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El factor empresarial y el desarrollo económico de
España en los siglos XIX y XX*.
Jesús Mª Valdaliso
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas
Universidad del País Vasco
Introducción
En los años setenta, la todavía reducida parte de la historiografía económica
española que se ocupaba de los siglos XIX y XX apenas prestaba atención alguna a la
figura del empresario1. En el ámbito de la economía en general, el escaso interés de la
teoría económica dominante por las funciones de los empresarios y las empresas, por un
lado, y, en España en particular, la mala imagen del empresario ante la opinión pública
y la clase intelectual, debida a los numerosos escándalos y corruptelas propiciadas por
el régimen discrecional y autoritario del Estado franquista, por otro, provocaban que la
figura del empresario, o bien no fuera tratada, o bien se asociase a la de un villano que
se enriquecía a costa de sus trabajadores o que vivía de extraer rentas al Estado a costa
de la sociedad en general2. Sin embargo, en los decenios de 1980 y 1990 se ha
registrado un considerable desarrollo de los estudios sobre empresas y empresarios en
* Artículo en prensa en la revista Estudos do Século XX (2004), publicada por el Centro de Estudos
Interdisciplinares do Século XX de la Universidad de Coimbra.
1
A título de anécdota, en dos de los libros más influyentes de la historia económica en ese decenio, los de
Tortella (1974) y Nadal (1975), el término empresario apenas aparece, en su lugar se emplean los de
comerciante, capitalista, hombre de negocios o industrial, y de forma más genérica, el de burguesía.
Todavía en un estado de la cuestión de la historiografía sobre la revolución industrial en España aparecido
en 1984, Nadal (1984), no había referencia alguna al factor empresarial.
2
Roldán y García Delgado (1973), Muñoz (1969), Tamames (1966) y (1977) y González (1979). La
única excepción a este panorama provino de la sociología, gracias a la labor de Juan José Linz, Valdaliso
1
España. Las causas de este fenómeno, que también se ha producido en otros países
europeos, Estados Unidos y Japón, son múltiples y de importancia variable en cada país.
De manera general, quizás la más importante haya sido la recuperación de la figura del
empresario y la empresa como protagonistas centrales del crecimiento y el cambio
económico. Esta rehabilitación, que en el decenio de 1980 se debió sobre todo al
colapso de los regímenes de economía planificada de la antigua Unión Soviética y
Europa del Este y fue auspiciada por ideologías políticas conservadoras, en el de 1990
se ha debido a la identificación del empresario como el agente del cambio económico y
tecnológico en numerosos sectores3.
Este cambio en la percepción de la figura del empresario (más próximo a la de un
héroe schumpeteriano que a la de un patrón malvado) también se ha ido extendiendo, de
manera gradual, entre la historiografía española. En los últimos veinte años, los estudios
históricos sobre los empresarios españoles se han desarrollado a lo largo de dos líneas
de investigación bien definidas, no siempre convergentes ni en sus presupuestos
teóricos, cuando los hay, ni en sus resultados. De un lado, la que tiene su origen en la
historia económica, que ha producido un buen número de biografías empresariales4 y de
estudios más generales sobre los orígenes sociales, la formación y las funciones de los
empresarios, generalmente de ámbito regional o sectorial5. El marco teórico, cuando
existe, suele utilizar herramientas y conceptos de la Nueva economía institucional como
la teoría de los grupos de presión y la búsqueda de rentas, y otras más eclécticas como
(1999). Sobre la mala imagen del empresario en aquella época, Serrano y Costas (1990) y Cabrera y Del
Rey (2002), pp. 325 y ss.
3
Valdaliso (1999), Valdaliso y López (2003).
4
Torres y Puig (1994). Entre las biografías empresariales, veánse las de García Montoro (1978), Nadal
(1983), García Lasaosa (1984), Torres (1998), Parejo (1990), Gámez (1991), Ballestero (1993), Cabrera
(1994), Germán (1994), Moreno (1994), (1995) y (1999), Paredes (1997), Díaz Hernández (1998), Díaz
Morlán (1999) y (2002a), Rodrigo (2001), Toboso (2001) y García Ruiz y Santos (2001). También
existen compilaciones como la de Torres (Dir.) (2000) sobre los 100 empresarios españoles del siglo XX,
la de Cabana (1993) sobre los empresarios catalanes, o la de Muriel (2002) sobre los consejeros y
directivos más importantes de Iberdrola.
5
Entre otros, Alonso (2000a), sobre Galicia; Erice (1980) y (1995) sobre Asturias; Maluquer de Motes
(1989), Sudrià (1994) y Cabana (1993) y (1996) sobre Barcelona; Hoyo (1993) sobre Santander;
Florencio (1994), Arenas (1995) y Maldonado (1998) sobre Andalucía; Moreno (1999) sobre Castilla–
León; Fernández de Pinedo (1989) y (1994a), Valdaliso (1993b) y (2003), Larrínaga (1999) y Mugartegui
(2001) para el País Vasco; De la Torre (1998) y Erro (1997) para Navarra; Lindoso (1999) para La
Coruña; y Moreno Castaño (1997) para Madrid. Un intento de síntesis general, a partir de una muestra de
100 empresarios españoles del siglo XX, en Torres (2001).
2
la literatura sobre funciones empresariales y desarrollo económico6. De otro, la
producida por la historia social y la sociología histórica y articulada en torno al
concepto y la teoría de las elites7. La investigación generada por ambas corrientes –
basada predominantemente en fuentes de archivo, muchas de ellas hasta entonces no
explotadas–, se ha centrado sobre todo en el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX
(aunque en los últimos años se ha acercado al periodo del franquismo), ha enriquecido
notablemente nuestro conocimiento sobre los empresarios españoles y ha sido
fundamental para el planteamiento y la discusión de cuestiones de alcance más general,
como las que veremos en las siguientes páginas. No obstante, la mayor parte de los
trabajos carecen de un marco teórico de partida o manifiestan serias insuficiencias en
este sentido. En muchos casos, se ha producido simplemente una adaptación acrítica a
los nuevos conceptos de moda, sustituyendo los desacreditados e «ideologizados»
términos de burguesía, oligarquía o bloque de poder por otros, más neutros, como
empresarios, elite empresarial o grupos de presión8.
Este cúmulo de investigaciones ha permitido plantear cuestiones de alcance más
general y, más en concreto, introducir al factor empresarial dentro de las explicaciones
del desarrollo económico de España en los siglos XIX y XX. En este trabajo se va a
tratar de repasar la literatura más relevante sobre esta materia, ordenándola a través de
las siguientes cuestiones, muy relacionadas entre sí: los orígenes sociales y la formación
de los empresarios españoles, las relaciones con el Estado y, por último, a modo de
epílogo, su papel en el desarrollo económico del país9.
1. La oferta de empresarios en España: orígenes sociales y formación
Los estudios disponibles sobre los orígenes sociales y geográficos de los
empresarios muestran conclusiones relativamente similares para todas las regiones y no
6
Véanse Alonso y Torres (1995) y Torres (1995) y (1997), para un buena introducción a estas teorías.
