Download Apretados resultados electorales en El Salvador

Fecha de Publicación: 14 de marzo de 2014
Preguntas Frecuentes
Apretados resultados electorales en El Salvador subrayan divisiones que
pesan sobre la calificación soberana
Contactos analíticos:
Joydeep Mukherji, Nueva York 1 (212) 438-7351; [email protected]
Daniela Brandazza, México 52 (55) 5081-4441; [email protected]
El 9 de marzo, en El Salvador (BB-/Negativa/B), se llevó a cabo la segunda ronda de sus elecciones
presidenciales. Unos días después, el 13 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral del país anunció que
Salvador Sánchez Cerén, el candidato del partido izquierdista y actualmente en el gobierno Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ganó por una estrecha diferencia a Norman Quijano
del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La brecha entre los dos candidatos fue
de poco más de 6,000 votos, o aproximadamente 0.2% del total de los votos emitidos. ARENA ha
impugnado los resultados, alegando fraude, y está apelando la decisión. A continuación, Standard & Poor's
Ratings Services responde a algunas preguntas sobre el impacto que los estrechos resultados de las
elecciones podrían tener sobre la calificación soberana de El Salvador.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las expectativas respecto a la política económica tras las elecciones?
Esperamos una amplia continuidad y pragmatismo en las políticas después de las elecciones. Gran parte
del marco político de El Salvador está anclado con compromisos internacionales y refleja las importantes
decisiones de política de los gobiernos anteriores que serían difíciles de revertir. Por ejemplo, el país
adoptó la dolarización en 2001, una política a la que el FMLN se había opuesto, pero ha aceptado de
manera renuente (muchos críticos de la dolarización perciben que los costos de abandonar el régimen
monetario actual son mayores que los beneficios potenciales). El Salvador emprendió una privatización
sustancial de empresas de propiedad estatal y liberalizó sus políticas de intercambio comercial, y firmó un
acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica. De tal manera, es probable que los límites
básicos de su política económica se mantengan estables, independientemente de los cambios de gobierno.
El nuevo gobierno tendrá que trabajar con el Congreso actual hasta las siguientes elecciones legislativas
de 2015. Ningún partido tiene mayoría en el Congreso, lo que obliga a la nueva administración a trabajar
con los partidos pequeños para aprobar la legislación ordinaria, como el presupuesto anual. Si, como hasta
ahora parece probable, Salvador Sánchez Cerén se convierte en el próximo presidente, su gobierno
posiblemente trabaje con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), liderado por el
expresidente Tony Saca, para la aprobación de esta legislación—como hizo la administración de Funes.
Sin embargo, ARENA tendrá suficientes votos en el Congreso para bloquear cualquier legislación que
requiera una mayoría de dos tercios, como las leyes que autorizan la deuda externa, incluyendo créditos de
acreedores oficiales.
La administración saliente del FMLN, en la que Sánchez Cerén fungió como vicepresidente, había
alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que salió de curso debido a que el
gobierno no pudo cumplir con todos sus compromisos. La administración también aprobó una ley para
promover las asociaciones público-privadas y aseguró un contrato en principio con Estados Unidos para
recibir fondos para proyectos de Millennium Challenge Corp., una agencia de ayuda exterior
estadounidense. Esperamos que la nueva administración mantenga esta cooperación con Estados Unidos.
¿Por qué Standard & Poor’s tiene perspectiva negativa para la calificación de largo plazo de ‘BB-’ de
El Salvador?
La perspectiva negativa refleja la posibilidad de al menos una entre tres de una baja de calificación este
año, si la polarización política sigue pesando sobre la inversión y el crecimiento del PIB, y esto deriva en
una mayor carga de deuda fiscal y externa. La deuda neta del gobierno general podría llegar a 49% del PIB
en 2014, desde 33% en 2008, antes de la recesión mundial. La deuda externa neta en sentido estricto del
país podría llegar a 81% de los ingresos de la cuenta corriente en 2014, frente al 54% en 2008. El aumento
de la deuda del gobierno es particularmente preocupante en el caso de El Salvador, ya que el país tiene
una economía dolarizada y no tiene moneda propia, por lo tanto, carece de flexibilidad monetaria.
El nivel de inversión es bajo en El Salvador, inferior al 15% del PIB. De tal manera, el crecimiento del PIB
ha sido de un 1.5% en los últimos cinco años, en promedio. El país creció un 6% anual en la década de
1990 después de que terminara la guerra civil y un 2.3% anual en los siguientes años después de 2000. La
disminución en el largo plazo del crecimiento del PIB es un problema grave y ha contribuido a debilitar la
calidad crediticia del soberano.
¿Por qué El Salvador tiene tasas de crecimiento tan bajas?
