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Discursos, ponencias y entrevistas
Sin título, discurso durante la visita del Lic.
Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y
Crédito Público, al Banco de Comercio, S.A.
Manuel Espinosa Yglesias
Autor: Manuel Espinosa Yglesias
Tipo de documento: discurso
Título: Sin título, discurso durante la
visita del Lic. Antonio Ortiz Mena,
secretario de Hacienda y Crédito
Público, al Banco de Comercio, s.a.
Fecha: 1965
Lugar: México, d.f.
Clave de clasificación: II.A.3.a/1965-10
Caja: 36
Palabras clave: desarrollo económico, intervención del Estado en la
economía, inversión, inversión
extranjera, iniciativa privada.
La economía mexicana ha avanzado considerablemente en decenios recientes. Se
ha progresado, y ello se ha hecho con rapidez. En la actualidad, el ingreso por habitante supera ya la cifra de 450 dólares, contra sólo 69 dólares hace apenas veinticinco años. Este desempeño tan alentador ha derivado de una revolución agrícola,
industrial y de servicios, que ha llevado a la economía a niveles de operaciones
que acusan ya una eficiencia aceptable en términos generales. En el proceso, se ha
reforzado y ampliado nuestra planta industrial; se ha difundido y perfeccionado
el sistema distributivo; se ha fortalecido el sostén de la agricultura de las otras
actividades primarias.
La misma velocidad de nuestro crecimiento, sin embargo, ha planteado diversos problemas. En buena medida, por ejemplo, nuestro desarrollo ha descansado
en políticas discrecionales. Los controles de precios, la posición en materia de inversiones extranjeras directas, así como el régimen que se aplica a las importaciones y a las exportaciones, son aspectos en los que los problemas se tratan, según
el criterio de los funcionarios en turno. Se ha logrado de este modo que existan
agudas diferencias de opinión de un gobierno a otro, con el consiguiente trastorno que este significa para el industrial o el comerciante que tramitan los asuntos.
Los trámites, además, se han vuelto pesados, engorrosos. Cada día aumenta
el cúmulo de requisitos burocráticos que hay que llenar para realizar cualquier operación, para iniciar cualquier negocio. Los industriales, en particular, resienten agudamente los trastornos que implica esta carga, cuyo peso aumenta continuamente.
La serie tan larga de trámites que hay que llenar incide sobre los costos y, por
supuesto, tiende a elevarlos. Sin embargo, éste no es el único concepto por el
cual los costos se encuentran presionados. Los salarios, por ejemplo, han venido
subiendo persistentemente en años recientes. En 1964 el salario mínimo se elevó,
en promedio, más de 20% y la participación de utilidades ejerció una influencia
comparable; en 1966 los salarios mínimos aumentaron 17% más, en tanto que el
incremento de la participación de los patrones en las cuotas del Seguro Social significaba una erogación adicional de casi 15% al año. Los impuestos, por otra parte,
han aumentado con igual tenacidad y lo propio han hecho algunas materias primas.
En cualquier país resulta difícil compensar elevaciones de costos de esta
magnitud, mediante aumentos de la productividad de las empresas. México no
constituye una excepción al respecto. Aun cuando los incrementos de la productividad han sido notables en los últimos años, lo cual ha permitido que se mantenga nuestra estabilidad de precios, sería exagerado pensar que esta situación
puede persistir indefinidamente. Hay que reconocer que son muchas las empresas
y las ramas industriales que ya encaran una severa presión sobre los márgenes de
utilidad. Para ellas, la única alternativa reside en elevar sus precios o perecer, por
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falta de un abastecimiento adecuado de capital. La posibilidad de que las tarifas
eléctricas aumentan 15% ilustra el problema para una empresa oficial. Los controles de precios, pues, tienen que empezar a suavizarse en muchos casos.
El sector público podría, como ya lo ha hecho en el pasado, absorber varias
de estas empresas. Sin embargo, probablemente el esfuerzo se quedaría corto,
por cuanto a que ni el gobierno contaría con recursos suficientes para hacer frente
a una oleada importante de quiebras. Además, la participación del sector público
en las ramas industriales y comerciales ya es exagerada. De hecho, la participación
del sector público en la economía ya no es nada despreciable. Incluyendo a las
empresas estatales, no es difícil que el presupuesto total para 1966 llegue a más de
$60,000 millones. Esta cifra equivale a alrededor de una cuarta parte del producto
nacional bruto proyectado para el año en curso. En los Estados Unidos, con una
economía bélica, la proporción es de menos del 20%.
