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Aspectos fundamentales
de la economía mexicana
Manuel Espinosa Yglesias
Autor: Manuel Espinosa Yglesias
Tipo de documento: artículo
Título: Aspectos fundamentales de la
economía mexicana
Fecha: ca. 1963
Clave de clasificación: II.A.3.a/1963-10
Caja: 36
Palabras clave: desarrollo económico,
inversión extranjera, intervención
del Estado en la economía.
Entre los países latinoamericanos de mayor evolución industrial, México es el
que más se aproxima a una condición de desarrollo sustancial y persistente de la
economía con relativa estabilidad del nivel general de precios. No es el propósito
de este ensayo examinar las características y el mecanismo del proceso nacional
de desenvolvimiento en fechas recientes, pero conviene citar algunas cifras que
pueden resultar ilustrativas. Así, por ejemplo, el producto nacional bruto real
aumentó a una tasa anual de 6.3% en el período 1940-1962 con lo cual la producción por habitante subió a 2,348 pesos a precios de 1962 en el año de 1940 a 4,792
pesos en 1962. Más notable aún es el aumento de eficiencia de la economía: en
1940 la productividad de la mano de obra llegaba a 7,624 pesos de 1962; para 1962
se había elevado ya a 14,710 pesos, lo que representa un ascenso de 93%. Para ello
la capacidad productiva nacional ha aumentado considerablemente, en particular
en lo que toca a la planta industrial.
Con todo, México sigue siendo un país eminentemente agropecuario. Se
sabe que más de la mitad de la población económicamente activa está dedicada
a actividades agropecuarias; también se sabe que dicha población de ordinario
produce lo suficiente para abastecer la demanda del país, tanto en el capítulo de
alimentos como en el de materias primas. Lo que es más, dicha producción proporciona fuertes superávit de exportación de alimentos (café, camarón, ganado,
tomate, azúcar, etc.) y de materias primas industriales (algodón, henequén, etc.)
Pero la actividad agropecuaria apenas representa alrededor de la quinta parte
del producto nacional bruto, en tanto que la industria, que ocupa sólo el 20% de
la población económicamente activa, genera cerca del 40% de la producción total.
La actividad industrial ha sido promovida por inversiones considerables. La tasa
de inversión en capital fijo se ha mantenido durante la mayor parte del período en
cerca del 15% del producto bruto y, aún cuando parte de la inversión se derrama a
sectores no industriales, existen varios indicios en el sentido de que son las ramas
industriales las que absorben la mayor parte de la capitalización nacional.
La inversión del sector público ha venido desempeñando un papel de importancia progresiva en el esfuerzo de capitalización. Las actividades estatales se han
expandido considerablemente en los últimos veinticinco años y abarcan ya actividades que en otros países se reservan a los sectores privados: textiles, petróleo,
automóviles, carros de ferrocarril, fertilizantes, productos químicos, espectáculos
públicos, y la lista podría tener dimensiones considerables. Las inversiones en
estos renglones, junto con las obras de infraestructura, constituyen el campo de
la inversión pública. En algunos de estos campos la iniciativa privada compite o
colabora; en otros, la participación estatal es exclusiva.
En dólares, a precios corrientes, el producto por habitante pasó de 67 en 1940 a 383 en 1962.
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Sin embargo, como en todo país en proceso de crecimiento acelerado, los
países extranjeros han tenido que contribuir en forma sustancial al proceso interno
de capitalización, bien bajo la forma de inversiones directas e indirectas, o bien a
través de la exportación de bienes de capital. Respecto a esta última, es de notar que
en años recientes la importación de bienes de capital ha constituido poco más del
40% de la importación mexicana de mercancías; en el período 1956-1960, por ejemplo, la importación de bienes de capital alcanzó un promedio anual de 457 millones
de dólares, frente a un total anual de 1,110 millones. El resto de las importaciones
de mercancías se encuentran constituidas por bienes de consumo, combustibles
y lubricantes, y materias primas —en particular estas últimas, que en el período
mencionado absorbieron otras dos quintas partes del total de importaciones.
Las necesidades nacionales han requerido importaciones de mercancías
comúnmente en exceso de las exportaciones correspondientes. México, sin embargo, ha contado con ingresos en cuenta de servicios que tradicionalmente han
superado a los egresos por amplios márgenes. La industria turística ha sido particularmente floreciente y dichos ingresos, junto con las remesas de trabajadores
agrícolas mexicanos en Estados Unidos y otros conceptos menores, han servido
para compensar o mitigar las deficiencias en la cuenta de mercancías.
La política comercial también se ha orientado hacia ese mismo propósito.
Las autoridades comerciales han limitado considerablemente la importación de
bienes no esenciales al desarrollo y en algunos casos se han llegado incluso a
afectar las importaciones de materias primas y otros productos, necesarios a la industria. En realidad, bien poco es el margen que queda para comprimir compras
de bienes de consumo y otros artículos no necesarios. Todo parece indicar que en
el futuro la limitación de importaciones tendrá que hacerse a través de procesos
de sustitución de compras de bienes de capital y materias primas por producción
nacional. Y aun así, lo más razonable es suponer que la importación, si bien con
cambios de composición, siga aumentando, con lo cual es posible que la cuenta
de mercancías y quizás la cuenta corriente de la balanza de pagos acusen déficit
de cierta consideración. En dicho caso el país tendrá que elevar su endeudamiento
externo a plazo largo, incluso las inversiones privadas directas.