Al paso de los años, el país ha creado un marco de políticas diseñadas para limitar el rol del sector público
en materia económica, atraer inversión privada y estimular las exportaciones y el crecimiento del PIB a
través de la integración con el mercado mundial. Sin embargo, el entorno político fracturado del país
después de la guerra civil ha dificultado que los sectores público y privado trabajen en conjunto. Como
resultado, El Salvador no ha logrado alcanzar sus objetivos de crecimiento.
El legado político de su cruel guerra civil persiste más de dos décadas después, con un alto nivel de
desconfianza y polarización entre los dos grupos políticos dominantes en el país. La polarización política
entre ARENA y el FMLN ha obstaculizado la implementación efectiva de las políticas económicas y ha
disuadido la inversión privada.
Es probable que el país crezca a un ritmo similar al de Honduras y Guatemala (en torno a 3% - 4% anual)
en ausencia de tales limitaciones políticas. Por otra parte, la delincuencia ha elevado los costos de hacer
negocios y ha limitado el crecimiento del turismo.
¿Cuál es el impacto potencial de las recientes elecciones presidenciales en la calificación
crediticia?
La respuesta depende de la evolución de la situación política en los próximos meses.
Los cerrados resultados de la elección presidencial indican claramente las marcadas divisiones políticas
que continúan acosando al país. Nuestro análisis considerará la capacidad del nuevo presidente para
proveer el liderazgo que ayude a reducir el nivel de desconfianza y polarización política, y de esta manera
mejorar la confianza de los inversionistas y finalmente el crecimiento del PIB. La capacidad del nuevo
presidente para trabajar con el Congreso, así como el sector privado, será un factor clave en nuestra
calificación.
El presidente saliente Mauricio Funes, una figura independiente electo en 2009 como el candidato del
FMLN, fue el primer líder de centro izquierda de la historia del país. Funes mantuvo buenos vínculos con
Estados Unidos. Sin embargo, Funes no logró ganarse la confianza del sector empresarial. Sánchez Cerén
es uno de los principales líderes del FMLN, con una fuerte posición dentro de su partido. Él tendría más
control sobre su partido que el que tuvo Funes, considerando sus antecedentes, lo que podría darle una
mayor libertad de acción para buscar políticas pragmáticas que ayuden a reducir tensiones políticas y
abordar las necesidades urgentes del país en el momento oportuno.
Una mejora en el diálogo político y un proceso de toma de decisión más cohesivo podría establecer las
bases para un mejor crecimiento económico y menores déficits fiscales, y esto mantendría la calificación en
el nivel actual.
Por otro lado, la cercanía de las elecciones legislativas podría contribuir a una polarización y tensiones
políticas persistentes, lo que afectaría aún más la confianza de los inversionistas y la efectividad de las
políticas de la administración entrante. El impacto negativo resultante en el desempeño económico podría
generar una baja de calificación.
¿Cuáles son los desafíos económicos que afronta la nueva administración?
El país necesita crecer más rápido para crear más empleos en el sector formal y bajar la tasa de pobreza,
además de mejorar la seguridad pública. El solo crecimiento más rápido (sin alguna corrección fiscal)
puede no ser suficiente para controlar el déficit fiscal del gobierno, el cual se ha mantenido elevado en los
últimos años a pesar de dos rondas de incrementos fiscales bajo la Administración Funes. Además, el
gobierno se enfrenta a una creciente carga de deuda, debido en parte a la reforma del sistema de
pensiones del país en 1998, que dio lugar a altos costos para su transición.
¿Qué puede hacer el gobierno en el corto plazo para impulsar el crecimiento del PIB?
La implementación oportuna de algunos proyectos de público-privados en diversos sectores de la
economía (como energía, aeropuertos, carreteras, infraestructura portuaria, agroindustria, y desarrollo de la
región costera para el turismo) enviaría una señal positiva a los inversionistas y atraería más inversión
extranjera directa (IED). Del mismo modo, la firma oficial de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos
para recibir una segunda subvención de US$277 millones a cinco años por parte del Millennium Challenge
Corp., para proyectos destinados a impulsar el crecimiento económico y fortalecer la gobernabilidad, así
como trabajar con ese país en su programa de Asociación para el Crecimiento (Partnership for Growth) con
el fin de crear programas enfocados en la delincuencia y la seguridad y en aumentar la productividad en el
sector transable de la economía, impulsaría la inversión y el crecimiento. Tales medidas reforzarían la
confianza de los inversionistas, pero su impacto inmediato en los resultados fiscales sería modesto.
¿Qué podría hacer el gobierno para abordar directamente su problema fiscal?
Existen varias medidas fiscales que podrían ayudar a reducir el déficit presupuestario, algunas de las
cuales requieren la aprobación del Congreso. Cualquier ajuste fiscal significativo dependerá de la reducción
de los subsidios (incluyendo el transporte) y la obtención de más ingresos, ya sea a través de un menor
número de exenciones fiscales o potencialmente a través del impuesto al valor agregado. Otras opciones
incluyen impuestos sobre viviendas de lujo (El Salvador no tiene impuesto sobre la propiedad), un impuesto
a las transacciones financieras, y la abolición de las exenciones fiscales para los sectores de la impresión y
medios de comunicación.