7
Pro (1995) y (1997), y Carasa (2001). Trabajos concretos en esta línea son los de Gortázar (1986),
Otazu (1987), McDonogh (1989), Bahamonde y Otero (1989), Bahamonde y Cayuela (1992), Sierra
(1992), Asenjo (1994), y los recopilados en Carasa (ed.) (1994) y Varela Ortega (Dir.) (2001). Otra línea
de investigación desarrollada por esta corriente, en la que sobresalen autores como Cabrera o Del Rey,
será examinada en el apartado 2.
8
Una crítica de la utilización de la teoría de las elites por la historia social y la sociología histórica en
Carasa (2001). En el caso de la historiografía económica, muchos trabajos revelan una notable ausencia
de conocimientos sobre las funciones económicas que desempeñan los empresarios
3
muy diferentes de lo que sabemos para otros países: comerciantes, propietarios y
fabricantes (generalmente industriales y obreros cualificados del sector en cuestión) son
las figuras más numerosas, especialmente en los primeros periodos de la
industrialización, a los que siguen, a cierta distancia e incorporándose más tardíamente,
industriales y profesionales (ingenieros, abogados, etc.)10. La abundante presencia de
propietarios es coherente con toda una literatura, generada desde el ámbito de la historia
agraria, que muestra cómo muchos de los grandes propietarios rurales de origen noble
se acomodaron perfectamente a las nuevas reglas del juego del capitalismo tras las
reformas agrarias de la primera mitad del siglo XIX11. La industrialización y las nuevas
oportunidades de negocio que este proceso trajo consigo no propiciaron una mayor
movilidad social, o al menos, no en la línea de la mitología del empresario hecho a sí
mismo (self-made man) difundida sobre todo en los países anglosajones. La
investigación histórica ha demostrado que esa figura fue más la excepción que la regla y
que la mayor parte de los empresarios en Europa y Estados Unidos procedió de familias
cuyo padre era económicamente independiente y en muchos casos, en las que existía
una tradición empresarial. En España, y con la salvedad de los indianos –la figura que
más se asemeja a la del self-made man–12, toda una serie de evidencias sugieren un
panorama similar al descrito para los países citados. En primer lugar, y frente a lo
sucedido en regiones del interior peninsular como Castilla, en el País Vasco, Cataluña y
el litoral andaluz, existió una notable continuidad entre los empresarios del Antiguo
Régimen y los nuevos empresarios de la primera industrialización. Aún así, la
9
Para un estado de la cuestión sobre la historia empresarial en España, véanse Comín y Martín Aceña
(1996), Valdaliso (1999) y Carreras, Tafunell y Torres (2003).
10
Valdaliso y López (2000), pp. 201-205. Para España, además de los trabajos citados en las notas 4 y 5,
véanse Valdaliso (1991), Thompson (1992), Benaul (1992) y (1996), Sánchez (1996), Soler (1997),
Maldonado (1999), Gutiérrez (1999a), Pascual (1999), Álvarez Rubio y otros (2000), Galí (2002) y
Casanovas (2003). Por el contrario, Moreno Castaño (1997), para Madrid, ha señalado que más de la
mitad de los empresarios del Madrid de finales del siglo XIX habían sido en sus inicios dependientes de
comercio o aprendices; en este caso, el fuerte peso de un sector servicios de muy pequeñas empresas
puede explicar ese origen más modesto, aunque igualmente relacionado con el sector en el que luego
actuarán como empresarios.
11
Ejemplos de esto en Héran (1981), García Sanz (1991), De la Torre (1993), Bernal (1994), Carmona
(1995), Calatayud (1999), Lana (2002), Garrabou, Planas y Saguer (2002).
12
El apelativo de indiano se aplica en España al antiguo emigrante enriquecido en América o en las
colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que a su vuelta reinvirtió su fortuna en la industria,
la banca y el comercio, además de adquirir numerosas propiedades rústicas y/o urbanas, Carmona (1984),
García López (1992), Bahamonde y Cayuela (1992), Cerutti (1995), Valdaliso (1993b) y (2002b), Cabana
(1996), Soler (1998), Rodrigo (2001) y (2003), Toboso (2001), Florencio (2002), y De la Torre (2002).
4
movilidad social fue algo mayor en esta fase que posteriormente13. En Vizcaya, una de
las provincias más dinámicas e industrializadas de España a finales del siglo XIX, sólo
un 3 por 100 de los padres de los inversores en las principales sociedades mercantiles
creadas en esta provincia entre 1879 y 1913 tenía orígenes humildes (agricultores y
artesanos), siendo más de la mitad comerciantes y una cuarta parte propietarios y/o
industriales14. La situación en 1960 no había cambiado demasiado: un 49 por 100 de los
padres de los empresarios vizcaínos eran empresarios y un 26 por 100 profesionales,
aunque la proporción de padres de origen humilde (agricultores, artesanos y obreros) ha
aumentado hasta el 11 por 100. Las cifras para toda España en este último año también
refuerzan esa impresión de reducida movilidad social: un 60 por 100 de los empresarios
españoles era hijo de empresario y un 15 por 100 de profesionales15. El estudio sobre
los 100 empresarios españoles del siglo XX no cambia demasiado el panorama descrito
para el siglo XIX. La única novedad destacable es la de los empresarios “franquistas”,
cuyo origen y éxito se debió fundamentalmente a las conexiones privilegiadas con la
Administración, y muy en particular con el dictador, en ese periodo16.
En cuanto al origen geográfico, la mayor parte de los inversores y los capitales
procede de la propia región o provincia y sólo a partir de finales del siglo XIX, cuando
aumentan las necesidades de capital en muchos sectores y hay una mayor integración
del mercado de capitales, esta situación comienza a modificarse. El mundo de los
negocios en la España del siglo XIX, como sucedía en otros países europeos, estaba
mayoritariamente circunscrito a espacios locales y/o regionales, donde se desarrollaba
un mercado de capital –formal e informal– una red de negocios y un sistema de valores
comunes que promovían una cultura de confianza que ayudaba a reducir los costes de
información y transacción en los mercados; y donde la familia seguía desempeñando un
13
La discontinuidad castellana ha sido señalada por Helguera (1996) y Moreno (1999). Comín y Martín
Aceña (1996) la proyectan, con matices, al conjunto del país. Para Cataluña, Cabana (1996), p. 34, sí
habla de hombres hechos a sí mismos para definir a las primeras generaciones de empresarios.
14
Valdaliso (2003). La muestra se refiere a las mayores empresas, lo que a priori introduce un sesgo a
favor de los orígenes acomodados. Estos datos son coherentes con los estudios que implícita o
explícitamente hablan de una elite de negocios muy relacionada entre sí a través de vínculos familiares y
pertenencia a ámbitos exclusivos de sociabilidad como colegios, clubes deportivos u otras instituciones, o
residencia en barrios diferenciados, como Neguri en Vizcaya, Díaz Morlán (2002a); para Barcelona,
véase McDonogh (1989), Cabana (1996) y Rodrigo (2001).
15
Linz y De Miguel (1964), pp. 66-68.
16
Torres (2001) y Torres (Dir.) (2000). Aunque la obra contiene muchos errores, algunos graves, pueden
encontrarse muchos ejemplos de estos empresarios en Sánchez Soler (2001).
