Download movimiento social y protesta social desde una perspectiva

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MOVIMIENTO SOCIAL Y PROTESTA SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA
ANTROPOLÓGICA.
AUTORA: Virginia Manzano
1) INTRODUCCIÓN
Los conceptos de movimiento social y protesta social se reactualizaron en el campo
académico durante los últimos años. Esta reactaulización se vincula con los fenómenos de
movilización social que tuvieron lugar en la Argentina durante el último tiempo,
centralmente, la visibilidad en la escena pública del movimiento piquetero; y las jornadas
de protesta social del 19 y 20 de diciembre de 2001 que tuvieron como correlato la
emergencia de asambleas populares y la notoriedad de procesos en gestación desde
décadas atrás como el de ocupación/recuperación de fábricas/empresas.
Este artículo se propone sistematizar los principales aportes, las definiciones y los debates
en torno a los conceptos de movimiento social y protesta social en el marco de la teoría
social. Al mismo tiempo, se señalan los límites y los problemas que presentan estos
conceptos para abordar casos específicos de la movilización social contemporánea. Con
respecto a esto último, hacia el final de este trabajo se aportan algunos elementos de
análisis para el abordaje de las modalidades de acción política desde una perspectiva
antropológica y para el encuadre de planteos etnográficos.
2) EL CONCEPTO DE MOVIMIENTO SOCIAL
Diversos trabajos, que realizan una evaluación crítica de la producción teórica sobre los
movimientos sociales, coinciden en que resulta difícil establecer las fronteras de este campo
de estudio y lograr una teoría unitaria sobre los mismos debido a la heterogeneidad de
formas de movilización social que resisten todo tipo de clasificación (Gledhill, 2000;
Munck, 1995; Wallace, 1998). No obstante esto, el concepto de movimiento social se nutre
de una serie de supuestos que recortan como paradigma de la acción colectiva a la
movilización social que tuvo lugar a partir de la década de 1960:
-La visión positiva sobre el proceso de movilización social que tuvo lugar en Europa y
Estados Unidos hacia fines de la década de 1960, entre otros, el movimiento en contra de la
guerra de Vietnam y el movimiento estudiantil de mayo de 1968, se constituyó en el
paradigma que se recupera como sinónimo de movimiento social.
-El concepto de movimiento social supone formas de movilización social que desafían el
marco de acción establecido por la “política convencional”; es decir, que se desarrollan
fuera de los espacios de acción política y social institucionalizados en las democracias
liberales, como puede ser la participación en partidos políticos o en el proceso electoral.
-El concepto de movimiento social alude a formas de movilización social que expresan
diversos temas, entre otros, el ecologismo, el pacifismo y el feminismo. De este modo, en
términos de convocatoria, los movimientos sociales serían comparativamente más amplios
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que el movimiento sindical centrado en temas vinculados con las condiciones materiales de
vida.
-La diversidad de actores convocados por los movimientos sociales, centralmente las
“clases medias”, los jóvenes y las mujeres, sería otra de las características que diferencían
a estas formas de movilización social del conflicto protagonizado por los trabajadores o la
clase obrera.
De una forma u otra, la reflexión sobre los movimientos sociales tensiona las nociones de la
política como dominio diferenciado, institucionalizado y como arena de profesionales; y, al
mismo tiempo, la separación entre Estado/sociedad civil. Sin embargo, las teorías que
abordan estos movimientos no logran llevar esta reflexión hasta el límite de interrogar la
propia separación entre Estado/Sociedad civil o las categorías de ciudadano y participación.
Es decir, no se interesan por demostrar que estas separaciones o categorías son producto de
la historia y no hechos universales1.
2.1 Algunos antecedentes históricos:
Antes de la década de 1960, la noción de movimiento social refería a los movimientos de
masas, específicamente al movimiento obrero. Al respecto, Santiago Wallace sostiene:
“Este término pasó a ser de uso corriente después de la Revolución Francesa y
fundamentalmente tras las revoluciones de 1848 cuando es aplicado al nuevo movimiento
obrero que emerge con fuerza social y política al margen de las instituciones del Estado
liberal.”(Wallace, 1998: 330).