El problema que plantea un presupuesto de esta magnitud es básicamente el
de su financiamiento. Según el Presupuesto General de Egresos de la Federación
para el año de 1966, la colocación de empréstitos representará apenas el 6% del
ingreso total. Sin embargo, de no materializar las proyecciones sobre ingresos
efectivos y de prevalecer los programas de gastos, el sector público tendría que
recurrir a los mercados de fondos, tanto internos, como externos. En el primer
caso y descontando la posibilidad de obtener créditos masivos del banco central,
se estaría compitiendo con los empresarios privados por la disposición del escaso
ahorro disponible. Se agudizaría así un fenómeno que se ha venido palpando
desde hace varios meses: la insuficiencia de recursos bancarios para hacer frente
a las demandas de crédito de las empresas. Con ello se estaría provocando un
debilitamiento de la inversión y de la actividad privada, las cuales constituyen un
importante apoyo del proceso nacional de desarrollo.
Se podría, no obstante, intensificar las demandas de fondos en el exterior.
El problema aquí reside en que, en parte debido a los programas del Presidente
Jonson para corregir el déficit de balanza de pagos de Estados Unidos, la oferta de
recursos norteamericana es limitada. Por otra parte y al menos en la opinión de
algunos sectores influyentes norteamericanos, la posición financiera de México se
ha deteriorado considerablemente en los últimos meses. La importante publicación, denominada Internacional Reports, recomienda insistentemente a sus lectores
en el último número de 1965, que en sus operaciones con nuestro país obren con
gran cautela y procurando limitar sus inversiones a, cuando más, seis meses. Internacional Reports insinúa que es probable que en 1966 la situación económica del
país empeore sensiblemente de un momento a otro, poniendo en peligro incluso
la estabilidad del peso.
Opiniones como ésta, que muchas veces descansan en temores infundados
y poco sólidos, en nada beneficiarán a nuestro país. Además, la reciente mexicanización del sistema bancario mexicano ha tenido un impacto decididamente negativo, no sólo en Estados Unidos, sino en todos los centros financieros internacionales. Se teme que esto sea sólo el preámbulo de una legislación confiscatoria
sobre inversiones extranjeras directas.
Factores como éstos, aunados a una perspectiva de exportaciones no demasiado brillante, parecen augurar que en el futuro será progresivamente más difícil
para los mexicanos obtener recursos en el exterior. Es posible que en el año que
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acaba de empezar los mercados europeos incrementen sus ofertas de fondos en
México. Sin embargo, resulta aventurado pensar que lleguen a compensar la contracción que se espera de los inversionistas norteamericanos, máxime si se toma
en cuenta que en Europa se advierte ya una escasez de fondos para propósitos
internos. Más aun: los europeos difícilmente pueden competir con las condiciones de costo y de plazo que ofrecen los norteamericanos. Este año, pues, a juzgar
por los elementos disponibles en la actualidad, los financiamientos externos
serán menos fáciles de obtener, más caros y a plazos más cortos. Pensar en tipos
de interés de alrededor del 7% en préstamos a plazos no mayores de cinco años
quizás no resulte exagerado.
Aun así, México necesita incrementar sus disposiciones de recursos externos,
aunque sólo sea para refinanciar la deuda que vence este año y para atender proyectos de alta prioridad económica. Si se eleva demasiado esta mira y se pretende,
además, obtener financiamientos exteriores para cubrir los ambiciosos programas presupuestarios establecidos, se corre el peligro de no obtener los fondos
necesarios o de obtenerlos en condiciones exageradamente desfavorables, sobrepasando así la capacidad de pago del país.
Un camino mucho más apropiado y que ofrece perspectivas más luminosas
consiste en alentar a la iniciativa privada por todos los medios posibles. Los sectores privados, tanto nacionales, como extranjeros, pueden movilizar abundantes
recursos y compensar con creces cualquier retraimiento del sector público. Ello
implica, sin embargo, entre otras cosas, hacer más ágil la inversión, aligerar la
maquinaria burocrática para minimizar la pesantez de los requisitos, autorizar
ajustes necesarios de precios, alentar la competencia y abrir nuevos campos a la
actividad privada. Sólo así, mediante un esfuerzo combinado de todos los sectores,
se puede progresar rápida y saludablemente.
Parece urgente invertir una tendencia que se advierte cada día en mayor grado: la de una participación exagerada del sector público en campos que teóricamente deben de reservarse a la iniciativa privada. Ramas como el acero, la química,
los fertilizantes, los automóviles, la industria textil, la petroquímica, los bancos y
varias otras pueden y deben ser atendidas por los empresarios privados. Aquí los
recursos fluirían con rapidez y se estaría dando margen al gobierno para aprovechar otros campos, menos accesibles y atractivos para la iniciativa privada. Dadas
nuestras deficiencias de capital, lo más aconsejable es que el sector público utilice
todos los instrumentos que están a su alcance para fomentar que los hombres de
negocios inviertan lo más posible en los campos y actividades más diversas. Una
vez agotados todos los medios, el gobierno atendería los proyectos que la iniciativa privada hubiera descuidado, pero siempre con la idea de que su participación
es marginal y temporal. Es decir, siempre con la idea de que eventualmente las
empresas deben venderse a los sectores privados, para así contar con una masa de
recursos que continuamente estaría abriendo nuevos cauces al desarrollo económico de México.