistieron parecieron muy
interesados e hicieron muchas preguntas para el seguimiento del tema. Además, Hannu Hyvonen de
Peoples Forest Forum presentó la petición de su grupo con 2.000 nombres que se oponen a liberar a los
árboles transgénicos en el medio ambiente. Global Justice Ecology Project también mostró un clip
promocional de su próximo video documental titulado “El Bosque Silencioso: La creciente amenaza
de los árboles genéticamente modificados” a ser lanzado en febrero de este año.
En la conferencia de prensa, Lorena Ojeda, una científica mapuche, explicó los impactos que sufren las
comunidades rurales e indígenas. “Las plantaciones impactan el sur de Chile, causando graves
problemas ambientales y sociales. El polen de estas plantaciones viaja largas distancias en el viento,
contaminando el agua y afectando a la gente con alergias y asma”.
“Si las plantaciones industriales de árboles ya causan tantos problemas con el polen ¿cuál será el efecto
del polen de los árboles transgénicos que contiene pesticida Bt?” preguntó. “Este polen modificado
podría causar más enfermedades al contaminar el agua, los ecosistemas, la flora, la fauna y a la gente”,
continuó.
La conferencia de prensa fue organizada conjuntamente por el Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales, FERN, Amigos de la Tierra Internacional y Global Justice Ecology Project, luego de que
se perdiera su solicitud para realizar un evento paralelo oficial sobre árboles transgénicos en la
Convención de Naciones Unidas, en el cual pudieran dirigirse directamente a los delegados de las
Naciones Unidas.
Durante la COP 10, la red de grupos que trabajan en el tema de los árboles transgénicos se reunió para
discutir los planes futuros. En esta reunión, Ricardo Carrere del Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales explicó que el delegado de Uruguay ante Naciones Unidas le había explicado los orígenes
de la decisión sobre árboles transgénicos adoptada en la COP 9 del año pasado. Le dijo que había
surgido porque Noruega había intentado que los árboles GM fueran prohibidos en el Protocolo de
Kioto. Esto desató una reacción de otros países como China (que ya había comenzado el cultivo de
árboles transgénicos resistentes a los insectos en plantaciones) y Brasil, que sintieron que una
prohibición de este tipo violaría su soberanía estatal. En esencia, la decisión pro árboles transgénicos
se adoptó simplemente porque el grupo no pudo acordar una prohibición.
En el último día de reuniones de la COP 10, grupos políticos de Buenos Aires y el resto de Argentina
organizaron una manifestación fuera de las puertas de la convención. Orin Langelle de GJEP habló con
una mujer que participaba en la manifestación que objetaba que se impidiera al público participar en
las decisiones sobre el calentamiento global, que nos iba a afectar a todos. Cuando Orin le explicó que
él estaba con Global Justice Ecology Project, la joven exclamó: “¡Ah, fuiste parte del evento sobre
árboles transgénicos en el Jardín Botánico el lunes pasado! ¡Estuvo muy bueno! ¡Las Naciones Unidas
deberían haber hecho todos los eventos abiertos al público como ése!”
Por: Anne Petermann, Global Justice Ecology Project, correo electrónico: [email protected]
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- Convención sobre Cambio Climático: primeras impresiones de alguien con esperanzas y sospechas
“Para impedir el cambio climático, tenemos que cambiar” [lema de la COP 10]
La posibilidad de tener el estatus de observador en la 10ª Conferencia de las Partes de la Convención
sobre Cambio Climático, que tuvo lugar en Buenos Aires en diciembre pasado, generó en mí
expectativas contradictorias.
Estar al tanto de los decepcionantes antecedentes de las pasadas nueve conferencias en cuanto a
atender la gravedad del cambio del clima debido a las acciones de la civilización industrial, anticipaba
el resultado de siempre del proceso internacional –admirable en su inventiva para propagar la inacción.
Por otra parte, el atisbo de esperanza de una posibilidad de cambio se rehusaba testarudamente a acatar
la razón.
No hubiera sido realista esperar que se re-evaluara la convicción de confiar en las fuerzas del mercado
para frenar las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, yo esperaba que la controvertida
inclusión de último minuto de las plantaciones de árboles genéticamente modificados en el Mecanismo
de Desarrollo Limpio durante la COP 9, considerando sus efectos potencialmente devastadores sobre
la biodiversidad, proporcionara un tema de debate interesante.
Para sorpresa de cualquier ‘observador’ dentro de la Conferencia, este tema tan importante (ver
http://www.wrm.org.uy/subjects/GMTrees/text.html) fue silenciado de la manera más audaz. La ONG
FERN había presentado una solicitud para realizar, dentro de la conferencia, un evento paralelo sobre
árboles transgénicos, pero los organizadores perdieron la solicitud y no se le permitió volver a hacerla.