De acuerdo con esto, desde el siglo XIX hasta la década de 1960, el concepto de
movimiento social definía a una acción colectiva conciente, sostenida por un grupo que se
identificaba en términos de nación o clase social, que trasgredía los límites institucionales
impuestos por un sistema social y político determinado, y que perseguía un cambio
sustancial del propio sistema (Pastor, 1993).
Para algunos autores, el movimiento obrero habría perdido fuerza social y política como
movimiento social con el desarrollo del Estado de Bienestar o Estado Social en los países
europeos. Esta forma estatal habría dado respuestas a demandas obreras vinculadas con las
condiciones de vida, y el ordenamiento político de las democracias liberales habría dado
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La formación de los Estados modernos en occidente definió límites entre diferentes dominios de la vida. Al
respecto, la transformación política más importante a partir del siglo XVII ha sido la separación entre los
dominios económico/político y público/privado (Giddens 1985). La aparente autonomía del ámbito político
constituye un aspecto fundamental de la concepción occidental y es producto de la historia antes que un
hecho universal (Gledhill 2000); por ello, reproducir en el tiempo la separación entre dominios aparentemente
autónomos implica la puesta en juego de procesos ideológicos y representacionales (Bourdieu 1981). En
términos de acción, uno de los efectos centrales de esta concepción del orden de lo político ha sido que todos
los grupos de la sociedad pasan a estar obligados a perseguir sus intereses dentro del dominio del Estado a
través de luchas políticas centradas en categorías legales, ya que junto a la extensión del orden del Estado
también se delimita el orden de la ciudadanía (Gledhill 2000; de Sousa Santos 1998).
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lugar a la organización de partidos obreros comprometidos en la competencia dentro del
sistema electoral.
La idea sobre la eficacia de la democracia occidental para absorver conflictos en su seno y
procesar las demandas constituyó uno de los supuestos de las teorías sobre los
comportamientos de masas durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estas
teorías, como el modelo estructural-funcionalista de Smelser, consideraban a los
movimientos sociales como acciones irracionales y anómicas producto de grupos desviados
y marginales. Asimismo, teorías psicológicas que se basaban sobre la idea de “privación
relativa” explicaban la adhesión individual al movimiento social como problemas de
adaptación a los cambios sociales que se expresaban en estados de insatisfacción o
frustración (Cohen, 1985; Giménez,1994). El punto de partida de estas teorías era el
“individuo” y los motivos que lo conducían a adherir a acciones colectivas.
Es recién durante la década de 1970 que se articularon dos paradigmas interpretativos de
los movimientos sociales: en EE. UU el de “movilización de recursos” y en Europa
Occidental el de “orientación hacia la identidad”. Ambos paradigmas coinciden en la idea
que los movimientos sociales implican la disputa contestataria entre grupos organizados,
provistos de asociaciones autónomas y redes de comunicación públicas. A diferencia de las
teorías anteriores, la acción colectiva conflictiva no se interpreta como patología o desvío,
sino que se intenta estudiar el modo de organización de los movimientos, o las relaciones
sociales que dan lugar a conflictos constitutivos de identidades colectivas (Cohen, 1985).
2.2) La teoría estadounidense de “Movilización de Recursos” y el paradigma europeo
de “Orientación hacia la Identidad”
La teoría estadounidense de “Movilización de Recursos” parte de la premisa de la
existencia de actores sociales con fines y estrategias. Según Jenkins: “(...) los teóricos de
la movilización de recursos, por su parte, consideran a los movimientos sociales como una
prolongación de actuaciones institucionalizadas y han restringido su campo de análisis a
los movimientos que postulan un cambio institucional que pretenda alterar ‘elementos de
la estructura social y/o la estructura de distribución de recompensas en la sociedad’ (...),
que aspiran a organizar grupos que actúan en contra de las elites institucionales y que
estaban previamente desorganizados (...), o que dicen representar intereses de los grupos
excluidos del ámbito de la comunidad política” (Jenkins, 1994: 8-9).
El supuesto de la existencia de individuos racionales cuyo cálculo estratégico se basa en la
ecuación costo/beneficio estructuró el análisis sobre los movimientos sociales en el marco
de esta teoría. En este sentido, el estudio clásico de Olson sostenía que las acciones
colectivas ocurrían cuando había incentivos correctos porque los individuos evalúan los
costos y beneficios de la participación en este tipo de acciones (Munck, 1995).
