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ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Enplegu eta Lan Sailburuordea
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
POLITICAS SOCIALES
Viceconsejero de Empleo y Trabajo
MEMORIA DEL PROCEDIMIENTO DEL DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL
DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
El artículo 10.2 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de
Elaboración de las Disposiciones de Carácter General dispone que se unirá al
expediente una memoria sucinta de todo el procedimiento de elaboración de los
proyectos de Decreto, en la que se reseñarán los antecedentes, los trámites
practicados y su resultado y las modificaciones realizadas en el texto del proyecto para
adecuarlo a las observaciones y sugerencias de los diferentes informes evacuados, y
de manera especial las contenidas en los de carácter preceptivo. Se justificarán con
suficiente detalle las razones que motiven la no aceptación de las observaciones
contenidas en tales informes, así como el ajuste al ordenamiento jurídico del texto que
finalmente se adopte.
Así las cosas, procede exponer en una memoria las actuaciones hasta la fecha
practicadas a lo largo del procedimiento de elaboración del Decreto, sin perjuicio de
actualizar el contenido de la misma con las novedades significativas que se produzcan
en los ulteriores trámites que se realicen en el procedimiento.
1.- Orden de iniciación
Por Orden de 8 de febrero de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, se
resolvió iniciar el expediente de elaboración del proyecto de Decreto de modificación
del Decreto por el que se regulan las Ayudas de Emergencia Social, designándose a la
Viceconsejería de Empleo y Trabajo como órgano encargado de la tramitación del
procedimiento de elaboración de la norma.
2.- Orden de aprobación previa.
Mediante Orden de 17 de febrero de 2016, el Consejero de Empleo y Políticas
Sociales, aprobó, con carácter previo, el proyecto de Decreto.
3.- Informe jurídico de la Dirección de Servicios del Departamento de Empleo y
Políticas Sociales.
Con fecha 22 de marzo de 2016, se emitió el informe jurídico de la Dirección de
Servicios, sin que se hayan realizado cambios en el texto a raíz del mismo.
4.- Informes y dictámenes preceptivos.
-Por la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas
se emitió informe con fecha 5 de abril de 2016, proponiendo adicionar una disposición
por la cual se garantice a las personas ciudadanas el derecho que éstas tienen a
relacionarse con los ayuntamientos tanto verbalmente como por escrito en euskara y
en castellano.
Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 93 70 – Fax 945 01 94 51 – e-mail [email protected]
No se juzga pertinente la propuesta, por entender que el uso normalizado del euskera
no vendrá determinado por la reiteración en el Decreto de obligaciones que ya están
claras en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del
Euskera, bastando para ello que se actúe con la debida diligencia en el cumplimiento
de la legalidad.
-Por EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer se emitió informe con fecha 22 de
abril de 2016, en el que se considera que se trata de una disposición de carácter
general que debe ser evaluada sobre su impacto en función del género, ya que las
modificaciones que se contemplan si pueden resultar sustanciales por lo que respecta
a la situación de hombres y mujeres.
En consecuencia, se realizó un informe de evaluación previa del impacto en función
del género que es valorado por EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer en su informe
de 6 de junio de 2016. EMAKUNDE realiza las siguientes consideraciones:
-El interés de que se hubiesen aportado más cifras y datos relativas a la
composición por sexo de las propias unidades de convivencia no monoparentales,
tipos de unidades de convivencia beneficiarias, datos de personas perceptoras a lo
largo de los años, principales grupos en riesgo de pobreza, análisis diferencial por
sexo sobre las prestaciones por jubilación, los indicadores de renta del trabajo, etc…
todo ello para dimensionar mejor el fenómeno de la feminización de la pobreza.
Sin embargo, hay que advertir que el objeto de este Decreto es introducir una serie de
cambios necesarios en varios preceptos del Decreto regulador de AES vigente, y no el
de modificar el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social. Del
informe de evaluación previa se observa que los cambios propuestos no son
sustanciales por lo que respecta a la situación de mujeres y hombres y no pretenden la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres ni van a significar una disminución
real de las desigualdades.