La Administración Funes inició el debate público sobre una nueva ley de responsabilidad fiscal diseñado
para poner la política fiscal (que abarca al sector público no financiero en general) en un marco de largo
plazo con el fin de mejorar su sostenibilidad. Las medidas oportunas para mejorar el marco de la política
fiscal, así como para abordar los urgentes problemas del sistema de pensiones, podrían reducir el riesgo
de una continua erosión fiscal.
¿Cuál es el principal problema con el sistema de pensiones?
Aproximadamente la mitad del déficit general del gobierno de los últimos años responde a los pagos
anuales para financiar gradualmente la deuda no fondeada de la reforma a las pensiones de 1998. El
sistema de pensiones ha incurrido en un déficit de 1.6% -1.8% del PIB en años recientes y es probable que
registre un déficit de un 1.8% del PIB en el próximo par de años. En contraste con muchos países, El
Salvador reconoce sus pasivos de pensiones de largo plazo, y el gobierno realiza contribuciones anuales a
los fondos de pensiones para fondear completamente el pasivo. Tal reconocimiento explícito de las
obligaciones futuras aporta más transparencia a las finanzas públicas, y también se traduce en un déficit
fiscal reportado más alto. Los costos de transición del viejo al nuevo sistema de pensiones han sido más
altos que los previstos por las autoridades inicialmente.
¿Cuáles son algunos de los riesgos externos para El Salvador en 2014?
La principal noticia positiva en 2014 se refiere a la recuperación de la economía de los Estados Unidos.
Aunque las tasas de interés de Estados Unidos podrían aumentar a medida que el banco central reduce su
reciente programa de flexibilización cuantitativa, la recuperación de la actividad económica y el empleo
ayudará a El Salvador durante este año. El país envía alrededor de la mitad de sus exportaciones a
Estados Unidos y recibe un 17% del PIB en remesas de ese país. El número de personas de origen
salvadoreño que vive en Estados Unidos es igual a casi el 40% de la población que vive en El Salvador.
Existe un riesgo potencial de Venezuela. El Salvador recibe apoyo de este país a través de su crédito de
largo plazo con condiciones favorables para pagar sus importaciones de petróleo bajo el programa
PetroCaribe. Si las mayores tensiones económicas y políticas derivan en la pérdida de tal fondeo externo,
se podría presionar adicionalmente la balanza de pagos de El Salvador.
Criterios
•
Metodología y supuestos para calificar Gobiernos Soberanos, 24 de junio de 2013.
Análisis Relacionados
•
República de El Salvador, 8 de enero de 2014.
Copyright © 2014 por Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P). Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta información puede ser
reproducida o distribuida en forma alguna y/o por medio alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación de información sin
autorización previa por escrito de S&P. S&P, sus filiales y/o sus proveedores tienen derechos de propiedad exclusivos en la información, incluyendo las
calificaciones, análisis crediticios relacionados y datos aquí provistos. Esta información no debe usarse para propósitos ilegales o no autorizados. Ni S&P, ni
sus filiales ni sus proveedores o directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes garantizan la exactitud, integridad, oportunidad o disponibilidad de
la información. S&P, sus filiales o sus proveedores y directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes no son responsables de errores u omisiones,
independientemente de su causa, de los resultados obtenidos a partir del uso de tal información. S&P, SUS FILIALES Y PROVEEDORES NO EFECTÚAN
GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA ALGUNA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN DE, CUALQUIER GARANTÍA DE
COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR. En ningún caso, S&P, sus filiales o sus proveedores y
directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes serán responsables frente a terceros derivada de daños, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas
(incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de oportunidad) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios,
ejemplares, especiales o consecuenciales en conexión con cualquier uso de la información contenida aquí incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños.
Las calificaciones y los análisis crediticios relacionados de S&P y sus filiales y las declaraciones contenidas aquí son opiniones a la fecha en que se expresan y
no declaraciones de hecho o recomendaciones para comprar, mantener o vender ningún instrumento o para tomar decisión de inversión alguna. S&P no asume
obligación alguna de actualizar toda y cualquier información tras su publicación. Los usuarios de la información contenida aquí no deben basarse en ella para
tomar decisiones de inversión. Las opiniones y análisis de S&P no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P no actúa como
fiduciario o asesor de inversiones. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza tareas de auditoría ni asume
obligación alguna de revisión o verificación independiente de la información que recibe. S&P mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios
independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio
de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido políticas y procedimientos para mantener la
confidencialidad de la información no pública recibida en relación a cada uno de los procesos analíticos.
S&P Ratings Services recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis crediticios relacionados, el cual es pagado normalmente por los
emisores de los títulos o por suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las
calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com, www.standardandpoors.com.mx,
www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.com.br (gratuitos) y en www.ratingdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y
podrían distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por
servicios de calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.