5
papel esencial en la provisión de capital monetario y humano para las empresas y en el
buen funcionamiento de las instituciones ya citadas –a través de políticas matrimoniales
de marcado carácter endogámico–. Los cada vez más numerosos estudios de caso
revelan que, frente a lo indicado por Chandler, las empresas familiares sacrificaron las
ganancias a corto plazo por el crecimiento a largo plazo y la continuidad del negocio.
No fue ajeno a esa política el hecho de que en estas empresas los propietarios eran al
mismo tiempo directivos, por lo que sus beneficios procedían tanto de los dividendos
repartidos como de los salarios que cobraban17. El estudio de los patrimonios de los
empresarios de este periodo revela otra característica también común a la de sus colegas
europeos: la tendencia generalizada a diversificar los negocios y a invertir una parte del
capital acumulado en bienes raíces que no sólo generaban una renta, sino también una
especie de fondo de reserva al que recurrir en caso de dificultades18. A partir de finales
del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, cuando las necesidades de capital aumentan en
la mayor parte de los sectores, muchas empresas familiares se transformaron en
sociedades anónimas y dieron entrada a nuevos accionistas, pero la familia o familias
constituyentes mantuvieron su hegemonía o participación en los órganos de dirección y
control y procuraron asegurar, a través de diversos medios (la sindicación de acciones,
la creación de sociedades patrimoniales), la continuidad de sus herederos en los
mismos19.
17
Para el origen geográfico, véanse las referencias citadas en la nota 10. Nuevamente Madrid es la
excepción, véase Moreno Castaño (1997). Una crítica de la tesis de Chandler en Valdaliso y López
(2000), pp. 198-201 y 384-89. La importancia de la familia y las relativamente reducidas necesidades de
capital en la mayor parte de los sectores de actividad son coherentes con el predominio de las sociedades
colectivas y comanditarias como fórmula jurídica empleada para registrar la asociación de capitales,
véase García López (1994). Sobre la importancia de la familia y las empresas familiares, véase Comín y
Martín Aceña (1996), pp. 87-91, y Fernández (1999) y (2000). Estudios de caso son, entre otros, los de
Parejo (1990) y (1999), Germán (1994), Moreno (1994) y (1995), Soler (1997), Torres (1998), Díaz
Morlán (1996), (1997b) y (2002a), De Luxán y Quesada (1997), Benaul (1999), García Ruiz y Laguna
(1999), Sancho (2000), Álvarez Rubio y otros (2000), Rodrigo (2001), Díaz Hernández (1998), Sáez
García (1999a) y Valdaliso (1993a).
18
García Montoro (1978), Parejo (1990), Germán (1994), Moreno (1994) y (1995), Rodrigo (2001), Díaz
Morlán (1999) y (2002a), Rodrigo (2001), Díaz Hernández (1998). Los datos disponibles para el periodo
posterior a la Guerra Civil, aunque más escasos, apuntan en la misma dirección, véanse García Ruiz y
Laguna (1999), Díaz Morlán (2002) y Valdaliso (2002a).
19
Véanse, por ejemplo, Cava (1992) y (2000), Valdaliso (1993a) y (2002a), Alonso, Erro y Arana (1995),
Torres (1998), García Ruiz y Laguna (1999), Fernández (1999), Sancho (2000), Toboso (2000), Rodrigo
(2001), y Díaz Morlán (2002a). La pervivencia de las familias en las grandes empresas ha continuado
hasta nuestros días y ayuda a explicar la peculiar estructura de la propiedad de la gran empresa en España,
véase Galve y Salas (1992).
6
La formación de los empresarios (y directivos) es otro tema sobre el que, a pesar
de su importancia –una buena formación, independientemente de que se produzca a
través de instituciones formales de educación, o no, desempeña un papel esencial en la
introducción de tecnologías y sistemas de gestión en las empresas– apenas disponemos
de estudios. Los pocos estudios disponibles sobre la formación de los empresarios en el
siglo XIX tienen un enfoque regional y se basan en fuentes y muestras desiguales, lo
que obliga a tomar sus datos con precaución. El porcentaje de empresarios con estudios
universitarios en Vizcaya (entre 1879 y 1913) y Guipúzcoa (entre 1901 y 1914) fue del
20 por 100 aproximadamente, muy superior al de provincias como Navarra (un 12 por
100), La Coruña (5 por 100) o Madrid (4 por 100), y comparable al de una muestra de
empresarios alemanes entre 1870 y 1914 (24 por 100). Al igual que sucedió en
Alemania o en Francia, ingeniería y leyes, en ese orden, fueron los estudios más
seguidos entre los superiores, y comercio y diversas disciplinas técnicas entre los
medios20. En general, parece detectarse entre los empresarios, independientemente de su
nivel de estudios, una actitud muy favorable hacia la educación, como lo demuestra la
preocupación por la buena formación de sus hijos, que incluía a veces la realización de
estudios en el extranjero21. Para el siglo XX, disponemos de datos generales para todo el
país gracias a una encuesta auspiciada por la Escuela de Organización Industrial en
1960. En ese año, un 46 por 100 del empresariado tenía estudios superiores, un 37 por
100 estudios medios y sólo un 14 por 100 estudios primarios. Dentro de los titulados
superiores, y al igual que sucedía en el siglo XIX, la de ingeniero fue la profesión
predominante. Para este último año, no existen diferencias significativas entre el nivel
de estudios del empresario español y el de sus colegas europeos o norteamericanos, lo
20
Todos ellos, excepto los de Madrid, basados en un censo de empresarios de 1891, se basan en los libros
de Sociedades de los Registros Mercantiles provinciales, donde se registran las sociedades mercantiles.
Los datos de Vizcaya entre 1879 y 1913 proceden de la muestra empleada en Valdaliso (1993b); los datos
de San Sebastián de Larrinaga (1999); los de Navarra, entre 1890 y 1914, de Erro (1997); los de La
Coruña, para el periodo 1830-1914, de Lindoso (1999) y los de Madrid de Moreno Castaño (1997). Para
Barcelona, se ha indicado que las primeras generaciones de empresarios raramente poseían estudios
secundarios y superiores, Cabana (1996), p. 34. Para Alemania y otros países, véase Valdaliso y López
(2000), pp. 378-381.
21
Algunos ejemplos de esto en Sierra (1992), Torres (1998), Díaz Morlán (2001) y (2002b), Muriel
(2002), o Valdaliso (2002c) y (2003). Torres (2001) ha detectado la misma actitud para una muestra de
100 grandes empresarios en el siglo XX.
7
que contrasta con las enormes diferencias que sí se observan para el nivel de estudios
del conjunto de la población22.
El relativo buen nivel de conocimientos del empresario español que parece
desprenderse de estos, todavía muy escasos datos, sin duda desempeñó un papel
positivo en otro rasgo característico de la industrialización española: la importación y
transferencia de tecnología del exterior. Los estudios disponibles sobre esta cuestión,
bastante numerosos para el periodo de la primera y segunda revolución industrial,
indican, además, que los empresarios españoles estuvieron muy atentos a las
innovaciones producidas en el extranjero –que conocieron a través de viajes y
relaciones de negocios, estancias de formación o de publicaciones especializadas–
aunque luego su transferencia y aplicación en el país dependió de otros factores como la
naturaleza del mercado, la estructura de la industria o la disponibilidad de mano de obra
cualificada –nacional o extranjera–, entre otros. Como sucedió en otros países, el
proceso de transferencia internacional de tecnología se realizó inicialmente a través de
cauces informales, como la copia o la contratación de técnicos extranjeros, pero a partir
sobre todo de la segunda revolución industrial, los mecanismos “formales” como las
patentes y licencias de fabricación fueron los medios preponderantes23.