La reciente Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi en su
disposición transitoria octava prevé la revisión del Sistema Vasco de Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social. A tal efecto, una comisión técnica adscrita al
Departamento de Empleo y Políticas Sociales realizará el diagnóstico específico de
todos los aspectos relacionados con la renta de garantía de ingresos y deberá
finalizarse en el primer semestre de 2016. Dicha comisión técnica emitirá un informepropuesta que deberá contar con el debido consenso interinstitucional. Las
conclusiones de dicho diagnóstico se pondrán a disposición de otra comisión que con
funciones más amplias que la primera, y con la representación citada para la primera,
tendrá por objeto analizar el conjunto del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y
para la Inclusión Social, debiendo a su vez concluir su labor durante el año 2016. En el
plazo de un año a contar desde la conclusión de ese estudio global, habrá de
presentarse una propuesta normativa que contenga las medidas derivadas de ambos
análisis y que modificará en consecuencia el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y
para la Inclusión Social, con la finalidad de asegurar que puedan acceder a las
prestaciones de dicho sistema las personas que no cuenten con liquidez para atender
gastos específicos que prevean o palíen situaciones de exclusión social, así como las
nuevas situaciones de pobreza no cubiertas.
Por ello, no se estima pertinente ni ajustado a los principios de eficacia y de economía
procedimental realizar un estudio estadístico completo diferencial entre la pobreza
masculina y femenina, que parece más propio de una nueva Ley de modificación del
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que de una
disposición reglamentaria que plantea modificaciones puntuales.
-EMAKUNDE indica que hay una serie de medidas que se han incluido para
eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres y que no se
han citado en el informe de evaluación previa: el hecho de excluir a las víctimas de
violencia doméstica en el art. 5.2 b) y la inclusión en el modelo de solicitud de las AES
la variable sexo de la persona solicitante.
Sin embargo, se trata de contenidos que ya figuraban en el Decreto 4/2011, de 18 de
enero, de las Ayudas de Emergencia Social, por ello no se citaban en el informe.
-En relación al contenido del Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de
Emergencia Social, EMAKUNDE aprovecha para realizar propuestas de mejora para
eliminar las desigualdades. Por una parte, recuerda las propuestas que ya realizaran
en la tramitación del propio Decreto, y por otra, estiman la necesidad de incluir una
mención expresa en la parte introductoria o expositiva de la modificación aludiendo al
compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, e insistir que las explotaciones
estadísticas se realicen con datos desagregados por sexo y con determinados
indicadores.
Sin embargo, no se juzga pertinente la propuesta presentada, por entender que la
exposición de motivos no puede servir para reiterar otras leyes y si se trata de
obligaciones que ya están en la ley, como que en las estadísticas se tengan en cuenta
datos por sexo, no es necesario reiterarlas, bastando para ello que se actúe con la
debida diligencia en el cumplimiento de la legalidad.
-Más allá del contenido de la norma, EMAKUNDE señala otras medidas para
promover la incorporación de la perspectiva de género.
-Por último, solicita una revisión del uso no sexista del lenguaje en el texto. Se
atiende a ello, y se ha realizado una revisión con la correspondiente adecuación de los
términos enunciados exclusivamente en masculino.
-El proyecto de Decreto fue sometido a informe preceptivo de la Mesa del Diálogo
Civil en sesión celebrada el 18 de abril de 2016, en aplicación de lo dispuesto en el
art. 7.1 a) del Decreto 283/2012, de 11 de diciembre, por el que se constituye y regula
la Mesa de Diálogo Civil, con el resultado que consta en el certificado expedido por el
secretario de dicho órgano consultivo. En particular, se recogen las consideraciones
de los representantes de EAPN (Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Euskadi) y de ELKARTEAN. En el caso de ELKARTEAN, son
consideraciones que se reiteran por escrito en la fase de alegaciones, y en el caso de
EAPN, su representante manifiesta su disconformidad con el excesivo fraccionamiento
de los gastos específicos en el art. 3 y con el otorgamiento de la potestad de denegar
la concesión de las AES a las personas profesionales de los servicios sociales en el
art. 21.1. Se trata de aspectos que son tratados en el punto referente al análisis de las
alegaciones.
