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ALGUNOS ELEMENTOS OBSERVADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN EN EL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN
Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2009
Héctor Castañeda Coria, asesor.
Coordinación de Finanzas Públicas, Desarrollo
Económico y Comunicaciones del GPPRD
El pasado 16 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó a los
diputados federales el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la
Cuenta Pública 2009, en el cuál la ASF detectó, que los estados del país desviaron
recursos federales destinados a programas locales de desarrollo, salud, educación,
seguridad e infraestructura, entre otros.
Otros casos que sobresalieron en el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2009,
fueron el uso de Turissste para pagar gastos derivados de las fiestas del
Bicentenario, el deficiente sistema de monitoreo electoral del IFE o la falta de
coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la
Función Pública, que afectó la aplicación de recursos para programas sociales.
Además, el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública de 2009, arrojó la
recuperación de 7 mil 35 millones de pesos, al aplicar sanciones a servidores públicos
que actuaron fuera de los lineamientos para el ejercicio presupuestal.
Según la ASF en 2009, la economía mexicana se contrajo 6.1 por ciento, mientras
que el producto por habitante lo hizo en más del 6.5 por ciento, uno de los más
pobres comportamientos registrados en el mundo. El déficit presupuestal se situó en
0.2 por ciento del PIB.
El déficit presupuestario se explica básicamente por el
incremento del gasto programable que causó el reconocimiento como deuda pública
de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) de
PEMEX.
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Las bajas recaudaciones impositivas, 9.8 por ciento del PIB en 2009, y la
dependencia gubernamental de fuentes petroleras, 31.0 por ciento del total de los
ingresos presupuestarios, no se han enmendado. Esa situación limita el gasto público
en inversión, desarrollo humano, crecimiento regional y para la revitalización
estratégica de PEMEX.
En la auditoría de la recaudación del ISR de grandes contribuyentes, se determinaron
insuficiencias de control en la consolidación y conciliación de información que permita
hacer más eficiente la recaudación, y en los actos de fiscalización, por la
incompatibilidad que existe en los sistemas de registro de los contribuyentes y de los
ingresos.
La deuda consolidada del sector público presupuestario, subió de 2008 a 2009 de
25.6 por ciento a 33.7 por ciento del PIB por una combinación de factores: el déficit en
la balanza de pagos, la acumulación precautoria de reservas internacionales, la
transformación de la deuda privada externa en deuda interna y el reconocimiento de
los pasivos de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo
(PIDIREGAS) de PEMEX.
De acuerdo con la ASF, el empleo en el sector moderno de la economía se ha
debilitado, frente al ascenso de la oferta de mano de obra, arrastrando consigo a las
finanzas de las instituciones de seguridad social, donde los trabajadores de nuevo
ingreso no equilibran el acelerado crecimiento de las jubilaciones.
Aparte del incremento de la desocupación abierta, los trabajadores informales
sumaron más de una cuarta parte de la población ocupada, sin contar a quienes
tienen muy bajas remuneraciones o no tienen acceso real a las protecciones legales
del sector formal de la economía. Asimismo, el desempleo afecta particularmente a la
población joven. Los estratos de la población activa entre los 14 y 19 años registran
una desocupación del 16.3 por ciento, y la de 20 y 29 años es aún superior
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De acuerdo con la ASF, hasta el 31 de diciembre de 2010, existen recuperaciones por
37 mil 795 millones de pesos, de los cuales 22 mil 239 millones de pesos devueltos
son de observaciones al Ejecutivo; 15 mil millones a estados y municipios, 277
millones al Poder Judicial, 26 millones a instituciones de educación superior, 11
millones a órganos autónomos y 86 millones al Legislativo.
Cabe destacar que en el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2009, la ASF
detecto que, los ingresos excedentes del país sumaron 25 mil 205 millones de pesos,
de los cuales 75.3 por ciento fueron destinados para el gasto corriente. En tanto que
la deuda del sector público se incrementó, de 2005 a 2009, de 1 billón 950 mil
millones de pesos a 4 billones 17 mil millones de pesos.
Del análisis de la información para integrar los pasivos contingentes, se determinaron
déficits por: 285,658.6 mdp del ISSSTE; 29,726,569.0 mdp del IMSS; 253,748.0 mdp
de la CFE, y 663.8 mdp de la banca de desarrollo. La deuda de las entidades
federativas y de los municipios, registrada en la SHCP, en el periodo 2005–2009 pasó
de 143,193.8 mdp a 252,153.5 mdp; aumentó en 47.8% a valores reales, y respecto
de las Participaciones Federales, aumentó de 51.3 a 67.1 por ciento.