Otra línea de investigación en este sentido, algo más explorada por la
historiografía, se refiere a las instituciones de formación y de investigación y a su
relación con el progreso técnico y económico. Aunque los defensores de la teoría del
capital humano hicieron un énfasis casi exclusivo en la alfabetización como variable
explicativa, hoy en día parece existir un acuerdo casi unánime acerca de la importancia
mucho mayor que tiene la educación técnica y la superior y el desarrollo de instituciones
22
De Miguel y Linz (1964), p. 53. En cuanto a las diferencias provinciales, Madrid y Vizcaya se
encontraban a la cabeza, con unos porcentajes del 63 y 58 por 100, respectivamente, mientras que en
Barcelona y en Guipúzcoa, los porcentajes respectivos eran del 36 y 28 por 100. Asturias y Córdoba–
Sevilla tenían unos porcentajes superiores a Vizcaya, aunque el tamaño de la muestra empleada era tan
reducido, especialmente en el caso asturiano, que aconseja tomar los datos con precaución. Estos datos
concuerdan con los resultados del estudio sobre los 100 empresarios españoles del siglo XX, Torres
(2001a). Las diferencias entre el nivel de estudios de los empresarios y del conjunto de la población
también han sido detectadas por Moreno Castaño (1997) para Madrid a principios del siglo XX.
23
Nadal (1988), Carreras (1988), Bernal (1993), Antolín (1996), Fernández de Pinedo (1997), los
trabajos editados por Nadal y Catalán (1994), Vidal (1996), Lozano (1997), Moreno (1997), García Ruiz
y Laguna (1999), Parejo (1999), Alvarez Rubio y otros (2000), Martínez Carrión (2000), Díaz Morlán
(2002), Maluquer de Motes (1999) y (2002) y Maluquer de Motes (Dir. (2000), Gutiérrez (1999b),
8
que fomentan y apoyan la innovación en la empresa, tanto en las primeras etapas de la
industrialización como posteriormente24. Los bajos niveles de I+D y la escasa capacidad
de innovación han sido un rasgo estructural de la economía española a lo largo de los
siglos XIX y XX y han estado, a su vez, ligados a una reducida oferta de capital humano
cualificado y de instituciones dedicadas a la formación y la investigación en la mayor
parte de los sectores industriales. Los historiadores de la ciencia y la educación han
señalado cómo se produjo una, más que tardía, tímida y precaria introducción de las
disciplinas científicas en las Universidades españolas durante el siglo XIX. A ello habría
que unir la reducida oferta de escuelas de ingeniería superior en España en la segunda
mitad de esa centuria25. No obstante, la reducida complejidad tecnológica de muchos
procesos fabriles y mineros en aquella época hizo que la transferencia de tecnología y el
proceso de aprendizaje de técnicos y mano de obra autóctona, generalmente con la
ayuda inicial de ingenieros y técnicos extranjeros, fuera relativamente rápido. Además,
en aquellas regiones más dinámicas –Cataluña, País Vasco, Valencia– los propios
industriales fueron creando y/o apoyando, sobre todo desde finales del siglo XIX en
adelante, centros de educación técnica y profesional, e incluso de investigación, que
formaron a empleados, directivos y trabajadores26. Durante el primer tercio del siglo XX
y debido en parte a un intenso y rápido proceso de transferencia de tecnología, la
industria española se situó a un nivel similar al de otros países extranjeros en muchos
sectores, aunque salvo en casos muy aislados no llegó a producirse el salto de la
imitación a la innovación27.
Este panorama cambió por completo tras la Guerra Civil. Las purgas efectuadas
por el nuevo régimen, primero, y la política científica y tecnológica llevada a cabo hasta
principios de los años cincuenta, que despilfarró recursos en proyectos de escasa
Valdaliso (1996) y (2002c), Escudero y Díaz Morlán (2002), Puig (1999), Puig y Loscertales (2001), y
Torres (2001).
24
Nelson (1996), Nelson y Rosenberg (1999), Wolff (2001).
25
Peset y Peset (1992), Sánchez Ron (1992), Muñoz Dueñas (1992), Riera (1993), Llusa (1994). Un
factor fundamental para ello fue la precaria situación de la Hacienda pública, Comín (1993).
26
Garrabou (1982), Revuelta (1992), Puig y López (1994), Fernández de Pinedo (1994b), Germán y otros
(1996), Germán (1999), Dávila (1997), Fernández Aguado (1997), Muñoz Dueñas (1999), Caballer
(2000), Llusa (2000), Carrillo y Garriga (2000), Fernández y Puig (2004), Puig y Santesmases (2001),
Gálvez y Cuevas (2001), Escudero y Díaz Morlán (2002), Valdaliso (2003). Algunas biografías de
empresarios también destacan esto: Cabrera (1994) y Torres (1998).
27
Véanse las referencias citadas en la nota 23.
9
viabilidad, agrandaron las distancias, en términos de capacidad tecnológica y, sobre
todo, de dotación de capital humano, con otros países europeos; pero además, la
situación de autarquía y escasez hizo que el sector privado aparcase cualquier proyecto,
no sólo de investigación, sino incluso de renovación de maquinaria28. A partir del
decenio de 1960, la prioridad de las empresas españolas fue la de imitar –a través de
licencias de fabricación–, no innovar, la única vía posible para superar el atraso
acumulado durante dos décadas29. Esa vía se complementó con un crecimiento de las
inversiones extranjeras en numerosos sectores de la industria y con una cierta
«americanización» de la empresa española, impulsada por empresarios y directivos que
tuvieron un papel fundamental en la creación de escuelas de negocios en Madrid y
Barcelona a partir de1950 y por las consultoras de empresa y empresas de ingeniería,
cuyo número se disparó durante los años sesenta. Las escuelas de negocios, las
consultoras, junto con los grandes bancos –que tenían interés en supervisar los negocios
industriales en los que participaban– y el propio Estado desde el sector público
empresarial, fueron los principales impulsores de la difusión del management moderno
en España durante el franquismo30.
2. Las relaciones entre los empresarios y el Estado: reglas del juego y funciones
empresariales
Las investigaciones sobre esta cuestión se han desarrollado a lo largo de dos
líneas paralelas y no siempre coincidentes. La primera ha sido realizada por la
historiografía social y política, que a lo largo de los últimos veinte años ha dirigido una
creciente atención hacia las asociaciones patronales. Inicialmente, ello fue el resultado
de una notable tradición investigadora centrada en el movimiento obrero y las
28
Carreras (1988), López García (1991), (1997) y (1999), Sanz y Lopez (1997). Para la gran empresa,
véase Carreras, Tafunell y Torres (1998b).
29
López y Valdaliso (2001), y Cebrián (2002). Desde finales de los años 60, fecha a partir de la cual se
dispone de las estadísticas de I+D y de la balanza tecnológica, la situación en España se ha caracterizado
por un esfuerzo investigador muy por debajo de la media europea y una balanza tecnológica muy
deficitaria, aunque en los últimos veinte años las distancias se han reducido considerablemente, véanse
Molero y Buesa (1995), y Casado (1995).