-El proyecto de Decreto fue sometido a informe preceptivo del Consejo Vasco para la
Inclusión Social en sesión celebrada el 17 de junio de 2016, con el resultado que
consta en el certificado expedido por el secretario de dicho órgano consultivo. A la
vista del resultado de la votación, el Consejo Vasco para la Inclusión Social emite
informe favorable al proyecto de Decreto. Ello no obstante, en el seno del Consejo, los
participantes manifiestan una serie de aspectos que son objeto de comentario en el
punto referente al análisis de las alegaciones.
5.- Trámite de información
Administraciones públicas.
pública,
audiencia
y
consulta
a
otras
En lo concerniente al trámite de participación y consulta, se remitió escrito a la
Asociación de Municipios Vascos-EUDEL, a los Ayuntamientos de la CAPV, a las
Mancomunidades de Arratia, Busturialdea, Durango, Enkarterri, Lea Artibai, Lea Ibarra,
Mungialdea, Txorierri, Uribe Kosta, Aiztondo, Saiaz, Uli y Bideberri; y a las
Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
De conformidad de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 8/2003, de 22 de
diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de carácter general,
mediante Resolución de 22 de marzo de 2016, del Viceconsejero de Empleo y
Trabajo, la norma se somete al trámite de información pública.
Dentro del plazo concedido al efecto, han presentado escrito de alegaciones:
-El Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa
-ELKARTEAN (Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de
la Comunidad Autónoma del País Vasco)
-Ayuntamiento de Bilbao
-Ayuntamiento de Irún
-Ayuntamiento de Getxo
-Mancomunidad de Mungialde
-Mancomunidad de municipios de las Encartaciones
-La Diputación Foral de Alava.
-EUDEL
6.- Análisis de las alegaciones por artículos
Como consideración general, antes que nada hay que constatar que la disposición
reglamentaria tiene un objeto limitado e incorpora modificaciones puntuales, sin que su
tramitación pueda ser utilizada para realizar modificaciones de mayor envergadura que
afecten a la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la
Inclusión Social, ni a los decretos que regulan las otras prestaciones económicas: la
renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Por
ejemplo, en varias de las intervenciones en el Consejo Vasco para la Inclusión Social
se planteaba una reflexión sobre el conjunto del Sistema, e incluso varias voces como
las de ELKARTEAN piden transforma las AES en derecho subjetivo. Precisamente, el
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social ha de ser objeto de
revisión de conformidad con la disposición transitoria octava de la Ley 2/2016, de 7 de
abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y es el momento en que se deben plantear
las posibles modificaciones de la Ley. Por ello, las propuestas normativas que exceden
del ámbito de modificación puntual del Decreto de AES no son tenidas en cuenta por
el órgano tramitador. Por ejemplo, EUDEL solicita incorporar sendos artículos en el
Decreto regulador de la PCV y en el Decreto de RGI; el primero para evitar que la
suspensión de la PCV acarree la instrucción de las AES, y el segundo a efectos de
posibilitar el acceso a las AES a pesar de disponer de otro inmueble diferente a la
vivienda habitual, cuando aquel resulte de difícil ejecución y previa comprobación de
que se han utilizado los medios habituales para poder enajenar el inmueble en el
período que se determine.
La siguiente versión del proyecto de Decreto deberá hacer expresa mención a la
disposición transitoria octava de la LILE, tal y como solicita EUDEL en sus
alegaciones.