Otras líneas de análisis en el marco de la misma teoría, cuestionaron el planteo de Olson. Al
respecto, sostuvieron que este planteo estaba centrado en los “grupos de presión” y que por
ello no daba debida cuenta de la naturaleza específica que tiene una acción colectiva en el
marco de un movimiento social (Munck, 1995). En este sentido, Tarrow propuso descentrar
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las preguntas sobre el individuo racional y centrar las mismas en las formas de
coordinación social de la acción, por ejemplo intentar responder a interrogantes que hacen
eje en cómo se movilizan recursos para coordinar una acción social (Munck, 1995).
De la línea de análisis centrada en la coordinación social de la acción colectiva proviene el
nombre de la teoría, porque priorizan el estudio de los recursos, formales o informales,
como redes de apoyo, lideres, etc. que maximizan las oportunidades de la acción colectiva.
Las investigaciones de autores como Tarrow y Tilly acentuaron la idea que los recursos no
solo dependen de variables internas que definen a los grupos organizados, sin que éstos
también dependen del conjunto social, centralmente las “oportunidades políticas” del
sistema institucional actúan como otra variable para el cálculo costo/beneficio de la acción
colectiva.
Es interesante reseñar de modo sintético el planteo de Tilly sobre la acción colectiva por el
impacto que tiene actualmente sobre el concepto de protesta social. Este autor estudia la
transformación de la acción colectiva en una línea temporal de larga duración, por ejemplo
en la transición del “feudalismo” al “capitalismo”. Al respecto, Tilly supone que la acción
colectiva ocurre en el marco de interacciones entre grupos y personas; que opera dentro de
límites impuestos por las instituciones y las prácticas existentes; que los participantes
aprenden, innovan y construyen historias en el propio curso de la acción colectiva; y, por
último, que cada forma de acción colectiva tiene una historia que transforma sus usos
subsecuentes. Con relación a estos supuestos, argumenta que los actores utilizan
performances colectivas flexibles y sujetas a negociación e innovación que constituyen
repertorios específicos de acción colectiva. El concepto de repertorio, entonces, “(...)
captura la combinación de elaboración de libretos históricos e improvisación que
caracteriza generalmente a la acción colectiva.” (Tilly 2000: 14). La transformación de las
performances, por tanto, obedece a los cambios que se producen por aprendizaje,
negociación e innovación en el curso de la acción colectiva, y también por alteraciones en
el medio institucional, por ejemplo los cambios en las instituciones según las características
de cada época histórica.
Como dijimos hacia el final del apartado anterior, la otra teoría interpretativa de los
movimientos sociales es la europea de “Orientación hacia la Identidad”. A diferencia de la
teoría de “Movilización de Recursos”, la pregunta inicial sobre los movimientos sociales en
los estudios europeos no estaba centrada en el individuo racional sino en la relación entre
las formas de movilización social de la década de 1960 y las de otros colectivos como las
clases sociales. Los estudios europeos sobre movimientos sociales tenían como objetivo
redefinir la explicación del conflicto social y el cambio social centrado en el accionar de las
clases sociales y los partidos comunistas- que en ese entonces atravesaban una fuerte crisis
de representación en los distintos países europeos-.
En el marco de esta teoría, la identidad, y no el actor estratégico, constituye el punto de
partida del análisis. La premisa inicial supone que la identidad se construye dentro de las
relaciones de conflicto de una sociedad; por ello, estos análisis comienzan por la
identificación de relaciones conflictivas dentro de la estructura social. Específicamente,
autores como Alain Touraine, sostienen que las movilizaciones sociales de la década de
1960 expresan las líneas de conflicto que caracterizan a la identidad colectiva de una
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sociedad posindustrial (Munck, 1995). Para Touraine, según Gledhill: “(...)Los
movimientos sociales son formas de movilización social que implican una disputa por los
modelos culturales que gobiernan las prácticas sociales y el modo de funcionamiento de
las sociedades, una lucha por los modelos normativos de sociedad” (Gledhill, 2000: 295).