30
Un buen ejemplo, aunque no el único, es la industria del automóvil, véase Sudriá y San Román (2000),
Catalán (2000), Carreras y Estapé (2002) y García Ruiz (2002). Sobre las escuelas de negocios, las
consultoras de empresa y la americanización de la empresa española, véanse Guillén (1994), Carreras y
Tafunell (1997), Puig y Alvaro (2002), Puig y Fernández (2003) y Kipping y Puig (2003). Carreras,
Tafunell y Torres (1998b) hablan de una cierta adecuación de la gran empresa española a los parámetros
del modelo de Chandler a partir del decenio de 1960.
10
relaciones laborales, que acabó por estudiar las posturas y la estrategia de los
empresarios. Sin embargo, poco a poco los estudios dentro de esta corriente han ido
analizando otras vertientes de la actuación de los empresarios distintas a la de su
relación con los trabajadores, más en concreto su actuación en la vida política del país.
Ello ha ido acompañado de un giro metodológico en el que la teoría de las elites y otros
conceptos desarrollados por la sociología de las organizaciones han ido ganando terreno
a los viejos planteamientos de corte marxista31. La segunda se ha llevado a cabo por la
historia económica, que ha utilizado o bien los viejos esquemas marxistas u otros de
corte similar renovados, o bien, y esto ha sido más frecuente, los nuevos proporcionados
por las teorías económicas de los grupos de presión y la regulación. El objetivo
preferente de esta segunda línea de investigación ha sido estudiar la influencia de las
organizaciones empresariales en la gestación de la política económica. La función de
estos organismos como patronal en sentido estricto (sus relaciones con los trabajadores
y sus sindicatos), por el contrario, apenas ha sido considerada. A primera vista, los
resultados obtenidos parecen contradictorios, aunque un análisis más profundo matiza
esas diferencias.
Para la historiografía social y política, los Gobiernos y las elites políticas, en
general, no estuvieron subordinadas a los intereses empresariales. Los empresarios
serían una especie de “privilegiados impotentes”, en expresión de Linz, quien subrayó,
en especial para el franquismo, la primacía de la política sobre los intereses económicos.
Los trabajos de Arana, Cabrera, Del Rey y, más recientemente, Martorell, entre otros,
han mantenido posturas similares para la España de la Restauración y la II República,
subrayando la independencia del poder político frente a las presiones del poder
económico32. Sin embargo, mucha de la evidencia presentada en sus propios trabajos y
la aportada por la investigación realizada desde la historia económica ofrece pruebas en
sentido contrario. Quizás por ello, Cabrera y Del Rey, que son los que más han escrito
recientemente sobre esta cuestión, han matizado esta postura acuñando un nuevo
término para definir la relación entre los empresarios y el poder político, el de
«instrumentación recíproca». El término en cuestión indicaría, según estos autores, que
31
Arana (1993), Cabrera y del Rey (1988), (1993) y (1996), y Pro (1997) para una buena
contextualización de esta corriente.
32
Linz (1981), Arana (1988), Cabrera (1983) y (1997), Del Rey (1992), Cabrera y Del Rey (1996),
Martorell (2000).
11
“la acción económica y la acción política tienen lógicas diferentes, a veces compatibles
pero otras veces encontradas”33. El concepto es tan general y ambiguo que, en realidad,
no desvela cuál fue la influencia real de los empresarios en las decisiones de política
económica, sólo evidencia algo, por otra parte, reconocido por todos los investigadores
de una y otra línea, la complejidad del tema y la dificultad de ofrecer una única
respuesta. Otros argumentos empleados por esta corriente historiográfica han sido: la
ausencia de un frente común por parte de los empresarios, que nunca actuaron como un
“bloque oligárquico de poder”; o la desaparición formal de las organizaciones y grupos
de presión empresariales durante el franquismo como prueba de la subordinación al
Estado34. En cualquier caso, Cabrera y Del Rey también reconocen que los empresarios
“buscaron rentas del Estado” y que se beneficiaron de muchas de sus disposiciones.
Quizás el problema de fondo de esta interpretación es que trata de contrastar la
influencia de los empresarios en la historia política del país, cuando el objetivo de los
empresarios no era tanto condicionar o determinar la evolución política como obtener
del Estado, con independencia del régimen político, toda una serie de disposiciones
favorables para sus negocios35.
La historiografía económica, por el contrario, siempre ha sostenido que la política
económica española, en sus diferentes vertientes, estuvo muy determinada por las
presiones de los diferentes grupos de interés empresariales sobre los sucesivos
Gobiernos, algo que las monografías sobre empresas y empresarios que están
apareciendo en los últimos años han corroborado con detalle. Durante la Restauración y
hasta la II República, los empresarios, articulados en torno a grupos de presión de
carácter sectorial, desarrollaron una estrategia de búsqueda de rentas y de captura del
33
Cabrera (1997), Cabrera y Del Rey (2002), p. 13.
34
Cabrera y Del Rey (2002), pp. 403 y 408-409. El último argumento hace más hincapié en el aspecto
formal de la organización de los intereses económicos que en el poder real de los mismos. Cabrera y Del
Rey (1996), p. 456, señalan que la CEOE, creada en 1977, fue “un actor de naturaleza pública como no lo
fue con anterioridad ninguna organización empresarial en España”. Sin embargo, Costas y Nonell (1996)
han demostrado la escasa influencia de los intereses empresariales en la formación de la política
económica durante la democracia. En Cabrera y Del Rey (2002), sin embargo, se advierte una opinión
mucho más matizada.
35
Como ha indicado Pro (1997), que ha efectuado una crítica de fondo a los planteamientos de Cabrera y
Del Rey, resulta difícil sostener la “independencia de lo político” (respecto a los intereses económicos)
cuando al mismo tiempo se defiende la influencia de lo político sobre la economía. Más que de
“independencia”, habría que hablar de “interdependencia”. Otra crítica al planteamiento de Cabrera y Del
Rey, desde la historia contemporánea, en las conclusiones de Varela Ortega (Dir. (2001) y en Sánchez
Recio (2003).
12
Estado que se vio favorecida por la debilidad de éste y su reducida autonomía respecto
al poder económico. La presión sobre el Estado se realizó a través de asociaciones o
grupos, generalmente de carácter sectorial, o bien directamente si el empresario en
cuestión era lo suficientemente importante y tenía los contactos necesarios. Suponía
actividades tales como la búsqueda, obtención y fomento de relaciones privilegiadas
con miembros de los tres poderes –ejecutivo, legislativo y judicial–, a los que incluso se
llegaba a pagar (esporádica o regularmente); igualmente con el cuarto poder, puesto que
la prensa solía recoger sus demandas y actuaba como medio de expresión (para lo cual
se pagaba a periodistas o bien, directamente, se adquiría un periódico); y otro tipo de
actos públicos. Ahora bien, todas esas investigaciones han demostrado también que,
salvo en cuestiones que afectaban por igual a todos los sectores económicos –como la
fiscalidad empresarial o la legislación laboral, donde la actuación de los empresarios fue
unánime–, los intereses a menudo contrapuestos de los diferentes grupos de presión
hacían imposible una acción conjunta; en otras palabras, provocaban que la captura del
Estado nunca fuera completa, y que éste, en su condición de árbitro, dispusiera de un
cierto margen de autonomía36.