Además, a la luz de dicha disposición transitoria octava, “Transitoriamente, mientras
se procede a la modificación reseñada en los párrafos anteriores, en los municipios
que opten por suplementar con más recursos las asignaciones efectuadas por la
Administración general de la Comunidad Autónoma a la ayudas de emergencia social
se habilitará el siguiente mecanismo de compensación:
a) En los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, los municipios
responderán con sus propios recursos de un tercio de la cantidad superada de la
asignación inicial, asumiendo el Gobierno Vasco el resto de la cantidad superada,
hasta un máximo del 30 por ciento de la asignación inicial.
b) En los municipios de más de 20.000 habitantes, superada la asignación inicial, el
municipio responderá con sus propios recursos de la mitad de la cantidad superada de
la asignación inicial, asumiendo el Gobierno Vasco el resto de la cantidad superada,
hasta un máximo del 30 por ciento de la asignación inicial.
En ambos supuestos el ayuntamiento deberá, si opta por suplementar los recursos
asignados por la Administración general de la Comunidad Autónoma en más del 30
por ciento citado, financiarlo con recursos propios.
El Gobierno Vasco podrá desarrollar reglamentariamente el modo en que las
cantidades adicionales resultantes de la aplicación de la fórmula señalada para el
periodo de transitoriedad, y no consignadas para cada anualidad en el Presupuesto
General para la Comunidad Autónoma, deban hacerse efectivas a los ayuntamientos”.
-Exposición de motivos:
Tras la entrada en vigor de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
Euskadi, en la Exposición de Motivos, hay que hacer expresa mención además de a la
disposición transitoria referida al nuevo marco jurídico que reconoce entre las
competencias propias que las leyes o normas forales pueden atribuir a los municipios,
la ordenación, programación y gestión en materia de garantía de ingresos e inclusión
social y que además refuerza la potestad de autoorganización de los municipios y su
mayor libertad de optar por la fórmula de gestión de estas ayudas.
-Artículo primero y séptimo que dan nueva redacción a los arts. 2.3 y 21.1: que
refuerzan el papel de las personas profesionales y su participación en el
establecimiento de prioridades en la atención, introduciendo el examen de la idoneidad
de las ayudas para abordar la situación de necesidad.
El Ayuntamiento de Bilbao y EAPN consideran que estos preceptos pueden llevar a
otorgar la última decisión en la concesión o denegación de la ayuda a los servicios
sociales de base y conllevar una excesiva discrecionalidad técnica, y dicho debate se
reproduce en el seno del Consejo Vasco para la Inclusión Social. En cambio, el
Colegio de Trabajo Social de Gipuzkoa en sus alegaciones valora positivamente la
mayor importancia que se presta a la valoración profesional de los servicios sociales
de base.
Tal y como se desprende de la exposición de motivos, estos preceptos permiten
denegar la prestación económica en las situaciones excepcionales que no respondan
a las necesidades de la persona solicitante, de acuerdo con la valoración profesional
de los servicios sociales de base; pero no significa un empoderamiento de estas
personas profesionales para tener la última palabra en la concesión de la ayuda. La
decisión continúa correspondiendo a los órganos de gobierno de la entidad local que
pueden concluir a la vista de la valoración profesional que les sirve de orientación que
la situación de necesidad real no se resuelve a través de la concesión de las AES.
-Artículo segundo que da nueva redacción al art. 3 sobre los gastos específicos:
Se establece un gasto específico para los gastos de energía, que incluye los gastos de
suministro eléctrico, de gas u otro tipo de combustible de uso doméstico.
La Mancomunidad de Mungialdea pide que al introducir el nuevo concepto de gastos
de energía no se reduzca el límite anual de mantenimiento, mientras que el
Ayuntamiento de Irún considera que para que este nuevo gasto responda a las
necesidades de pobreza energética deberá ir acompañada de un incremento del gasto
máximo, al igual que la Diputación Foral de Álava. La concreción de las cuantías
anuales máximas a conceder, con carácter general, para cada uno de los gastos
específicos se establecerá en la Orden anual, y ciertamente tendrá que reforzar la
importancia de este gasto específico.