Así, Touraine diferencia los movimientos sociales de las “acciones conflictivas” que serían
aquellos comportamientos defensivos frente a la explotación y la opresión; y de “las luchas
sociales” que girarían en torno a la distribución de recursos económicos, a políticas
determinadas o al proceso de toma de decisiones. De este planteo se deduce que la
emergencia de sujetos “autorreflexivos” que protagonizan los movimientos sociales solo es
posible en sociedades posindustrializadas, que no serían otras que las sociedades europeas.
Es por esto último, que autores como Gledhill (2000) sostienen que la teoría de los
movimientos sociales presenta un sesgo marcadamente eurocéntrico.
En el próximo apartado veremos como las líneas interpretativas sobre los movimientos
sociales impactaron sobre las investigaciones que durante la década de 1980 se
emprendieron en América Latina con el propósito de explicar la movilización social que
tenía lugar por aquella época en un continente mayoritariamente gobernado por regímenes
dictatoriales.
2.3) Los estudios latinoamericanos sobre los movimientos sociales en la década de
1980.
En la década de 1980 el análisis sobre la transición democrática en América Latina
hegemonizó el estudio sobre los movimientos sociales. De este modo, el estudio de este
tipo de movimientos se articuló con temas que recortaban como campos de preocupación la
“gobernabilidad”, el “consenso”, la “participación/representación”, los “procesos de
institucionalización política”, etc. La oposición democracia/dictadura marcó el sentido del
eje de reflexión sobre la transición democrática; de ahí, que el análisis sobre las
transformaciones socioeconómicas de las sociedades latinoamericanas haya sido
subvaluado con respecto al estudio de la dimensión política (Lechner, 1996).
El conjunto de estos estudios compartían el supuesto acerca de que los movimientos
sociales se definen por una estructura interna democrática y participativa, de modo que sus
miembros alcanzaban un nivel de representación que les era negado en otras
organizaciones, como partidos políticos y sindicatos burocratizados. Asimismo, sostenían
que estos movimientos eran autónomos con respecto al Estado y al sistema político.
En este marco, se analizó la descentralización del Estado en función de la participación
política de los “ciudadanos” (Herzer y Pírez, 1988; Passalacqua, 1988; Nunes, 1991) y a
los movimientos sociales como espacios de mediación entre la sociedad civil y el
estado/sociedad política (Jelín, 1987). Algunos estudios empíricos de este enfoque han sido
los de García Delgado y Silva (1989); González Bombal y Palermo (1987) y Palermo
(1988), todos referidos al “movimiento vecinal”.
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El conjunto de estos estudios parten de la asunción de la separación entre Estado/sociedad
civil2. De este modo, la sociedad civil es el ámbito potencial de la participación autónoma
que es constantemente interpelado por el poder localizado en el Estado y en el sistema de
partidos políticos. Con respecto a esto, en un trabajo más reciente Cavarozzi y Palermo
(1994) vuelven a enfatizar la idea acerca de la potencialidad de las asociaciones de la
sociedad civil y cómo éstas fueron cooptadas por el Estado y por el manejo clientelar de los
partidos políticos. Además, agregan que estos procesos de cooptación y clientelización
fueron relativamente acelerados debido al accionar del peronismo en la oposición durante
la década de 1980.
En un trabajo más reciente, E. Jelin (1996) propone una perspectiva de análisis donde se
relacione la democracia política, la equidad económica y la democracia social. Con
respecto a esto, Jelín problematiza la exclusión social y afirma que los excluidos se
encuentran en una situación de apatía debido a la ausencia de lazo social; por lo tanto, no
pueden constituir un movimiento social, más allá de resistencias individuales o violencia
esporádica. Este postura sobre la acción de los sectores denominados excluidos o
marginados también es compartida por otros investigadores como W. Ansaldi (1997).
A partir de este diagnóstico, Jelín (1996) reflexiona sobre posibilidades de la democracia y
plantea que las ONGs y otras asociaciones de la sociedad civil generan redes conformado
un tercer sector. De este modo, Jelín sostiene una analogía con los movimientos sociales de
la década de 1980 y propone al tercer sector como mediador entre los excluidos o
marginados y el Estado y organismos internacionales. Esta investigadora advierte que las
organizaciones del tercer sector no responden orgánicamente a bases sociales; por lo tanto,
no deben someterse a formas de control y fiscalización; de ahí, que su función central no
sea promover la ciudadanía sino influir sobre el Estado y hacer escuchar a los sectores
excluidos.