El franquismo suprimió formalmente el asociacionismo empresarial y laboral,
creando en su lugar los llamados Sindicatos verticales que agrupaban a empresarios y
trabajadores. La ausencia de organizaciones empresariales o patronales propiamente
dichas no constituye, sin embargo, una prueba del debilitamiento del poder y la
influencia de los empresarios. Lo que sucedió fue que sus actuaciones en este sentido se
canalizaron a través de otros mecanismos, como las relaciones directas con la
Administración o la creación de oficinas técnicas o consultorías, que eran las auténticas
patronales en sus respectivos sectores37. Tres rasgos generales del Estado franquista
acentuaron la importancia de la estrategia de búsqueda de rentas por parte de los
empresarios, a través de esos organismos o individualmente, para conseguir favores
particulares para sus empresas: el acusado intervencionismo en una economía muy
36
Estudios sobre organizaciones y empresas o empresarios son, entre otros, los de Roldán y García
Delgado (1973), Florencio (1984), Cabrera, Comín y García Delgado (1989), Escudero (1990) y (1993),
Valdaliso (1990), Torres (1996), (1998) y (2001), Moreno Castaño (1997), Rodrigo (2001), Díaz Morlán
(1999), (2000) y (2002a). Junto a éstos, toda una serie de trabajos de historia industrial han tratado
también el problema de la política sectorial aplicada y del grado de influencia que sobre ella ejercieron los
empresarios, véase por ejemplo los monográficos de Hacienda Pública Española sobre el fraude fiscal y
la reforma de Fernández Villaverde, editados por F. Comín en 1994 y 1999.
13
protegida de la competencia exterior, la gran discrecionalidad, cuando no arbitrariedad,
en sus decisiones, y la acusada fragmentación política del régimen, compuesto por una
amplia variedad de familias representadas en el Gobierno y en los diferentes organismos
del Estado, con competencias a menudo solapadas, cuando no enfrentadas.
Durante los años cuarenta y cincuenta, y en un contexto de autarquía y escasez,
son numerosos los ejemplos de nuevos empresarios que prosperan gracias precisamente
a sus contactos privilegiados con la Administración. Es también entonces cuando se
produce un traslado masivo del domicilio social de numerosas empresas españolas a
Madrid, otra prueba más del predominio del Estado sobre el mercado y de la necesidad
que tenían los empresarios de estar cerca de los centros de poder. Sin duda, uno de los
mejores ejemplos de la primacía de la política sobre los intereses empresariales lo
constituye la actuación del Instituto Nacional de Industria durante los decenios de 1940
y 1950 o, para ser exactos, durante el periodo en el que ese organismo estuvo presidido
por Juan Antonio Suanzes (1941-1963). La actuación del INI y la política industrial y
económica del primer franquismo han sido uno de los temas que más literatura y debate
han generado en los últimos años38. Durante la presidencia de Suanzes el
comportamiento del INI ante la empresa privada en una amplia variedad de sectores no
vino marcado por la subsidiariedad, como sucedió en otros países de Europa occidental,
sino por la competencia, el enfrentamiento y la hostilidad, mayor aún si se trataba de
multinacionales extranjeras39. ¿Cuáles fueron las repercusiones de la actuación del INI
sobre las empresas españolas? Para Carreras, Tafunell y Torres, la actuación del INI y la
política económica en general lastraron el crecimiento de la economía española y de las
grandes empresas, agravándose las diferencias en cuanto a su tamaño respecto a las de
37
Cabrera y Del Rey (1996) y (2002), Fraile (1999), Pons (1999), Valdaliso (2002a), Ysas (2003).
38
Gómez Mendoza y San Román (1997), p. 698, San Román (1999), pp. 22-24, y San Román (2000),
sostienen que su creación y actuación respondió a unos principios de militarización y autosuficiencia
económica similares a los de países como Alemania e Italia en los años treinta, y radicalmente diferentes a
los que guiaron la actuación de la empresa pública en Europa occidental después de la II Guerra Mundial,
regidos por el principio de subsidiariedad. Una opinión contraria en Martín Aceña y Comín (1991), y
Comín (2000) y (2001).
39
Fraile (1992), Gómez Mendoza (1994a), (1994b), y (1995), San Román (1995) y (1999), Gómez
Mendoza y San Román (1997), Valdaliso (1997) y (2000a), Estapé (1998), Fernández Roca (1998), San
Román y Sudrià (1999) y los trabajos recopilados en Gómez Mendoza (Ed.) (2000). Sobre la figura de
Suanzes, véanse Ballestero (1993) y Barrera y San Román (2000). Martín Aceña y Comín (1991)
reconocen que no fue hasta la salida de Suanzes cuando el INI comenzó a aplicar una política de
subsidiariedad respecto a la empresa privada.
14
los países más desarrollados40. Comín y Martín Aceña, por el contrario, sostienen que la
actuación de la empresa pública en España fue similar a la de otros países europeos y
que, salvo excepciones, las empresas del INI no obstaculizaron el nacimiento y
desarrollo de la empresa privada. Otras facetas de la política económica, como el apoyo
a los carteles o la autarquía extrema de la posguerra desempeñaron un papel más
importante41.
Las
investigaciones
realizadas
en
los
últimos
años,
basadas
predominantemente en las fuentes depositadas en el Archivo del antiguo INI,
demuestran de manera concluyente que las empresas privadas en numerosos sectores
vieron frustradas sus estrategias de crecimiento y sus planes de inversión por la
actuación del INI, una actuación que por otra parte, no disminuyó de manera sensible el
poder de mercado de las empresas privadas (en algunos sectores, por el contrario,
acentuó la cartelización), ni se tradujo en la creación de empresas públicas eficientes y
rentables económicamente42. Ahora bien, que los empresarios privados tuvieran que
hacer frente a la hostilidad del INI y de alguna otra familia del régimen –los falangistas,
aunque sus críticas se centraron sobre todo en la banca– no quiere decir que no
carecieran de influencia y numerosos apoyos dentro del Estado, desde los que, bien
combatieron –y, a veces, derrotaron– al INI o bien procuraron obtener otras
contrapartidas43.
Todos los autores sin excepción reconocen que, durante el periodo calificado
como «Desarrollismo» (desde 1959 hasta la muerte del Dictador), la influencia de los
empresarios sobre el poder político aumentó notablemente. Algunos autores califican a
este periodo como el de una economía «recomendada» (Fuentes Quintana). Lo cierto es
que, para los empresarios, la obtención de una renta política (en forma de créditos a la
exportación, licencias de importación, rebajas o recargos sobre el arancel, etc.) podía
significar una barrera de entrada o una ventaja estratégica respecto a sus competidores y
ello, en una economía regulada y protegida como la española, podía convertirse en una
ventaja sostenible e insuperable, al menos a corto–medio plazo. Aunque las biografías y
monografías empresariales sobre este periodo no son todavía demasiado numerosas, en
40
Carreras y Tafunell (1993), (1996) y (1997), Carreras, Tafunell y Torres (1998a) y (1998b).