La Mancomunidad de las Encartaciones solicita incluir expresamente los gastos del
seguro de hogar, ya que es un gasto exigido por Alokabide y los bancos. A su vez, el
Colegio de Trabajo Social de Gipuzkoa solicita añadir los gastos de comunidad de
propietarios. Considerando que son gastos ineludibles relacionados con la vivienda, y
cuya concesión no debe quedar a criterio de cada entidad local, se establece un gasto
específico relacionado con la cuota de la comunidad de propietarios y con la seguridad
de la propia vivienda como el seguro de hogar o la inspección técnica del edificio.
Por último, el Ayuntamiento de Getxo pide explicitar a que se refiere el art. 3 c) en
cuanto a “los gastos necesarios para atender otras necesidades básicas de la ayuda”.
Se trata de una redacción que proviene literalmente del art. 44 de la Ley Ley 18/2008,
de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, y que
ampara a las entidades locales hacer frente a gastos extraordinarios que no se
contemplan en la relación de gastos especificados.
- Artículo tercero que da nueva redacción al art. 4.3 del Decreto:
Se regula la compatibilidad de las AES con la futura Prestación Económica de
Vivienda destinada a satisfacer el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de
vivienda.
ELKARTEAN, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa y Caritas entienden
que las AES para la cobertura de los gastos de alquiler deberían ser compatibles con
la RGI, la PCV y la nueva prestación económica de vivienda, a partir de una valoración
profesional justificada sobre la procedencia de esta compatibilidad, pensando en
supuestos de alquileres de mercado elevados como los que suelen tener que hacer
frentes personas con discapacidad que requieren de viviendas en condiciones de
accesibilidad.
En realidad, el art. 4.3 no ha venido a modificar el esquema de incompatibilidades,
sino que mantiene el esquema anterior pero contemplando también la nueva
prestación económica de vivienda.
-Artículo cuarto que da nueva redacción al art. 5.2 del Decreto
Se considera excepcionalmente la posibilidad de acceder a las AES para las personas
que residan en una VPO para el pago del alquiler o de la hipoteca correspondiente,
siempre a criterio de los servicios sociales de base de cada municipio y justificada
mediante informe social adjunto al expediente de solicitud.
A tal efecto, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa pide que se establezcan
unos criterios objetivos a aplicar a las valoraciones para evitar excepcionalidades
subjetivas que generen situaciones de desigualdad. No obstante, lo cierto es que no
es posible objetivizar los supuestos que pueden justificar la excepción, ya que
precisamente se trata de que se refieran a supuestos excepcionales. Además, no se
entiende que el Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa aplauda el mayor valor
otorgado a las valoraciones profesionales en un punto anterior y luego en otro
apartado plantee dudas al respecto.
En relación con el apartado b) del art. 5.2 con respecto a la posible cobertura de
gastos de alquiler de otra vivienda cuando ya se dispone de una en propiedad o en
usufructo, ELKARTEAN y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa solicitan se
recoja específicamente como supuesto excepcional la falta de accesibilidad en caso
de una nueva situación de discapacidad o agravamiento de la misma. Se acepta esta
propuesta.
-Artículo sexto que da nueva redacción al artículo 13 del Decreto:
A la hora de determinar los recursos, quedarán excluidos del cómputo los estímulos al
empleo y su límite temporal atenderá a los criterios que estipule el Gobierno Vasco
mediante Orden de desarrollo.