En un debate con los enfoques centrados en la transición democrática y con las posturas
posmarxistas3, otros autores sostienen que los movimientos sociales se plantean frente y
contra las formas hegemónicas de representación política y generan una lucha en torno a la
reestructuración del poder (Wallace, 1998). Además, esta lucha implica la articulación con
fuerzas políticas y sociales en el seno del movimiento social. En estos planteos, la
reestructuración del poder abarca tanto la consideración de la esfera política como la
económica. De este modo, el trabajo de Wallace (1998) propone estudiar a los movimientos
sociales desde un enfoque histórico-estructural y holístico, a partir de conceptos como los
de formación, experiencia, tradición y hegemonía. Vicente Di Cione (1994), por su parte,
sostiene que los movimientos expresan la trama de fuerzas sociales, políticas, simbólicas y
materiales de la formación social nacional que a su vez se encuentra inserta en la
formación del capitalismo mundial.
2
Holloway (1994) y Boaventura de Sousa Santos (1995) explican el proceso histórico europeo a partir del
cual se considera al Estado y a la sociedad civil como dos esferas separadas. Estas esferas remiten, según
estos autores, a la separación entre lo político y lo económico en el proceso de acumulación capitalista.
3
Una caracterización sintética sobre posmarxismo se puede ver en Vilas (1998).
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De acuerdo con esta línea, el trabajo de Carlos Vilas (1998) se interroga por el sujeto social
de los movimientos sociales en América Latina y sostiene que la reestructuración del
capitalismo, por un lado, desestructuró a la clase obrera y sus organizaciones, por el otro,
fortaleció las asociaciones empresariales. De esta manera, supone que el sujeto protagónico
de los movimientos sociales no son los ciudadanos en sentido abstracto sino el sujeto
popular. Este sujeto, para Vilas, expresa y articula la diversidad de sujetos resultantes de
las relaciones de explotación económica, opresión política y pobreza.
La producción académica de los últimos cinco años que se dedica a la interpretación de los
procesos de movilización social ha dejado de lado el concepto de movimiento social e
incorporó el uso del término protesta social. Las razones de esta elección conceptual
constituye el tema del próximo apartado.
3) El concepto de protesta social4
Desde una línea de análisis (Schuster y Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001), la
protesta social ha sido definida como una forma de acción colectiva de carácter
contencioso e intencional que adquiere visibilidad pública y que se orienta al sostenimiento
de demandas, centralmente, frente al Estado. Esta línea plantea la relevancia del concepto
de protesta social para describir y conceptuar la movilización contemporánea frente a la
noción de movimiento social. Para los autores de esta línea el concepto de movimiento
social se centró sobre el sentido político unívoco de la movilización social, dando cuenta,
durante la década de 1980, de la consolidación de movimientos que en general mantenían
una matriz identitaria constante en el tiempo y expandida en el espacio (por ejemplo,
movimiento vecinal, de derechos humanos, feminista, etc.). La pertinencia del concepto de
protesta social, en cambio, estaría en su posibilidad de interpretar el carácter segmentario
de la acción colectiva contemporánea en dimensiones como la identidad, la localización, la
diversidad de temas involucrados en las protestas y los formatos de la misma, al tiempo que
enfatizaría el sentido político particular y concreto de cada protesta o ciclos de protesta.
La protesta, entonces, adquiere sentido en la medida que se encuentra emparentada con
otra acción de protesta. Desde esta perspectiva, los investigadores que trabajan en esta línea
de análisis construyen redes de protesta a partir de un marco interpretativo elaborado para
captar continuidades y rupturas entre distintos acontecimientos, sobre la base de preguntas
como quiénes, porqué, cuándo / dónde, cómo y para qué protestan. Una hipótesis fuerte de
esta línea de trabajo es que la protesta social en la Argentina se transformó durante la
década del noventa, desde la variable identitaria se postula la mutación de identidades:
desde las clásicas, asociadas centralmente el sindicalismo, a la aparición de nuevas formas
de lucha, nuevos actores y temas involucrados.