41
Comín y Martín Aceña (1996), pp. 101-102, Martín Aceña y Comín (1991), Comín (2000) y (2001).
42
Véase la bibliografía citada en la nota 38.
43
Fernández Roca (1998), Valdaliso (2000a), y Cabrera y Del Rey (2002), pp. 266-278.
15
parte por un problema de disponibilidad de fuentes, los resultados parecen muy
concluyentes al respecto. El hecho de que esta etapa marque el apogeo de los llamados
“empresarios franquistas”, cuyas actividades se explican enteramente gracias a sus
conexiones con el régimen, es otra prueba adicional de esta influencia. En cualquier
caso, y como ya se indicó para el periodo anterior a la Guerra civil, la captura del
Estado nunca fue completa, porque las disposiciones que beneficiaban a unos
empresarios perjudicaban a otros, tanto dentro del mismo sector como en sectores de
actividad diferentes44. Una economía de esas características no sólo incentivó las
funciones empresariales improductivas sobre las productivas; los efectos contradictorios
de la política económica e industrial del régimen, unidos a la discrecionalidad y
arbitrariedad en la aplicación concreta de las medidas, acentuaron la falta de
racionalidad y coherencia de la política aplicada y repercutieron negativamente sobre
las posibilidades de desarrollo económico del país.
En resumen, y más allá de los términos que se empleen (captura, instrumentación
recíproca…) parece existir hoy en día un cierto consenso acerca de cuáles fueron las
relaciones entre los empresarios y el poder político y de las repercusiones de esas
relaciones sobre el marco institucional, las funciones empresariales, la dotación de
recursos y capacidades de las empresas y el crecimiento económico durante el largo
siglo que va desde el inicio de la Restauración hasta el final del franquismo. No hace
mucho tiempo Fuentes Quintana calificó al modelo económico español que habría
predominado hasta la entrada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea
como un modelo «castizo», pretendiendo destacar el carácter singular del caso
español45. Sin embargo, al menos en lo que respecta a las relaciones entre los
empresarios y el poder político el modelo de capitalismo en España a lo largo del
periodo histórico indicado también podría ser definido con los términos de «capitalismo
44
González (1979), Fuentes Quintana (1984). Ejemplos concretos pueden encontrarse en Cava (1992) y
(2000), Fraile (1992) y (1999), Fernández Roca (1998), García Ruiz y Laguna (1999), García Ruiz y
Santos (2001), Toboso (2000), Díaz Morlán (2002a) y Valdaliso (2002a). Véanse también Torres (2001),
y Cabrera y Del Rey (2002), pp. 303 y ss. Las Memorias de numerosos ministros y personalidades
políticas de entonces también son buena prueba de todo esto.
45
Los rasgos básicos de ese “modelo castizo” serían, el cierre del mercado interno frente al exterior; la
inexistencia de una política que garantice la estabilidad de los precios y del tipo de cambio; la
“Regulación discrecional de la actividad económica, con un dominio del intervencionismo en los
mercados y en las decisiones de los agentes económicos, alejándolos de la liberalización y la
competencia”, lo que limitó “la asunción de riesgos y la presencia de un espíritu de innovación y cambio”
16
de amiguetes» (que han utilizado Krugman y otros autores para los países asiáticos y
que ahora se está empleando para Estados Unidos), o «capitalismo político» (Amatori,
para Italia)46. En cualquier caso, la diferencia de España (e Italia) con los países
asiáticos o con Argentina en las últimas décadas, como ha resaltado Guillén, ha
radicado en el progresivo fortalecimiento del Estado y la Administración, algo que en
España parece iniciarse precisamente en el decenio de 1960, aunque su consolidación
no se producirá hasta el retorno de la democracia (y las reformas institucionales que
trajo consigo) y la entrada en la Comunidad Económica Europea47.
3. Concluyendo. El papel de los empresarios en el desarrollo económico de España:
el estado actual del debate
El desarrollo de la historia empresarial en España no sólo se ha traducido en un
incremento de las investigaciones sobre empresas y empresarios, también ha acabado
por introducir a éstos como un factor explicativo del crecimiento y el atraso económico
del país. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 algunos economistas
sostuvieron que buena parte de los problemas de la economía española procedían de un
modelo de crecimiento desarrollado durante el franquismo, en el que la estrategia
predominante de los empresarios, favorecida por la política económica e industrial del
Estado, era la búsqueda de rentas y no la eficiencia y la innovación, y que esa estrategia
acabó conduciendo a las empresas a una situación crítica a finales de los años setenta,
cuando cambiaron las reglas del juego y la economía española comenzó a abrirse al
exterior48 A principios de los años noventa otros autores retomaron esa interpretación,
aunque la utilizaron para explicar el atraso económico de España durante la época de la
Restauración. Fraile, en concreto, atribuyó a los empresarios españoles la
responsabilidad del escaso desarrollo industrial del país, ya que renunciaron a competir
en el exterior y en su lugar optaron por producir para un mercado interior protegido con
entre los empresarios; y por último, la existencia de un sector público atrasado, Fuentes Quintana (1995),
pp. 51-53.
46
Krugman (2000) y Amatori (1997).
47
Un buen resumen del papel del Estado en Comín (1993). La diferencia con Argentina ha sido
subrayada por Guillén (2001), p. 55. En Corea del Sur, otro país que comparte muchos parecidos con
España, la autonomía del Estado sobre el poder económico fue siempre mucho mayor, véase Guillén
(2001), o Amsden (1997), que ha acuñado el término de «capitalismo empresarial de Estado» para definir
el modelo coreano.
17
aranceles conseguidos gracias a su influencia sobre el Estado. Sin embargo, ni la
industria textil ni la siderúrgica –los sectores estudiados– eran tan competitivas como
este autor sostiene, ni tampoco fueron las únicas responsables del rumbo de la política
arancelaria española. Por otra parte, la protección del mercado interior para la industria
nacional no fue una estrategia seguida exclusivamente por España: Alemania, Italia y
Estados Unidos desarrollaron políticas parecidas y, sin embargo, algunas de sus
industrias
y
empresas
tuvieron
una
importante
presencia
y
competitividad
internacional49.
El argumento de Fraile, junto con otros de índole institucional y cultural, fueron
empleados por Tortella, para quien “la debilidad del espíritu de empresa español” fue
uno de los factores determinantes del atraso económico del país en el siglo XIX. Prueba
de ello eran la gran importancia que habían tenido los empresarios extranjeros en la
historia económica de España desde al menos el final de la Edad Media, lo cual se
debería a la existencia de un medio político y cultural nada proclive a la innovación y el
dinamismo empresarial; y la fuerte propensión de los empresarios españoles a buscar
protección del Estado para que les proporcionase rentas y les resguardara de la
competencia. Estas actitudes empresariales se explicarían por la persistencia de valores
sociales y culturales provenientes de la Edad Moderna, como el viejo prejuicio
aristocrático contra el trabajo, la desconfianza católica hacia el capitalismo, el papel de
la Inquisición y los bajos niveles educativos50. La tesis de Tortella no era sino una
proyección para España de la vieja y muy criticada tesis weberiana sobre la influencia
de la religión en el desarrollo del capitalismo y conectaba, aunque este autor no lo
indicase, con el pesimismo empresarial de la generación del 98, muy influido a su vez
por la obra del francés E. Demolins sobre la superioridad de los anglosajones51. En esta
línea, autores como Pablo de Alzola o Ramiro de Maeztu en las primeras décadas del
48
Sobre todo González (1979), pero también Muñoz, Roldán y Serrano (1978) y Fuentes Quintana
(1984).