En 2009, la autoridad reguladora (SHCP) y la supervisora (Secretaría de la Función
Pública) no se coordinaron para establecer una metodología homogénea de los
capítulos en los que se aplicarían las medidas de ahorro para las dependencias de la
APF. La divergencia entre las metodologías empleadas por la SHCP y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) se manifestó en una incompatibilidad de las cifras de
ahorro programadas: 15,849.0 mdp con la metodología de la SHCP contra 14,164.7
mdp de la SFP.
Las pruebas de auditoría en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
revelaron que los ahorros presupuestarios por 3,331.8 mdp, 8.2 por ciento de los
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recursos reportados por la SHCP en la Cuenta Pública, no se destinaron a los
programas prioritarios de las propias dependencias, en contravención de lo dispuesto
en la LFPRH.
También la ASF encontró irregularidades en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), ya que el gobierno federal hizo ahorros en rubros como el carretero y
el educativo. A pesar de que por ley el ajuste al gasto no debería afectar programas
sociales, los ramos que
tuvieron
más
reducciones por
el
ajuste
fueron
Comunicaciones y Transportes, 8 mil 199 millones de pesos, que comprende
programas de infraestructura, y Educación Pública, 7 mil 510 millones de pesos, que
atiende necesidades sociales de la población, y representaron 31.4 por ciento del
ajuste presupuestal por 50 mil 12 millones de pesos
Por su parte, en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
(FAEB), aparecen cargos que no tienen vinculación con la enseñanza, como el apoyo
a sindicatos, la adquisición de equipo para dependencias ajenas, o la contratación de
publicidad para eventos no vinculados con el sector. Además, se hicieron
transferencias a cuentas estatales, por lo que se desconoce su destino.
Mientras que en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), se
encontraron, entre otras anomalías, transferencias a cuentas bancarias que manejan
recursos de programas diferentes y el pago a médicos especialistas que no
acreditaron el perfil del puesto.
El proyecto de los Festejos del Bicentenario de la Independencia de México, fue
objeto de observaciones por parte de la ASF. En 2009 se otorgaron 600 millones de
pesos extras a este fideicomiso, "no obstante que no requería recursos adicionales",
pues al finalizar 2008 ya contaba con mil 695 millones de pesos. De acuerdo con el
análisis de la Cuenta Pública 2009, el Fideicomiso del Bicentenario nuevamente
presentó anomalías a través de Turissste, órgano que depende del ISSSTE
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Las erogaciones en 2009 por 155.4 millones de pesos para los festejos de la
Revolución Mexicana también fueron injustificados, según el órgano fiscalizador, pues
estos recursos debieron utilizarse en 2010 y no un año antes.
Otra observación por parte de la ASF fueron los recursos otorgados a Banobras para
que la Semarnat realizara el Parque Bicentenario. Aunque éste no se realizó en 2009,
el dinero no fue devuelto a la Tesorería de la Federación.
Es importante mencionar que a ASF detectó 17 áreas de opacidad. En esa lista están
los estados y municipios, fideicomisos, eficiencia recaudatoria, los presupuestos para
la calidad y cobertura de los programas de educación, dinero asignado a procesos
electorales, remuneraciones a funcionarios, entre otros.
La ASF ha presentado 41 denuncias penales contra servidores que administraron
erróneamente los recursos, de las cuales sólo ocho se han desahogado con
resoluciones a favor de funcionarios; el resto sigue pendiente.
Según la ASF, se han presentado 3 mil 306 promociones de sanciones
administrativas, de 2006 a 2008.
A pesar de lo anterior, el Informe del Resultado de la Cuenta Pública aún no es
exhaustivo ni oportuno, ya que por sus limitaciones técnicas y de recursos tarda
tiempo para ofrecer resultados, además de que sus observaciones, recomendaciones
y sanciones sólo se concentra en una parte de los recursos ejercidos durante el año
del análisis.
En las próximas semanas y meses la Comisión de Vigilancia de la ASF, analizará en
diversas mesas de trabajo los resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2009, a
través de las cuales se elaborará un dictamen sobre el uso de recursos públicos del
tercer año de gobierno de la administración de Felipe Calderón y donde deberían
concurrir las opiniones de las Comisiones Ordinarias y extraordinarias al mismo
tiempo que la participación de legisladores y especialistas.