Aún cuando desde esta visión se analizan las protestas delimitando ciclos que permiten
captar especificidades como tipos de conflicto, de actores involucrados, de demandas y de
formatos de protesta; es posible reconocer que este tipo de conceptualización opaca el
4
Un recorrido más detallado y extenso sobre los marcos interpretativos de la protesta social se encuentra en
Grimberg,, Manzano y Fernández Alvarez (2003).
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análisis de continuidades que remiten a procesos organizativos más amplios, vinculados
con la cotidianeidad de los sujetos. Al mismo tiempo, se soslaya la incidencia de los modos
cotidianos e históricos de organización sobre la forma de la protesta. Con respecto a esto
último, a partir de una serie de testimonios con los que contamos en el marco de nuestro
trabajo de campo en La Matanza identificamos la experiencia de actores sociales en la
ocupación de tierra y formación de asentamientos urbanos durante la década de 1980 y
cómo desde esta experiencia se interpreta la medida de corte de ruta que protagonizan en la
actualidad como la ocupación de la ruta y la formación de un asentamiento transitorio en
ese lugar (por el tiempo que dure el corte).
Otras línea de investigación (Auyero, 2002), analiza la protesta social desde el concepto de
“repertorio” –formulado por Charles Tilly- para centrarse sobre los cambios en la acción
colectiva en las últimas décadas en la Argentina. Desde este enfoque se cuestionan las
explicaciones mecanicistas de la protesta social, centralmente las interpretaciones de la
protesta como reacción espontánea frente a la pobreza y el desempleo. Para los autores de
esta línea resultan cruciales dos preguntas formuladas por el historiador E. Thompson en el
texto “La Economía Moral de la Multitud”: “¿qué hace la gente cuando tiene hambre?.
¿De qué forma las costumbres, la cultura y la razón modifican su comportamiento?”
(Auyero, 2002: 14). Desde aquí, se plantea el estudio de la protesta a partir de la
articulación de niveles estructurales con los procesos políticos y con la “cultura” de la
acción colectiva beligerante.
Para estos investigadores, los cambios en la acción colectiva están atravesados por procesos
estructurales como la desproletarización; la retirada y desmantelamiento del Estado de
bienestar-populista; y la descentralización de los servicios educativos y de salud. Estos
procesos estructurales no inciden de forma directa sobre la forma y el sentido de la
“beligerancia popular” sino que impactan en los intereses, las oportunidades y la
organización colectiva. La articulación entre los niveles es aprehendida desde el concepto
de repertorio que alude a las regularidades en las maneras de actuar colectivamente, en
función de intereses comunes y mediante “rutinas aprendidas” (creaciones culturales que
emergen en la lucha y en las interacciones entre ciudadanos y el Estado). De este modo el
concepto de repertorio ubica a la cultura en el centro de las formas de acción colectiva al
centrarse en los hábitos de lucha adoptados por los distintos actores y en las formas en que
se expresa la acción colectiva como resultado de expectativas compartidas e improvisadas
(Auyero, 2002). Se concluye, desde esta línea, que durante la década del noventa emergió
una forma de protestar en la Argentina, vinculada a dos actores sociales: desocupados y
empleados públicos, y que se expresa en medidas de protesta como el corte de ruta.
Esta línea de investigación presenta ventajas interpretativas al centrarse sobre el concepto
de repertorio y cuestionar las explicaciones mecanicistas de la protesta social. Sin embargo,
a nuestro entender, expresa como límite la conceptualización del Estado y la idea de
emergencia de formas de protesta. Al centrar la interpretación de la incidencia estructural
sobre la protesta en la retirada del Estado de Bienestar, se cosifica un momento histórico en
las formas de intervención del Estado y se soslaya el análisis sobre los efectos de estado o
la penetración del Estado moderno en la vida cotidiana a partir de tecnologías de control
social. De este modo, desde esta interpretación no se logra el análisis sobre la forma en que
las políticas sociales orientadas por la focalización del gasto social regulan y producen
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efectos de Estado y, a la vez, generan un escenario de disputa social; por ejemplo la
clasificación de conjuntos sociales en calidad de beneficiarios de programas sociales, al
mismo tiempo que regula la población, construye un campo de disputa en torno a la
asignación y gestión de estos programas. Por otro lado, al hacer hincapié sobre la
emergencia de formas de protesta no se toman en cuenta las continuidades en la acción
colectiva a partir de la incidencia de líneas políticas (por ejemplo, la nacional-popular
vinculada al peronismo o la anticapitalista vinculadas a distintas organizaciones políticas de
izquierda) y tradiciones asociativas previas sobre la identificación de problemas, la
formulación de demandas y el curso de la acción colectiva.