La contribución de la inversión extranjera directa al desarrollo económico
de México nunca ha sido, o nunca ha querido ser, bien entendida, lo cual quizás
puede ser un resabio de los acontecimientos conectados con la expropiación
petrolera. Frecuentemente se menosprecia la influencia provechosa de este tipo de
operaciones, en tanto que se exageran sus desventajas. No se dispone, de hecho,
de un estudio concienzudo y objetivo del papel de la inversión extranjera directa
en el desarrollo económico de México. Sin embargo, se tienen algunos indicios.
Por ejemplo, se ha estimado que en 1957, único año para el cual se dispone de
información suficiente, las operaciones de las empresas norteamericanas, que
representan más del 80% de la valuación total, registraron un saldo neto positivo
en balanza de pagos que ascendió a 523 millones de dólares —más de 1.5 veces los
ingresos netos de ese año por concepto de turismo y transacciones fronterizas.
Las disposiciones legales en materia de inversión extranjera directa se
encuentran diseminadas en diversos textos jurídicos. Las bases de la pirámide
normativa se encuentran en la Constitución, particularmente en su Artículo 27, el
cual determina los lineamientos fundamentales del régimen de propiedad de los
extranjeros; en dicho Artículo se establece la prohibición de invertir en petróleo,
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energía eléctrica y en la faja que colinda con costas y fronteras. Complementando
a éste ordenamiento se encuentran La Ley Orgánica de la Fracción i del Artículo
27 Constitucional y su Reglamento respectivo, el decreto del 25 de agosto de 1959
y el decreto del 29 de junio de 1944; éste último, de hecho, la espina dorsal de la
reglamentación de la inversión extranjera directa.
En el decreto de 1944 se estableció la obligación de los extranjeros y de las
sociedades mexicanas que tengan o puedan tener socios extranjeros, de adquirir
permiso previo para poseer o controlar negociaciones o empresas industriales,
agrícolas, ganaderas, forestales, de compraventa o de explotación, con cualquier
fin; de bienes inmuebles, rústicos o urbanos o de fraccionamiento y urbanización
de dichos inmuebles, así como para adquirir bienes inmuebles destinados a las
actividades antes mencionadas, raíces, urbanos o rústicos, cualquiera que fuese
su finalidad, y concesiones de minas, aguas o combustibles minerales permitidos
por la legislación ordinaria. También se exigió el requisito del permiso previo
—otorgado, tanto aquí como en los casos anteriores, por la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir sociedades mexicanas que pudieran tener socios
extranjeros y que se dedicaron a alguna actividad de las ya indicadas.
La Secretaría mencionada tiene la facultad discrecional de negar, conceder o
condicionar los permisos solicitados a la luz de los objetivos perseguidos por el
decreto. Dichos permisos, y he aquí lo importante, podrán ser condicionados a: 1)
que los nacionales participen en el capital social cuando menos con un 51%, y que
dicha participación se mantenga en condiciones de poderse verificar en cualquier
momento dado, lo cual entraña implícitamente la prohibición de emitir acciones
comunes al portador; y 2) que por lo menos la mayoría de los socios administradores sean mexicanos. Sin embargo, ésta facultad tan decisiva no ha podido ser
aprovechada cabalmente, puesto que la Secretaría de Relaciones Exteriores difícilmente puede trazar la política económica del país, y se ha concretado a restringir
algunos sectores de inversión sin ocuparse de señalar una orientación adecuada a
las inversiones extranjeras en la industria y en el comercio. Dichas restricciones a
la participación mayoritaria del capital extranjero se aplican a las siguientes ramas
económicas: radio y televisión; producción, distribución y exhibición de películas
cinematográficas; pesca; publicidad; producción y distribución de refrescos; embotellamiento de jugos de frutas y producción y distribución de llantas y cámaras.
Para complementar la inversión extranjera directa del país ha tenido que
recurrir a la contratación de créditos a largo plazo en el exterior. De fines de 1942
a junio de 1962 los créditos a plazo de un año o más obtenidos con intervención
de Nacional Financiera en instituciones del exterior sumaron casi 2,000 millones
de dólares y es bastante probable que la deuda externa de México ascienda a más
de 1000 millones de dólares. La tendencia a aumentar el endeudamiento nacional
con el exterior se ha intensificado considerablemente en los últimos años: en el
período 1958-1962 la disposición media anual fue de 314 millones de dólares, en
tanto que en el lapso 1954-1957 apenas fue de 107 millones. Esto ha acentuado
notablemente las obligaciones futuras por servicio de la deuda externa.