La Mancomunidad de Mungialdea considera que el plazo de tres años de aplicación de
estímulos al empleo es suficiente. Tal y como se justifica en la exposición de motivos,
en el caso de las AES, en las actuales circunstancias, la limitación temporal del
estímulo al empleo implicaría perjudicar gravemente a todas aquellas personas que
logran mantenerse en el mercado laboral, por bajos que sean sus sueldos, y aumentar
más aún las nuevas formas de pobreza citadas en el Pleno del Parlamento
En el art. 13.3 se señala expresamente que entre los rendimientos a computar
deberán incluirse los procedentes del resto de prestaciones del Sistema Vasco de
Garantía de Ingresos, tanto la RGI como la PCV; además de los procedentes de la
nueva Prestación Económica de Vivienda destinada a satisfacer el derecho subjetivo
de acceso a la ocupación legal de vivienda. Los Ayuntamientos de Getxo e Irún, y
EUDEL plantean su disconformidad con esta medida ya que la PCV es una ayuda
finalista, y el art. 21 del Decreto 147/2010 regulador de la RGI considera como
ingresos no computables los ingresos y prestaciones sociales de carácter finalista,
entre ellas expresamente las AES y demás prestaciones relacionadas con la vivienda,
por lo que a sensu contrario tampoco deben computar en el caso de las AES los
ingresos procedentes de la PCV y PEV.
-Artículo décimo que crea una nueva disposición adicional segunda:
Esta disposición se añadió para dar amparo legal a la participación de las entidades
gestoras supramunicipales y permitir el pago directo de las ayudas a las
mancomunidades y a las diputaciones forales que gestionan las AES en aquellos
casos en los que los ayuntamientos han acudido a fórmulas de gestión compartida a
través de mancomunidades o a la prestación delegada en la Diputación.
La Diputación Foral de Álava considera necesario además citar en la exposición de
motivos el art. 89 de la Ley 18/2008 que permite delegar funciones en la
Mancomunidad o Diputación Foral correspondiente, y además citar dichas entidades
junto con los Ayuntamientos en cada uno de los artículos modificados.
No se estima necesario citar toda la tipología de entidades gestoras en cada precepto,
ya que la disposición adicional segunda cubre la redacción total, no sólo de los
preceptos del Decreto que se modifican, sino de todos y cada uno de los artículos del
Decreto. A mayor abundamiento, se opta por citar el referido art. 89 de la Ley y se
añade en la exposición de motivos la mención a la Ley 2/2016, de 7 de abril, de
Instituciones Locales de Euskadi que refuerza la potestad de autoorganización de los
municipios, por la cual establecerán por sí mismos la organización y las estructuras
administrativas e instrumentales necesarias para el ejercicio de sus competencias.
Dicha potestad de autoorganización se proyecta asimismo en el derecho a acordar
fórmulas asociativas para la prestación de servicios compartida a través de
mancomunidades y consorcios. Todo ello sin perjuicio de la asistencia técnica de los
órganos forales competentes para garantizar la efectividad plena de las competencias
municipales a los municipios de su respectivo territorio histórico.
-Artículo decimosegundo que modifica el anexo que contiene el modelo normalizado
de solicitud de las Ayudas de Emergencia Social.
Se realizan una serie de correcciones. Atendiendo al Colegio Oficial de Trabajo Social
de Gipuzkoa y a ELKARTEAN, en lugar de minusvalía es más apropiado hablar de
discapacidad y en euskara utilizar “desgaitasuna” y no “ezintasuna”.
Atendiendo al Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa y a la Diputación Foral de
Gipuzkoa se ha concretado más la relación de gastos específicos en el punto 7. Sobre
Ayuda Solicitada.
7.- Continuación de la tramitación.
Efectuadas en la versión primera del texto de proyecto de decreto las modificaciones
resultantes del trámite de participación y consulta a otras administraciones públicas y
de los informes y dictámenes preceptivos recabados, el texto resultante se identifica
con la referencia “2ª VERSIÓN” (JUNIO DE 2016).
Procede la continuación de la tramitación del expediente con la remisión del mismo al
Consejo Económico y Social Vasco a efectos de someterlo a su dictamen.
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 2016.
JOSÉ ANDRÉS BLASCO ALTUNA
VICECONSEJERO DE EMPLEO Y TRABAJO