Sobre la base de lo dicho hasta aquí, sostenemos que desde un enfoque antropológico
resulta de interés construir como instancia de análisis las distintas formas de protesta
(movilizaciones callejeras, cortes de rutas, ollas populares, etc.). Sin embargo, el interés no
debe recaer en las formas de protesta en sí mismas, sino por su vinculación con los modos
de acción históricos y cotidianos a partir de los cuales se forman actores sociales y
modalidades de acción sociopolíticas.
4) Elementos para el análisis de procesos organizativos: el caso del movimiento
piquetero
En lo que sigue proponemos elementos para el análisis de los procesos organizativos y las
formas de protesta. Si bien por nuestra trayectoria de investigación focalizamos sobre el
movimiento piquetero, consideramos que estos elementos pueden ser aplicados al estudio
de otros casos como el de ocupación y recuperación de fábricas y empresas5.
La noción de movimiento piquetero engloba organizaciones diversas y líneas políticas
divergentes que tienen en común la competencia por una misma base social compuesta
por trabajadores « desocupados ». Por un lado, se encuentra las organizaciones nucleadas
en centrales y tendencias político-sindicales como son los casos de la Federación de Tierra
Vivienda y Hábitat (Central de Trabajadores Argentinos) y la Corriente Clasista y
Combativa (línea sindical vinculada al maoísmo-Partido Comunista Revolucionario). Por
otro lado, se encuentran las organizaciones piqueteras vinculadas con diferentes partidos
políticos: Polo Obrero (Partido Obrero de orientación trotskista); Barrios de Pie (Patria
Libre de orientación guevarista); Movimiento Territorial de Liberación (Partido
Comunista); Movimiento Sin Trabajo « Teresa Vive » (Movimiento Socialista de los
Trabajadores de orientación trotskista). Finalmente, organizaciones piqueteras como el
Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados y la Coordinadora de Trabajadores
Aníbal Verón no aparecen claramente vinculadas con partidos políticos.
La diversidad de organizaciones que conforman el movimiento piquetero debe ser
entendida a partir de la reconstrucción de tradiciones políticas y organizativas previas
5
Para el caso de ocupación/recuperación de fábricas y empresas puede consultarse el trabajo de María Inés
Fernández Alvarez: “Transformaciones en el mundo del trabajo y procesos de ocupación/ recuperación de
Fábricas”. Trabajo presentado en las: I Jornadas de Interfases entre Cultura y Política en Argentina.
IDES - 17 y 18 de diciembre de 2002.
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desde las cuales se formulan demandas, se identifican problemas; se generan cursos de
acción; y mecanismos de confrontación y negociación con organismos estatales u otras
instancias6. A la vez, la reconstrucción de estas tradiciones permite el análisis del horizonte
de expectativas de los participantes de estas organizaciones que se expresa en la
reformulación de nociones como trabajo, política, asistencialismo, lucha, etc.
El vínculo entre las organizaciones piqueteras, el Estado y agencias internacionales
como ONGs es otra variable de análisis a tener en cuenta. Durante las dos décadas
pasadas se registraron niveles de desempleo y precarización del empleo inéditos en lo que
respecta al último medio siglo en la Argentina, que alteraron las bases sociales sobre las
cuales se construía el vínculo de los trabajadores con el Estado. A la vez, se produjeron
cambios en las formas de intervención social del Estado, principalmente la focalización del
gasto social sobre determinados sectores de la población a partir de la recomendación de
organismos internacionales de crédito (Sojo, 1999). En este contexto surgieron, en el
conjunto de América Latina, fondos de emergencia social que transfieren recursos a
programas públicos y no-gubernamentales, que presenten proyectos generados de manera
descentralizada por los propios beneficiarios (Bustelo, 1992; Grassi, Hinzte y Neufeld,
1994). El financiamiento de estos fondos parte tanto de los presupuestos estatales como de
los organismos internacionales. Los programas de empleo transitorio como los planes
Trabajar y de Emergencia Laboral, o en la actualidad Jefes y Jefas de Hogar desocupados,
son el resultado de la focalización del gasto social 7.