¿Cómo es posible que las negociaciones entre los Estados, reforzadas con los aportes de numerosos
‘expertos’, ni siquiera tocaran un tema que podría permitir a los científicos insertar genes de peces en
árboles de eucalipto que luego serían plantados en millones de hectáreas? Este absurdo ni siquiera
contempla la amplia evidencia de violaciones a los derechos humanos de las comunidades locales a
causa de las plantaciones de árboles a gran escala, ni las consecuencias ambientales posteriores
[http://www.wrm.org.uy/plantations/carbon.html].
La respuesta parece simple para una persona de afuera que entrara por casualidad a la conferencia. En
primer lugar, contrario a lo que podría suponerse, no hubo un gran debate abierto entre los delegados
de los países. La mayor parte de las conversaciones cruciales tuvieron lugar en pequeños grupos de
trabajo que no estaban obligados a autorizar la asistencia de no participantes. Cuando todos esos
grupos de trabajo se reunieron para ‘votar’ las decisiones, podía verse una sala a medio llenar y
procedimientos de votación para los cuales “votar” implicaba que no hubiera objeciones de alguno de
los delegados (ausentes). A EE.UU. (aunque están claras sus intenciones de no adherir al Protocolo de
Kioto) se le permitió interrumpir y exigir cambios en las redacciones con las que se sentía incómodo.
¿Por qué quienes no participan en el Protocolo pudieron influenciar las negociaciones y no así las
organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas que participan en cada aspecto de sus
consecuencias?
En segundo lugar, fue dolorosamente evidente que para la mayoría de los participantes el cambio
climático era sinónimo --si no una tautología-- de compra y venta de “mercancías”. La zona de puestos
estaba llena de firmas consultoras, negocios ambientales, grupos de “negocios para el desarrollo
sustentable”, ostentando las laptop y las tecnologías de telefonía móvil G5 más recientes.
Las compañías privadas que ven la posibilidad de hacer negocio con el recién nacido mercado
millonario del carbono, por lo menos no proclamaron estar representando algo más que ambiciones
personales. Sin embargo, las delegaciones de los países a la COP representan y están financiadas por
los pueblos de sus países. Cuando intenté personalmente comunicarme con la delegación griega para
indagar sobre “nuestra” postura (la de los griegos) en este foro, me sorprendió escucharles decir que no
tenían ningún conocimiento de los árboles transgénicos. Seguramente no todas las delegaciones tienen
el mismo desconocimiento, pero ¿cuántas delegaciones de las 134 firmantes no tienen ni idea de los
asuntos que aprueban pasivamente?
Desde una perspectiva más social pero vinculada con la economía política de la COP 10, la primera
impresión cuando se llega al complejo de la conferencia es un involuntario sentimiento inducido de
secreto orgullo. La exclusividad de los participantes de este encuentro global internacional y el
ambiente creado en el que tiene lugar, juegan con sentimientos humanos de autoestima, profundamente
arraigados, de forma de distraer la atención de las estructuras injustas que conforman su base. Es de
destacar que la abrumadora cantidad de personas empleadas para atender a los participantes (guardias
de seguridad, empleadas de restaurante, personal de información, etc.) eran mujeres jóvenes, en un
foro donde el poder se concentra casi exclusivamente en manos masculinas. ¿Fue una estrategia
planificada para hacer el ambiente de la conferencia más ‘amigable’ para estos últimos?
El presupuesto que gastó el gobierno del pueblo argentino para albergar esta conferencia de dos
semanas fue presumiblemente grande, aunque sospechosamente oscuro. Pregunté a todas las personas
imaginables, desde el Oficial de Relaciones Exteriores para Asuntos Intergubernamentales y de la
Conferencia de la Secretaría de Cambio Climático, hasta las oficinas del gobierno argentino en la
conferencia. En todos los casos vi la misma expresión de desconcierto y desconocimiento con relación
a los costos logísticos de la conferencia. Finalmente no pude descubrir cuánto dinero se había gastado
en este encuentro internacional, un encuentro que además ignoró las consecuencias sociales y
ambientales de las decisiones allí adoptadas.
Antes de participar en la conferencia, conocer los decepcionantes antecedentes de las COP anteriores
jugaba en contra de mis expectativas de que el cambio es siempre posible. Al partir, fue evidente que
éstas no son expectativas contradictorias. Procesos globales como éste no están destinados a desarmar
las injusticias sociales, políticas y económicas que les dieron su razón de ser; apuntan a mantenerlas.
La esperanza del cambio radica en las alternativas que la gente y las comunidades están poniendo en
práctica e inventando al cambiarse a sí mismas, sus formas de vida y sus relaciones dentro de cada
comunidad y entre ellas y su medio ambiente; alternativas que pueden encontrarse fuera de los muros
de la conferencia. Sería bueno que los funcionarios de los gobiernos aprendieran de la gente el
verdadero significado del lema oficial de la COP: “Para enfrentar el cambio climático, tenemos que
cambiar”.
Por: Antonis Diamantidis, correo electrónico: [email protected]