Con todo, la economía ha disminuido visiblemente su ritmo de crecimiento
en los últimos años. De 1958 a 1962 el producto nacional bruto real creció a una
tasa media anual de 4.7%, que compara desfavorablemente con la registrada en
los años 1953-1958: poco más de 7.7% anual. Es indudable que este decaimiento
obedece a muchos y muy diversos factores, pero también es indudable que son
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los políticos los que han desempeñado un papel preponderante. La Revolución
Cubana y la actitud amistosa de las autoridades mexicanas hacia el nuevo régimen
cimbraron a los sectores privados del país. Los inversionistas mexicanos adoptaron una actitud cautelosa y desconfiada, lo que promovió el estancamiento de
uno de los principales elementos motrices del desarrollo: los gastos privados en
capitalización. La inversión pública intento compensar la deficiencia, pero, dadas
sus características de baja relación producto-capital y largo período de gestación,
el esfuerzo quedó corto.
Sin embargo, no fueron sólo la Revolución Cubana y los acontecimientos de
ella derivados los que promovieron temores y desaliento en los inversionistas. Tan
importante quizás es la incertidumbre provocada por la decisión de las autoridades de introducir la repartición forzosa de utilidades a los obreros y la reinstalación obligatoria de los trabajadores. Todavía no se tienen elementos suficientes
para apreciar cabalmente el alcance y los mecanismos de estas reformas, pero,
junto con la ya vigente revisión bianual de contratos, dependen amenazadoramente sobre los empresarios. Pero todavía hay más. Recientemente, las autoridades introdujeron una reforma fiscal, la cual, aunque moderada, intensificó los
temores de los inversionistas. Todo ello frente a una intervención cada vez más
marcada del gobierno en el aparato industrial del país.
La renuencia de los sectores privados a realizar gastos de inversión se ha
traducido incluso en salidas considerables de capitales a corto plazo que, según
apreciaciones no oficiales, han llegado a alrededor de 400 millones de dólares
en los dos últimos años —todo esto frente a una reserva internacional de monto
similar, que ha sido penosamente mantenida a costa del endeudamiento nacional
con exterior—. Estas presiones repentinas sobre la reserva, cuyo origen puede
atribuirse a factores políticos, van acompañados de salidas de capital de carácter
especulativo contra el tipo de cambio del peso mexicano, fenómeno permitido por
la mala estructuración del mercado financiero, ya que el mercado monetario está
sujeto a una enorme liquidez, en tanto que el incipiente mercado de valores, casi
en su totalidad de renta fija, ha dado garantías tácitas de recompra a la vista y a
la par. No es de extrañar entonces que el peligro de devaluación prenda aparentemente sobre las autoridades monetarias.
De ahí que la sucesión presidencial sea de importancia crucial. En realidad
es lógico suponer que, quienquiera que sea el nuevo Presidente, habrá un cambio
de política que tienda a restablecer la confianza de los sectores privados, si bien,
difícilmente será de un rabioso conservadurismo. En la etapa actual del país la
inversión pública no puede suplantar satisfactoriamente los desfallecimientos
de la privada; para ello sería necesario elevar en forma muy considerable la carga
fiscal o bien intensificar notablemente el endeudamiento externo del país. Ambos
caminos podrían resultar tentadores para el sector público, pero es dudoso que
así se puedan obtener beneficios óptimos. La colaboración estrecha con el sector
privado ha rendido buenos frutos, como lo demuestra la experiencia de los últimos 2 decenios, y es muy remoto que se llegue a abandonar esta política.
Recapitulando, México es un país que puede enorgullecerse de un crecimiento veloz y relativamente balanceado. Existen diversos problemas de orden interno,
muchos de los cuales han empezado a aflorar en fechas recientes, período en el
cual el ritmo del desarrollo ha decaído. Entre los más espinosos se encuentra sin
duda el de la mala distribución prevaleciente del ingreso y de la riqueza, que, por
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cierto, es uno de los motivos de la estrechez actual del mercado interno mexicano.
Ello ha provocado malestar, y no es dudoso que la fuerza (que es poca aún) que
han venido adquiriendo los movimientos políticos de izquierda, obedezca a las
serias disparidades en los patrones de consumo de la población. Por otra parte, la
médula del desarrollo económico mexicano, su desenvolvimiento industrial, ha
tendido a concentrarse fundamentalmente en el Valle de México y sus alrededores
y en la zona noreste del país, lo cual ha promovido diferencias regionales de ingreso muy considerables. El proceso, además, parece ser acumulativo, pues la falta
de economías externas en otras regiones jala las nuevas inversiones a las zonas
ya industrializadas. Tendencias como ésta han promovido el interés, particularmente por parte del sector público, en la planeación. Hasta ahora los intentos de
planificación han sido meros ejercicios académicos, pero no es difícil que con
más experiencia y con mejores recursos los técnicos mexicanos empiecen a darle
utilidad operacional a sus programas y proyecciones. Según parece, por ahora las
intenciones son de seguir los modelos franceses de planificación, con intervención plena de los sectores privados.
No se requiere más que un juicio sereno de la situación del país para comprender que como todo balance, el de México ofrece activos y pasivos. Hasta ahora los
primeros han prevalecido. Es de esperar que esta tendencia se acentúe en el futuro.