49
Fraile (1991). Véanse, entre otras, las críticas de Nadal y Sudrià (1993), Comín y Martín Aceña (1996)
y Escudero (1999). Literatura sobre los casos de Alemania y Estados Unidos puede consultarse en
Valdaliso y López (2000).
50
Tortella (1994), pp. 179-80 y 193-95. Otra prueba ofrecida por este autor era la nula importancia de
grandes empresas españolas en el extranjero.
51Valdaliso
(1999), Valdaliso y López (2000), pp. 136-137 y Santos (2003). La obra de Demolins,
aparecida en 1897, fue traducida al español por Santiago Alba y Bonifaz en 1899, Santos (2003).
18
siglo XX, explicaronn el desarrollo económico de Vizcaya como el resultado del espíritu
emprendedor de sus gentes y de un “sentido reverencial del dinero” que no existía en
otras partes del país (con la excepción de Cataluña)52
Las críticas a los argumentos de Tortella han sido abundantes. La abundante
presencia de empresarios extranjeros no fue un rasgo distintivo de España, también
ocurrió en otros países como Francia o el Reino Unido53. Por otro lado, la debilidad del
espíritu de empresa español no casa muy bien con el dinamismo empresarial mostrado
por los españoles en Cuba, México o en las plazas de Londres y París durante el siglo
XIX, por poner algunos ejemplos54, ni con el masivo y rápido proceso de importación y
transferencia de tecnología ocurrido en numerosos sectores y protagonizado por
empresarios y técnicos españoles. En este sentido, varios autores han señalado que no
escaseó iniciativa empresarial autóctona, pero que ésta no pudo desarrollarse
adecuadamente por los obstáculos del medio físico, por la naturaleza del mercado (de
pequeño tamaño y, sobre todo, poco integrado) y por las limitaciones impuestas por el
marco institucional vigente55. Los factores culturales y educativos que señala Tortella
también han sido criticados. Para García Sanz las raíces de la “mediocridad empresarial
española” también deben buscarse en la época moderna, pero no son ni la ortodoxia
religiosa ni la mentalidad aristocrática, sino el desfavorable contexto histórico para la
inversión durante el periodo crucial de 1790 a 184056. El atraso educativo español
tampoco
es
una
explicación
convincente,
puesto
que
durante
la
primera
industrialización, tanto en España como en otros países, el desarrollo de una oferta
educativa –especialmente en el campo de las enseñanzas técnicas y comerciales– fue
más bien producto que causa del desarrollo económico57. El segundo argumento
esgrimido por Tortella, la propensión de los empresarios a refugiarse de la competencia,
se basaba en el trabajo de Fraile, ya comentado, y en los datos de una encuesta industrial
de finales del siglo XIX. Pero como ya se ha dicho antes, esta propensión también
52
Maeztu (1957). Sobre las explicaciones de Alzola y Maeztu, véase Valdaliso (2003).
53
Nadal (1999), Valdaliso (1999), Rodrigo (2001).
54
Bahamonde y Cayuela (1992), Cerutti (1995). La literatura sobre los indianos, ya citada en páginas
anteriores, sería otra prueba en este sentido.
55
Gómez Mendoza (1998), Sudrià (1996), Comín y Martín Aceña (1996), Torres (1997) y (2001), Santos
(1998) y Nadal (1999).
56
García Sanz (1996), pp. 111-12.
19
existió, y en mayor medida, en otros países con industrias y empresas fuertes y
competitivas en el exterior, como Alemania o Estados Unidos58. En estos países, al igual
que en España, la influencia de los grupos de presión empresariales sobre la política
económica fue muy apreciable; por lo tanto, la mayor o menor efectividad de la
estrategia de búsqueda de rentas de los empresarios no sería tanto una prueba de la
debilidad del espíritu de empresa, como de su fuerza relativa como grupo y del grado de
autonomía que respecto a ellos tuviera el poder político. Por otra parte, esa estrategia no
fue incompatible, ni en España ni en los países citados, con otra preocupada por la
eficiencia y la innovación; en otras palabras, disponer de buenos contactos con la
Administración sería una condición necesaria pero nunca suficiente para tener éxito a
largo plazo en los negocios59.
En líneas generales, un argumento implícito o explícito en todas estas críticas es
que la oferta de empresarios en cualquier país es relativamente elástica, lo que varía son
las oportunidades de negocio disponibles (medidas por la dotación de factores
productivos y recursos naturales, el tamaño y el crecimiento de los mercados y el ritmo
de cambio tecnológico en la industria), las instituciones y reglas del juego existentes
(que regulan los derechos de propiedad y los mercados de trabajo, capital o
conocimientos y las condiciones de competencia en los mercados, por ejemplo, y dentro
de las cuales habría que incluir a la cultura y las actitudes sociales) y los niveles de
educación (un mayor nivel favorece la introducción de nuevas tecnologías y la
capacidad de aprendizaje e innovación de las empresas). Es la combinación de esas tres
variables la que explica la abundancia o escasez relativa de empresarios en cada país y
las funciones que desempeñan. Para un país como España, el estado actual de la
investigación desvía la mayor parte de la responsabilidad no a la escasez de espíritu
empresarial sino a la combinación de los obstáculos físicos, el lento crecimiento del
mercado interior y, sobre todo, las características del marco institucional que
favorecieron en mayor medida que en otros países las funciones empresariales
improductivas a costa de la eficiencia y la competitividad de las empresas y de la
57
Valdaliso (1999), p. 97. Véanse las referencias de la nota 26.
58
Pero a diferencia de esos países, que contaban con mercados protegidos de gran tamaño, el tamaño del
mercado interior español era mucho más reducido, Carreras (1997), pp. 54-55.
59
Comín y Martín Aceña (1996), pp. 45-46, Torres (1996) y (1998), Moreno Castaño (1997), Rodrigo
(2001), Díaz Morlán (1999), (2000) y (2002a).
20
economía española en su conjunto60. Permítaseme citar dos contraejemplos históricos
para desarrollar este argumento. El primero se refiere a un caso notable de desarrollo
económico regional, el del País Vasco: su relativo éxito durante el siglo XIX se debió a
un medio institucional proclive al aprendizaje y la innovación, al buen funcionamiento
del mercado de capitales y la existencia de oportunidades de negocio vinculadas a
nuevas tecnologías y al crecimiento de los mercados, factores todos ellos que
propiciaron la creación de empresas y la difusión del espíritu emprendedor entre la
población61. El segundo se refiere a la historia económica española más reciente: la
instauración de un Estado democrático y moderno y la incorporación a la Unión
Europea han desmontado las reglas del juego para la función empresarial desarrolladas
durante el franquismo. En este nuevo entorno institucional, los empresarios han dado
muestras sobradas de una más que notable iniciativa y dinamismo empresariales, como
lo demuestra la creciente competitividad e internacionalización de las empresas
españolas62.
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