De este modo, desde los programas de empleo se clasifica a la población beneficiaria de los
mismos, lo que genera límites en el campo de disputa con las organizaciones sociales. Es
decir, las organizaciones piqueteras “resisten” la categoría de beneficiario desde un
horizonte de expectativas heredado desde el pasado que incide en la formulación de la
demanda de trabajo genuino, pero, a la vez, su accionar en el escenario de disputa del
presente queda limitado al pedido de gestión de programas sociales (empleo, alimentarios,
salud, etc.).
En escenarios de disputa construidos desde las políticas estatales y desde las tradiciones
organizativas previas se generan espacios de convergencia entre distintas
organizaciones sociales. En este sentido, uno de los momentos de convergencia es la
medida del corte de ruta. En el caso de La Matanza en el corte de ruta del año 2000
confluyeron la mayor parte de organizaciones que nuclean a desocupados (F.T.V; C.C.C;
C.U.B.A; M.T.D; Polo Obrero; Movimiento Territorial de Liberación; Barrios de Pie) con
gremios como SUTEBA, ATE; líneas sindicales disidentes; grupos religiosos vinculados
con la orientación de la Teología de la Liberación; partidos políticos; centros de estudiantes
y agrupaciones estudiantiles; y organismos de derechos humanos. Estos espacios de
convergencia en algunas ocasiones cristalizan en organizaciones de carácter más
6
Las características de las organizaciones piqueteras y los puntos a partir de los cuales se diferencian pueden
consultarse en el artículo de Marta Vasallo: “Los Piqueteros. Existir contra el aniquilamiento”, en Le Monde
Diplomatique, agosto 2002, pp. 4-5.
7
Las características de los programas de empleo pueden consultarse en Manzano, V.: “Aproximaciones
teórico-metodológicas para el abordaje antropológico de la relación entre la intervención social del Estado y
las modalidades de acción política. Un estudio a partir del movimiento “piquetero” de La Matanza”.
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permanente, pero en la actualidad son más frecuentes los alineamientos transitorios y en
función de situaciones puntuales (por ejemplo, las marchas de repudio a los asesinatos de
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki).
Más allá de la convergencia entre diferentes organizaciones, otro aspecto a tener en cuenta
es la forma en que las organizaciones piqueteras logran el consentimiento de sus
miembros con las demandas y con las medidas de acción. En este sentido, es interesante
focalizar sobre los mecanismos internos de toma de decisiones y los espacios de
participación: asambleas, reuniones, interacción cotidiana en el marco de los trabajos que se
realizan a instancias de los programa de empleo (copa de leche, comedores comunitarios,
confección de manualidades, mantenimiento de la infraestructura urbana, huertas, etc.).
Finalmente, los proceso identitarios en curso constituyen otro núcleo de análisis desde el
cual abordar las organizaciones piqueteras. A nuestro entender existen tres construcciones
articuladas de forma contradictoria que refieren a los procesos identitarios en curso:
desocupado/beneficiario/piquetero. Desde la experiencia del empleo formal, se interpreta
como no-trabajo a las actividades que se realizan actualmente y se categorizan como
“changas”, “rebusques”, por supuesto que el énfasis sobre esta construcción depende de la
edad y del género. La construcción de beneficiario se genera en el marco de relaciones
estatales en torno a las políticas, más en particular en torno a los programas de empleo y
alimentarios; desde esta construcción los sujetos enfatizan sus carencias y necesidades. A la
vez, “ser piquetero” se construye en el marco de procesos de protesta y de lucha, y se
vincula con el horizonte de expectativas políticas heredadas de tradiciones previas que, al
mismo tiempo, resignifica las construcciones de “desocupado” y “beneficiarios” a partir de
la redefinición de categorías identitarias como la de trabajo y política.
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